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Gobierno lleva más de 10 años prometiendo bloquear señales telefónicas en la cárceles
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del pais desde hace más de 10 años es frecuente el anuncio de medidas o algún plan por parte para bloquear las señales telefónicas en los recintos penitenciarios, que ha incluido la ejecución en el 2014 del primer proyecto piloto y que fracasó a los pocos meses.
Las intenciones pronunciadas y las acciones puestas en marcha por más de una década no solo se han limitado a varios directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y desde la procuraduría general, también por parte del presidente de la República y congresistas que han sometido proyectos de leyes que finalmente perimen en las cámaras.
Una de esas medidas, un decreto del 2011 del entonces presidente Leonel Fernández, declaró «de emergencia» la adquisición e instalación de equipos que impidieran la recepción y envío de llamadas y datos desde las cárceles.
La disposición presidencial, número 564-11, asigna al Indotel la responsabilidad de gestionar la adquisición de los aparatos.
No han llegado a las cárceles, pero sí a la justicia
Aunque ninguno de los muy difundidos proyectos de bloqueos de señales ha prosperado para limitar o poner fin a los delitos y crímenes que continúan cometiendo los reos desde las cárceles del país, las irregularidades en los procesos de compras y fines dados a esos equipos si han llegado a los tribunales.
Una de las acusaciones que enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es la de comprar tres bloqueadores de señales de telefonía y data a un costo de RD$6,698,472, uno de los cuales, según el Ministerio Público, lo utilizaba en una villa de su propiedad en Casa de Campo.
Los otros dos de los inhibidores de señales telefónicas fueron utilizados en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) para la seguridad del expresidente Danilo Medina y para la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
Fallidos proyectos de leyes
El exprocurador Jean Alain Rodríguez también presentó al Congreso Nacional, en septiembre del 2019 , un anteproyecto de ley para que «las compañías de telecomunicaciones asuman la responsabilidad de colocar bloqueadores de señales para todas las señales que permitan el acceso a telefonía o datas» en los recintos penitenciarios.
Otra iniciativa en el Poder Legislativo se había debatido dos años antes y perimido, y nueva vez en el 2020. La última ocasión en la que se reintrodujo la pieza legislativa fue en febrero de este año 2024, por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor.
Plan piloto anunciado por Guido Gómez
Antes de cumplir su primer mes como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, dio a conocer la semana pasada la implementación del plan piloto de bloqueo de señales telefónicas en los distintos centros de reclusión, el cual se iniciaría en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.
La violencia y muertes de reos en el centro El Pinito obligó a las autoridades a intervenirlo en febrero, cuando se anunció un plan de «protocolo de seguridad» en ese centro. A principio de este 2024, un condenado por narcotráfico fue envenenado y otro recluso, que fue trasladado por matar a una mujer que lo visitó en otro penal, del cual fue transferido, fue encontrado ahorcado.
Del plan piloto para reducir o eliminar los delitos y crímenes cibernéticos que informó Gómez Mazara, no se han ofrecido detalles.
En una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, el director de Prisiones, Roberto Hernández, dice que el costo lo asumirá el Estado, a través de Indotel, y que contará con cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo constante, interno y externo para garantizar el éxito del proyecto.
El que se ejecutó en el 2014 se hizo en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua y fue el primer sistema de bloqueo que se aplicó en el país. El entonces procurador general, Francisco Domínguez Brito, convocó a todos los medios para dar a conocer el proyecto para el cual se contrató a la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison, que lo instalaría y el que se extendería a todos los demás recintos del país.
Entrevistado por Diario Libre cinco años después del fallido plan, Morrison dijo que aunque se mantuvo solo «por varios meses», este operó de «forma exitosa». Según sus declaraciones, fracasó porque los propios reclusos llevaron «a cabo procesos de sabotaje» contra la funcionalidad de los equipos.
El monto «aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos» y, según él, se hizo al costo y representó un «ahorro millonario al Estado dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones».
Crímenes y reclusos hasta con internet satelital
Las denuncias de estafas y hasta de asesinatos planificados desde las cárceles son comunes. Casualmente, en los mismos días de febrero de este año 2024 que un acusado de matar al abogado Santiago Reyes revelaba que fue contratado por un recluso, las autoridades informaron que ocupó 12 parábolas de internet satelital a los presos en penitenciaría de La Victoria.
Según la Dirección General de Prisiones, con los equipos tecnológicos, los reos cometían estafas y otros delitos virtuales.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.