Análisis Noticiosos
Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar
Por Juan Bolívar Díaz
El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al Gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.
El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.
Múltiples acontecimientos. Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el Gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.
Por otro lado el Pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su director de informática, Miguel Angel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.
Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.
Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde el Ministerio Público.
Como si no pasara nada
La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.
La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.
Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el Gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio, aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.
El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.
“Justicia o esto se va a jodé” De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.
Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.
La rapidísima condena de la JCE y del Gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.
El Gobierno se preocupa. El estallido de las protestas comenzó a preocupar al Gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.
El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de Febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el Gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.
En la mañana de ayer el presidente del Conep, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.
La proclama opositora
Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al Gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del Gobierno.
Predominó saludar que el oficialismo reconociera la existencia de una crisis y mostrara apertura a la búsqueda de acuerdo, más aún cuando se enteraron de las resoluciones del Pleno de la JCE y la disposición del Gobierno para que la PGR suspendiera su “investigación” dejando libre al coronel Guzmán y al técnico Regalado. Pero remitiendo a las demandas específicas para la equidad electoral que presentarán este domingo.
Los opositores se inclinan por un diálogo al más alto nivel, que incluya al presidente Danilo Medina, por considerar que él es un actor protagonista del proceso de crisis política e institucional que se viene configurando hace más de un año, que incluyeron los intentos de otra reforma constitucional reeleccionista y los abusos del Estado denunciados para las elecciones primarias, así como en la campaña para las municipales.
En los círculos opositores existe la determinación de no defraudar las demandas de esclarecimiento del boicot electoral, y sanciones a los responsables, y de garantías para unas elecciones a celebrarse en solo tres semanas, y especialmente para las presidenciales y congresuales cuando estará en juego todo el poder del Estado. Hay quienes plantean que sería una tontería tirar la toalla al Gobierno sin lograr garantías específicas que reduzcan los abusos del Estado en las campañas electorales.-
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Análisis Noticiosos
Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).