Latinoamericanas
Ataques contra candidatos estremecen elecciones en México
México.-Por un golpe de suerte, Guillermo Valencia, candidato a una alcaldía del occidente de México, decidió a último momento irse con un amigo a ver en la televisión la pelea de box de su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez y gracias a eso se libró de la balacera que sufrió su equipo en una expresión más de la violencia que golpea el proceso electoral mexicano que ha cobrado la vida de 34 políticos.Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia —candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán— decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.
El caso de Valencia se suma a más de cuatrocientos ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de la consultora privada en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente de México, superada por la votación de 2018. cuando se reportó más de un centenar de homicidios de políticos.
Los comicios de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.
La multiplicación de los ataques y amenazas han llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a salir de la carrera electoral e incluso algunos a cambiar de residencia para evitar correr con la suerte del exprocurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía norteña de Cajeme, estado de Sonora, o de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de la ciudad central de Moroleón, estado de Guanajuato, quienes murieron a tiros este mes durante actos de campaña.
La creciente violencia ha desatado una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo López Obrador para proteger a los candidatos. Algunos analistas advierten que la situación de violencia podría alentar la abstención, el control de los grupos delictivos sobre las decisiones de los candidatos y que lleguen al poder políticos ligados a actividades ilícitas.
No obstante, el mandatario mexicano ha defendido sus políticas asegurando que permanentemente se da atención a los candidatos y se actúa para castigar a los responsables, aunque admitió, a raíz del asesinato de Murrieta, que “puede ser que sea responsable pero no culpable”.
A pocos días de las elecciones López Obrador instó a los mexicanos a salir a votar y no dejar que los atemoricen los grupos delictivos. “Cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco”, agregó.
Protegido por unos nueve guardaespaldas que le asignó el gobierno federal, algunos de ellos armados con pistolas y un fusil galil, Valencia, un exdiputado local y exalcalde de 40 años, se moviliza ahora por las calles de Morelia en una camioneta blindada que le prestó un amigo, y siempre va escoltado por otro vehículo en el que se traslada el personal de seguridad.
Desde hace un par de años el gobierno federal le envió escoltas al candidato tras recibir amenazas por el trabajo que realiza en su organización civil “Revolución Social”, que se dedica a apoyar a los habitantes de Morelia que son víctimas de la delincuencia, uno de los problemas que azota a los más 800,000 habitantes de la hermosa y antigua localidad, enclavada dentro de un gran valle, que frecuentemente es visitada por miles de turistas atraídos por los numerosos monumentos históricos que hay en la ciudad.
El político relató que luego del incidente viaja solo en la camioneta, acompañado únicamente por un conductor, debido a que algunos de sus colaboradores ahora tienen temor. “Huelo a pólvora. ¿Quién se va a querer juntar conmigo?”, agregó.
Los temores de que sufra un nuevo atentado siempre están latentes y se acrecientan especialmente cuando acude a eventos públicos anunciados con antelación como parte de su agenda de campaña. Es por ello que poco antes de dirigirse a un mitin en la popular colonia de Colinas del Sur, el fornido candidato, de 1,93 metros de estatura, se detiene en la casa de un familiar para colocarse un chaleco antibala.
“Hay un trabajo que quedó inconcluso y buscarán la forma de concluirlo… tal vez en alguna de esas alguien que yo le sonría y le dé un abrazo saque una pistola y me dé un balazo porque hay mucha gente que lo hace. En México la vida no vale nada. Matan por matar y con más razón si les dan dinero”, comentó.
En relación al atentado no hay mayores avances en las investigaciones oficiales ni detenidos, según reconoció Valencia que agregó que gracias a informaciones que le aportaron miembros de “Revolución Social” conoció que un hombre identificado como Ernesto Medina Ramírez, supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, podría ser uno de los presuntos pistoleros que participó en el hecho.
Valencia dijo desconocer qué motivaciones podría tener el Cartel Jalisco Nueva Generación para atentar contra él y descartó que el hecho tenga alguna relación con la situación que vivió en 2014, cuando también enfrentó amenazas y fue destituido de la presidencia de la municipalidad de su natal Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, por ausentarse del ayuntamiento, decisión que se dio luego de ser señalado de tener vínculos con el cartel de “Los Caballeros Templarios”.
“El tiempo demostró que yo nunca tuve nada que ver con esa gente. Tan es así que pasaron los años y yo seguí mi vida tranquilo luchando por los derechos de las víctimas”, sostuvo.
En opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano —que sigue la incidencia delictiva en México—, la violencia que se ha visto en este proceso electoral es consecuencia de la “ausencia de las políticas de seguridad” y la “incapacidad del gobierno federal de generar algún tipo de posible solución, (y) de dotar de recursos suficientes a las policías o a los estados”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, durante este proceso electoral se han atendido 398 casos de políticos, de los cuales 148 han terminado en procesos de investigación y se les ha brindado protección. Del total de casos, 187 corresponden a amenazas, 101 a agresiones, 11 privaciones temporales de libertad, y 13 homicidios.
Asimismo, María Elena Morera, directora de la agrupación local Causa en Común, que defiende los derechos y libertades, indicó que la violencia “le quita a la gente la posibilidad de elegir libremente a sus representantes” y fomenta que “lleguen al poder figuras que están ligadas con actividades ilícitas”.
Desde el día del atentado, Valencia asegura que cada mañana al salir de su apartamento debe llenarse de mucha fuerza para despedirse de su esposa y hijas, de siete y dos años, porque teme que sea la última vez que las abrace. “Es complicado y cuesta hasta trabajo a veces hasta despedirme… porque no sé si voy a volver”.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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