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Como serán juzgados los acusados de sobornos por la Odebrech.

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Santo Domingo, RD.-A continuación cómo serán juzgados los imputados del caso Odebrecht, siempre de acuerdo con la decisión tomada esta tarde por la Suprema Corte de Justicia:

– Tommy Galán: Senador desde 2006 por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Será conocido en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por cinco miembros.

El Ministerio Público asegura que, desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero.

La presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por Teófilo Andújar, que deberá designar uno de los cuatro tribunales colegiados para conocer el proceso de:

– Ángel Rondón: Representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana. Acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.

Es señalado como la persona que distribuía los sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir proyectos y agilizar su financiación. La acusación asegura que creó un complejo entramado corporativo a través del cual introducía al país los fondos de origen ilícito, en un evidente esquema de lavado de activos.

– Andrés Bautista: Empresario del sector agropecuario, ocupó la presidencia del Senado en tres períodos en la década pasada y fue presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo con el Ministerio Público, tenía estrechas relaciones con Rondón, facilitó la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, «detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar».

– Víctor Díaz Rúa: Empresario del sector construcción, exministro de Obras Públicas (2007-2012) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (2004-2007). Al momento de su arresto en mayo de 2017 era secretario de finanzas del PLD.

Acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Según la Fiscalía, Díaz Rúa presenta «un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó» como director y ministro de las citadas instituciones.

– Conrado Pittaluga: Abogado. Acusado de soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, en el este del país.

– Roberto Rodríguez: Exsenador, exdiputado y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, miembro del PRM.

Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente haber recibido sobornos y falsear su declaración jurada y ocultado numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, «a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente».

La lectura completa de la resolución, cuyo dispositivo fue leído hoy, se dará el próximo 28 de enero de 2020, a las 3:00 de la tarde.

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Tras csi 70 años TSA cancela concesión minera a Falcondo.

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Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.

El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.

El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.

Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.

En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.

A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.

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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables

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Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.

La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.

Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.

Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.

“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.

En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.

La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.

El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.

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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional

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Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.

Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.

La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.

Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.

Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.

Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.

Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.

Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.

Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.

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