Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.Más Noticias
La gran cantidad de casos de coronavirus aumenta tensión en SFM.
Santiago, RD.-Con el propósito de evitar un mayor contagio, todas las entradas y salidas de San Francisco de Macorís fueron ocupadas ayer por un contingente de tropas militares y policiales que ya impusieron una restricción sobre la circulación de personas y vehículos.A la ciudad solo pueden entrar personal de los organismos de socorro, medios de comunicación debidamente acreditados, y vehículos que distribuyen combustibles, alimentos y medicinas.
La tensión creció ayer en San Francisco de Macorís cuando se informó de que el director regional de Salud Pública con asiento en esa ciudad, Angel Federico Garbot, dio positivo al coronavirus y que fue trasladado a un centro de salud de Santo Domingo.
Contrario a días anteriores, en San Francisco de Macorís, casi todos los negocios estaban cerrados ayer y pocas personas circulaban por las calles, debido al control policíaco-militar existente.
Muchas personas de la provincia Duarte dicen que pese a lo que está ocurriendo en la zona, otras tantas se resignan a quedarse en sus casas, pero que lo están haciendo obligatoriamente por la vigilancia existente.
Las autoridades de Salud Pública en San Francisco de Macorís explicaron que la situación es mucho más grave de lo que se prevé.
En horas de la mañana, las calles lucían casi desoladas y después de las dos de la tarde la situación se agravó.
Muchas personas se quejaron de que desde antes de las 4.00 de la tarde, unidades militares y policiales reforzaron los operativos y que les advertían a los que conversaban en los frentes de sus residencias ó en las aceras que en 30 minutos todas tenían que recogerse en sus hogares.
Residentes de San Francisco de Macorís llamaron a programas interactivos de esa ciudad y Santiago para denunciar que lo que ocurre allí es “una dictadura”.
“A mi hijo y dos amigos de la Universidad se los llevaron presos porque conversaban frente a sus casas a las 7.00 de la noche en el barrio San Martín, en San Francisco de Macorís”, se quejó una dama que llamó al programa radial “En el mismo blanco”, de Santiago.
Otras personas, sin embargo, consideran positivas las medidas de las autoridades de intervenir la provincia Duarte y parte del Noreste, pero entienden que se les debe permitir trabajar, aunque con ciertas medidas de prevención.
Según el Ministerio de Salud Pública, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de Macorís ocupan los cuartos primeros lugares en casos de coronavirus.
Pero médicos dicen que la situación es mucha más grave en San Francisco de Macorís, porque su espacio es más pequeño que las tres primeras ciudades mencionadas y que allí hay más aglomeración de personas.
A este respecto, el asesor y expresidente de la regional Norte del Colegio Médico Dominicano (CMD), Manasé Peña, dijo que en lo que respeta al Gran Santo Domingo y Santiago, casi todo se distribuye por zonas y que por eso la aglomeración de personas es menor.
Al respecto, observó que debido a la cantidad de habitantes que tienen Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, los casos de coronavirus de San Francisco de Macorís, en comparación a población, superan individualmente los que se han comprobados en esas tres grandes urbes dominicana.
La provincia Duarte, especialmente su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se ha convertido en la primera población golpeada por el impacto de la transmisión comunitaria, con 59 casos confirmados y 12 de las 20 muertes que han ocurrido en el país, para un 60% de las defunciones registradas.
Testimonios de personas afectadas e impactadas por muerte de algún familiar narrando las condiciones dramáticas en las que se encuentran aumentan y por diferentes medios, incluyendo personal de salud que aseguran los centros médicos registran una alta cantidad de infectados.
De las 12 defunciones ocurridas en San Francisco de Macorís, nueve pacientes tenían más de 60 años y alguna enfermedad crónica, de acuerdo a los detalles dados a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas.
Las autoridades, apoyados por los organismos de socorro del país al municipio, con una desinfección masiva, incluyendo al centro de salud privado Siglo XXl, traslado de positivos y contactos a áreas de aislamientos, ampliación de los recursos de tratamiento y aumento de los diagnósticos.
Cárdenas explicó que en esa provincia se han establecido niveles de aislamiento de pacientes positivos, sintomáticos, asintomáticos y contactos directos para evitar contagios.
Explicó que las personas han sido ubicadas en un habitacional de 10 conjunto de apartamientos, separando los positivos leves o asintomáticos, los sintomáticos sin pruebas y los positivos sintomáticos.
El aislamiento, advirtió, se extenderá a todos los municipios y provincias que sea necesario, igual que las cuarentenas, toque de queda y cierre de municipios y provincias. Por otro lado, Cardenas negó que la paciente de Villa Rivas fue la responsable del foco de transmisión comunitaria.
Santo Domingo. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, incautaron 251 paquetes de cocaína durante una operación de inspección conjunta en el Puerto de Haina Oriental, en el municipio Santo Domingo Oeste.
La intervención se realizó con el apoyo de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y organismos de inteligencia del Estado, tras recibir informes que alertaban sobre un posible envío de sustancias ilícitas con destino a Puerto Rico.
