Análisis Noticiosos
Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar
Por Juan Bolívar Díaz
El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al Gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.
El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.
Múltiples acontecimientos. Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el Gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.
Por otro lado el Pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su director de informática, Miguel Angel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.
Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.
Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde el Ministerio Público.
Como si no pasara nada
La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.
La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.
Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el Gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio, aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.
El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.
“Justicia o esto se va a jodé” De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.
Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.
La rapidísima condena de la JCE y del Gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.
El Gobierno se preocupa. El estallido de las protestas comenzó a preocupar al Gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.
El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de Febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el Gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.
En la mañana de ayer el presidente del Conep, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.
La proclama opositora
Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al Gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del Gobierno.
Predominó saludar que el oficialismo reconociera la existencia de una crisis y mostrara apertura a la búsqueda de acuerdo, más aún cuando se enteraron de las resoluciones del Pleno de la JCE y la disposición del Gobierno para que la PGR suspendiera su “investigación” dejando libre al coronel Guzmán y al técnico Regalado. Pero remitiendo a las demandas específicas para la equidad electoral que presentarán este domingo.
Los opositores se inclinan por un diálogo al más alto nivel, que incluya al presidente Danilo Medina, por considerar que él es un actor protagonista del proceso de crisis política e institucional que se viene configurando hace más de un año, que incluyeron los intentos de otra reforma constitucional reeleccionista y los abusos del Estado denunciados para las elecciones primarias, así como en la campaña para las municipales.
En los círculos opositores existe la determinación de no defraudar las demandas de esclarecimiento del boicot electoral, y sanciones a los responsables, y de garantías para unas elecciones a celebrarse en solo tres semanas, y especialmente para las presidenciales y congresuales cuando estará en juego todo el poder del Estado. Hay quienes plantean que sería una tontería tirar la toalla al Gobierno sin lograr garantías específicas que reduzcan los abusos del Estado en las campañas electorales.-
Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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