Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.Más Noticias
La gran cantidad de casos de coronavirus aumenta tensión en SFM.
Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.A la ciudad solo pueden entrar personal de los organismos de socorro, medios de comunicación debidamente acreditados, y vehículos que distribuyen combustibles, alimentos y medicinas.
La tensión creció ayer en San Francisco de Macorís cuando se informó de que el director regional de Salud Pública con asiento en esa ciudad, Angel Federico Garbot, dio positivo al coronavirus y que fue trasladado a un centro de salud de Santo Domingo.
Contrario a días anteriores, en San Francisco de Macorís, casi todos los negocios estaban cerrados ayer y pocas personas circulaban por las calles, debido al control policíaco-militar existente.
Muchas personas de la provincia Duarte dicen que pese a lo que está ocurriendo en la zona, otras tantas se resignan a quedarse en sus casas, pero que lo están haciendo obligatoriamente por la vigilancia existente.
Las autoridades de Salud Pública en San Francisco de Macorís explicaron que la situación es mucho más grave de lo que se prevé.
En horas de la mañana, las calles lucían casi desoladas y después de las dos de la tarde la situación se agravó.
Muchas personas se quejaron de que desde antes de las 4.00 de la tarde, unidades militares y policiales reforzaron los operativos y que les advertían a los que conversaban en los frentes de sus residencias ó en las aceras que en 30 minutos todas tenían que recogerse en sus hogares.
Residentes de San Francisco de Macorís llamaron a programas interactivos de esa ciudad y Santiago para denunciar que lo que ocurre allí es “una dictadura”.
“A mi hijo y dos amigos de la Universidad se los llevaron presos porque conversaban frente a sus casas a las 7.00 de la noche en el barrio San Martín, en San Francisco de Macorís”, se quejó una dama que llamó al programa radial “En el mismo blanco”, de Santiago.
Otras personas, sin embargo, consideran positivas las medidas de las autoridades de intervenir la provincia Duarte y parte del Noreste, pero entienden que se les debe permitir trabajar, aunque con ciertas medidas de prevención.
Según el Ministerio de Salud Pública, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de Macorís ocupan los cuartos primeros lugares en casos de coronavirus.
Pero médicos dicen que la situación es mucha más grave en San Francisco de Macorís, porque su espacio es más pequeño que las tres primeras ciudades mencionadas y que allí hay más aglomeración de personas.
A este respecto, el asesor y expresidente de la regional Norte del Colegio Médico Dominicano (CMD), Manasé Peña, dijo que en lo que respeta al Gran Santo Domingo y Santiago, casi todo se distribuye por zonas y que por eso la aglomeración de personas es menor.
Al respecto, observó que debido a la cantidad de habitantes que tienen Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, los casos de coronavirus de San Francisco de Macorís, en comparación a población, superan individualmente los que se han comprobados en esas tres grandes urbes dominicana.
La provincia Duarte, especialmente su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se ha convertido en la primera población golpeada por el impacto de la transmisión comunitaria, con 59 casos confirmados y 12 de las 20 muertes que han ocurrido en el país, para un 60% de las defunciones registradas.
Testimonios de personas afectadas e impactadas por muerte de algún familiar narrando las condiciones dramáticas en las que se encuentran aumentan y por diferentes medios, incluyendo personal de salud que aseguran los centros médicos registran una alta cantidad de infectados.
De las 12 defunciones ocurridas en San Francisco de Macorís, nueve pacientes tenían más de 60 años y alguna enfermedad crónica, de acuerdo a los detalles dados a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas.
Las autoridades, apoyados por los organismos de socorro del país al municipio, con una desinfección masiva, incluyendo al centro de salud privado Siglo XXl, traslado de positivos y contactos a áreas de aislamientos, ampliación de los recursos de tratamiento y aumento de los diagnósticos.
Cárdenas explicó que en esa provincia se han establecido niveles de aislamiento de pacientes positivos, sintomáticos, asintomáticos y contactos directos para evitar contagios.
Explicó que las personas han sido ubicadas en un habitacional de 10 conjunto de apartamientos, separando los positivos leves o asintomáticos, los sintomáticos sin pruebas y los positivos sintomáticos.
El aislamiento, advirtió, se extenderá a todos los municipios y provincias que sea necesario, igual que las cuarentenas, toque de queda y cierre de municipios y provincias. Por otro lado, Cardenas negó que la paciente de Villa Rivas fue la responsable del foco de transmisión comunitaria.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.