Opinión
Autoridad política y moral para convocar la indignación contra la depredación ambiental y el paquetazo
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14 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Gran parte de esta sociedad está dispuesta a impedir a toda costa que Loma Miranda y toda la Cordillera Central sea saqueada y depredada como patrimonio natural: fuente de agua, bosques y tesoro de biodiversidad.
Igual está en disposición de derrotar el paquetazo tributario del gobierno de Danilo Medina (Danilazo neoliberal).
La violencia de género, propia de un capitalismo patriarcal canalla, ha concitado un rechazo capaz de convertirse paulatinamente en impugnación del poder machista y la subcultura que la genera y reproduce.
Algo parecido ocurre con la agobiante inseguridad ciudadana generada por un Estado delincuente asociado a las mafias comunes.
- · Lecciones de una unidad que generó confianza.
Para alcanzar esas metas, de vida o muerte para este pueblo, solo hace falta enterrar la dispersión, los vanguardismos, los oportunismos y los protagonismos infecundos; y decidirnos a promover una gran confluencia de la diversidad social, política y cultural que abraza honestamente esas demandas. Una confluencia con suficiente e inequívoca autoridad moral y política frente a la sociedad.
Ante las tenebrosas expoliaciones mineras a cargo de Falcondo, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp y otros consorcios transnacionales, se ha creado un espacio idóneo por su diversidad y su poder de convocatoria: el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del Cianuro, integrado por las fuerzas impulsoras de las grandes marchas en defensa de la vida y de múltiples acciones realizadas en los últimos meses, todas relacionadas con los derechos de la madre tierra y de los seres humanos que la habitan.
Ese espacio de coordinación amplió su temáticas al reclamo del 4% del PBI para la educación pre-universitaria y del 5 % del presupuesto nacional para la UASD; al combate de las causas de los femenicidios, al reclamo del enjuiciamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de lo robado, a la exigencia de seguridad ciudadana y a otros puntos de fuerte impacto en la vida nacional.
Todos estos puntos guardan una relación, no simplemente tangencial, con la defensa de la vida en esta isla y la soberanía del país.
- · Depredación ambiental y paquetazo van de la mano.
Ahora se cruza en el camino de esas luchas trascendentes el grave problema del paquetazo tributario y el ominoso acuerdo con el FMI, cuyo real significado es obligar al pueblo a pagar lo que Leonel Fernández y la cúpula corrompida del PLD se robaron, dilapidaron, malversaron y dispendiaron; y forzar al pago de la deuda pública que ya consume el 40% del presupuesto nacional.
Eso, acompañado de la permanente impunidad y del otorgamiento de licencia al saqueo a cargo de los grandes consorcios mineros; incluida en este instante de precariedad fiscal del gobierno, la pusilánime petición gubernamental a esas empresas transnacionales de algunas contribuciones para ayudarlo a tapar los hoyos del latrocinio de Leonel a cambio de más garantías para depredar.
En al actualidad no hay manera de separar el grave problema ambiental y las amenazas que en ese plano se ciernen sobre el país, del paquetazo tributario en marcha, de la voracidad fiscal del oficialismo, de su onerosa política de endeudamiento y de todo lo que atenta con la vida misma de los dominicanos y dominicanas.
Esas demandas, por demás, confluyen contra el gobierno, las instituciones y el poder establecido, y asumen de más en más un carácter político con fuerte contenido alternativo.
Ni el Gobierno Central, ni el Congreso, ni las llamadas “altas cortes”, pueden ser escenarios para detener esa ofensiva reaccionaria con carácter de contrarreforma y rapiña imperialista, independientemente del pasajero valor aleccionador que puedan tener los emplazamientos y las presiones sobre esas instancias estatales. Mucho menos ser vías para resolver los graves problemas que la contrarreforma fiscal y la rapiña transnacional genera y profundiza.
