Latinoamericanas
Ataques contra candidatos estremecen elecciones en México
México.-Por un golpe de suerte, Guillermo Valencia, candidato a una alcaldía del occidente de México, decidió a último momento irse con un amigo a ver en la televisión la pelea de box de su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez y gracias a eso se libró de la balacera que sufrió su equipo en una expresión más de la violencia que golpea el proceso electoral mexicano que ha cobrado la vida de 34 políticos.Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia —candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán— decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.
El caso de Valencia se suma a más de cuatrocientos ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de la consultora privada en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente de México, superada por la votación de 2018. cuando se reportó más de un centenar de homicidios de políticos.
Los comicios de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.
La multiplicación de los ataques y amenazas han llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a salir de la carrera electoral e incluso algunos a cambiar de residencia para evitar correr con la suerte del exprocurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía norteña de Cajeme, estado de Sonora, o de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de la ciudad central de Moroleón, estado de Guanajuato, quienes murieron a tiros este mes durante actos de campaña.
La creciente violencia ha desatado una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo López Obrador para proteger a los candidatos. Algunos analistas advierten que la situación de violencia podría alentar la abstención, el control de los grupos delictivos sobre las decisiones de los candidatos y que lleguen al poder políticos ligados a actividades ilícitas.
No obstante, el mandatario mexicano ha defendido sus políticas asegurando que permanentemente se da atención a los candidatos y se actúa para castigar a los responsables, aunque admitió, a raíz del asesinato de Murrieta, que “puede ser que sea responsable pero no culpable”.
A pocos días de las elecciones López Obrador instó a los mexicanos a salir a votar y no dejar que los atemoricen los grupos delictivos. “Cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco”, agregó.
Protegido por unos nueve guardaespaldas que le asignó el gobierno federal, algunos de ellos armados con pistolas y un fusil galil, Valencia, un exdiputado local y exalcalde de 40 años, se moviliza ahora por las calles de Morelia en una camioneta blindada que le prestó un amigo, y siempre va escoltado por otro vehículo en el que se traslada el personal de seguridad.
Desde hace un par de años el gobierno federal le envió escoltas al candidato tras recibir amenazas por el trabajo que realiza en su organización civil “Revolución Social”, que se dedica a apoyar a los habitantes de Morelia que son víctimas de la delincuencia, uno de los problemas que azota a los más 800,000 habitantes de la hermosa y antigua localidad, enclavada dentro de un gran valle, que frecuentemente es visitada por miles de turistas atraídos por los numerosos monumentos históricos que hay en la ciudad.
El político relató que luego del incidente viaja solo en la camioneta, acompañado únicamente por un conductor, debido a que algunos de sus colaboradores ahora tienen temor. “Huelo a pólvora. ¿Quién se va a querer juntar conmigo?”, agregó.
Los temores de que sufra un nuevo atentado siempre están latentes y se acrecientan especialmente cuando acude a eventos públicos anunciados con antelación como parte de su agenda de campaña. Es por ello que poco antes de dirigirse a un mitin en la popular colonia de Colinas del Sur, el fornido candidato, de 1,93 metros de estatura, se detiene en la casa de un familiar para colocarse un chaleco antibala.
“Hay un trabajo que quedó inconcluso y buscarán la forma de concluirlo… tal vez en alguna de esas alguien que yo le sonría y le dé un abrazo saque una pistola y me dé un balazo porque hay mucha gente que lo hace. En México la vida no vale nada. Matan por matar y con más razón si les dan dinero”, comentó.
En relación al atentado no hay mayores avances en las investigaciones oficiales ni detenidos, según reconoció Valencia que agregó que gracias a informaciones que le aportaron miembros de “Revolución Social” conoció que un hombre identificado como Ernesto Medina Ramírez, supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, podría ser uno de los presuntos pistoleros que participó en el hecho.
Valencia dijo desconocer qué motivaciones podría tener el Cartel Jalisco Nueva Generación para atentar contra él y descartó que el hecho tenga alguna relación con la situación que vivió en 2014, cuando también enfrentó amenazas y fue destituido de la presidencia de la municipalidad de su natal Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, por ausentarse del ayuntamiento, decisión que se dio luego de ser señalado de tener vínculos con el cartel de “Los Caballeros Templarios”.
“El tiempo demostró que yo nunca tuve nada que ver con esa gente. Tan es así que pasaron los años y yo seguí mi vida tranquilo luchando por los derechos de las víctimas”, sostuvo.
En opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano —que sigue la incidencia delictiva en México—, la violencia que se ha visto en este proceso electoral es consecuencia de la “ausencia de las políticas de seguridad” y la “incapacidad del gobierno federal de generar algún tipo de posible solución, (y) de dotar de recursos suficientes a las policías o a los estados”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, durante este proceso electoral se han atendido 398 casos de políticos, de los cuales 148 han terminado en procesos de investigación y se les ha brindado protección. Del total de casos, 187 corresponden a amenazas, 101 a agresiones, 11 privaciones temporales de libertad, y 13 homicidios.
Asimismo, María Elena Morera, directora de la agrupación local Causa en Común, que defiende los derechos y libertades, indicó que la violencia “le quita a la gente la posibilidad de elegir libremente a sus representantes” y fomenta que “lleguen al poder figuras que están ligadas con actividades ilícitas”.
Desde el día del atentado, Valencia asegura que cada mañana al salir de su apartamento debe llenarse de mucha fuerza para despedirse de su esposa y hijas, de siete y dos años, porque teme que sea la última vez que las abrace. “Es complicado y cuesta hasta trabajo a veces hasta despedirme… porque no sé si voy a volver”.
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.