Nacionales
Avión no tripulado se usó para decomisar 1,722 paquetes coca
Vista del avión no tripulado que se usará en la lucha contra el narcotráfico en el país.
Santo Domingo.-El jueves 7 de junio la emisión estelar del noticiario Telenoticias, que conduce el periodista Roberto Cavada, reseñaba el asombro que había provocado a moradores del ensanche Isabelita el avistamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) que volaba sobre el mar Caribe sin hacer ruido.
Cavada, con su estilo característico, daba más señales de otros avistamientos, también en zonas costeras del mar Caribe, como es el caso de la comunidad de Juan Dolio.
Telenoticias le daba fortaleza a su historia mostrando imágenes de lo que hasta ese momento era simplemente un OVNI.
Hoy la incógnita empieza a tener respuestas.
Lo que en ese momento la gente estaba viendo y que las cámaras de Telenoticias transmitían eran imágenes del avión no tripulado tipo “Predator”, que en ese momento estaba haciendo pruebas de la vigilancia aérea de las aguas del mar Caribe para cubrir la ruta que usan los carteles de narcotraficantes para transportar drogas desde Venezuela y Colombia hacia las islas del Caribe.
San Isidro
La nave salía desde la Base Aérea de San Isidro para hacer las incursiones al mar Caribe en el proceso de entrenamiento del personal dominicano que trabajará en la recepción de la información que produzca el avión no tripulado.
El uso del Predator para las operaciones contra el narcotráfico en la República Dominicana fue formalizado el viernes pasado, cuando la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Carlos Morales Troncoso, firmaron un acuerdo de cooperación para el combate del tráfico ilegal en la región del Caribe.
En el acto de firma de los acuerdos también estuvieron presentes: el mayor general José Armando Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; Alejandro Herrera, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil; José Ricardo Taveras Blanco, director General de Migración, y el mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, entre otras autoridades gubernamentales.
La firma del acuerdo se realizó a puertas cerradas en la residencia del embajador de los Estados Unidos.
Posteriormente, Napolitano se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Leonel Fernández y terminado el encuentro partió hacia Puerto Rico, donde agotó una agenda con fines similares que en la República Dominicana.
Predator en acción
Durante el tiempo de pruebas el Predator fue utilizado en operaciones reales que permitieron la incautación en alta mar de un total de 1,722 paquetes de cocaína, que fue anunciado en su momento como acciones conjuntas de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
Se trata de la incautación de mil paquetes de cocaína el sábado 7 de julio en la zona marítima del Caribe que separa a República Dominicana con Venezuela y Colombia. El Predator detectó la embarcación y le dio seguimiento, previo a un trabajo de inteligencia entre las autoridades de los países involucrados.
La detención la realizó un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos y los implicados fueron llevados a Puerto Rico.
El segundo cargamento importante detectado gracias a la intervención del Predator fue el de 722 paquetes de cocaína que los narcotraficantes intentaron introducir al país en dos lanchas rápidas por San Pedro de Macorís, para desde aquí enviarla a Europa.
La acción se produjo en la madrugada del 3 de julio. En ese momento la DNCD informó que el cargamento formaba parte de una estructura de narcotráfico internacional que envía estupefacientes desde Colombia, empleando al país como puente para llevarlos a Norteamérica y Europa.
Un radar aéreo, único en América Latina
El jefe de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, reveló ayer que el avión no tripulado que opera en República Dominicana es el primero de ese tipo usado en América Latina.
El avión fue presentado anoche a los medios de comunicación en la Base Aérea de San Isidro.
Explicó que se trata de una especie de radar volador con la peculiaridad de que tiene integrado un sistema de video de alta definición para la detección de embarcaciones y aeronaves sospechosas.
Rosado Mateo afirmó que la facilitación de la aeronave es una muestra evidente de la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico.
Además, añadió, que es un reconocimiento al trabajo que realiza el país contra ese flagelo.
Fuente: eldia.com.do
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.