Esas instituciones son parte del poder que agrava los grandes males de la Nación. Y como tal, instrumentos de impunidad de sus protagonistas y beneficiarios. Ellas no son factores de intermediación, sino mecanismos de complicidad y protección de la corrupción estatal, de las concesiones leoninas, los contratos, las políticas públicas y las medidas oficiales favorables a laestrategia de muerte del gran capital local y transnacional y de la partidocracia que le sirve y se sirve de ella.
Son grandes beneficiarios de esa podredumbre las elites de las partidocracias corrompidas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites; con más énfasis cuando gobiernan o participan del gobierno de turno, pero siempre subordinadas al FMI, a la burguesía transnacional y sus corporaciones. Sin que esto niegue que ciertas piezas sueltas de esos engranajes, presionadas por sus comunidades y necesitadas de legitimidad electoral, en casos de altos rechazos a las decisiones centrales, se ven forzadas a enarbolar efímeramente banderas populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto riego ambiental.
- · Ampliación de la agenda de lucha y lograr más autoridad.
La convocatoria con autoridad política y moral tiene, como lo ha hecho el Comité contra la Mega-minería, que trazar fronteras respecto al poder responsable del desastre: frente a esos partidos, esas instituciones, esas elites capitalistas. Frente a los que gobiernan y frente a los que pretenden reciclarse y/o mediatizar las luchas.
Las nuevas convocatorias para garantizar un proceso ascendente y superador tienen que abrir más la agenda pasada, enriqueciéndola: no puede ni debe faltar entre sus metas la lucha para derrotar el paquetazo tributario y sus sustentadores. Este tema se coloca en un lugar relevante por su impacto nacional y multisectorial, y junto al tema ambiental adquiere un enorme poder de atracción, indignación y movilización.
La cuestión de la autoridad moral y política para convocar es un asunto muy importante y muy delicado. Guarda una estrecha relación con la conquista de la confianza del pueblo, no pocas veces burlado y estafado.
Por eso, en ese plano, hay muchas cosas que corregir y enderezar. Fallas y errores recurrentes, que es necesario superar. Métodos dañinos y malas compañías. Imposiciones verticales y pésimas alianzas.
Debe quedar claro de una vez por todas, que además del contenido alternativo de las demandas y las metas, se trata de lograr una contra-hegemonía alternativa en la conducción de la indignación, la movilización y la creación de contrapoder desde el campo popular con el aporte y la participación relevante de las fuerzas revolucionarias y sus aliados de más largo aliento y mayor consecuencia.
Igual hay que abrir las compuertas a la relación horizontal con la sociedad, al estímulo de los procesos asamblearios, a la apertura respecto a los nuevos sujetos, actores sociales y liderazgos políticos alternativos en todos los niveles. Y cerrarle las puertas a la manipulación y al cretinismo electoralista que solo piensa en usar para sus fines estrechos y sus alianzas miopes los movimientos sociales y las causas populares.
Es claro para nosotros/as, que como entidades tradicionales de la política y como clanes dirigenciales orgánicos a las mismas -responsables de los males que estamos combatiendo-ni el PLD, ni el PRD, ni el PRSC, ni sus grupos satélites… están aptos para ser parte de un arcoiris político-social que procure autoridad política y moral para alcanzar un alto poder de convocatoria; sin que esto descarte posibles acompañamientos y respaldos de sus bases y sectores descontentos y de ciertos dirigentes sin manchas y sin apego a políticas neoliberales, capaces de disentir y desafiar de las directrices centrales y las políticas institucionales de sus partidos y organizaciones corporativas.
- · Desvíos inaceptables.
Pero hay desvíos que a estas alturas no podemos permitirnos ni permitir; desvíos que contaminan y desacreditan el movimiento.