Según informaron las autoridades, las unidades operativas activaron los protocolos de actuación e iniciaron la revisión de decenas de contenedores. Luego de varias horas de inspección, fue intervenido un contenedor de exportación cargado de plásticos.
En el interior se encontraron 10 bultos que contenían los 251 paquetes, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos, lo que hace presumir que se trata de cocaína.
Investigación en curso
El Ministerio Público y la DNCD informaron que han iniciado una investigación para identificar, arrestar y someter a la justicia a los integrantes de esta presunta red de narcotráfico internacional.
La DNCD reiteró que, con el respaldo del Gobierno, continúa ejecutando operaciones contundentes contra organizaciones criminales que intentan utilizar el territorio nacional como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Los 251 paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el tipo exacto y el peso de la sustancia incautada.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Migración (DGM) informó que abrió una investigación por una presunta estafa relacionada con la emisión de permisos de trabajo fraudulentos, luego de recibir una denuncia tras la detección de un documento falso presentado por una ciudadana venezolana al intentar ingresar al país.
La institución explicó que el pasado martes 16 de diciembre fue detenida Belitza Quijada Castro, de nacionalidad venezolana, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de que inspectores migratorios comprobaran que el carné de Permiso de Trabajo Temporal que portaba no era auténtico.
Según la denuncia presentada, la mujer aseguró haber sido estafada por un individuo que supuestamente se hacía pasar por empleado de la Dirección General de Migración y ofrecía servicios irregulares para gestionar permisos de trabajo y residencias permanentes a extranjeros.
Quijada Castro llegó a territorio dominicano procedente de Venezuela, vía Colombia, en el vuelo Avianca 250. Tras la detección del documento fraudulento, fue interrogada por agentes de la DGM, quienes determinaron además que su última entrada al país se produjo el 25 de octubre de 2019 y que excedió el tiempo de permanencia autorizado.
La investigación
Ante estos hechos, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, dispuso la apertura de una investigación para establecer responsabilidades y posibles vínculos con redes dedicadas a la falsificación y comercialización ilegal de documentos migratorios.
El caso fue presentado ante la DGM por el ciudadano dominicano Andrés Taveras, quien informó que el documento falso habría sido entregado por un hombre identificado como Gabriel Alejandro Rodríguez, quien presuntamente se hizo pasar por colaborador de la institución con fines de lucro.
- La DGM aclaró que la persona señalada no es ni ha sido empleado ni colaborador de la entidad y que se trabaja de manera conjunta con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para localizarlo, determinar responsabilidades y proceder con las sanciones correspondientes.
Finalmente, la Dirección General de Migración reiteró que los trámites migratorios son personales e intransferibles y deben realizarse únicamente por las vías oficiales, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no recurrir a intermediarios y a denunciar cualquier intento de gestión de documentos fuera del marco legal.
Santo Domingo, R.D.-En medio del caos producto del señalado desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pacientes consultados se presentan angustiados y descontentos por tardanza en la facturación de medicamentos y otros servicios.
A menos de una semana de ser dictada la medida de coerción a los implicados en el caso Senasa, afiliados se han pronunciado sobre irregularidades recién confirmadas en su seguro y quienes han asistido a los hospitales denuncian la tardanza en el proceso de aprobación en el requerimiento de los servicios.
“Yo estoy desde la semana pasada facturando unos análisis que me indicaron y no he podido hacerlo porque no sé si es el sistema, muchas personas en espera, pero no me atienden y no me dicen qué está pasando, solo que espere”, aseguró Manuel, un señor que se encontraba en fila para facturación en el Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter.
Así como este caso, Josefina Mendoza aseguró que para realizar procesos de facturación ha tardado más que meses anteriores, en ocasiones teniendo que abandonar el proceso por la demora.
Luego de darse a conocer los supuestos fraudes realizados en Senasa, que implican a su exdirector, Santiago Hazim, y otros imputados, las denuncias públicas en las redes sociales no han pasado desapercibidas; incluso dominicanos en el extranjero se pronunciaron por facturas de procedimientos médicos e internamientos no realizados.
A las denuncias de los ciudadanos, las autoridades de la aseguradora no les han dado respuestas públicas, causando indignación a la población por sentirse desamparados.
Según el Ministerio Público, el desfalco a la ARS estatal es de más de RD$15 mil millones a través de contratos inflados, autorizaciones irregulares y la creación y captura de programas que, bajo la apariencia de nuevos proyectos de salud pública, se convirtieron en un mecanismo para sacar dinero al Estado y ser repartido entre los involucrados.
El Ministerio Público, en su expediente entregado para el pedido de medidas de coerción, atribuye a la red un “sistema paralelo” para manipular contratación y habilitación de prestadores, y estima un perjuicio de más de RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
Este 14 de diciembre, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.
El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Hazim cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El tribunal también impuso prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.
De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.
El caso Senasa fue calificado como Operación Cobra y fue calificado por Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, como el acto de corrupción más fraude de la historia dominicana.