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Casi ningún avance en el país ante formas de trabajo infantil
Avances muy mínimos tuvo la República Dominicana en 2023 para eliminar las peores formas de trabajo infantil, pese a los esfuerzos para poner fin a esa práctica, según un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos difundido este jueves.
Ello se debe, explica el texto, en parte a las dificultades para acceder a la educación de “un número significativo de niños que no tenían documentos de identidad o residencia” en el país, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores al trabajo infantil.
Se trata en su mayoría de niños de origen o ascendencia extranjera que también se ven impedidos a la hora de recibir servicios sociales, incluido el acceso a los programas gubernamentales de formación profesional y reducción de la pobreza y, en concreto, el documento se refiere a que muchas personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana, menores incluidos, continúan sin documentación por decisión judicial.
A todo ello, añade la investigación, se suma que en el país persisten importantes lagunas para la aplicación de la ley, como la escasez de recursos humanos y financieros para los organismos encargados de ello a nivel laboral y penal, y la falta de autoridad de los inspectores de trabajo para evaluar directamente las sanciones por violaciones de la legislación laboral.
Asimismo, considera que las prohibiciones legales en República Dominicana relacionadas con la trata de menores también son insuficientes porque se requiere que haya “amenazas, uso de la fuerza o coerción” para que se considere delito, algo que recomienda cambiar.
El problema del trabajo infantil persiste, pese a los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a las peores formas al respecto, como haber añadido 14 categorías adicionales de actividades peligrosas e insalubres prohibidas para menores de 18 años, incluido el servicio el trabajo doméstico, o la firma por el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de un convenio interinstitucional para aumentar la coordinación en la lucha contra el trabajo infantil.
En República Dominicana, denuncia el estudio, “los niños son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial, a veces como resultado de la trata de personas” (los menores que viven en lugares turísticos son especialmente vulnerables a ello), y también realizan tareas peligrosas en la agricultura. También se hace referencia a trabajo forzoso en el servicio doméstico, la construcción, la venta ambulante, la mendicidad y el uso de menores en actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas.
Recomendaciones de Estados Unidos
Para enfrentar el trabajo infantil, EE.UU. recomienda asegurar que las leyes que prohíben la trata de niños no requieran que haya amenazas, uso de la fuerza o coerción como elementos del delito, prohibir penalmente el reclutamiento de menores de 18 años por bandas armadas, aumentar el número de inspectores de trabajo o establecer un sistema de verificación de la edad de los empleados jóvenes para proteger mejor a los menores sin certificados de nacimiento.
El proyecto para la renovación de la cédula de identidad personal y electoral a través de La Junta Central Electoral (JCE) fue presentado por una comisión de la institución a delegados de las organizaciones políticas.
El director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez explicó las implicaciones del proyecto desde sus antecedentes, la situación de la cédula actual, los componentes del proyecto, incluyendo los elementos de seguridad que se incluirán en el nuevo documento de identidad y el desarrollo de la actual licitación pública internacional para seleccionar la empresa que trabajará con las nuevas cédulas.
Sostuvo que la JCE se encuentra ante el reto de la renovación de la cédula modernizando su diseño e impresión bajo estándares internacionales que responda a las nuevas exigencias sociales, garantizar la seguridad de la identidad nacional considerando los elementos de seguridad necesarios, así como los avances tecnológicos de los últimos 10 años.
Rodríguez indicó que las decisiones tomadas por el Pleno de la JCE se han basado en la transparencia, las mejores prácticas mundiales y la opinión de expertos en cuanto a documentos de identificación y a las características específicas de la cedulación en nuestro país.
En ese sentido, subrayó que la JCE preparó especificaciones técnicas del proceso a los fines de garantizar la competencia con la participación de varios posibles postulantes líderes en la industria de la identificación a nivel mundial.
En adicción a esto, informó que se decidió que el nuevo material para el documento será de policarbonato polímero termoplástico utilizado por la mayoría de los países que renovaron sus cédulas, la fotografía será a color a escala de grises, tendrá un chip de funcionalidad electrónica como identificación, entre otros elementos tecnológicos.
