Opinión
Autoridad política y moral para convocar la indignación contra la depredación ambiental y el paquetazo
Por Narciso Isa Conde
Gran parte de esta sociedad está dispuesta a impedir a toda costa que Loma Miranda y toda la Cordillera Central sea saqueada y depredada como patrimonio natural: fuente de agua, bosques y tesoro de biodiversidad.
Igual está en disposición de derrotar el paquetazo tributario del gobierno de Danilo Medina (Danilazo neoliberal).
La violencia de género, propia de un capitalismo patriarcal canalla, ha concitado un rechazo capaz de convertirse paulatinamente en impugnación del poder machista y la subcultura que la genera y reproduce.
Algo parecido ocurre con la agobiante inseguridad ciudadana generada por un Estado delincuente asociado a las mafias comunes.
- · Lecciones de una unidad que generó confianza.
Para alcanzar esas metas, de vida o muerte para este pueblo, solo hace falta enterrar la dispersión, los vanguardismos, los oportunismos y los protagonismos infecundos; y decidirnos a promover una gran confluencia de la diversidad social, política y cultural que abraza honestamente esas demandas. Una confluencia con suficiente e inequívoca autoridad moral y política frente a la sociedad.
Ante las tenebrosas expoliaciones mineras a cargo de Falcondo, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp y otros consorcios transnacionales, se ha creado un espacio idóneo por su diversidad y su poder de convocatoria: el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del Cianuro, integrado por las fuerzas impulsoras de las grandes marchas en defensa de la vida y de múltiples acciones realizadas en los últimos meses, todas relacionadas con los derechos de la madre tierra y de los seres humanos que la habitan.
Ese espacio de coordinación amplió su temáticas al reclamo del 4% del PBI para la educación pre-universitaria y del 5 % del presupuesto nacional para la UASD; al combate de las causas de los femenicidios, al reclamo del enjuiciamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de lo robado, a la exigencia de seguridad ciudadana y a otros puntos de fuerte impacto en la vida nacional.
Todos estos puntos guardan una relación, no simplemente tangencial, con la defensa de la vida en esta isla y la soberanía del país.
- · Depredación ambiental y paquetazo van de la mano.
Ahora se cruza en el camino de esas luchas trascendentes el grave problema del paquetazo tributario y el ominoso acuerdo con el FMI, cuyo real significado es obligar al pueblo a pagar lo que Leonel Fernández y la cúpula corrompida del PLD se robaron, dilapidaron, malversaron y dispendiaron; y forzar al pago de la deuda pública que ya consume el 40% del presupuesto nacional.
Eso, acompañado de la permanente impunidad y del otorgamiento de licencia al saqueo a cargo de los grandes consorcios mineros; incluida en este instante de precariedad fiscal del gobierno, la pusilánime petición gubernamental a esas empresas transnacionales de algunas contribuciones para ayudarlo a tapar los hoyos del latrocinio de Leonel a cambio de más garantías para depredar.
En al actualidad no hay manera de separar el grave problema ambiental y las amenazas que en ese plano se ciernen sobre el país, del paquetazo tributario en marcha, de la voracidad fiscal del oficialismo, de su onerosa política de endeudamiento y de todo lo que atenta con la vida misma de los dominicanos y dominicanas.
Esas demandas, por demás, confluyen contra el gobierno, las instituciones y el poder establecido, y asumen de más en más un carácter político con fuerte contenido alternativo.
Ni el Gobierno Central, ni el Congreso, ni las llamadas “altas cortes”, pueden ser escenarios para detener esa ofensiva reaccionaria con carácter de contrarreforma y rapiña imperialista, independientemente del pasajero valor aleccionador que puedan tener los emplazamientos y las presiones sobre esas instancias estatales. Mucho menos ser vías para resolver los graves problemas que la contrarreforma fiscal y la rapiña transnacional genera y profundiza.
Esas instituciones son parte del poder que agrava los grandes males de la Nación. Y como tal, instrumentos de impunidad de sus protagonistas y beneficiarios. Ellas no son factores de intermediación, sino mecanismos de complicidad y protección de la corrupción estatal, de las concesiones leoninas, los contratos, las políticas públicas y las medidas oficiales favorables a laestrategia de muerte del gran capital local y transnacional y de la partidocracia que le sirve y se sirve de ella.
Son grandes beneficiarios de esa podredumbre las elites de las partidocracias corrompidas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites; con más énfasis cuando gobiernan o participan del gobierno de turno, pero siempre subordinadas al FMI, a la burguesía transnacional y sus corporaciones. Sin que esto niegue que ciertas piezas sueltas de esos engranajes, presionadas por sus comunidades y necesitadas de legitimidad electoral, en casos de altos rechazos a las decisiones centrales, se ven forzadas a enarbolar efímeramente banderas populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto riego ambiental.
- · Ampliación de la agenda de lucha y lograr más autoridad.
La convocatoria con autoridad política y moral tiene, como lo ha hecho el Comité contra la Mega-minería, que trazar fronteras respecto al poder responsable del desastre: frente a esos partidos, esas instituciones, esas elites capitalistas. Frente a los que gobiernan y frente a los que pretenden reciclarse y/o mediatizar las luchas.
Las nuevas convocatorias para garantizar un proceso ascendente y superador tienen que abrir más la agenda pasada, enriqueciéndola: no puede ni debe faltar entre sus metas la lucha para derrotar el paquetazo tributario y sus sustentadores. Este tema se coloca en un lugar relevante por su impacto nacional y multisectorial, y junto al tema ambiental adquiere un enorme poder de atracción, indignación y movilización.
La cuestión de la autoridad moral y política para convocar es un asunto muy importante y muy delicado. Guarda una estrecha relación con la conquista de la confianza del pueblo, no pocas veces burlado y estafado.
