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Desciende cifra de haitianos en hospitales de RD
Santo Domingo, (EFE).- La afluencia de haitianos a los hospitales de Santo Domingo, y más en concreto a las maternidades, se ha reducido drásticamente desde que el lunes pasado se les comenzara a pedir documentos en centros sanitarios públicos como parte de las medidas para hacer frente a la inmigración irregular desde Haití, según pudo comprobar EFE este miércoles.
En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el centro de la capital y la principal del país, personal del área de consultas confirmó a EFE este descenso de la asistencia de haitianas, «hay menos que antes», y sin querer entrar en ningún tipo de valoración, se limitaron a señalar: «Estamos para dar el servicio».
En esa menor afluencia coincidieron también una médico del hospital y un miembro de las fuerzas del orden dominicanos, en la recepción del centro sanitario, en cuyas entradas hay también representantes -siempre mujeres- de la Dirección General de Migración (DGM).
A las puertas de la maternidad hay un autobús amarillo de tipo escolar para trasladar a las mujeres que no están en situación regular hasta el centro de recepción de migrantes de Haina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, donde se les toman los datos biométricos y las huellas dactilares para fines de deportación, unas repatriaciones que, según insiste la DGM, solo se realizan después de confirmar que «no existen riesgos para la salud» de las pacientes.
A bordo del autobús, apostado allí desde las 6 de la mañana, habla con EFE, desde una ventanilla, una adolescente de 14 años embarazada de 23 semanas, pese a que, afirma, ha presentado la carta de nacimiento en la que asegura que consta que ella ya nació en República Dominicana, aunque es de ascendencia haitiana.
«Cuando llegué a la puerta, les di la carta del nacimiento mío, ellos la revisaron y después vino ese señor y me dijo ‘tienes que esperar’ para que me suban al sistema. Después me llevaron a la camioneta», relata esta madre primeriza que reitera que nació en Santiago (norte de República Dominicana).
No le dejaron ni llevarse siquiera el desayuno que llevaba: «Ellos me dijeron que lo dejara allá (…), pensé que me lo iban a entrar, pero me dijo que ‘de ahí no se hacen favores más’».
Tras ser llevada a la camioneta, «mi mamá vino y le dio la carta de nacimiento y lo están subiendo al sistema. Yo tengo mi carta de nacimiento», insiste, pese a lo cual finalmente partió el autobús con ella en su interior y otra adolescente embarazada que también asegura ser dominicana, aunque no presentó documentación, acompañada de su madre.
Críticas ante la polémica medida
Hace dos semanas, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció una serie de medidas ante la inmigración irregular desde Haití, entre ellas la implantación del protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos del país.
Eso supone que inspectores y agentes migratorios verifican que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
Solo el primer día de implementación 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales dominicanos.
Ante ello, Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno dominicano poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación.
En un comunicado, la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, afirmó que la implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica «no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro».
En un mensaje a la nación en abril, el presidente Abinader recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana «marcharse voluntariamente» o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados».
En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10.000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos.
Conforme a datos oficiales, desde que se tomó esta medida más de 180.000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5.600 personas murieron a causa de la violencia.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.