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Acusan miembros de MP de utilizar “practicas populistas” e “injuriosas” ante variaciones de prisión

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Santo Domingo, RD.- Tras los pronunciamientos del Ministerio Público tras la variación por parte de varios tribunales de medidas de coerción, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó este jueves las declaraciones que han emitido los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez.

Un comunicado firmado por la presidenta de la entidad, Elka M. Reyes Olivo, señala que esas “expresiones injuriosas” en contra de los miembros del Poder Judicial, obedecen a prácticas populistas.

“Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público”, dice el comunicado.

Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez cuestionaron en un programa de televisión la decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado, además de la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impuso medidas de coerción distintas a la solicitada.

Por último, tras la variación de la medida de coerción de Adán Cáceres, la Pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner y Rafael Núñez de Aza, Wilson Camacho, indicó que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…. Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país”.

Explica, además, que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando “ataques y acusaciones” y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas, resquebraja la institucionalidad e independencia de ese Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia.

Indica que todos los jueces actuaron en el marco que les confiere la ley y que ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, ya que es en los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho.

“Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación”, dice.

Por último instan al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, a reforzar a través de cursos de formación, el debido comportamiento “ético de estos miembros del Ministerio Público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”.

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Falta grave y condena de la PGR por no pagar salario a servidor público en cinco años

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Santo Domingo, R.D.-Fue condenada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la Procuraduría General de la Republica al pago de 3.9 millones de pesos a favor de un servidor publico al que no se le pago su salario y prestaciones durante más de cinco años.

El arquitecto Wander Quezada Martínez trabajó en la Procuraduría desde 2005. En octubre de 2018 le fue revocada una licencia de estudios con disfrute a sueldo y desde entonces dejó de percibir su salario. En aquella época Jean Alain Rodríguez era el procurador general.

Quezada Martínez interpuso una demanda en contra de la Procuraduría, logrando que el 29 de abril de 2021, en administración de la actual procuradora Miriam Germán, la Tercera Sala del TSA fallara a su favor ordenando al organismo de persecución a pagarle los salarios no percibidos desde el 16 de octubre de 2018 hasta 2021, incluyendo sus prestaciones laborales.

Para octubre de 2023, Quezada Martínez interpuso una demanda de liquidación de sentencia, con la cual buscó que la PGR acatara la decisión del 2021 y que tanto la Procuraduría y Miriam Germán pagaran un astreinte de 20,000 y 10,000 pesos, respectivamente, por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia.

Es de esta manera que el pasado 16 de febrero de 2024, los jueces Mery Laine Collado Tactuk, Mildred Hernández Grullón y Franny González Castillo acogieron parcialmente su demanda y ordenaron a la Procuraduría a pagarle incluso los años 2022, 2023 y hasta febrero de 2024, cuyos montos se detallan a continuación:

  • RD$ 3,238,400 por concepto de salarios dejados de percibir desde octubre de 2018 hasta febrero de 2024.
  • RD$ 420,304.56 por vacaciones no disfrutadas durante el periodo referido.RD$ 303,600.00 por los salarios de Navidad.
  • Todo calculado sobre la base de un salario mensual ascendente a la suma de RD$ 50,600.00, para un total de RD$ 3,962.304.56.

Además, impuso un astreinte, únicamente a la PGR, de 500 pesos diarios, por cada día de retraso en la ejecución de la decisión del tribunal, a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia.

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Abinader insiste en que alianza público-privada es una herramienta para el desarrollo.

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Santo Domingo, RD. –Como una herramienta de desarrollo nacional que representa una alternativa clave para impulsar proyectos de infraestructuras estratégicos, definió este lunes el presidente Luis Abinader en La Semanal.

Con relación a las inversiones que se registran en el país y que también se realizan bajo el concepto de las APP, destacó que este lunes el periódico británico Financial Times reconoció el clima de inversión en la República Dominicana.

Al definir las APP, dijo se trata de contratos a largo plazo entre agentes públicos y privados, para proveer, gestionar u operar bienes y servicios sociales con inversión y riesgo compartidos y remuneración ligada al desempeño contractual.

