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Gobierno lleva más de 10 años prometiendo bloquear señales telefónicas en la cárceles
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del pais desde hace más de 10 años es frecuente el anuncio de medidas o algún plan por parte para bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios, que ha incluido la ejecución en el 2014 del primer proyecto piloto y que fracasó a los pocos meses.
Las intenciones pronunciadas y las acciones puestas en marcha por más de una década no solo se han limitado a varios directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y desde la procuraduría general, también por parte del presidente de la República y congresistas que han sometido proyectos de leyes que finalmente perimen en las cámaras.
Una de esas medidas, un decreto del 2011 del entonces presidente Leonel Fernández, declaró «de emergencia» la adquisición e instalación de equipos que impidieran la recepción y envío de llamadas y datos desde las cárceles.
La disposición presidencial, número 564-11, asigna al Indotel la responsabilidad de gestionar la adquisición de los aparatos.
No han llegado a las cárceles, pero sí a la justicia
Aunque ninguno de los muy difundidos proyectos de bloqueos de señales ha prosperado para limitar o poner fin a los delitos y crímenes que continúan cometiendo los reos desde las cárceles del país, las irregularidades en los procesos de compras y fines dados a esos equipos si han llegado a los tribunales.
Una de las acusaciones que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es la de comprar tres bloqueadores de señales de telefonía y data a un costo de RD$6,698,472, uno de los cuales, según el Ministerio Público, lo utilizaba en una villa de su propiedad en Casa de Campo.
Los otros dos de los inhibidores de señales telefónicas fueron utilizados en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) para la seguridad del expresidente Danilo Medina y para la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
Fallidos proyectos de leyes
El exprocurador Jean Alain Rodríguez también presentó al Congreso Nacional, en septiembre del 2019 , un anteproyecto de ley para que «las compañías de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de colocar bloqueadores de señales para todas las señales que permitan el acceso a telefonía o datas» en los recintos penitenciarios.
Otra iniciativa en el Poder Legislativo se había debatido dos años antes y perimido, y nueva vez en el 2020. La última ocasión en la que se reintrodujo la pieza legislativa fue en febrero de este año 2024, por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor.
Plan piloto anunciado por Guido Gómez
Antes de cumplir su primer mes como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, dio a conocer la semana pasada la implementación del plan piloto de bloqueo de señales telefónicas en los distintos centros de reclusión, el cual se iniciaría en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.
La violencia y muertes de reos en el centro El Pinito obligó a las autoridades a intervenirlo en febrero, cuando se anunció un plan de «protocolo de seguridad» en ese centro. A principio de este 2024, un condenado por narcotráfico fue envenenado y otro recluso, que fue trasladado por matar a una mujer que lo visitó en otro penal, del cual fue transferido, fue encontrado ahorcado.
Del plan piloto para reducir o eliminar los delitos y crímenes cibernéticos que informó Gómez Mazara, no se han ofrecido detalles.
En una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, el director de Prisiones, Roberto Hernández, dice que el costo lo asumirá el Estado, a través de Indotel, y que contará con cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo constante, interno y externo para garantizar el éxito del proyecto.
El que se ejecutó en el 2014 se hizo en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua y fue el primer sistema de bloqueo que se aplicó en el país. El entonces procurador general, Francisco Domínguez Brito, convocó a todos los medios para dar a conocer el proyecto para el cual se contrató a la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison, que lo instalaría y el que se extendería a todos los demás recintos del país.
Entrevistado por Diario Libre cinco años después del fallido plan, Morrison dijo que aunque se mantuvo solo «por varios meses», este operó de «forma exitosa». Según sus declaraciones, fracasó porque los propios reclusos llevaron «a cabo procesos de sabotaje» contra la funcionalidad de los equipos.
El monto «aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos» y, según él, se hizo al costo y representó un «ahorro millonario al Estado dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones».
Crímenes y reclusos hasta con internet satelital
Las denuncias de estafas y hasta de asesinatos planificados desde las cárceles son comunes. Casualmente, en los mismos días de febrero de este año 2024 que un acusado de matar al abogado Santiago Reyes revelaba que fue contratado por un recluso, las autoridades informaron que ocupó 12 parábolas de internet satelital a los presos en penitenciaría de La Victoria.
Según la Dirección General de Prisiones, con los equipos tecnológicos, los reos cometían estafas y otros delitos virtuales.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.