Opinión
Autoridad política y moral para convocar la indignación contra la depredación ambiental y el paquetazo
Por Narciso Isa Conde
Gran parte de esta sociedad está dispuesta a impedir a toda costa que Loma Miranda y toda la Cordillera Central sea saqueada y depredada como patrimonio natural: fuente de agua, bosques y tesoro de biodiversidad.
Igual está en disposición de derrotar el paquetazo tributario del gobierno de Danilo Medina (Danilazo neoliberal).
La violencia de género, propia de un capitalismo patriarcal canalla, ha concitado un rechazo capaz de convertirse paulatinamente en impugnación del poder machista y la subcultura que la genera y reproduce.
Algo parecido ocurre con la agobiante inseguridad ciudadana generada por un Estado delincuente asociado a las mafias comunes.
- · Lecciones de una unidad que generó confianza.
Para alcanzar esas metas, de vida o muerte para este pueblo, solo hace falta enterrar la dispersión, los vanguardismos, los oportunismos y los protagonismos infecundos; y decidirnos a promover una gran confluencia de la diversidad social, política y cultural que abraza honestamente esas demandas. Una confluencia con suficiente e inequívoca autoridad moral y política frente a la sociedad.
Ante las tenebrosas expoliaciones mineras a cargo de Falcondo, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp y otros consorcios transnacionales, se ha creado un espacio idóneo por su diversidad y su poder de convocatoria: el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del Cianuro, integrado por las fuerzas impulsoras de las grandes marchas en defensa de la vida y de múltiples acciones realizadas en los últimos meses, todas relacionadas con los derechos de la madre tierra y de los seres humanos que la habitan.
Ese espacio de coordinación amplió su temáticas al reclamo del 4% del PBI para la educación pre-universitaria y del 5 % del presupuesto nacional para la UASD; al combate de las causas de los femenicidios, al reclamo del enjuiciamiento de los funcionarios corruptos y la recuperación de lo robado, a la exigencia de seguridad ciudadana y a otros puntos de fuerte impacto en la vida nacional.
Todos estos puntos guardan una relación, no simplemente tangencial, con la defensa de la vida en esta isla y la soberanía del país.
- · Depredación ambiental y paquetazo van de la mano.
Ahora se cruza en el camino de esas luchas trascendentes el grave problema del paquetazo tributario y el ominoso acuerdo con el FMI, cuyo real significado es obligar al pueblo a pagar lo que Leonel Fernández y la cúpula corrompida del PLD se robaron, dilapidaron, malversaron y dispendiaron; y forzar al pago de la deuda pública que ya consume el 40% del presupuesto nacional.
Eso, acompañado de la permanente impunidad y del otorgamiento de licencia al saqueo a cargo de los grandes consorcios mineros; incluida en este instante de precariedad fiscal del gobierno, la pusilánime petición gubernamental a esas empresas transnacionales de algunas contribuciones para ayudarlo a tapar los hoyos del latrocinio de Leonel a cambio de más garantías para depredar.
En al actualidad no hay manera de separar el grave problema ambiental y las amenazas que en ese plano se ciernen sobre el país, del paquetazo tributario en marcha, de la voracidad fiscal del oficialismo, de su onerosa política de endeudamiento y de todo lo que atenta con la vida misma de los dominicanos y dominicanas.
Esas demandas, por demás, confluyen contra el gobierno, las instituciones y el poder establecido, y asumen de más en más un carácter político con fuerte contenido alternativo.
Ni el Gobierno Central, ni el Congreso, ni las llamadas “altas cortes”, pueden ser escenarios para detener esa ofensiva reaccionaria con carácter de contrarreforma y rapiña imperialista, independientemente del pasajero valor aleccionador que puedan tener los emplazamientos y las presiones sobre esas instancias estatales. Mucho menos ser vías para resolver los graves problemas que la contrarreforma fiscal y la rapiña transnacional genera y profundiza.
Esas instituciones son parte del poder que agrava los grandes males de la Nación. Y como tal, instrumentos de impunidad de sus protagonistas y beneficiarios. Ellas no son factores de intermediación, sino mecanismos de complicidad y protección de la corrupción estatal, de las concesiones leoninas, los contratos, las políticas públicas y las medidas oficiales favorables a laestrategia de muerte del gran capital local y transnacional y de la partidocracia que le sirve y se sirve de ella.
Son grandes beneficiarios de esa podredumbre las elites de las partidocracias corrompidas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites; con más énfasis cuando gobiernan o participan del gobierno de turno, pero siempre subordinadas al FMI, a la burguesía transnacional y sus corporaciones. Sin que esto niegue que ciertas piezas sueltas de esos engranajes, presionadas por sus comunidades y necesitadas de legitimidad electoral, en casos de altos rechazos a las decisiones centrales, se ven forzadas a enarbolar efímeramente banderas populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto riego ambiental.
- · Ampliación de la agenda de lucha y lograr más autoridad.
La convocatoria con autoridad política y moral tiene, como lo ha hecho el Comité contra la Mega-minería, que trazar fronteras respecto al poder responsable del desastre: frente a esos partidos, esas instituciones, esas elites capitalistas. Frente a los que gobiernan y frente a los que pretenden reciclarse y/o mediatizar las luchas.
Las nuevas convocatorias para garantizar un proceso ascendente y superador tienen que abrir más la agenda pasada, enriqueciéndola: no puede ni debe faltar entre sus metas la lucha para derrotar el paquetazo tributario y sus sustentadores. Este tema se coloca en un lugar relevante por su impacto nacional y multisectorial, y junto al tema ambiental adquiere un enorme poder de atracción, indignación y movilización.
La cuestión de la autoridad moral y política para convocar es un asunto muy importante y muy delicado. Guarda una estrecha relación con la conquista de la confianza del pueblo, no pocas veces burlado y estafado.
