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Gobierno lleva más de 10 años prometiendo bloquear señales telefónicas en la cárceles
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del pais desde hace más de 10 años es frecuente el anuncio de medidas o algún plan por parte para bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios, que ha incluido la ejecución en el 2014 del primer proyecto piloto y que fracasó a los pocos meses.
Las intenciones pronunciadas y las acciones puestas en marcha por más de una década no solo se han limitado a varios directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y desde la procuraduría general, también por parte del presidente de la República y congresistas que han sometido proyectos de leyes que finalmente perimen en las cámaras.
Una de esas medidas, un decreto del 2011 del entonces presidente Leonel Fernández, declaró «de emergencia» la adquisición e instalación de equipos que impidieran la recepción y envío de llamadas y datos desde las cárceles.
La disposición presidencial, número 564-11, asigna al Indotel la responsabilidad de gestionar la adquisición de los aparatos.
No han llegado a las cárceles, pero sí a la justicia
Aunque ninguno de los muy difundidos proyectos de bloqueos de señales ha prosperado para limitar o poner fin a los delitos y crímenes que continúan cometiendo los reos desde las cárceles del país, las irregularidades en los procesos de compras y fines dados a esos equipos si han llegado a los tribunales.
Una de las acusaciones que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es la de comprar tres bloqueadores de señales de telefonía y data a un costo de RD$6,698,472, uno de los cuales, según el Ministerio Público, lo utilizaba en una villa de su propiedad en Casa de Campo.
Los otros dos de los inhibidores de señales telefónicas fueron utilizados en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) para la seguridad del expresidente Danilo Medina y para la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
Fallidos proyectos de leyes
El exprocurador Jean Alain Rodríguez también presentó al Congreso Nacional, en septiembre del 2019 , un anteproyecto de ley para que «las compañías de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de colocar bloqueadores de señales para todas las señales que permitan el acceso a telefonía o datas» en los recintos penitenciarios.
Otra iniciativa en el Poder Legislativo se había debatido dos años antes y perimido, y nueva vez en el 2020. La última ocasión en la que se reintrodujo la pieza legislativa fue en febrero de este año 2024, por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor.
Plan piloto anunciado por Guido Gómez
Antes de cumplir su primer mes como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, dio a conocer la semana pasada la implementación del plan piloto de bloqueo de señales telefónicas en los distintos centros de reclusión, el cual se iniciaría en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.
La violencia y muertes de reos en el centro El Pinito obligó a las autoridades a intervenirlo en febrero, cuando se anunció un plan de «protocolo de seguridad» en ese centro. A principio de este 2024, un condenado por narcotráfico fue envenenado y otro recluso, que fue trasladado por matar a una mujer que lo visitó en otro penal, del cual fue transferido, fue encontrado ahorcado.
Del plan piloto para reducir o eliminar los delitos y crímenes cibernéticos que informó Gómez Mazara, no se han ofrecido detalles.
En una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, el director de Prisiones, Roberto Hernández, dice que el costo lo asumirá el Estado, a través de Indotel, y que contará con cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo constante, interno y externo para garantizar el éxito del proyecto.
El que se ejecutó en el 2014 se hizo en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua y fue el primer sistema de bloqueo que se aplicó en el país. El entonces procurador general, Francisco Domínguez Brito, convocó a todos los medios para dar a conocer el proyecto para el cual se contrató a la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison, que lo instalaría y el que se extendería a todos los demás recintos del país.
Entrevistado por Diario Libre cinco años después del fallido plan, Morrison dijo que aunque se mantuvo solo «por varios meses», este operó de «forma exitosa». Según sus declaraciones, fracasó porque los propios reclusos llevaron «a cabo procesos de sabotaje» contra la funcionalidad de los equipos.
El monto «aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos» y, según él, se hizo al costo y representó un «ahorro millonario al Estado dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones».
Crímenes y reclusos hasta con internet satelital
Las denuncias de estafas y hasta de asesinatos planificados desde las cárceles son comunes. Casualmente, en los mismos días de febrero de este año 2024 que un acusado de matar al abogado Santiago Reyes revelaba que fue contratado por un recluso, las autoridades informaron que ocupó 12 parábolas de internet satelital a los presos en penitenciaría de La Victoria.
Según la Dirección General de Prisiones, con los equipos tecnológicos, los reos cometían estafas y otros delitos virtuales.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de las víctimas, Miguel Surún Hernández, quien explicó que en la medida de coerción presentada inicialmente se incluyeron cuatro víctimas, aunque el relato de los hechos describe un esquema de estafa inmobiliaria masiva.
“En esta medida de coerción existieron cuatro víctimas, pero el relato fáctico consagra que se trata de un esquema de estafa inmobiliaria masiva y, por vía de consecuencia, ameritaba la declaratoria de caso complejo”, sostuvo.
- El jurista indicó que el caso involucra alrededor de 210 víctimas en total, muchas de ellas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Según afirmó, el proceso judicial en la provincia de Santo Domingo es el que presenta mayores avances.
Surún Hernández criticó que en el Distrito Nacional el expediente no ha tenido progreso y aseguró que han solicitado que el caso sea remitido a la provincia de Santo Domingo, donde, según dijo, las autoridades han mostrado mayor disposición para investigarlo.
