Opinión
Autoridad política y moral para convocar la indignación contra la depredación ambiental y el paquetazo
Por Narciso Isa Conde
Gran parte de esta sociedad está dispuesta a impedir a toda costa que Loma Miranda y toda la Cordillera Central sea saqueada y depredada como patrimonio natural: fuente de agua, bosques y tesoro de biodiversidad.
Igual está en disposición de derrotar el paquetazo tributario del gobierno de Danilo Medina (Danilazo neoliberal).
La violencia de género, propia de un capitalismo patriarcal canalla, ha concitado un rechazo capaz de convertirse paulatinamente en impugnación del poder machista y la subcultura que la genera y reproduce.
Algo parecido ocurre con la agobiante inseguridad ciudadana generada por un Estado delincuente asociado a las mafias comunes.
- · Lecciones de una unidad que generó confianza.
Para alcanzar esas metas, de vida o muerte para este pueblo, solo hace falta enterrar la dispersión, los vanguardismos, los oportunismos y los protagonismos infecundos; y decidirnos a promover una gran confluencia de la diversidad social, política y cultural que abraza honestamente esas demandas. Una confluencia con suficiente e inequívoca autoridad moral y política frente a la sociedad.
Ante las tenebrosas expoliaciones mineras a cargo de Falcondo, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp y otros consorcios transnacionales, se ha creado un espacio idóneo por su diversidad y su poder de convocatoria: el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del Cianuro, integrado por las fuerzas impulsoras de las grandes marchas en defensa de la vida y de múltiples acciones realizadas en los últimos meses, todas relacionadas con los derechos de la madre tierra y de los seres humanos que la habitan.
Ese espacio de coordinación amplió su temáticas al reclamo del 4% del PBI para la educación pre-universitaria y del 5 % del presupuesto nacional para la UASD; al combate de las causas de los femenicidios, al reclamo del enjuiciamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de lo robado, a la exigencia de seguridad ciudadana y a otros puntos de fuerte impacto en la vida nacional.
Todos estos puntos guardan una relación, no simplemente tangencial, con la defensa de la vida en esta isla y la soberanía del país.
- · Depredación ambiental y paquetazo van de la mano.
Ahora se cruza en el camino de esas luchas trascendentes el grave problema del paquetazo tributario y el ominoso acuerdo con el FMI, cuyo real significado es obligar al pueblo a pagar lo que Leonel Fernández y la cúpula corrompida del PLD se robaron, dilapidaron, malversaron y dispendiaron; y forzar al pago de la deuda pública que ya consume el 40% del presupuesto nacional.
Eso, acompañado de la permanente impunidad y del otorgamiento de licencia al saqueo a cargo de los grandes consorcios mineros; incluida en este instante de precariedad fiscal del gobierno, la pusilánime petición gubernamental a esas empresas transnacionales de algunas contribuciones para ayudarlo a tapar los hoyos del latrocinio de Leonel a cambio de más garantías para depredar.
En al actualidad no hay manera de separar el grave problema ambiental y las amenazas que en ese plano se ciernen sobre el país, del paquetazo tributario en marcha, de la voracidad fiscal del oficialismo, de su onerosa política de endeudamiento y de todo lo que atenta con la vida misma de los dominicanos y dominicanas.
Esas demandas, por demás, confluyen contra el gobierno, las instituciones y el poder establecido, y asumen de más en más un carácter político con fuerte contenido alternativo.
Ni el Gobierno Central, ni el Congreso, ni las llamadas “altas cortes”, pueden ser escenarios para detener esa ofensiva reaccionaria con carácter de contrarreforma y rapiña imperialista, independientemente del pasajero valor aleccionador que puedan tener los emplazamientos y las presiones sobre esas instancias estatales. Mucho menos ser vías para resolver los graves problemas que la contrarreforma fiscal y la rapiña transnacional genera y profundiza.
Esas instituciones son parte del poder que agrava los grandes males de la Nación. Y como tal, instrumentos de impunidad de sus protagonistas y beneficiarios. Ellas no son factores de intermediación, sino mecanismos de complicidad y protección de la corrupción estatal, de las concesiones leoninas, los contratos, las políticas públicas y las medidas oficiales favorables a laestrategia de muerte del gran capital local y transnacional y de la partidocracia que le sirve y se sirve de ella.
