Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia —candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán— decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.

El caso de Valencia se suma a más de cuatrocientos ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de la consultora privada en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente de México, superada por la votación de 2018. cuando se reportó más de un centenar de homicidios de políticos.

Los comicios de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.

La multiplicación de los ataques y amenazas han llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a salir de la carrera electoral e incluso algunos a cambiar de residencia para evitar correr con la suerte del exprocurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía norteña de Cajeme, estado de Sonora, o de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de la ciudad central de Moroleón, estado de Guanajuato, quienes murieron a tiros este mes durante actos de campaña.

La creciente violencia ha desatado una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo López Obrador para proteger a los candidatos. Algunos analistas advierten que la situación de violencia podría alentar la abstención, el control de los grupos delictivos sobre las decisiones de los candidatos y que lleguen al poder políticos ligados a actividades ilícitas.

No obstante, el mandatario mexicano ha defendido sus políticas asegurando que permanentemente se da atención a los candidatos y se actúa para castigar a los responsables, aunque admitió, a raíz del asesinato de Murrieta, que “puede ser que sea responsable pero no culpable”.

A pocos días de las elecciones López Obrador instó a los mexicanos a salir a votar y no dejar que los atemoricen los grupos delictivos. “Cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco”, agregó.

Protegido por unos nueve guardaespaldas que le asignó el gobierno federal, algunos de ellos armados con pistolas y un fusil galil, Valencia, un exdiputado local y exalcalde de 40 años, se moviliza ahora por las calles de Morelia en una camioneta blindada que le prestó un amigo, y siempre va escoltado por otro vehículo en el que se traslada el personal de seguridad.

Desde hace un par de años el gobierno federal le envió escoltas al candidato tras recibir amenazas por el trabajo que realiza en su organización civil “Revolución Social”, que se dedica a apoyar a los habitantes de Morelia que son víctimas de la delincuencia, uno de los problemas que azota a los más 800,000 habitantes de la hermosa y antigua localidad, enclavada dentro de un gran valle, que frecuentemente es visitada por miles de turistas atraídos por los numerosos monumentos históricos que hay en la ciudad.

El político relató que luego del incidente viaja solo en la camioneta, acompañado únicamente por un conductor, debido a que algunos de sus colaboradores ahora tienen temor. “Huelo a pólvora. ¿Quién se va a querer juntar conmigo?”, agregó.

Los temores de que sufra un nuevo atentado siempre están latentes y se acrecientan especialmente cuando acude a eventos públicos anunciados con antelación como parte de su agenda de campaña. Es por ello que poco antes de dirigirse a un mitin en la popular colonia de Colinas del Sur, el fornido candidato, de 1,93 metros de estatura, se detiene en la casa de un familiar para colocarse un chaleco antibala.

“Hay un trabajo que quedó inconcluso y buscarán la forma de concluirlo… tal vez en alguna de esas alguien que yo le sonría y le dé un abrazo saque una pistola y me dé un balazo porque hay mucha gente que lo hace. En México la vida no vale nada. Matan por matar y con más razón si les dan dinero”, comentó.

En relación al atentado no hay mayores avances en las investigaciones oficiales ni detenidos, según reconoció Valencia que agregó que gracias a informaciones que le aportaron miembros de “Revolución Social” conoció que un hombre identificado como Ernesto Medina Ramírez, supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, podría ser uno de los presuntos pistoleros que participó en el hecho.

Valencia dijo desconocer qué motivaciones podría tener el Cartel Jalisco Nueva Generación para atentar contra él y descartó que el hecho tenga alguna relación con la situación que vivió en 2014, cuando también enfrentó amenazas y fue destituido de la presidencia de la municipalidad de su natal Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, por ausentarse del ayuntamiento, decisión que se dio luego de ser señalado de tener vínculos con el cartel de “Los Caballeros Templarios”.

“El tiempo demostró que yo nunca tuve nada que ver con esa gente. Tan es así que pasaron los años y yo seguí mi vida tranquilo luchando por los derechos de las víctimas”, sostuvo.

En opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano —que sigue la incidencia delictiva en México—, la violencia que se ha visto en este proceso electoral es consecuencia de la “ausencia de las políticas de seguridad” y la “incapacidad del gobierno federal de generar algún tipo de posible solución, (y) de dotar de recursos suficientes a las policías o a los estados”.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, durante este proceso electoral se han atendido 398 casos de políticos, de los cuales 148 han terminado en procesos de investigación y se les ha brindado protección. Del total de casos, 187 corresponden a amenazas, 101 a agresiones, 11 privaciones temporales de libertad, y 13 homicidios.

Asimismo, María Elena Morera, directora de la agrupación local Causa en Común, que defiende los derechos y libertades, indicó que la violencia “le quita a la gente la posibilidad de elegir libremente a sus representantes” y fomenta que “lleguen al poder figuras que están ligadas con actividades ilícitas”.

Desde el día del atentado, Valencia asegura que cada mañana al salir de su apartamento debe llenarse de mucha fuerza para despedirse de su esposa y hijas, de siete y dos años, porque teme que sea la última vez que las abrace. “Es complicado y cuesta hasta trabajo a veces hasta despedirme… porque no sé si voy a volver”.