Nacionales
Autoridades de Salud Pública esperan confirmar si belga murió de coronavirus
- Se trata de un turista que estaba ingresado en el hospital La Altagracia, de Higüey, y murió cuando era trasladado al Hospital Militar Ramón de Lara.
- Otra mujer habría muerto por el Covid-19 en Miami, procedente de República Dominicana
- Autoridades esperan resultados de Covid-19 de seis pacientes, cuatro extranjeros y dos dominicanos
El ciudadano belga que murió este lunes es uno de los cuatro extranjeros de los que las autoridades esperan los resultados de las pruebas del coronavirus.
Se trata de un turista que estuvo ingresado en el hospital de La Altagracia, en Higüey, quien murió mientras que era trasladado a la sala de aislamiento del Hospital Militar Ramón de Lara, de San Isidro, de quien sólo las autoridades informaron que se trataba de una persona hipertensa y diabética.
Asimismo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública recibieron la información al mediodía de este lunes de que una señora murió de coronavirus en Miami, después de llegar de República Dominicana.
Asimismo, las autoridades esperan los resultados de las pruebas de Covid-19 que le practicaron a seis pacientes, incluyendo al padre del niño de 12 que está positivo a la enfermedad, uno de Hato Mayor y el resto son extranjeros que estuvieron en Puerto Plata y La Romana.
Actualmente hay cinco pacientes: el italiano Pascullini, la canadiense, la joven de 29 años, el niño de 12 y el padre del menor de edad. Estos últimos ingresaron ayer tarde.
“La joven de 29 años que está en el Ramón de Lara se mantiene estable, con su tratamiento normal y tanto ella, como los demás internos también están estables, respondiendo al tratamiento”, dijo Suero, vocero del Ministerio.
El ministro de Salud exhorta a los profesionales de la salud a estar vigilantes e indagar sobre historia de viaje en los 14 días previos al inicio de los síntomas, a alguno de los países con transmisión local. ( FUENTE EXTERNA)
Con relación al caso de la señora de Villa Riva, dijo que el equipo epidemiológico que le da seguimiento, ha estado haciendo el levantamiento de las personas con las que pudo hacer contacto, para poner en marcha el protocolo.
Advierten las autoridades que en caso de que la mujer vuelva a violar el acuerdo de atención domiciliaria, el Ministerio se verá en la obligación de utilizar otros mecanismos, porque la salud del pueblo está primero, porque independientemente de todo, ella dio positivo al Covid-19.
En lo inmediato, el médico que la visitó, el dependiente de la farmacia, los reporteros que la entrevistaron y otras personas que estuvieron cerca de ella, están en cuarentena, por disposición del Ministerio de Salud Pública que mantiene el mapa de seguimiento.
La vigilia domiciliaria es mayormente para personas que viven solas y que son positivas al coronavirus.
El protocolo domiciliario establece, entre otras cosas, un seguimiento durante todo el día por un equipo de epidemiología, que es que mantiene el control de los medicamentos que debe tomar durante el día, seguimiento para tomarle la temperatura para ver si hay manifestaciones o complicaciones respiratorias.
Ese protocolo lo debe cumplir el equipo de epidemiología del lugar correspondiente, bajo instrucciones de la institución sanitaria.
Si el paciente no quiere cumplir con eso debe llevarse a lugar de aislamiento.
Diplomático se interesa por atención sobre coronavirus. ( FUENTE EXTERNA)
Recibirán más pruebas
Las autoridades saludaron el esfuerzo del personal de salud de establecimientos públicos y privados y motivó a que se mantengan atentos a pacientes con síntomas respiratorios y que tengan un historial de viajes en los últimos 14 días a los países con transmisión local de coronavirus.
También a que apliquen las medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de todos los pacientes (uso de equipo de protección personal y lavado de manos frecuente).
Con el objetivo de dar a conocer las acciones, medidas y plan nacional de prevención que desarrolla el gobierno dominicano para prevenir y controlar, el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas recibió este lunes en su despacho al señor Bill Swaney, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.
El diplomático estuvo acompañado de Shannon Rooney, encargada de la Sección de Política y Economía de la embajada y Luis Bonilla de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.