Opinión
Autoridad política y moral para convocar la indignación contra la depredación ambiental y el paquetazo
Published
11 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Gran parte de esta sociedad está dispuesta a impedir a toda costa que Loma Miranda y toda la Cordillera Central sea saqueada y depredada como patrimonio natural: fuente de agua, bosques y tesoro de biodiversidad.
Igual está en disposición de derrotar el paquetazo tributario del gobierno de Danilo Medina (Danilazo neoliberal).
La violencia de género, propia de un capitalismo patriarcal canalla, ha concitado un rechazo capaz de convertirse paulatinamente en impugnación del poder machista y la subcultura que la genera y reproduce.
Algo parecido ocurre con la agobiante inseguridad ciudadana generada por un Estado delincuente asociado a las mafias comunes.
- · Lecciones de una unidad que generó confianza.
Para alcanzar esas metas, de vida o muerte para este pueblo, solo hace falta enterrar la dispersión, los vanguardismos, los oportunismos y los protagonismos infecundos; y decidirnos a promover una gran confluencia de la diversidad social, política y cultural que abraza honestamente esas demandas. Una confluencia con suficiente e inequívoca autoridad moral y política frente a la sociedad.
Ante las tenebrosas expoliaciones mineras a cargo de Falcondo, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp y otros consorcios transnacionales, se ha creado un espacio idóneo por su diversidad y su poder de convocatoria: el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del Cianuro, integrado por las fuerzas impulsoras de las grandes marchas en defensa de la vida y de múltiples acciones realizadas en los últimos meses, todas relacionadas con los derechos de la madre tierra y de los seres humanos que la habitan.
Ese espacio de coordinación amplió su temáticas al reclamo del 4% del PBI para la educación pre-universitaria y del 5 % del presupuesto nacional para la UASD; al combate de las causas de los femenicidios, al reclamo del enjuiciamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de lo robado, a la exigencia de seguridad ciudadana y a otros puntos de fuerte impacto en la vida nacional.
Todos estos puntos guardan una relación, no simplemente tangencial, con la defensa de la vida en esta isla y la soberanía del país.
- · Depredación ambiental y paquetazo van de la mano.
Ahora se cruza en el camino de esas luchas trascendentes el grave problema del paquetazo tributario y el ominoso acuerdo con el FMI, cuyo real significado es obligar al pueblo a pagar lo que Leonel Fernández y la cúpula corrompida del PLD se robaron, dilapidaron, malversaron y dispendiaron; y forzar al pago de la deuda pública que ya consume el 40% del presupuesto nacional.
Eso, acompañado de la permanente impunidad y del otorgamiento de licencia al saqueo a cargo de los grandes consorcios mineros; incluida en este instante de precariedad fiscal del gobierno, la pusilánime petición gubernamental a esas empresas transnacionales de algunas contribuciones para ayudarlo a tapar los hoyos del latrocinio de Leonel a cambio de más garantías para depredar.
En al actualidad no hay manera de separar el grave problema ambiental y las amenazas que en ese plano se ciernen sobre el país, del paquetazo tributario en marcha, de la voracidad fiscal del oficialismo, de su onerosa política de endeudamiento y de todo lo que atenta con la vida misma de los dominicanos y dominicanas.
Esas demandas, por demás, confluyen contra el gobierno, las instituciones y el poder establecido, y asumen de más en más un carácter político con fuerte contenido alternativo.
Ni el Gobierno Central, ni el Congreso, ni las llamadas “altas cortes”, pueden ser escenarios para detener esa ofensiva reaccionaria con carácter de contrarreforma y rapiña imperialista, independientemente del pasajero valor aleccionador que puedan tener los emplazamientos y las presiones sobre esas instancias estatales. Mucho menos ser vías para resolver los graves problemas que la contrarreforma fiscal y la rapiña transnacional genera y profundiza.
