Santo Domingo, RD.- Tras los pronunciamientos del Ministerio Público tras la variación por parte de varios tribunales de medidas de coerción, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó este jueves las declaraciones que han emitido los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez.Nacionales
Acusan miembros de MP de utilizar “practicas populistas” e “injuriosas” ante variaciones de prisión
Santo Domingo, RD.- Tras los pronunciamientos del Ministerio Público tras la variación por parte de varios tribunales de medidas de coerción, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó este jueves las declaraciones que han emitido los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez.Un comunicado firmado por la presidenta de la entidad, Elka M. Reyes Olivo, señala que esas “expresiones injuriosas” en contra de los miembros del Poder Judicial, obedecen a prácticas populistas.
“Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público”, dice el comunicado.
Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez cuestionaron en un programa de televisión la decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado, además de la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impuso medidas de coerción distintas a la solicitada.
Por último, tras la variación de la medida de coerción de Adán Cáceres, la Pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner y Rafael Núñez de Aza, Wilson Camacho, indicó que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…. Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país”.
Explica, además, que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando “ataques y acusaciones” y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas, resquebraja la institucionalidad e independencia de ese Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia.
Indica que todos los jueces actuaron en el marco que les confiere la ley y que ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, ya que es en los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho.
“Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación”, dice.
Por último instan al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, a reforzar a través de cursos de formación, el debido comportamiento “ético de estos miembros del Ministerio Público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.