Por eso, en ese plano, hay muchas cosas que corregir y enderezar. Fallas y errores recurrentes, que es necesario superar. Métodos dañinos y malas compañías. Imposiciones verticales y pésimas alianzas.
Debe quedar claro de una vez por todas, que además del contenido alternativo de las demandas y las metas, se trata de lograr una contra-hegemonía alternativa en la conducción de la indignación, la movilización y la creación de contrapoder desde el campo popular con el aporte y la participación relevante de las fuerzas revolucionarias y sus aliados de más largo aliento y mayor consecuencia.
Igual hay que abrir las compuertas a la relación horizontal con la sociedad, al estímulo de los procesos asamblearios, a la apertura respecto a los nuevos sujetos, actores sociales y liderazgos políticos alternativos en todos los niveles. Y cerrarle las puertas a la manipulación y al cretinismo electoralista que solo piensa en usar para sus fines estrechos y sus alianzas miopes los movimientos sociales y las causas populares.
Es claro para nosotros/as, que como entidades tradicionales de la política y como clanes dirigenciales orgánicos a las mismas -responsables de los males que estamos combatiendo-ni el PLD, ni el PRD, ni el PRSC, ni sus grupos satélites… están aptos para ser parte de un arcoiris político-social que procure autoridad política y moral para alcanzar un alto poder de convocatoria; sin que esto descarte posibles acompañamientos y respaldos de sus bases y sectores descontentos y de ciertos dirigentes sin manchas y sin apego a políticas neoliberales, capaces de disentir y desafiar de las directrices centrales y las políticas institucionales de sus partidos y organizaciones corporativas.
- · Desvíos inaceptables.
Pero hay desvíos que a estas alturas no podemos permitirnos ni permitir; desvíos que contaminan y desacreditan el movimiento.
Es el caso de las influencias de cierto sectores dominantes dentro del Foro Social Alternativo (FSA) –otrora espacio de coordinación con un rol destacado en pasadas convocatorias de jornadas de protestas y huelgas populares- que le están haciendo mucho daño a esa entidad al propiciar descaradas alianzas con sectores desacreditados del PRD y convenios con facciones de las cúpulas de esa organización; las cuales -además de haber aprobado en el pasado muchos paquetazos neoliberales- se involucraron en corrupción y políticas clientelistas y auspiciaron el hoy decadente modelo global.
Se pierde credibilidad, se siembran dudas, exhibiendo esas malas compañías, pues resulta contradictorio y muy vulnerable hablar de enjuiciar a Leonel y a su claque corrompida al lado de un alto dirigente perredeísta indultado por el ex-presidentes después de ser justamente condenados por graves actos de corrupción y malversación de fondos públicos; conocido además como parte de la corrupción burocrática universitaria-uasdiana.
Fuerzas políticas que todavía se asumen como de izquierda, proclives a la alianza con la cúpula del PRD (ahora con la facción de Hipólito que respaldó el acuerdo con el FMI y antes con la de Miguel Vargas), insisten en ese mal camino. Mezclan sus afanes por cuotas pactadas dentro de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con su intervención en el movimiento social, se “reburujan” con gremios y aparatos para-perredeístas altamente cuestionados, contaminan el FSA y provocan su progresiva pérdida de autoridad y poder convocante; desatando a la vez los demonios del vanguardismo y el protagonismo, que tanto alientan la división.
Esto incluye pacto con sectores choferiles inclinado a buscar ventajas particulares en detrimento del interés general del pueblo golpeado por el inminente paquetazo; espacios estrechamente aliados al PRD y favorecidos por sus altas jerarquías.
Por su parte, otros sectores de la franja ong-cista de la llamada sociedad civil, fundaciones y entidades financiadas por el sistema y sus grupos corporativos, y movimientos sociales moderados y moldeados por esas tutelas, se resisten a enfrentar esta institucionalidad decadente y carcomida, prefiriendo cuestionar el paquetazo en los escenarios constitucionales y reservándole a las “movilizaciones cívicas” el rol de mecanismos de presión en el contexto de una política funcional al sistema.
Siempre, en lo que se refiere a esa “franja civilista”, auspiciando “pactos sociales”, aceptando al inefable monseñor Agripino como mediador, asumiendo la lógica de la Ley de Estrategia General de Desarrollo (de corte neoliberal) y formando tienda aparte con sus similares, e incluso aliados a sectores más conservadores; distante, por demás, de una confluencia realmente confrontativa, popular y alternativa, capaz sus de apuntar en el mediano plazo hacia la ruptura necesaria, el desmonte del neoliberalismo y de la partidocracia, la Constituyente Popular y la nueva institucionalidad democrática participativa, como lo exige esta crisis integral.
La etapa que se inicia, sin embargo, aun con esas mediaciones y obstáculos indeseables, da para decidirse a crear un nuevo referente con autoridad moral y política para convocar en grande. Que desde una pluralidad popular combativa, desde la radicalidad de sectores medios y desde la combinación de las indignaciones más activas y diversas -situado en el centro de las luchas el rechazo a los desgarradores impactos del desastre ambiental y al paquetazo neoliberal- genere confluencias, dinámicas de lucha, protagonismos de colectividades sociales y culturales; acompañados, por supuesto, de un serio esfuerzo de conducción contra-hegemónica, generadora de poder popular y ciudadanía antisistémica y alternativa a partir del aporte calificado de las fuerzas transformadoras.
Claro, esto exige de un esfuerzo descomunal y una militancia persistente en la creación heroica e impulso emancipador en múltiples vertientes: clase, género, nuevas generaciones, anti-racismo, soberanía, dignidad humana, participación democrática, ambiente sano, honestidad, anti-corrupción, libertad de opción sexual…
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.