Esas instituciones son parte del poder que agrava los grandes males de la Nación. Y como tal, instrumentos de impunidad de sus protagonistas y beneficiarios. Ellas no son factores de intermediación, sino mecanismos de complicidad y protección de la corrupción estatal, de las concesiones leoninas, los contratos, las políticas públicas y las medidas oficiales favorables a laestrategia de muerte del gran capital local y transnacional y de la partidocracia que le sirve y se sirve de ella.
Son grandes beneficiarios de esa podredumbre las elites de las partidocracias corrompidas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites; con más énfasis cuando gobiernan o participan del gobierno de turno, pero siempre subordinadas al FMI, a la burguesía transnacional y sus corporaciones. Sin que esto niegue que ciertas piezas sueltas de esos engranajes, presionadas por sus comunidades y necesitadas de legitimidad electoral, en casos de altos rechazos a las decisiones centrales, se ven forzadas a enarbolar efímeramente banderas populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto riego ambiental.
- · Ampliación de la agenda de lucha y lograr más autoridad.
La convocatoria con autoridad política y moral tiene, como lo ha hecho el Comité contra la Mega-minería, que trazar fronteras respecto al poder responsable del desastre: frente a esos partidos, esas instituciones, esas elites capitalistas. Frente a los que gobiernan y frente a los que pretenden reciclarse y/o mediatizar las luchas.
Las nuevas convocatorias para garantizar un proceso ascendente y superador tienen que abrir más la agenda pasada, enriqueciéndola: no puede ni debe faltar entre sus metas la lucha para derrotar el paquetazo tributario y sus sustentadores. Este tema se coloca en un lugar relevante por su impacto nacional y multisectorial, y junto al tema ambiental adquiere un enorme poder de atracción, indignación y movilización.
La cuestión de la autoridad moral y política para convocar es un asunto muy importante y muy delicado. Guarda una estrecha relación con la conquista de la confianza del pueblo, no pocas veces burlado y estafado.
Por eso, en ese plano, hay muchas cosas que corregir y enderezar. Fallas y errores recurrentes, que es necesario superar. Métodos dañinos y malas compañías. Imposiciones verticales y pésimas alianzas.
Debe quedar claro de una vez por todas, que además del contenido alternativo de las demandas y las metas, se trata de lograr una contra-hegemonía alternativa en la conducción de la indignación, la movilización y la creación de contrapoder desde el campo popular con el aporte y la participación relevante de las fuerzas revolucionarias y sus aliados de más largo aliento y mayor consecuencia.
Igual hay que abrir las compuertas a la relación horizontal con la sociedad, al estímulo de los procesos asamblearios, a la apertura respecto a los nuevos sujetos, actores sociales y liderazgos políticos alternativos en todos los niveles. Y cerrarle las puertas a la manipulación y al cretinismo electoralista que solo piensa en usar para sus fines estrechos y sus alianzas miopes los movimientos sociales y las causas populares.
Es claro para nosotros/as, que como entidades tradicionales de la política y como clanes dirigenciales orgánicos a las mismas -responsables de los males que estamos combatiendo-ni el PLD, ni el PRD, ni el PRSC, ni sus grupos satélites… están aptos para ser parte de un arcoiris político-social que procure autoridad política y moral para alcanzar un alto poder de convocatoria; sin que esto descarte posibles acompañamientos y respaldos de sus bases y sectores descontentos y de ciertos dirigentes sin manchas y sin apego a políticas neoliberales, capaces de disentir y desafiar de las directrices centrales y las políticas institucionales de sus partidos y organizaciones corporativas.
- · Desvíos inaceptables.
Pero hay desvíos que a estas alturas no podemos permitirnos ni permitir; desvíos que contaminan y desacreditan el movimiento.