Por eso, en ese plano, hay muchas cosas que corregir y enderezar. Fallas y errores recurrentes, que es necesario superar. Métodos dañinos y malas compañías. Imposiciones verticales y pésimas alianzas.
Debe quedar claro de una vez por todas, que además del contenido alternativo de las demandas y las metas, se trata de lograr una contra-hegemonía alternativa en la conducción de la indignación, la movilización y la creación de contrapoder desde el campo popular con el aporte y la participación relevante de las fuerzas revolucionarias y sus aliados de más largo aliento y mayor consecuencia.
Igual hay que abrir las compuertas a la relación horizontal con la sociedad, al estímulo de los procesos asamblearios, a la apertura respecto a los nuevos sujetos, actores sociales y liderazgos políticos alternativos en todos los niveles. Y cerrarle las puertas a la manipulación y al cretinismo electoralista que solo piensa en usar para sus fines estrechos y sus alianzas miopes los movimientos sociales y las causas populares.
Es claro para nosotros/as, que como entidades tradicionales de la política y como clanes dirigenciales orgánicos a las mismas -responsables de los males que estamos combatiendo-ni el PLD, ni el PRD, ni el PRSC, ni sus grupos satélites… están aptos para ser parte de un arcoiris político-social que procure autoridad política y moral para alcanzar un alto poder de convocatoria; sin que esto descarte posibles acompañamientos y respaldos de sus bases y sectores descontentos y de ciertos dirigentes sin manchas y sin apego a políticas neoliberales, capaces de disentir y desafiar de las directrices centrales y las políticas institucionales de sus partidos y organizaciones corporativas.
- · Desvíos inaceptables.
Pero hay desvíos que a estas alturas no podemos permitirnos ni permitir; desvíos que contaminan y desacreditan el movimiento.
Es el caso de las influencias de cierto sectores dominantes dentro del Foro Social Alternativo (FSA) –otrora espacio de coordinación con un rol destacado en pasadas convocatorias de jornadas de protestas y huelgas populares- que le están haciendo mucho daño a esa entidad al propiciar descaradas alianzas con sectores desacreditados del PRD y convenios con facciones de las cúpulas de esa organización; las cuales -además de haber aprobado en el pasado muchos paquetazos neoliberales- se involucraron en corrupción y políticas clientelistas y auspiciaron el hoy decadente modelo global.
Se pierde credibilidad, se siembran dudas, exhibiendo esas malas compañías, pues resulta contradictorio y muy vulnerable hablar de enjuiciar a Leonel y a su claque corrompida al lado de un alto dirigente perredeísta indultado por el ex-presidentes después de ser justamente condenados por graves actos de corrupción y malversación de fondos públicos; conocido además como parte de la corrupción burocrática universitaria-uasdiana.
Fuerzas políticas que todavía se asumen como de izquierda, proclives a la alianza con la cúpula del PRD (ahora con la facción de Hipólito que respaldó el acuerdo con el FMI y antes con la de Miguel Vargas), insisten en ese mal camino. Mezclan sus afanes por cuotas pactadas dentro de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con su intervención en el movimiento social, se “reburujan” con gremios y aparatos para-perredeístas altamente cuestionados, contaminan el FSA y provocan su progresiva pérdida de autoridad y poder convocante; desatando a la vez los demonios del vanguardismo y el protagonismo, que tanto alientan la división.
Esto incluye pacto con sectores choferiles inclinado a buscar ventajas particulares en detrimento del interés general del pueblo golpeado por el inminente paquetazo; espacios estrechamente aliados al PRD y favorecidos por sus altas jerarquías.
Por su parte, otros sectores de la franja ong-cista de la llamada sociedad civil, fundaciones y entidades financiadas por el sistema y sus grupos corporativos, y movimientos sociales moderados y moldeados por esas tutelas, se resisten a enfrentar esta institucionalidad decadente y carcomida, prefiriendo cuestionar el paquetazo en los escenarios constitucionales y reservándole a las “movilizaciones cívicas” el rol de mecanismos de presión en el contexto de una política funcional al sistema.
Siempre, en lo que se refiere a esa “franja civilista”, auspiciando “pactos sociales”, aceptando al inefable monseñor Agripino como mediador, asumiendo la lógica de la Ley de Estrategia General de Desarrollo (de corte neoliberal) y formando tienda aparte con sus similares, e incluso aliados a sectores más conservadores; distante, por demás, de una confluencia realmente confrontativa, popular y alternativa, capaz sus de apuntar en el mediano plazo hacia la ruptura necesaria, el desmonte del neoliberalismo y de la partidocracia, la Constituyente Popular y la nueva institucionalidad democrática participativa, como lo exige esta crisis integral.
La etapa que se inicia, sin embargo, aun con esas mediaciones y obstáculos indeseables, da para decidirse a crear un nuevo referente con autoridad moral y política para convocar en grande. Que desde una pluralidad popular combativa, desde la radicalidad de sectores medios y desde la combinación de las indignaciones más activas y diversas -situado en el centro de las luchas el rechazo a los desgarradores impactos del desastre ambiental y al paquetazo neoliberal- genere confluencias, dinámicas de lucha, protagonismos de colectividades sociales y culturales; acompañados, por supuesto, de un serio esfuerzo de conducción contra-hegemónica, generadora de poder popular y ciudadanía antisistémica y alternativa a partir del aporte calificado de las fuerzas transformadoras.
Claro, esto exige de un esfuerzo descomunal y una militancia persistente en la creación heroica e impulso emancipador en múltiples vertientes: clase, género, nuevas generaciones, anti-racismo, soberanía, dignidad humana, participación democrática, ambiente sano, honestidad, anti-corrupción, libertad de opción sexual…
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.