De acuerdo con el abogado, el imputado habría estafado en múltiples ocasiones a las víctimas, incluso entregando certificados de títulos pertenecientes a otras personas y firmando acuerdos sustentados en esos documentos, además de estar involucrado en procesos relacionados con falsedad.
“Hace cuatro meses nos reunimos con la fiscal del Distrito solicitándole que por favor enviara ese expediente a la provincia, que es donde quieren trabajar, porque aquí el magistrado encargado ahora mismo no está haciendo absolutamente nada en ese proceso”, afirmó.
El Informe con Alicia Ortega, expuso cómo lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos residentes en el exterior de adquirir una propiedad frente al mar terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera.
El proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, promovido como un moderno condominio turístico en Boca Chica, prometía apartamentos con amenidades de lujo y entrega en un plazo de dos años. Según los contratos firmados, el edificio tendría 12 niveles, más de 200 unidades habitacionales, parqueos techados, piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, ascensores y planta eléctrica, entre otras facilidades.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, y los compradores debían pagar inicialmente cerca del 20 % del valor total, completando el resto en cuotas mientras avanzaba la construcción.
Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación señalan que la obra nunca inició formalmente. Aunque en un momento se colocó maquinaria y se realizaron excavaciones superficiales, no se levantó ninguna estructura ni se inició la cimentación del edificio.
Además, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que el terreno identificado en los contratos no pertenece a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a Edgar Hernández, sino que figura registrado a nombre de un tercero.
Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún Hernández, en representación de más de 40 afectados, presentó una querella penal contra Edgar Hernández, Mabel Luciano, gerente general del proyecto, y la empresa Boca Chica Garden SRL.
Los cargos incluyen estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Las víctimas, muchas de ellas dominicanos residentes en el exterior, aseguran haber entregado entre US$2,000 y más de US$40,000 para adquirir apartamentos que nunca se construyeron.
El caso continúa en proceso mientras las autoridades investigan el presunto esquema de estafa que habría afectado a cientos de compradores.
Santo Domingo, R.D.-Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo a un mes de que un escándalo de corrupción obligara a la suspensión temporal de sus operaciones, así como la destitución y arresto del dominicano Melitón Cordero, que fungía como su supervisor.
«Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción«, señala Campos en un comunicado oficial colgado en las redes sociales de la misión diplomática.
En el mensaje, la diplomática reitera el compromiso de su país con la relación de lucha contra el narcotráfico establecida con la República Dominicana, así como su decisión personal de «erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos».
En un comunicado adicional, Campos indicó que el cierre de la DEA, anunciado el pasado 12 de febrero, envió un «mensaje claro» de que la corrupción, incluso la percepción de este delito, «no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro gobierno».
«Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia«, reiteró.
Campos informó que durante el proceso de investigación, que inició cuando un exempleado denunció el abuso de un proceso de visa en beneficio de «informantes confidenciales», se ha auxiliado del administrador de la DEA, Terry Cole, con el fin de «asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad».
En ese sentido, la embajadora indicó que estará reabriendo la oficina «bajo un nuevo liderazgo«, que marcará un nuevo capitulo en la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción.
- Campos no especificó desde cuando estará abierta la oficina de la DEA ni quienes serán sus nuevos líderes, pero advirtió que tanto los programas de visas, como los procesos internos de la embajada estarán auditados, lo que permitirá que salgan «más fuertes y resilientes».
«Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA«, expresó.
Comunicado íntegro de la embajadora
- La Embajadora de los Estados Unidos
Leah F. Campos reabre la Oficina de la DEA en Santo DomingoEl cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno. Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia.Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes.A lo largo de este proceso, he trabajado estrechamente con el administrador de la DEA, Terry Cole, para asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad que espero de cada persona que sirve en la embajada que lidero. Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA.Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción. Los Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos.Este compromiso fue resaltado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante la histórica Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada la semana pasada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida. Acompañado por líderes de toda la región, incluida la República Dominicana, el secretario Hegseth reafirmó la importancia de la soberanía, las fronteras fuertes y el compromiso regional contra el flagelo del narcoterrorismo.La participación activa de la República Dominicana demuestra la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable. Juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas.Leah F. Campos
Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana
El pasado 12 de febrero, Campos informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado oficial en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública», posición que la misión diplomática mantenía la semana pasada, según un respuesta a una solicitud de información de este medio.
La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.
La primera comparecencia de Cordero estaba programa para el 6 de marzo, pero la misma fue aplazada para el 6 de abril después de que la defensa solicitara una prórroga debido a la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
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Solicitan prisión preventiva contra hombres atropellados por hombre para evitar atraco en Santiago
Santiago, R.D.-Dos hombres implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una via pública el pasado 8 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en cuyo caso el Ministerio Público solicitó que se les imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los imputados fueron identificados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito). Se trata de los dos hombres que el conductor de un vehículo atropelló la motocicleta en que se desplazaban para impedir el atraco. El hecho quedó captado en un video que circuló en las redes sociales.
El órgano persecutor les acusa de arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.