Latinoamericanas
Ataques contra candidatos estremecen elecciones en México
México.-Por un golpe de suerte, Guillermo Valencia, candidato a una alcaldía del occidente de México, decidió a último momento irse con un amigo a ver en la televisión la pelea de box de su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez y gracias a eso se libró de la balacera que sufrió su equipo en una expresión más de la violencia que golpea el proceso electoral mexicano que ha cobrado la vida de 34 políticos.Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia —candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán— decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.
El caso de Valencia se suma a más de cuatrocientos ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de la consultora privada en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente de México, superada por la votación de 2018. cuando se reportó más de un centenar de homicidios de políticos.
Los comicios de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.
La multiplicación de los ataques y amenazas han llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a salir de la carrera electoral e incluso algunos a cambiar de residencia para evitar correr con la suerte del exprocurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía norteña de Cajeme, estado de Sonora, o de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de la ciudad central de Moroleón, estado de Guanajuato, quienes murieron a tiros este mes durante actos de campaña.
La creciente violencia ha desatado una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo López Obrador para proteger a los candidatos. Algunos analistas advierten que la situación de violencia podría alentar la abstención, el control de los grupos delictivos sobre las decisiones de los candidatos y que lleguen al poder políticos ligados a actividades ilícitas.
No obstante, el mandatario mexicano ha defendido sus políticas asegurando que permanentemente se da atención a los candidatos y se actúa para castigar a los responsables, aunque admitió, a raíz del asesinato de Murrieta, que “puede ser que sea responsable pero no culpable”.
A pocos días de las elecciones López Obrador instó a los mexicanos a salir a votar y no dejar que los atemoricen los grupos delictivos. “Cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco”, agregó.
Protegido por unos nueve guardaespaldas que le asignó el gobierno federal, algunos de ellos armados con pistolas y un fusil galil, Valencia, un exdiputado local y exalcalde de 40 años, se moviliza ahora por las calles de Morelia en una camioneta blindada que le prestó un amigo, y siempre va escoltado por otro vehículo en el que se traslada el personal de seguridad.
Desde hace un par de años el gobierno federal le envió escoltas al candidato tras recibir amenazas por el trabajo que realiza en su organización civil “Revolución Social”, que se dedica a apoyar a los habitantes de Morelia que son víctimas de la delincuencia, uno de los problemas que azota a los más 800,000 habitantes de la hermosa y antigua localidad, enclavada dentro de un gran valle, que frecuentemente es visitada por miles de turistas atraídos por los numerosos monumentos históricos que hay en la ciudad.
El político relató que luego del incidente viaja solo en la camioneta, acompañado únicamente por un conductor, debido a que algunos de sus colaboradores ahora tienen temor. “Huelo a pólvora. ¿Quién se va a querer juntar conmigo?”, agregó.
Los temores de que sufra un nuevo atentado siempre están latentes y se acrecientan especialmente cuando acude a eventos públicos anunciados con antelación como parte de su agenda de campaña. Es por ello que poco antes de dirigirse a un mitin en la popular colonia de Colinas del Sur, el fornido candidato, de 1,93 metros de estatura, se detiene en la casa de un familiar para colocarse un chaleco antibala.
“Hay un trabajo que quedó inconcluso y buscarán la forma de concluirlo… tal vez en alguna de esas alguien que yo le sonría y le dé un abrazo saque una pistola y me dé un balazo porque hay mucha gente que lo hace. En México la vida no vale nada. Matan por matar y con más razón si les dan dinero”, comentó.
En relación al atentado no hay mayores avances en las investigaciones oficiales ni detenidos, según reconoció Valencia que agregó que gracias a informaciones que le aportaron miembros de “Revolución Social” conoció que un hombre identificado como Ernesto Medina Ramírez, supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, podría ser uno de los presuntos pistoleros que participó en el hecho.
Valencia dijo desconocer qué motivaciones podría tener el Cartel Jalisco Nueva Generación para atentar contra él y descartó que el hecho tenga alguna relación con la situación que vivió en 2014, cuando también enfrentó amenazas y fue destituido de la presidencia de la municipalidad de su natal Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, por ausentarse del ayuntamiento, decisión que se dio luego de ser señalado de tener vínculos con el cartel de “Los Caballeros Templarios”.
“El tiempo demostró que yo nunca tuve nada que ver con esa gente. Tan es así que pasaron los años y yo seguí mi vida tranquilo luchando por los derechos de las víctimas”, sostuvo.
En opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano —que sigue la incidencia delictiva en México—, la violencia que se ha visto en este proceso electoral es consecuencia de la “ausencia de las políticas de seguridad” y la “incapacidad del gobierno federal de generar algún tipo de posible solución, (y) de dotar de recursos suficientes a las policías o a los estados”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, durante este proceso electoral se han atendido 398 casos de políticos, de los cuales 148 han terminado en procesos de investigación y se les ha brindado protección. Del total de casos, 187 corresponden a amenazas, 101 a agresiones, 11 privaciones temporales de libertad, y 13 homicidios.
Asimismo, María Elena Morera, directora de la agrupación local Causa en Común, que defiende los derechos y libertades, indicó que la violencia “le quita a la gente la posibilidad de elegir libremente a sus representantes” y fomenta que “lleguen al poder figuras que están ligadas con actividades ilícitas”.
Desde el día del atentado, Valencia asegura que cada mañana al salir de su apartamento debe llenarse de mucha fuerza para despedirse de su esposa y hijas, de siete y dos años, porque teme que sea la última vez que las abrace. “Es complicado y cuesta hasta trabajo a veces hasta despedirme… porque no sé si voy a volver”.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.