Son grandes beneficiarios de esa podredumbre las elites de las partidocracias corrompidas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites; con más énfasis cuando gobiernan o participan del gobierno de turno, pero siempre subordinadas al FMI, a la burguesía transnacional y sus corporaciones. Sin que esto niegue que ciertas piezas sueltas de esos engranajes, presionadas por sus comunidades y necesitadas de legitimidad electoral, en casos de altos rechazos a las decisiones centrales, se ven forzadas a enarbolar efímeramente banderas populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto riego ambiental.
- · Ampliación de la agenda de lucha y lograr más autoridad.
La convocatoria con autoridad política y moral tiene, como lo ha hecho el Comité contra la Mega-minería, que trazar fronteras respecto al poder responsable del desastre: frente a esos partidos, esas instituciones, esas elites capitalistas. Frente a los que gobiernan y frente a los que pretenden reciclarse y/o mediatizar las luchas.
Las nuevas convocatorias para garantizar un proceso ascendente y superador tienen que abrir más la agenda pasada, enriqueciéndola: no puede ni debe faltar entre sus metas la lucha para derrotar el paquetazo tributario y sus sustentadores. Este tema se coloca en un lugar relevante por su impacto nacional y multisectorial, y junto al tema ambiental adquiere un enorme poder de atracción, indignación y movilización.
La cuestión de la autoridad moral y política para convocar es un asunto muy importante y muy delicado. Guarda una estrecha relación con la conquista de la confianza del pueblo, no pocas veces burlado y estafado.
Por eso, en ese plano, hay muchas cosas que corregir y enderezar. Fallas y errores recurrentes, que es necesario superar. Métodos dañinos y malas compañías. Imposiciones verticales y pésimas alianzas.
Debe quedar claro de una vez por todas, que además del contenido alternativo de las demandas y las metas, se trata de lograr una contra-hegemonía alternativa en la conducción de la indignación, la movilización y la creación de contrapoder desde el campo popular con el aporte y la participación relevante de las fuerzas revolucionarias y sus aliados de más largo aliento y mayor consecuencia.
Igual hay que abrir las compuertas a la relación horizontal con la sociedad, al estímulo de los procesos asamblearios, a la apertura respecto a los nuevos sujetos, actores sociales y liderazgos políticos alternativos en todos los niveles. Y cerrarle las puertas a la manipulación y al cretinismo electoralista que solo piensa en usar para sus fines estrechos y sus alianzas miopes los movimientos sociales y las causas populares.
Es claro para nosotros/as, que como entidades tradicionales de la política y como clanes dirigenciales orgánicos a las mismas -responsables de los males que estamos combatiendo-ni el PLD, ni el PRD, ni el PRSC, ni sus grupos satélites… están aptos para ser parte de un arcoiris político-social que procure autoridad política y moral para alcanzar un alto poder de convocatoria; sin que esto descarte posibles acompañamientos y respaldos de sus bases y sectores descontentos y de ciertos dirigentes sin manchas y sin apego a políticas neoliberales, capaces de disentir y desafiar de las directrices centrales y las políticas institucionales de sus partidos y organizaciones corporativas.
- · Desvíos inaceptables.
Pero hay desvíos que a estas alturas no podemos permitirnos ni permitir; desvíos que contaminan y desacreditan el movimiento.
Es el caso de las influencias de cierto sectores dominantes dentro del Foro Social Alternativo (FSA) –otrora espacio de coordinación con un rol destacado en pasadas convocatorias de jornadas de protestas y huelgas populares- que le están haciendo mucho daño a esa entidad al propiciar descaradas alianzas con sectores desacreditados del PRD y convenios con facciones de las cúpulas de esa organización; las cuales -además de haber aprobado en el pasado muchos paquetazos neoliberales- se involucraron en corrupción y políticas clientelistas y auspiciaron el hoy decadente modelo global.
Se pierde credibilidad, se siembran dudas, exhibiendo esas malas compañías, pues resulta contradictorio y muy vulnerable hablar de enjuiciar a Leonel y a su claque corrompida al lado de un alto dirigente perredeísta indultado por el ex-presidentes después de ser justamente condenados por graves actos de corrupción y malversación de fondos públicos; conocido además como parte de la corrupción burocrática universitaria-uasdiana.
Fuerzas políticas que todavía se asumen como de izquierda, proclives a la alianza con la cúpula del PRD (ahora con la facción de Hipólito que respaldó el acuerdo con el FMI y antes con la de Miguel Vargas), insisten en ese mal camino. Mezclan sus afanes por cuotas pactadas dentro de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con su intervención en el movimiento social, se “reburujan” con gremios y aparatos para-perredeístas altamente cuestionados, contaminan el FSA y provocan su progresiva pérdida de autoridad y poder convocante; desatando a la vez los demonios del vanguardismo y el protagonismo, que tanto alientan la división.
