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Gobierno lleva más de 10 años prometiendo bloquear señales telefónicas en la cárceles
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LA REDACCIÓNSanto Domingo, R.D.-Las autoridades del pais desde hace más de 10 años es frecuente el anuncio de medidas o algún plan por parte para bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios, que ha incluido la ejecución en el 2014 del primer proyecto piloto y que fracasó a los pocos meses.
Las intenciones pronunciadas y las acciones puestas en marcha por más de una década no solo se han limitado a varios directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y desde la procuraduría general, también por parte del presidente de la República y congresistas que han sometido proyectos de leyes que finalmente perimen en las cámaras.
Una de esas medidas, un decreto del 2011 del entonces presidente Leonel Fernández, declaró «de emergencia» la adquisición e instalación de equipos que impidieran la recepción y envío de llamadas y datos desde las cárceles.
La disposición presidencial, número 564-11, asigna al Indotel la responsabilidad de gestionar la adquisición de los aparatos.
No han llegado a las cárceles, pero sí a la justicia
Aunque ninguno de los muy difundidos proyectos de bloqueos de señales ha prosperado para limitar o poner fin a los delitos y crímenes que continúan cometiendo los reos desde las cárceles del país, las irregularidades en los procesos de compras y fines dados a esos equipos si han llegado a los tribunales.
Una de las acusaciones que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es la de comprar tres bloqueadores de señales de telefonía y data a un costo de RD$6,698,472, uno de los cuales, según el Ministerio Público, lo utilizaba en una villa de su propiedad en Casa de Campo.
Los otros dos de los inhibidores de señales telefónicas fueron utilizados en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) para la seguridad del expresidente Danilo Medina y para la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
Fallidos proyectos de leyes
El exprocurador Jean Alain Rodríguez también presentó al Congreso Nacional, en septiembre del 2019 , un anteproyecto de ley para que «las compañías de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de colocar bloqueadores de señales para todas las señales que permitan el acceso a telefonía o datas» en los recintos penitenciarios.
Otra iniciativa en el Poder Legislativo se había debatido dos años antes y perimido, y nueva vez en el 2020. La última ocasión en la que se reintrodujo la pieza legislativa fue en febrero de este año 2024, por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor.
Plan piloto anunciado por Guido Gómez
Antes de cumplir su primer mes como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, dio a conocer la semana pasada la implementación del plan piloto de bloqueo de señales telefónicas en los distintos centros de reclusión, el cual se iniciaría en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.
La violencia y muertes de reos en el centro El Pinito obligó a las autoridades a intervenirlo en febrero, cuando se anunció un plan de «protocolo de seguridad» en ese centro. A principio de este 2024, un condenado por narcotráfico fue envenenado y otro recluso, que fue trasladado por matar a una mujer que lo visitó en otro penal, del cual fue transferido, fue encontrado ahorcado.
Del plan piloto para reducir o eliminar los delitos y crímenes cibernéticos que informó Gómez Mazara, no se han ofrecido detalles.
En una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, el director de Prisiones, Roberto Hernández, dice que el costo lo asumirá el Estado, a través de Indotel, y que contará con cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo constante, interno y externo para garantizar el éxito del proyecto.
El que se ejecutó en el 2014 se hizo en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua y fue el primer sistema de bloqueo que se aplicó en el país. El entonces procurador general, Francisco Domínguez Brito, convocó a todos los medios para dar a conocer el proyecto para el cual se contrató a la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison, que lo instalaría y el que se extendería a todos los demás recintos del país.
Entrevistado por Diario Libre cinco años después del fallido plan, Morrison dijo que aunque se mantuvo solo «por varios meses», este operó de «forma exitosa». Según sus declaraciones, fracasó porque los propios reclusos llevaron «a cabo procesos de sabotaje» contra la funcionalidad de los equipos.
El monto «aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos» y, según él, se hizo al costo y representó un «ahorro millonario al Estado dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones».
Crímenes y reclusos hasta con internet satelital
Las denuncias de estafas y hasta de asesinatos planificados desde las cárceles son comunes. Casualmente, en los mismos días de febrero de este año 2024 que un acusado de matar al abogado Santiago Reyes revelaba que fue contratado por un recluso, las autoridades informaron que ocupó 12 parábolas de internet satelital a los presos en penitenciaría de La Victoria.