Además, Abinader destacó que este modelo ha sido probado con éxito en Latinoamérica, según informes de The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), colocando a la nación entre los seis países líderes en esta área.

El informe destaca que República Dominicana está en la posición 10 de 26 países en el puntaje general, cuenta con una sólida base regulatoria y con un portafolio diverso de proyectos de infraestructura a largo plazo.

En este sentido, el jefe de Estado indicó que se han recibido 26 iniciativas, 21 del sector privado y 5 del sector público. Se adjudicó un contrato para la readecuación del Puerto Duarte en Arroyo Barril y está en proceso de licitación la Autopista del Ámbar.

Además, hay 12 iniciativas en evaluación, siendo estas de infraestructura vial, infraestructura y movilidad urbana, infraestructura portuaria y turismo, servicios públicos, energía, seguridad ciudadana y defensa nacional, salud y agua, de las cuales tres fueron declaradas de interés público.

Apuesta por Pedernales

El primer mandatario también se refirió al fideicomiso Pedernales, que es manejado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, señalando sobre este proyecto que sus obras viales e hidrosanitarias están para entregar en el primer semestre de este año.

Los tres primeros hoteles del área se encuentran en avanzada construcción, el primero de los cuales podría iniciar sus operaciones antes de 2025. Asimismo, la primera fase de la terminal de cruceros ya está operando.

En cuanto a las obras eléctricas, se informó avanzan de acuerdo al cronograma establecido. También se encuentra en construcción el aeropuerto internacional y se contempla la conservación de la biodiversidad de Cabo Rojo.

Se establecieron acuerdos para posicionar a “Cabo Rojo: El Nuevo Caribe”, como destino marca mundial mediante la garantía del manejo adecuado de residuos sólidos, así como la implementación de acciones responsables para reducir las emisiones de gas en la próxima década y alcanzar la neutralidad del carbono antes del 2050.

El tercer aspecto es la prevención de la explotación sexual infantil junto a Save The Children, mediante acciones proactivas y permanentes.

CAID

El mandatario también habló sobre el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) revelando aumento en las evaluaciones, diagnósticos y atenciones médicas brindadas. Informó así que los niños y niñas que recibieron servicio en este centro aumentaron de 2,325 en el 2018, a 4,707 en 2023. En tanto que la cantidad de atenciones recibidas incrementó de 9,400 en 2018 a 19,531 en 2023.

De igual forma ofreció estadísticas sobre las atenciones y terapias brindadas en el CAID. En este aspecto, los niños y niñas que recibieron servicios aumentaron de 1,113 en 2018 a 2,081 en 2023. Mientras, la cantidad de atenciones recibidas pasaron de 49,656 en 2018 a 75,343 en 2023.

Al respecto se pronunció también el Padre Jorge William Hernández Díaz, presidente de su Consejo Directivo, quien aseguró que desde el gobierno se trabaja para acercar el CAID a las comunidades, reiterando se prevé establecer, en este 2024, cinco Unidades de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UTT) que permitan ampliar el modelo de inclusión educativa y puedan brindar atención primaria a quienes la requieran.

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Trasladarán unos 1,100 privados de libertad de cárcel de La Victoria.

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Santo Domingo, R.D.-Unos 1,100 privados de libertad que guaran prisión en la cárcel La Victoria serán trasladados a varios centros del pais como resultado del incendio que se produjo la mañana de este lunes y que afectó diferentes áreas del centro penitenciario, según lo informo el presidente Luis Abinader.

El mandatario dijo que estos privados de libertad que serán trasladados son los que se encuentran en las instalaciones en donde ocurrió el siniestro.

Abinader no indicó a cuáles cárceles del país serán trasladados esos privados de libertad.

Este lunes, la cárcel de La Victoria se vio afectada por un incendio que hasta el momento registra tres personas fallecidas y más de una docena de ingresadas en tres centros de salud.

Hasta el momento las autoridades no han informado qué pudo provocar el fuego.

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