Esto incluye pacto con sectores choferiles inclinado a buscar ventajas particulares en detrimento del interés general del pueblo golpeado por el inminente paquetazo; espacios estrechamente aliados al PRD y favorecidos por sus altas jerarquías.
Por su parte, otros sectores de la franja ong-cista de la llamada sociedad civil, fundaciones y entidades financiadas por el sistema y sus grupos corporativos, y movimientos sociales moderados y moldeados por esas tutelas, se resisten a enfrentar esta institucionalidad decadente y carcomida, prefiriendo cuestionar el paquetazo en los escenarios constitucionales y reservándole a las “movilizaciones cívicas” el rol de mecanismos de presión en el contexto de una política funcional al sistema.
Siempre, en lo que se refiere a esa “franja civilista”, auspiciando “pactos sociales”, aceptando al inefable monseñor Agripino como mediador, asumiendo la lógica de la Ley de Estrategia General de Desarrollo (de corte neoliberal) y formando tienda aparte con sus similares, e incluso aliados a sectores más conservadores; distante, por demás, de una confluencia realmente confrontativa, popular y alternativa, capaz sus de apuntar en el mediano plazo hacia la ruptura necesaria, el desmonte del neoliberalismo y de la partidocracia, la Constituyente Popular y la nueva institucionalidad democrática participativa, como lo exige esta crisis integral.
La etapa que se inicia, sin embargo, aun con esas mediaciones y obstáculos indeseables, da para decidirse a crear un nuevo referente con autoridad moral y política para convocar en grande. Que desde una pluralidad popular combativa, desde la radicalidad de sectores medios y desde la combinación de las indignaciones más activas y diversas -situado en el centro de las luchas el rechazo a los desgarradores impactos del desastre ambiental y al paquetazo neoliberal- genere confluencias, dinámicas de lucha, protagonismos de colectividades sociales y culturales; acompañados, por supuesto, de un serio esfuerzo de conducción contra-hegemónica, generadora de poder popular y ciudadanía antisistémica y alternativa a partir del aporte calificado de las fuerzas transformadoras.
Claro, esto exige de un esfuerzo descomunal y una militancia persistente en la creación heroica e impulso emancipador en múltiples vertientes: clase, género, nuevas generaciones, anti-racismo, soberanía, dignidad humana, participación democrática, ambiente sano, honestidad, anti-corrupción, libertad de opción sexual…
Por Nelson Encarnación
En el año 2003, en los preparativos para invadir Irak, la administración de George W. Bush lanzó la narrativa de que Saddam Hussein disponía de un vasto arsenal de armas de destrucción masiva que le convertía en un peligro “inminente y real” para el mundo.
Esa propaganda se difundió como guion de cine por todo el planeta, replicado masivamente por los medios de comunicación estadounidenses y de una parte importante de los países europeos, sin que ninguno de ellos pusiera en práctica el abc del periodismo serio: la verificación y la contrastación de los hechos.
Al lanzarse la ocupación que depuso el régimen iraquí, los propios invasores buscaron por todos los rincones del país árabe y no encontraron más que armas convencionales, es decir, tanques, cañones, fusiles, lanzacohetes, etc., y nada de “destrucción masiva”, entendido este término como elementos susceptibles de aniquilar a poblaciones enteras.
Fue una vagabundería redonda que medios de desinformación y alabarderos de los Estados Unidos repitieron sin cesar, pese a que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguraba, de manera precisa y rotunda, que no existían dichas armas.
Más de 22 años después, los mismos actores y los mismos mentirosos montan la misma narrativa y la misma propaganda, esta vez con Irán como blanco de la manipulación.
Nuevamente la OIEA asegura que ha inspeccionado las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, habiendo determinado que el proceso solo alcanza para el desarrollo nuclear con fines pacíficos, es decir, producción de energía eléctrica, cuestiones médicas y otros usos no letales.
La información que analizó la OIEA fue concluyente en el sentido de que Irán no está desarrollando armamento nuclear, a pesar de que el director de esa agencia, el argentino Rafael Mariano Grossi, es un comprobado agente pro Israel, que según se especula proporcionó a los servicios de inteligencia israelíes la ubicación del edificio de reunión de los científicos iraníes.
Esto puede explicar la efectividad del bombardeo de la noche del viernes 13 de junio que mató a varios de ellos junto con oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas persas.
Es con base a la repetición del guion de 2003 que Israel abrió una guerra con el país persa que se sabe ha comenzada, pero que nadie conoce sus resultados al final.