Según la Dirección General de Prisiones, con los equipos tecnológicos, los reos cometían estafas y otros delitos virtuales.
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Jean Alain Rodríguez condenado por corte a pagar 2 millones de pesos a Marino Zapete
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febrero 17, 2025SANTO DOMINGO. –La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la demanda en daños y perjuicios interpuesta en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez por el periodista Marino Zapete, según lo informó el equipo legal del comunicador.
confirmó haber recibido la notificación de la sentencia emitida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que acoge la demanda por daños y perjuicios interpuesta contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Según la sentencia número 1303-2024-SSEN-00306, la Corte ordena a Rodríguez pagar RD$2,000,000.00 a Zapete, tras determinar que el exprocurador ejerció presiones indebidas que provocaron la suspensión de su programa, afectando ilegítimamente su labor periodística.
El fallo reafirma la protección de la libertad de expresión frente a represalias que buscan coartar el derecho a la información y la fiscalización social.
Voto disidente y cuestionamientos
La sentencia incluye un voto disidente de la magistrada Daisy Indhira Montás Pimentel, quien consideró que Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, debió ser condenada solidariamente por su implicación en los hechos. Además, la jueza sostuvo que la indemnización concedida a Zapete debió ser mayor, en atención a los daños sufridos.
El caso surgió tras la difusión de información sobre contratos públicos en un contexto de cuestionamientos sobre su transparencia. Las acciones legales contra Zapete fueron interpretadas como un intento de silenciar su labor informativa, lo que llevó al periodista a acudir a los tribunales en busca de justicia.
Precedente para el periodismo
Este fallo sienta un precedente clave en la defensa del periodismo y la libertad de expresión en el país.
Finalmente, el equipo de abogados de Zapete señaló que la sentencia aún podría ser objeto de un recurso de casación, pero confía en que los fundamentos jurídicos que la respaldan prevalecerán ante cualquier intento de revisión.
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Ciudades más grandes del pais tienen una reducción del crimen, según informe.
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febrero 17, 2025SANTO DOMINGO. Las principales ciudades de la República Dominicana han tenido una disminución en los homicidios, según un informe al respecto.
En el Distrito Nacional, la tasa de homicidios acumulada es de 8.01; en Santo Domingo Este es de 4.7; en Santo Domingo Oeste, de 5.61 y en San Cristóbal de 5.13, todas por debajo del promedio nacional. Estas cifras reflejan la tendencia a la baja en la violencia letal en los principales centros urbanos del país. De las grandes demarcaciones, Santiago, con 10.96, se mantiene sobre el promedio nacional.
Sin embargo, las provincias fronterizas presentan un panorama diferente. Pedernales, con una tasa de 68.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, encabeza el ranking nacional, seguida de Independencia (19.4) y Monte Cristi (19.06). Cabe señalar que las fronterizas Dajabón (3.49) y Santiago Rodríguez, sin homicidios, son las más bajas.
La tasa de homicidios en República Dominicana registró una significativa reducción en enero de 2025, alcanzando 8.42 homicidios. La cantidad de homicidios en el primer mes del año fue de 106 casos, lo que representa una disminución del 15.2 % respecto a enero de 2024 y un 12.4 % menos en comparación con 2023.
El descenso de homicidios ha sido acompañado por una reducción en la incidencia de conflictos sociales como principal causa. Mientras que en enero de 2024 el 58.1 % de los homicidios estaba relacionado con disputas personales, esta proporción bajó a 44.3 % en enero de 2025. En contraste, los casos vinculados a acción legal (Policía Nacional) aumentaron a 21.7 %, la delincuencia representó el 20.8 %.
Robo de vehículos
El robo de vehículos, especialmente de motocicletas, ha mostrado un descenso progresivo. En los primeros 24 días de enero de 2025, se reportaron 422 robos, lo que representa 31 casos menos que en enero de 2024 (-6.8 %) y 126 menos que en enero de 2023 (-23 %).
