Opinión
¡Farmacia GBC implicada en estafa Senasa!
Por Narciso Isa Conde
Cuentan con más de 188 sucursales en todo el país.
Santo Domingo.– En la página de promoción MEDICAR GBC se puede leer que ese negocio «nace en el 1996, formada por 2 hermanos con el compromiso de ser una farmacia dedicada a brindar un servicio confiable a sus clientes.
Con el transcurso del tiempo medicar GBC fue ganando la aceptación y confianza del público y hoy en día somos la farmacia de los dominicanos.»
«! ¡La farmacia de los dominicanos!» es su lema, con lo que nos quieren decir que están controlando gran parte del mercado, porque de ninguna manera pierden.
Cuentan con más de 188 sucursales en todo el país.
Creció como la espuma, con dinero fácil.
El dinero fácil facilita eso y mucho más. Los dos hermanos se las traen, saben jonronear por los 411, como reza uno de sus spots televisado y saben poner en aprieto las otras cadenas de farmacias, nada santas, pero no tan…tan diablas.
Aceptan todos los seguros y pagos, incluso el de FARMACARD, una de las empresas del GRUPO READ involucrada hasta el tuétano en el fraude colosal a SENASA y aliada a GBC en esos menesteres.
El descuento al Estado (SENASA y Salud Pública) es menor que se le otorga al cliente común en todas sus farmacias: es solo del 10%, apenas la mitad. Algo curiosamente aceptado al más alto nivel por las autoridades del seguro estatal, del servicio de salud y compra de medicamentos.
Algo curioso y gracioso, aunque no más del hecho que los contratos leoninos del Estado con GBC implican comprar las mercancías en el último escalón de la cadena empresarial, a precios de detallistas, mucho más altos que lo que ofrecen sus fabricantes o importadores
Es imposible justificar esos contratos cuando el sistema de boticas populares bien puede comprar los medicamentos directamente a los fabricantes nacionales y a las casas importadoras a precios mucho más ventajosos.
Dados tantos y tan voluminosos procesos fraudulentos es defóicil de creer que el presidente Abinader, los ministros de salud, el director de los Servicios de Salud. Promese/Cal, no supieran de esas conexiones tramposas, que por demás implican privatizaciones indirectas.
Eso huele a sobornos, a asociaciones delictivas entre altos funcionarios y los propietarios de GBS. Esos favores no son gratis.
La red de farmacias GBC es una propiedad registrada y la IA permite identificar sus dueños y su historia
La primera Farmacia GBC fue iniciada por Raymond Rodríguez (también conocido como Reymo Rodríguez), junto a su hermana Carmen Rodríguez, y su familia. Actualmente, Raymond Rodríguez se desempeña como el presidente ejecutivo de la refereida cadena de farmacias.
Pasar de una farmacia de dos hermanos a una cadena monopólica es algo fantástico. Yo conozco casos de familias ricas que, ateniéndose a las reglas clásicas del capitalismo, no lo logran. Eso necesita un EXTRA fuera de lo común.
Curiosamente en los gobiernos de Leonel y Danilo la primera farmacia se multiplicó por 50. Ya desde entonces tenían lugar sus contratos leoninos con Salud Pública.
Pero la expansión vertiginosa de GBC de cuando tenía 50 sucursales a las 188 actuales, se produjo en el periodo de sus acuerdos con entidades de Salud Publica y SENASA en el marco de la gestión privatizadora de ABINADER-PRM, que ha impuesto en muchas vertientes un régimen de asociación público-privada, aplaudido por el CONEP, y auspiciado por ciertas elites empresariales, por la Casa Blanca y la corrompida partidocracia perremeista.
La Vice, Raquel Peña, logró colocar de Ministro de Salud Pública al doctor Rincón, hoy Senador por Santiago, vinculado a fuertes negocios de salud en esa ciudad, ambos impulsores de variadas modalidades de contratos del sector público de salud con negocios privados que tienden a privatizar áreas del sistema estatal de salud.
Ricón fue reemplazado por Atalá, miembro de una familia con fuertes vínculos y muchas «cuñas» en la franja PRD-PRM.
Los silencios de Abinader, de la Vice y el Ministro de Salud sobre algo tan grave, más la actitud presidencial de referir toda esa cadena de estafa al MP, es una manera de evadir responsabilidades y encubrir las propias.
Muy conocidos son los vínculos de Abinader con Santiago Hazim, y los de ambas partes con la poderosa familia Villanueva de VIAMAR y del GRUPO READ, muy vinculada históricamente también a la franja PRD-PRM.
Es imposible de creer –reitero- que la Presidencia, el Ministerio de Salud, la Dirección de los Servicios de Salud, PROMESE-CAL, el Gabinete de Salud y la cúpula del CONEP…ignoraran por años situaciones como éstas.
Y hay que estar alerta porque estratégicamente, más allá de los primeros operativos y consiguientes estruendos, el MP y el Poder Judicial siguen conformando un sistema judicial que sirve a la impunidad de los tutumpotes políticos, empresariales y militares.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.