Por Rommel Santos Díaz
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto de Roma y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la CPI o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de las cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.
La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podra celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar lo caargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
- a)Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
- b)Ha huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la CPI e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos.
En ese caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.
Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
- a)Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y
- b)Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.
Antes de la audiencia el fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse los cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.
En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.
En la audiencia el imputado podrá:
- a)Impugnar los cargos;
- b)Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
- c)Presentar pruebas.
La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea su determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:
- a)Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;
- b)No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
- c)Levantara la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo; o modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la CPI.
La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstara para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.
Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Roma para confirmarlos.. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia , podrá retirar los cargos.
Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal
Una vez confirmados los cargos de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Roma, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que , con sujeción a los dispuesto en el presente artículo y en el artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento
Rommelsantosdiaz@gmailcom.
Por Narciso Isa Conde
Con Jorge Mera entró también un buen continente de la mafia agrícola y sectorial del gobierno Hipólito Mejía, que reforzó la vieja mafia peledeista y balaguerista de ese ministerio.
Una cosa que muestra lo mal que anda un Ministerio importante e incluso un gobierno y un partido que se las pasa haciendo profesión de fe de transparencia, es a qué tipo de funcionarios le rinde honores.
Ha pasado así en los Gobiernos de Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo9 y Abinader.
En días pasados, bajo el título de homenaje al “legado de Orlando Jorge Mera”, en un acto auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el nuevo ministro, el gobierno de Abinader y el PRM exaltaron la memoria del ex ministro fallecido, en ocasión de otro aniversario de su asesinato.
A Jorge Mera lo asesinó un personero de la corrupción asociado y protegido inicialmente por él… hasta que las desmedidas exigencias del truhan lo obligaron a incumplir el pacto y eso provocó la ira de su asesino.
Jorge Mera no tenía ni méritos en la materia ni experiencias para desempeñar ese cargo. Su designación obedeció al reparto de cuotas decidido por Abinader para complacer las diferentes facciones del PRM, al estilo histórico del PRD.
Con Jorge Mera entró también un buen continente de la mafia agrícola y sectorial del gobierno Hipólito Mejía, que reforzó la vieja mafia peledeista y balaguerista de ese ministerio.
De ahí las innumerables violaciones a las áreas protegidas, las prácticas delictivas de granceros y areneros, los venenos esparcidos, la destrucción de manglares, la minería destructiva y los numerosos delitos ambientales impunes.
Jorge Mera designó en un cargo relevante al comunicador Guillermo Gómez, con la misión de crear una nómina paralela de botellas y nuevos enclaves mafiosos.
El historial de Guillermo Gómez, vinculado familiarmente a Jorge Blanco y protegido por él y por el PRD luego de sus andanzas con el generalato asesino de Balaguer, no admite complacencia.
Guillermo Gómez fue premiado por el jorgeblanquismo, luego de prestar “valiosos” servicios al régimen de terror y latrocinio presidido por Balaguer.
El impacto del asesinato de Jorge Mera en el contexto de su espuria relación con Miguel Cruz y la posterior designación de Ceara Hatton, forzaron a su desplazamiento y a la cancelación de una parte de la nómina pervertida de ese ministerio. Pero Gómez siguió recibiendo el apoyo de las altas esferas de poder de la vieja guardia perredeista del PRM y de sus enclaves militares para cosas peores.
Quedó impune y volvió a lo suyo, como siempre.
Guillermo Gómez ya había traspasado a su hijo Jochy conexiones y responsabilidades mafiosas, incluida las militares, las del negocio digital naranja y la de Mike Pompeo, el más “troglo” de los capos de la CIA.
Su heredero siguió administrando fiesta de millones…hasta pasarse de la raya con la estafa de los semáforos y los pactos turbios en materia de espionaje con el Ministerio de Defensa, todavía pendiente de juzgar.
La historia es de una impunidad tras otras y viejos y nuevos delitos se suceden en medio de los temores a la capacidad de chantaje de los grandes beneficiarios de las asociaciones delictivas público-privadas y de los homenajes al legado de complicidades y protecciones de presidentes y ministros que pregonan transparencia mientras encubren grandes delitos.
La fuerza que evidentemente debilita los procesos que implican a los Gómez y a Hugo Beras procede de complicidades que generan un enorme poder de chantaje, con más razón cuando una parte de los delitos se relacionan con las espurias entrañas de las labores de inteligencia oficial y espionaje público-privado bajo el paragua de la CIA y sus agentes en el Estado dominicano.