En 2023, el total de robos de vehículos y motocicletas en el mismo período fue de 548 casos. Mientras que, en 2024, la cifra se redujo a 453. Ahora, con 422 casos en 2025, la tendencia de reducción se mantiene por tercer año consecutivo.
Otro indicador clave que refleja una mejora en la seguridad es la disminución de personas heridas en hechos delictivos. En enero de 2025, se reportaron 241 heridos, 17 menos que en 2024, lo que representa una reducción del 6.5 %.
Los celulares
El informe indica que en enero de 2023 se habían registrado 241 heridos, la misma cantidad que en 2025.
Según las cifras, con 843 reportes, los celulares fueron señalados como los artículos más robados en el pasado período. En comparación, los robos de dinero alcanzaron los 257 casos, los documentos personales 245 casos, y las motocicletas, 153 casos.
Respuesta a las emergencias
El Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 registró 15,299 emergencias de seguridad ciudadana en enero de 2025, reflejando una reducción de 2,033 casos (11.7 %) en comparación con el período anterior. La mayoría de los reportes fueron por violencia doméstica, seguidos por situaciones de peligro y agresiones físicas. Además, el tiempo de respuesta promedio mejoró, reduciéndose en 1 minuto y 41 segundos, situándose en 25:38 minutos. Las autoridades atribuyen esta mejora a una optimización en la distribución de recursos y operativos estratégicos. Sin embargo, algunas provincias aún presentan tiempos de respuesta elevados, por lo que se busca continuar fortaleciendo el sistema de atención a emergencias en el país.
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Comisión inicia reuniones para intervención de cárcel El Pinito, de La Vega
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febrero 17, 2025Santo Domingo, R.D.-Roberto Hernández Castillo Basilio, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), inició la primera reunión de la comisión intersectorial del Plan de Intervención Integral del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, cuyo plan tiene como objetivo asegurar que los privados de libertad cuenten con espacios adecuados para su rehabilitación.
En la reunión participaron todos los actores del sistema penitenciario de la demarcación, miembros del Ministerio Público, así como otras autoridades locales, entre ellas, representantes de la Gobernación y de la Dirección Regional de Salud.
El director del órgano regulador del sistema penitenciario señaló que, con esta sinergia, se busca proporcionar una solución integral a los problemas detectados en el centro de privación de libertad, desde su intervención en enero pasado.
Durante el encuentro de trabajo, realizado en el CCR El Pinito, Hernández Basilio presentó el plan de mejoras y acción continua que ya se está implementando en el centro penitenciario.
El director de la DGSPC estuvo acompañado de la magistrada Jessica Ramírez, procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Procuraduría Regional de La Vega; Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensoría Pública; Ana Martich, primera adjunta del Defensor del Pueblo; y Wanda Desirée García, representante de la Gobernación.
También participaron Marcia Ángeles, de la Defensoría de Santiago; el doctor Maireni Pérez, director provincial de Salud; e Ignacio Santiago, representante de la Pastoral Penitenciaria, además de otras autoridades civiles de la zona.
De manera inmediata, Hernández instruyó al director del centro, Bernardo Henríquez, así como al subdirector administrativo, al subdirector de Asistencia y Tratamiento, y al subdirector de Seguridad del centro, quienes estuvieron presentes en la reunión, a asumir el compromiso de continuar desarrollando las áreas productivas, de cultivo y los estanques de piscicultura del centro de privación de libertad.
En este sentido, destacó la importancia de mantener las áreas deportivas debidamente equipadas, fomentar actividades educativas y culturales, supervisar la provisión constante de alimentos y, sobre todo, velar por las condiciones de seguridad en los pabellones, tanto para los internos como para sus visitantes.
En la reunión también estuvieron presentes la rectora del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPENC), Gladys Sánchez; el coordinador del Despacho, Julio García; y el personal encargado de Recursos Humanos, Comunicación, y Tecnología, junto con las autoridades del centro.
Durante la actividad, el recién designado director del CCR El Pinito, Bernardo Henríquez, presentó a las autoridades las medidas adoptadas para lograr mejoras a corto, mediano y largo plazo, con el fin de convertir ese espacio en un verdadero lugar de reinserción social para los privados de libertad.