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Aunque la razón sea de justicia, variación de coerción envía mensaje de preocupación.
Por Elba Gracia
Ciertamente en el sistema de justicia los casos siempre deben ponerse en una balanza sobre la base del mandato de la ley para evitar lesionar un principio universal del derecho como es la presunción de inocencia y además de que no haya una condena anticipada en contra de los imputados.
Sin embargo, la preocupación proviene del hecho de que la República Dominicana ha tenido una serie de déficits en el sistema de justicia, los cuales impactan a sus instancias como son la judicatura y el Ministerio Público.
Nótese que en los argumentos para la variación de la medida de coerción a prisión domiciliaria, el juez se fundamenta en que alegadamente el Ministerio Público no ha formalizado su acusación ante el tribunal apoderado, lo cual tiene una serie de interpretaciones que van desde el hecho de que se trata de un proceso super complejo hasta cualquier otra debilidad que haya impedido la presentación de la acusación formal en perjuicio de los acusados.
Los precedentes que hay ya en el sistema de justicia incluyen uno, entre otros, que es prácticamente emblemático y se trata del caso Odebrecht, el cual ha sido mucha espuma y poco chocolate y cuyos resultados ha profundizado la falta de credibilidad en los fiscales y los jueces que manejan estos procesos.
Las dudas al respecto obedecen al hecho de tanto el Ministerio Público como la judicatura nacional nunca han estado al margen de la politiquería que tanto daño le ha hecho a la sociedad dominicana, lo cual es una expresión también de la falta de institucionalidad y de la presencia de su hija legítima, como lo es la impunidad.
De manera, que, aunque la variación de la medida de coerción a por lo menos el principal imputado de un fraude en contra del patrimonio público que supera los seis mil millones de pesos, pudiera ser una decisión correcta a partir del buen derecho, la misma representa un factor de escepticismo de la gente de que en el caso habrá realmente una sanción ejemplarizadora.
La cuestión es que la judicatura nacional y el Ministerio Público son dos instancias que se manejan en función de una serie de manipulaciones e interpretaciones jurídicas y políticas que provocan que los casos se queden a nivel mediático y que sus resultados sirvan, más que para fortalecer la democracia, para poner en tela de juicio un ordenamiento jurídico bueno desde el punto de vista teórico, pero malo desde la perspectiva de la ejecución del mandato de las normas.
El juez Deibe Timoteo Peguero hizo bien con motivar su decisión, lo cual deja claro que el caso Antipulpo todavía debe ser sometido al escrutinio del tribunal que deberá conocer en el mes de octubre el juicio preliminar, pero también debe decirse que la disposición quita mucha credibilidad al sistema de justicia por lo ocurrido históricamente.
Amplios sectores de la vida nacional han perdido totalmente la confianza en la justicia, porque las malas y caprichosas interpretaciones de los jueces, que no sólo ocurre en lo penal, sino también en lo civil ordinario, lo inmobiliario y en el derecho laboral, ha socavado el instrumento idóneo para compensar a las víctimas y a la sociedad y castigar el crimen y el delito.
Es decir, que la erosión de la credibilidad del sistema de justicia no es sólo por como terminan los casos penales en los que hay involucradas sumas impresionantes de dinero del patrimonio público, sino también por lo que ya es común y corriente en los tribunales del país, lo cual ocurre en todas las ramas del derecho en la República Dominicana, en los que se emiten sentencias que los juzgadores violentan las normas y suplantan la función del legislador.
Este caso Antipulpo reviste una importancia especial por tratarse del involucramiento de un hermano del expresidente Danilo Medina, lo cual le da una proyección y trasfondo político al asunto y como en el país se entiende que los partidos políticos tradicionales son los principales mecanismos para promover impunidad, ya que colocan en posiciones claves, sobre todo en derecho penal, a figuras que responden a sus malsanos intereses.
En tal virtud, lo ocurrido con Alexis Medina no estará al margen de la creencia generalizada de la gente de que los cuadros y familiares de los líderes políticos muy difícilmente caen presos o son condenados, dado que siempre habrá jueces que tienen agradecimientos en favor de los que controlan el poder político e incluso por el papel que juegan en el instrumento de elección como lo es el Consejo Nacional de la Magistratura.
Pero sea esa o no la causa de la variación de la medida de coerción en favor de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, la mayoría de los ciudadanos no lo ve de otra manera y entonces a partir de esa creencia ello lesiona mucha más la democracia.
La realidad es que con todos estos casos el país no puede crearse muchas expectativas de aplicación de la ley como demanda cada proceso, porque siempre estará presente el elemento político partidista que apuesta a que las cosas salgan en función de sus intereses.
Este periódico no apuesta a una prisionalización injusta e irracional, sino que lamentablemente en la sociedad dominicana cuando los casos no terminan con una condena severa, siempre se considera que predominaron los factores que generan la impunidad.
Para decirlo de otra manera, que cuando la sangre no llega al río en el orden judicial, las amplias mayorías nacionales consideran que no ha habido una verdadera sanción, lo cual tiene su razón de ser en que la justicia nacional siempre ha estado al servicio del que más puede o tiene y de aquellos colocados en la cima del poder.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.