Es el caso de las influencias de cierto sectores dominantes dentro del Foro Social Alternativo (FSA) –otrora espacio de coordinación con un rol destacado en pasadas convocatorias de jornadas de protestas y huelgas populares- que le están haciendo mucho daño a esa entidad al propiciar descaradas alianzas con sectores desacreditados del PRD y convenios con facciones de las cúpulas de esa organización; las cuales -además de haber aprobado en el pasado muchos paquetazos neoliberales- se involucraron en corrupción y políticas clientelistas y auspiciaron el hoy decadente modelo global.
Se pierde credibilidad, se siembran dudas, exhibiendo esas malas compañías, pues resulta contradictorio y muy vulnerable hablar de enjuiciar a Leonel y a su claque corrompida al lado de un alto dirigente perredeísta indultado por el ex-presidentes después de ser justamente condenados por graves actos de corrupción y malversación de fondos públicos; conocido además como parte de la corrupción burocrática universitaria-uasdiana.
Fuerzas políticas que todavía se asumen como de izquierda, proclives a la alianza con la cúpula del PRD (ahora con la facción de Hipólito que respaldó el acuerdo con el FMI y antes con la de Miguel Vargas), insisten en ese mal camino. Mezclan sus afanes por cuotas pactadas dentro de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con su intervención en el movimiento social, se “reburujan” con gremios y aparatos para-perredeístas altamente cuestionados, contaminan el FSA y provocan su progresiva pérdida de autoridad y poder convocante; desatando a la vez los demonios del vanguardismo y el protagonismo, que tanto alientan la división.
Esto incluye pacto con sectores choferiles inclinado a buscar ventajas particulares en detrimento del interés general del pueblo golpeado por el inminente paquetazo; espacios estrechamente aliados al PRD y favorecidos por sus altas jerarquías.
Por su parte, otros sectores de la franja ong-cista de la llamada sociedad civil, fundaciones y entidades financiadas por el sistema y sus grupos corporativos, y movimientos sociales moderados y moldeados por esas tutelas, se resisten a enfrentar esta institucionalidad decadente y carcomida, prefiriendo cuestionar el paquetazo en los escenarios constitucionales y reservándole a las “movilizaciones cívicas” el rol de mecanismos de presión en el contexto de una política funcional al sistema.
Siempre, en lo que se refiere a esa “franja civilista”, auspiciando “pactos sociales”, aceptando al inefable monseñor Agripino como mediador, asumiendo la lógica de la Ley de Estrategia General de Desarrollo (de corte neoliberal) y formando tienda aparte con sus similares, e incluso aliados a sectores más conservadores; distante, por demás, de una confluencia realmente confrontativa, popular y alternativa, capaz sus de apuntar en el mediano plazo hacia la ruptura necesaria, el desmonte del neoliberalismo y de la partidocracia, la Constituyente Popular y la nueva institucionalidad democrática participativa, como lo exige esta crisis integral.
La etapa que se inicia, sin embargo, aun con esas mediaciones y obstáculos indeseables, da para decidirse a crear un nuevo referente con autoridad moral y política para convocar en grande. Que desde una pluralidad popular combativa, desde la radicalidad de sectores medios y desde la combinación de las indignaciones más activas y diversas -situado en el centro de las luchas el rechazo a los desgarradores impactos del desastre ambiental y al paquetazo neoliberal- genere confluencias, dinámicas de lucha, protagonismos de colectividades sociales y culturales; acompañados, por supuesto, de un serio esfuerzo de conducción contra-hegemónica, generadora de poder popular y ciudadanía antisistémica y alternativa a partir del aporte calificado de las fuerzas transformadoras.
Claro, esto exige de un esfuerzo descomunal y una militancia persistente en la creación heroica e impulso emancipador en múltiples vertientes: clase, género, nuevas generaciones, anti-racismo, soberanía, dignidad humana, participación democrática, ambiente sano, honestidad, anti-corrupción, libertad de opción sexual…
Opinión
El Consejo Nacional de la Magistratura y la partidocracia.
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11 horas agoon
julio 17, 2026Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Opinión
Cuando el poder desconoce la Constitución, debilita la República
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1 día agoon
julio 16, 2026Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