Es el caso de las influencias de cierto sectores dominantes dentro del Foro Social Alternativo (FSA) –otrora espacio de coordinación con un rol destacado en pasadas convocatorias de jornadas de protestas y huelgas populares- que le están haciendo mucho daño a esa entidad al propiciar descaradas alianzas con sectores desacreditados del PRD y convenios con facciones de las cúpulas de esa organización; las cuales -además de haber aprobado en el pasado muchos paquetazos neoliberales- se involucraron en corrupción y políticas clientelistas y auspiciaron el hoy decadente modelo global.
Se pierde credibilidad, se siembran dudas, exhibiendo esas malas compañías, pues resulta contradictorio y muy vulnerable hablar de enjuiciar a Leonel y a su claque corrompida al lado de un alto dirigente perredeísta indultado por el ex-presidentes después de ser justamente condenados por graves actos de corrupción y malversación de fondos públicos; conocido además como parte de la corrupción burocrática universitaria-uasdiana.
Fuerzas políticas que todavía se asumen como de izquierda, proclives a la alianza con la cúpula del PRD (ahora con la facción de Hipólito que respaldó el acuerdo con el FMI y antes con la de Miguel Vargas), insisten en ese mal camino. Mezclan sus afanes por cuotas pactadas dentro de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con su intervención en el movimiento social, se “reburujan” con gremios y aparatos para-perredeístas altamente cuestionados, contaminan el FSA y provocan su progresiva pérdida de autoridad y poder convocante; desatando a la vez los demonios del vanguardismo y el protagonismo, que tanto alientan la división.
Esto incluye pacto con sectores choferiles inclinado a buscar ventajas particulares en detrimento del interés general del pueblo golpeado por el inminente paquetazo; espacios estrechamente aliados al PRD y favorecidos por sus altas jerarquías.
Por su parte, otros sectores de la franja ong-cista de la llamada sociedad civil, fundaciones y entidades financiadas por el sistema y sus grupos corporativos, y movimientos sociales moderados y moldeados por esas tutelas, se resisten a enfrentar esta institucionalidad decadente y carcomida, prefiriendo cuestionar el paquetazo en los escenarios constitucionales y reservándole a las “movilizaciones cívicas” el rol de mecanismos de presión en el contexto de una política funcional al sistema.
Siempre, en lo que se refiere a esa “franja civilista”, auspiciando “pactos sociales”, aceptando al inefable monseñor Agripino como mediador, asumiendo la lógica de la Ley de Estrategia General de Desarrollo (de corte neoliberal) y formando tienda aparte con sus similares, e incluso aliados a sectores más conservadores; distante, por demás, de una confluencia realmente confrontativa, popular y alternativa, capaz sus de apuntar en el mediano plazo hacia la ruptura necesaria, el desmonte del neoliberalismo y de la partidocracia, la Constituyente Popular y la nueva institucionalidad democrática participativa, como lo exige esta crisis integral.
La etapa que se inicia, sin embargo, aun con esas mediaciones y obstáculos indeseables, da para decidirse a crear un nuevo referente con autoridad moral y política para convocar en grande. Que desde una pluralidad popular combativa, desde la radicalidad de sectores medios y desde la combinación de las indignaciones más activas y diversas -situado en el centro de las luchas el rechazo a los desgarradores impactos del desastre ambiental y al paquetazo neoliberal- genere confluencias, dinámicas de lucha, protagonismos de colectividades sociales y culturales; acompañados, por supuesto, de un serio esfuerzo de conducción contra-hegemónica, generadora de poder popular y ciudadanía antisistémica y alternativa a partir del aporte calificado de las fuerzas transformadoras.
Claro, esto exige de un esfuerzo descomunal y una militancia persistente en la creación heroica e impulso emancipador en múltiples vertientes: clase, género, nuevas generaciones, anti-racismo, soberanía, dignidad humana, participación democrática, ambiente sano, honestidad, anti-corrupción, libertad de opción sexual…
Opinión
Cuando el conocimiento y el intelecto se diluyen en el estiércol.
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23 horas agoon
septiembre 27, 2023Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Opinión
El Estatuto de Roma y la Cooperación de los Estados
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24 horas agoon
septiembre 27, 2023Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.