Opinión
Audiencia ante una autoridad judicial competente
Por Rommel Santos Diaz
Según el artículo 59 del Estatuto de Roma, una vez que la persona es detenida, esta será llevada sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención. La autoridad determinará lo siguiente, de conformidad con el derecho de ese Estado:
- a)Si la orden es aplicable;
- b)Si la detención se llevó a cabo conforme a derecho; y
- c)Si el detenido tendrá derecho a solicitar ante la autoridad competente del Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.
Si la autoridad judicial determina que la orden no se aplica a la persona, que el proceso no se llevó a cabo conforme a derecho, o que los derechos de la persona no se respetaron, entonces esta deberá consultarlo con la Corte Penal Internacional sin dilación.
Si la persona detenida ya está siendo investigada por el mismo delito por el Estado, este deberá notificarlo a la CPI, de conformidad con los procedimientos señalados anteriormente ¨Procedimiento en que la CPI y un Estado desean investigar el mismo caso¨.
Si la persona detenida esta ya siendo investigada o cumple una condena de prisión por un delito distinto, entonces el Estado está siempre obligado a cumplir la solicitud de entrega, pero deberá consultar con la CPI luego de decidir conceder la entrega, para determinar el método de acción más apropiado.
Cuando la persona ya fue enjuiciada por el mismo delito, o la conducta que tipifica ese delito, se deberán de seguir los procedimientos de la acción ¨Entrega de una persona a la Corte Penal Internacional¨, en especial el componente de nes bis in idem, según el artículo 20 del Estatuto de Roma.
En el contexto de las obligaciones el Estatuto de Roma establece las siguientes disposiciones:
- a)Una vez que la persona es arrestada, esta debe ser llevada sin demora ante la autoridad competente del Estado de detención, para que se determine si el arresto se llevó a cabo cumpliendo con ciertos requisitos y si la orden aplica a la persona. No obstante, la autoridad estatal no podrá considerar si la CPI emitió correctamente la orden. Dolo la persona podrá hacer la impugnación ante la CPI.
- b)Si la autoridad judicial competente percibe dificultades o conflictos para conceder la entrega, deberá consultarlo con la Corte Penal Internacional.
- c)Si la persona detenida ya está siendo investigada por el mismo delito por el Estado requerido, entonces este deberá impugnar la admisibilidad de la solicitud según los artículos 18 y 19, y buscar que se suspenda la ejecución de la solicitud, de conformidad con el artículo 95 del Estatuto de Roma.
- d)Si la persona detenida ya esta siendo investigada cumple con una condena de prisión por un delito distinto, entonces el Estado requerido deberá consultar con la CPI, luego deberá conceder la entrega.
En cuanto a la implementación a las medidas anteriores, el Estatuto de Roma estipula lo siguiente:
- a)Tiempo de detención
Muchas jurisdicciones ya cuentan con una disposición que dispone que la persona solo pueda permanecer detenida por veinticuatro horas, y definitivamente por no más de unos pocos días, antes de ser llevada ante una autoridad judicial que determine si la detención sigue aún en pie. Los Estados Partes deberán garantizar que las personas no estén bajo detención por períodos largos en espera de una audiencia judicial que valide la detención.
- b)Autoridad judicial competente
Los Estados Partes deberán designar a un autoridad judicial de la jerarquía apropiada para que asuma la competencia de tales cuestiones y concederle la competencia suficiente para ordenar la entrega de la persona. La autoridad deberá tomar las decisiones señaladas en el artículo 59 del Estatuto de Roma.
- c)Deber de consultar
Posiblemente se requerirán leyes y procedimientos que facultan a la autoridad competente consultar con la CPI cuando existan inquietudes, problemas, o conflictos con el cumplimiento de una entrega. Si la persona ya es sospechosa o está detenida, se necesitan leyes y procedimientos que permitan a la autoridad competente consultar con la CPI. Cualquier procedimiento deberá garantizar que tales consultas se realicen de manera expedita.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.