Los delegados de las distintas organizaciones políticas que participaron del encuentro saludaron la decisión de la JCE de convocarlos para socializar el estatus del proyecto para la elaboración de la nueva cédula de identidad y electoral y solicitaron recibir toda la documentación presentada vía correo electrónico y un nuevo encuentro dentro de 10 días para dar continuidad a todo lo relativo con la actualización del Registro Civil y los pormenores de la licitación.
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Empresa de Jochi Gómez suplió al ministerio de Defensa amparado en convenio firmado en junio de 2020
El acuerdo suscrito entre el Ministerio de Defensa y Aurix ARL abrió las puertas a esta empresa para realizar compras de suministros de seguridad para suplir a los cuerpos militares a través de un procedimiento de excepción para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las agencias de seguridad del Estado.
El convenio de cooperación de inteligencia, firmado en junio de 2020, otorgó a la empresa Aurix, liderada por José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochi Gómez», el estatus de entidad vinculada al Ministerio de Defensa, permitiéndole beneficiarse del decreto 725-20 emitido en diciembre de 2020.
La disposición presidencial autorizaba a las instituciones militares y policiales y a los organismos de seguridad del Estado a adquirir aeronaves, tanques de guerra, drones, cámaras de vigilancia, vehículos, videocámaras, tecnología y otros insumos para operaciones de defensa, mediante procesos de licitaciones cerradas.
Durante el estado de excepción (diciembre de 2020 a agosto de 2021), los ejecutivos de Aurix habrían adquirido drones, videocámaras, armas, satélites, pertrechos militares y tecnología, supuestamente para la seguridad nacional en la frontera terrestre, según reveló una fuente del Gobierno.
La semana pasada, el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos en residencias y oficinas de Aurix, incautando una cantidad significativa de equipos y tecnología, incluidas seis armas: cuatro pistolas y dos escopetas, así como una gran cantidad de documentos físicos y digitales relacionado con las operaciones de la compañía.
En el marco de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre la polémica firma del contrato con Aurix, el exministro de Defensa Rubén Paulino Sem fue interrogado el pasado lunes, pero no trascendió lo tratado.
El contrato se firmó en junio de 2020, dos meses antes de la salida del gobierno de Danilo Medina, y otorgaba a la compañía Aurix acceso a información clasificada de inteligencia y de seguridad nacional recopilada por las Fuerzas Armadas.
La PEPCA afirma que el contrato, al no inscribirse en las Fuerzas Armadas ni en la Contraloría, constituye, según el Ministerio Público, un acto de mala fe.
Jochi Gómez está detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional, junto a Hogo Beras y seis implicados más, por presuntamente operar un esquema de corrupción a través de contratos irregulares con las compañías de Aurix RSL y Transcore Latan.
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Ejército incauta más de 400 mil unidades de cigarrillos en intensa persecución a contrabandistas
Santo Domingo.- Miembros de la Dirección de Inteligencia G-2 y de la Uniformada del Ejército de República Dominicana (ERD), ocuparon 405,200 unidades de cigarrillos, en dos casos aislados, 44,000 a 3 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular y 361,200 el interior de una camioneta en la provincia San Juan, a raíz de un seguimiento de inteligencia e informaciones precisas referente al tráfico ilegal de cigarrillos en modalidad de contrabando.
Durante patrulla realizada en la comunidad Los Montones, municipio Juan de Herrera, provincia San Juan, detuvieron 03 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, todos de sexo masculino, a quienes se les ocuparon 44,000 unidades de cigarrillos marca Point, mercancía esta de procedencia extranjera. En cuanto a los extranjeros y lo ocupado, se encuentran en la referida fortaleza, para los fines correspondientes.
Más tarde, en el municipio Las Matas de Farfán, avistaron la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color plateado, placa L467526, chasis 8AJBA3CD301752290, la cual presentaba características sospechosa, por lo que se le ordenó que se detuviera, generando una intensa persecución en el distrito municipal La Zanja, del citado municipio, y finalmente siendo detenida en horas de la madrugada de este miércoles, por miembros del G-2 y la uniformada, apostados en la Fortaleza General José María Cabral (GJMC), ERD.
Finalmente, la G-2 informó que continuará con su listeza operacional, garantizando la seguridad y vigilancia en esa zona fronteriza y línea Noroeste, contra el tráfico ilegal de mercancías prohibidas hasta el territorio nacional y destacó su compromiso en la lucha contra la migración irregular y el tráfico de personas.