Comunidad en el exterior
Autoridades de Nueva York y empresarios reclaman acelerar la regulación de los inmigrantes
Agencias
Nueva York, (EFE).- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde Eric Adams unieron este lunes esfuerzos con el sector empresarial para reclamar una vez más al Gobierno federal que acelere la regularización de los inmigrantes recién llegados para que puedan trabajar, en una ciudad donde además hay empleos disponibles para ellos.
Hochul comparó la crisis humanitaria y económica que se afronta como «una especie de huracán».
«Necesitamos dinero, nuevos lugares de refugio y apoyo. Necesitamos cambios en las políticas de autorización de trabajo que permitan que estas personas no tengan que esperar meses y posiblemente años para obtener su estatus legal, pero hagámoslo de manera expedita», sostuvo Hochul en una conferencia de prensa conjunta centrada en la demanda de acelerar la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés).
Hochul indicó que actualmente los inmigrantes deben esperar 180 días a tener el permiso de trabajo luego de solicitar el asilo en EE.UU., lo que creen debe cambiarse para enfrentar la crisis en Nueva York y recordó que los inmigrantes «quieren trabajar» y que hay empleos en el sectores agrícola, hostelería y restauración.
Indicó además que siguen trabajando con la administración de la ciudad en buscar más lugares para acoger a los inmigrantes «donde sea que podamos encontrarlos» porque «la ciudad está desbordada», al referirse a los más de 70.000 que han arribado en menos de un año, de los que 42.000 están bajo cuidado de la ciudad que les provee albergue, comidas, servicios médicos, entre otros, así como educación para los niños.
Mientras que el alcalde Eric Adams reiteró que la situación ya «no es sostenible». La ciudad está pagando por más de 150 hoteles para alojarles ´tras el hacinamiento en los albergues públicos y creó nueve Centros de Ayuda y Respuesta a Emergencias Humanitarias donde les brinda los diversos servicios.
El continuo flujo de inmigrantes, con más 5.800 solo la pasada semana, según Adams, ha llevado a la ciudad a enviarles a hoteles al norte del estado, donde ha encontrado resistencia de sus directivos.
«Estos son cifras reales y van a impactar en todos los servicios de la ciudad», indicó el alcalde que el año pasado decretó un estado de emergencia ante la crisis humanitaria pero, afirmó hoy, que la ciudad no puede seguir funcionando «en modo de emergencia».
El político demócrata también indicó que hay que «tener claro en este momento que este desafío es de proporciones épicas»: «Hemos gastado más de 1.000 millones de dólares. Se proyecta que gastaremos cerca de 4.300 millones, si no más. Treinta millones no se acercan a lo que esta ciudad está pagando por un problema nacional», sostuvo, en referencia a la cantidad que dijo haber recibido del Gobierno federal.
La presidenta del Concejo de la ciudad, Adrienne Adams, se unió también al reclamo al señalar en un comunicado que el Gobierno federal debe eliminar las barreras para facilitar el permiso de trabajo, lo que a su vez ayudaría a las empresas a «cerrar las brechas» que han estado socavando su fuerza laboral.
«El Concejo ha reiterado repetidamente la necesidad de que se acelere una autorización de trabajo para los solicitantes de asilo y una vez más insto a la acción inmediata», sostuvo.
Durante la conferencia se escuchó el reclamo del inmigrante venezolano Yvert Rada, que llegó hace 20 días a la ciudad y pidió a Biden «que nos ayude con los permisos de trabajo y así poder tener la vida digna que nos merecemos y ayudar a nuestras familias».
BOSTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un dominicano en medio de un juicio en el Tribunal Municipal Central de Boston.
Juan Carlos Báez (también conocido como Wilson Martell-Lebron), de 49 años, tiene condenas previas por tráfico de drogas y se encuentra ilegal en el país.
Báez (o Martell-Lebron) era juzgado por proporcionar información falsa en una solicitud para obtener una licencia de conducir.
La oficina del fiscal de distrito dijo que después de enterarse de la detención de Báez, «solicitaron su regreso a la corte» del ICE.
El juez Mark Summerville desestimó los cargos contra Báez y declaró en desacato al agente que realizó el arresto en pleno juicio.
“Este es un caso inquietante”, afirmó el magistrado. “Es un caso de obstrucción a la justicia. Es un caso de violación del derecho del acusado a estar presente en el juicio y a confrontar a los testigos de cargo. No podría ser más grave”, expresó Summerville.
Un fiscal adjunto admitió ante el tribunal que era consciente de la presencia de agentes de ICE fuera del edificio judicial, pero negó haber colaborado con ellos o haberles proporcionado información sobre el caso.
El ICE no reveló por qué lo detuvo en pleno juicio. El sujeto fue llevado a un centro de detención en Plymouth.
NUEVA YORK.- La familia de Bryant Rojas Valdez, un dominicano con discapacidad mental, solicitó la ayuda de la comunidad y de las autoridades para localizar al joven desaparecido desde el 18 de marzo.
Explicaron que la condición especial de Rojas Valdez, de 26 años, hace que su búsqueda sea aún más urgente y prioritaria.
La familia organizó una rueda de prensa en la que ofrecerán detalles sobre la desaparición, las acciones emprendidas hasta el momento y formas en que la comunidad puede colaborar.
Para más información, llame a Grecia Valdez al (347) 499-3656.
BOGOTA.- Las autoridades de Colombia capturaron a tres colombianos, entre ellos un funcionario público, que hacían parte de una red criminal que suministraba documentos falsos a migrantes dominicanos para que pudieran viajar a Estados Unidos, informó este domingo la Fiscalía.
Los detenidos son Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, dijo el ente acusador en un comunicado.
Al tercer implicado, José María Romero, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar (norte), la Fiscalía lo acusó por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático, añadió la información.
La investigación de la Fiscalía estableció que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, la red criminal contactó a ciudadanos de República Dominicana para tramitarles documentos para que figuraran como nacidos en Colombia, y así «permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales».
La Fiscalía detalló que Puentes, que supuestamente era el jefe de la red, transportaba y acompañaba a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y era el encargado de «garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos».
Romero, por su lado, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
El jueves pasado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió en Bogotá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y con su canciller, Laura Sarabia, con quienes trató asuntos migratorios y de seguridad.
Según la Presidencia colombiana, en la reunión se trataron «temas clave en la relación bilateral, incluyendo seguridad, narcotráfico, migración y la repatriación de colombianos».
En la visita, Noem subrayó que su Gobierno ayudará a Colombia a impedir que «terroristas» crucen sus fronteras y se comprometió a trabajar con las autoridades de este país en temas de «seguridad pública, narcotráfico y trata de personas».
Colombia juega un papel importante en la crisis migratoria porque la región del Urabá (noroeste) fue en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atravesaron la peligrosa selva del Darién, que marca la frontera con Panamá, en su camino hacia Estados Unidos, un flujo que casi desapareció desde el regreso de Donald Trump al poder.
La secretaria estadounidense considera que Colombia y Estados Unidos «pueden ser líderes» en seguridad regional y controles migratorios, y atraer a otros países para realizar «un esfuerzo cooperativo para abordar las preocupaciones de seguridad que todos compartimos».