Opinión
¡Farmacia GBC implicada en estafa Senasa!
Por Narciso Isa Conde
Cuentan con más de 188 sucursales en todo el país.
Santo Domingo.– En la página de promoción MEDICAR GBC se puede leer que ese negocio «nace en el 1996, formada por 2 hermanos con el compromiso de ser una farmacia dedicada a brindar un servicio confiable a sus clientes.
Con el transcurso del tiempo medicar GBC fue ganando la aceptación y confianza del público y hoy en día somos la farmacia de los dominicanos.»
«! ¡La farmacia de los dominicanos!» es su lema, con lo que nos quieren decir que están controlando gran parte del mercado, porque de ninguna manera pierden.
Cuentan con más de 188 sucursales en todo el país.
Creció como la espuma, con dinero fácil.
El dinero fácil facilita eso y mucho más. Los dos hermanos se las traen, saben jonronear por los 411, como reza uno de sus spots televisado y saben poner en aprieto las otras cadenas de farmacias, nada santas, pero no tan…tan diablas.
Aceptan todos los seguros y pagos, incluso el de FARMACARD, una de las empresas del GRUPO READ involucrada hasta el tuétano en el fraude colosal a SENASA y aliada a GBC en esos menesteres.
El descuento al Estado (SENASA y Salud Pública) es menor que se le otorga al cliente común en todas sus farmacias: es solo del 10%, apenas la mitad. Algo curiosamente aceptado al más alto nivel por las autoridades del seguro estatal, del servicio de salud y compra de medicamentos.
Algo curioso y gracioso, aunque no más del hecho que los contratos leoninos del Estado con GBC implican comprar las mercancías en el último escalón de la cadena empresarial, a precios de detallistas, mucho más altos que lo que ofrecen sus fabricantes o importadores
Es imposible justificar esos contratos cuando el sistema de boticas populares bien puede comprar los medicamentos directamente a los fabricantes nacionales y a las casas importadoras a precios mucho más ventajosos.
Dados tantos y tan voluminosos procesos fraudulentos es defóicil de creer que el presidente Abinader, los ministros de salud, el director de los Servicios de Salud. Promese/Cal, no supieran de esas conexiones tramposas, que por demás implican privatizaciones indirectas.
Eso huele a sobornos, a asociaciones delictivas entre altos funcionarios y los propietarios de GBS. Esos favores no son gratis.
La red de farmacias GBC es una propiedad registrada y la IA permite identificar sus dueños y su historia
La primera Farmacia GBC fue iniciada por Raymond Rodríguez (también conocido como Reymo Rodríguez), junto a su hermana Carmen Rodríguez, y su familia. Actualmente, Raymond Rodríguez se desempeña como el presidente ejecutivo de la refereida cadena de farmacias.
Pasar de una farmacia de dos hermanos a una cadena monopólica es algo fantástico. Yo conozco casos de familias ricas que, ateniéndose a las reglas clásicas del capitalismo, no lo logran. Eso necesita un EXTRA fuera de lo común.
Curiosamente en los gobiernos de Leonel y Danilo la primera farmacia se multiplicó por 50. Ya desde entonces tenían lugar sus contratos leoninos con Salud Pública.
Pero la expansión vertiginosa de GBC de cuando tenía 50 sucursales a las 188 actuales, se produjo en el periodo de sus acuerdos con entidades de Salud Publica y SENASA en el marco de la gestión privatizadora de ABINADER-PRM, que ha impuesto en muchas vertientes un régimen de asociación público-privada, aplaudido por el CONEP, y auspiciado por ciertas elites empresariales, por la Casa Blanca y la corrompida partidocracia perremeista.
La Vice, Raquel Peña, logró colocar de Ministro de Salud Pública al doctor Rincón, hoy Senador por Santiago, vinculado a fuertes negocios de salud en esa ciudad, ambos impulsores de variadas modalidades de contratos del sector público de salud con negocios privados que tienden a privatizar áreas del sistema estatal de salud.
Ricón fue reemplazado por Atalá, miembro de una familia con fuertes vínculos y muchas «cuñas» en la franja PRD-PRM.
Los silencios de Abinader, de la Vice y el Ministro de Salud sobre algo tan grave, más la actitud presidencial de referir toda esa cadena de estafa al MP, es una manera de evadir responsabilidades y encubrir las propias.
Muy conocidos son los vínculos de Abinader con Santiago Hazim, y los de ambas partes con la poderosa familia Villanueva de VIAMAR y del GRUPO READ, muy vinculada históricamente también a la franja PRD-PRM.
Es imposible de creer –reitero- que la Presidencia, el Ministerio de Salud, la Dirección de los Servicios de Salud, PROMESE-CAL, el Gabinete de Salud y la cúpula del CONEP…ignoraran por años situaciones como éstas.
Y hay que estar alerta porque estratégicamente, más allá de los primeros operativos y consiguientes estruendos, el MP y el Poder Judicial siguen conformando un sistema judicial que sirve a la impunidad de los tutumpotes políticos, empresariales y militares.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.