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Gobierno lleva más de 10 años prometiendo bloquear señales telefónicas en la cárceles
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del pais desde hace más de 10 años es frecuente el anuncio de medidas o algún plan por parte para bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios, que ha incluido la ejecución en el 2014 del primer proyecto piloto y que fracasó a los pocos meses.
Las intenciones pronunciadas y las acciones puestas en marcha por más de una década no solo se han limitado a varios directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y desde la procuraduría general, también por parte del presidente de la República y congresistas que han sometido proyectos de leyes que finalmente perimen en las cámaras.
Una de esas medidas, un decreto del 2011 del entonces presidente Leonel Fernández, declaró «de emergencia» la adquisición e instalación de equipos que impidieran la recepción y envío de llamadas y datos desde las cárceles.
La disposición presidencial, número 564-11, asigna al Indotel la responsabilidad de gestionar la adquisición de los aparatos.
No han llegado a las cárceles, pero sí a la justicia
Aunque ninguno de los muy difundidos proyectos de bloqueos de señales ha prosperado para limitar o poner fin a los delitos y crímenes que continúan cometiendo los reos desde las cárceles del país, las irregularidades en los procesos de compras y fines dados a esos equipos si han llegado a los tribunales.
Una de las acusaciones que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es la de comprar tres bloqueadores de señales de telefonía y data a un costo de RD$6,698,472, uno de los cuales, según el Ministerio Público, lo utilizaba en una villa de su propiedad en Casa de Campo.
Los otros dos de los inhibidores de señales telefónicas fueron utilizados en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) para la seguridad del expresidente Danilo Medina y para la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
Fallidos proyectos de leyes
El exprocurador Jean Alain Rodríguez también presentó al Congreso Nacional, en septiembre del 2019 , un anteproyecto de ley para que «las compañías de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de colocar bloqueadores de señales para todas las señales que permitan el acceso a telefonía o datas» en los recintos penitenciarios.
Otra iniciativa en el Poder Legislativo se había debatido dos años antes y perimido, y nueva vez en el 2020. La última ocasión en la que se reintrodujo la pieza legislativa fue en febrero de este año 2024, por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor.
Plan piloto anunciado por Guido Gómez
Antes de cumplir su primer mes como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, dio a conocer la semana pasada la implementación del plan piloto de bloqueo de señales telefónicas en los distintos centros de reclusión, el cual se iniciaría en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.
La violencia y muertes de reos en el centro El Pinito obligó a las autoridades a intervenirlo en febrero, cuando se anunció un plan de «protocolo de seguridad» en ese centro. A principio de este 2024, un condenado por narcotráfico fue envenenado y otro recluso, que fue trasladado por matar a una mujer que lo visitó en otro penal, del cual fue transferido, fue encontrado ahorcado.
Del plan piloto para reducir o eliminar los delitos y crímenes cibernéticos que informó Gómez Mazara, no se han ofrecido detalles.
En una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, el director de Prisiones, Roberto Hernández, dice que el costo lo asumirá el Estado, a través de Indotel, y que contará con cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo constante, interno y externo para garantizar el éxito del proyecto.
El que se ejecutó en el 2014 se hizo en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua y fue el primer sistema de bloqueo que se aplicó en el país. El entonces procurador general, Francisco Domínguez Brito, convocó a todos los medios para dar a conocer el proyecto para el cual se contrató a la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison, que lo instalaría y el que se extendería a todos los demás recintos del país.
Entrevistado por Diario Libre cinco años después del fallido plan, Morrison dijo que aunque se mantuvo solo «por varios meses», este operó de «forma exitosa». Según sus declaraciones, fracasó porque los propios reclusos llevaron «a cabo procesos de sabotaje» contra la funcionalidad de los equipos.
El monto «aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos» y, según él, se hizo al costo y representó un «ahorro millonario al Estado dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones».
Crímenes y reclusos hasta con internet satelital
Las denuncias de estafas y hasta de asesinatos planificados desde las cárceles son comunes. Casualmente, en los mismos días de febrero de este año 2024 que un acusado de matar al abogado Santiago Reyes revelaba que fue contratado por un recluso, las autoridades informaron que ocupó 12 parábolas de internet satelital a los presos en penitenciaría de La Victoria.
Según la Dirección General de Prisiones, con los equipos tecnológicos, los reos cometían estafas y otros delitos virtuales.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.