Nacionales
Autoridades de Salud Pública esperan confirmar si belga murió de coronavirus
- Se trata de un turista que estaba ingresado en el hospital La Altagracia, de Higüey, y murió cuando era trasladado al Hospital Militar Ramón de Lara.
- Otra mujer habría muerto por el Covid-19 en Miami, procedente de República Dominicana
- Autoridades esperan resultados de Covid-19 de seis pacientes, cuatro extranjeros y dos dominicanos
El ciudadano belga que murió este lunes es uno de los cuatro extranjeros de los que las autoridades esperan los resultados de las pruebas del coronavirus.
Se trata de un turista que estuvo ingresado en el hospital de La Altagracia, en Higüey, quien murió mientras que era trasladado a la sala de aislamiento del Hospital Militar Ramón de Lara, de San Isidro, de quien sólo las autoridades informaron que se trataba de una persona hipertensa y diabética.
Asimismo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública recibieron la información al mediodía de este lunes de que una señora murió de coronavirus en Miami, después de llegar de República Dominicana.
Asimismo, las autoridades esperan los resultados de las pruebas de Covid-19 que le practicaron a seis pacientes, incluyendo al padre del niño de 12 que está positivo a la enfermedad, uno de Hato Mayor y el resto son extranjeros que estuvieron en Puerto Plata y La Romana.
Actualmente hay cinco pacientes: el italiano Pascullini, la canadiense, la joven de 29 años, el niño de 12 y el padre del menor de edad. Estos últimos ingresaron ayer tarde.
“La joven de 29 años que está en el Ramón de Lara se mantiene estable, con su tratamiento normal y tanto ella, como los demás internos también están estables, respondiendo al tratamiento”, dijo Suero, vocero del Ministerio.
El ministro de Salud exhorta a los profesionales de la salud a estar vigilantes e indagar sobre historia de viaje en los 14 días previos al inicio de los síntomas, a alguno de los países con transmisión local. ( FUENTE EXTERNA)
Con relación al caso de la señora de Villa Riva, dijo que el equipo epidemiológico que le da seguimiento, ha estado haciendo el levantamiento de las personas con las que pudo hacer contacto, para poner en marcha el protocolo.
Advierten las autoridades que en caso de que la mujer vuelva a violar el acuerdo de atención domiciliaria, el Ministerio se verá en la obligación de utilizar otros mecanismos, porque la salud del pueblo está primero, porque independientemente de todo, ella dio positivo al Covid-19.
En lo inmediato, el médico que la visitó, el dependiente de la farmacia, los reporteros que la entrevistaron y otras personas que estuvieron cerca de ella, están en cuarentena, por disposición del Ministerio de Salud Pública que mantiene el mapa de seguimiento.
La vigilia domiciliaria es mayormente para personas que viven solas y que son positivas al coronavirus.
El protocolo domiciliario establece, entre otras cosas, un seguimiento durante todo el día por un equipo de epidemiología, que es que mantiene el control de los medicamentos que debe tomar durante el día, seguimiento para tomarle la temperatura para ver si hay manifestaciones o complicaciones respiratorias.
Ese protocolo lo debe cumplir el equipo de epidemiología del lugar correspondiente, bajo instrucciones de la institución sanitaria.
Si el paciente no quiere cumplir con eso debe llevarse a lugar de aislamiento.
Diplomático se interesa por atención sobre coronavirus. ( FUENTE EXTERNA)
Recibirán más pruebas
Las autoridades saludaron el esfuerzo del personal de salud de establecimientos públicos y privados y motivó a que se mantengan atentos a pacientes con síntomas respiratorios y que tengan un historial de viajes en los últimos 14 días a los países con transmisión local de coronavirus.
También a que apliquen las medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de todos los pacientes (uso de equipo de protección personal y lavado de manos frecuente).
Con el objetivo de dar a conocer las acciones, medidas y plan nacional de prevención que desarrolla el gobierno dominicano para prevenir y controlar, el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas recibió este lunes en su despacho al señor Bill Swaney, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.
El diplomático estuvo acompañado de Shannon Rooney, encargada de la Sección de Política y Economía de la embajada y Luis Bonilla de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.