Análisis Noticiosos
Aumentan los Peligros de Estar Vivo
Por José Cabral
Día tras día los dominicanos sufren la consecuencia de tener una sociedad en la que sus principales perfiles la convierten en no viable, en un país prácticamente colapsado, donde sus principales puntos de referencias son realmente preocupantes.
Los atracos a mano armada, la violencia, el narcotráfico y el consumo de drogas, así como la delincuencia generalizada, constituyen partes del diario vivir de los dominicanos, es como algo consustancial a nuestra sociedad.
Pero los peligros que se viven en el país también tienen que ver con el tipo de alimentación de nuestro público, de nuestra gente, la cual es, sin lugar dudas, otra grave amenaza de diezmar la población, cuyos productos de la canasta familiar son elaborados, no para alimentar a seres humanos, sino a animales.
El consumo de una serie de productos mantiene a muchas personas, a miles y miles de personas, postradas en una cama, como resultado de los altos niveles de contaminación que contienen los mismos, en virtud de que son elaborados focalizados sólo en ganar dinero y nada más.
Hace algunos días que el escándalo fue con la mala calidad del salami que se fabrica en la República Dominicana, cuyo informe de ProConsumidor es realmente conmovedor, tétrico, sobre todo por el tipo de materia prima que usan los embutidores para la elaboración del mismo.
Posteriormente fue la llamada azúcar negra o crema, la cual está ligada con arena, lo que puede mandar a cualquier persona directo al quirófano por obstrucción intestinal, cuyas consecuencias podrían ser fatales.
Ahora la denuncia tiene que ver con que el arroz que se consume en el país, el cual contiene arsénico, lo que constituye un peligro para la salud, siempre y cuando la cantidad del mismo sea significativa, pese a que un organismo competente de los Estados Unidos dijo que el nivel de ese veneno no es una amenaza para el que lo consume, pero naturalmente se habla del cereal que se vende en la unión americana, no el nuestro.
Todavía no se ha hablado de que la mayoría de los productos agrícolas dominicanos, como vegetales y verduras, están contaminados con unos agroquímicos que están prohibidos en países donde hay una alta fiscalización sanitaria.
La fumigación de la mayoría de los productos agrícolas dominicanos con insecticidas desechados en los Estados Unidos y Europa es una de la causa principal de que miles y miles de dominicanos padezcan cirrosis hepática, popularmente conocida como hidropesía.
No son pocos los que están en la tumba por el consumo de unos alimentos contaminados, sin que el Estado Dominicano esté en capacidad de parar esta grave amenaza en contra de la población.
En la República Dominicana prácticamente todos los productos manufacturados en el país están ligados con ingredientes que ponen en peligro la salud, pero cuál institución oficial se atreve a realizar una investigación sería sobre el particular.
Sin lugar a dudas, que Pro Consumidor ha hecho denuncias muy valientes, pero los resultados han sido los de siempre, la continuación de la irregularidad, para cuya comprobación habría que determinar si las estaciones de gas de cocinar han renunciado a estafar a los dominicanos al vender una cantidad de un producto que no se corresponde con el precio cobrado.
El peligro de estar vivo en la República Dominicana cada día aumenta, porque sólo el que tiene vida está obligado a transitar por las calles del país y exponerse a un atraco y hasta perder la vida y si decide quedarse en la casa también necesita ingerir algún alimento, el cual generalmente está altamente contaminado, lo que también lo expone a perder la vida.
Es decir que desde cualquier perspectiva que se analice la problemática, la conclusión de siempre será que es un peligro estar vivo, porque donde quiera que se mueva se encuentra con un parásito, una bacteria, un virus o un ser humano ladrón que se interesa en lo suyo y para conseguirlo está dispuesto a llegar al extremo de arrebatarle la vida.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.