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Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar

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Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al Gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.

El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.

Múltiples acontecimientos. Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el Gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.

Por otro lado el Pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su director de informática, Miguel Angel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.

Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.
Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde el Ministerio Público.

Como si no pasara nada
La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.

La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.

Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el Gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio, aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.

El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.

“Justicia o esto se va a jodé” De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.

Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.

La rapidísima condena de la JCE y del Gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.

El Gobierno se preocupa. El estallido de las protestas comenzó a preocupar al Gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.

El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de Febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el Gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.

En la mañana de ayer el presidente del Conep, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.

La proclama opositora

Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al Gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del Gobierno.

Predominó saludar que el oficialismo reconociera la existencia de una crisis y mostrara apertura a la búsqueda de acuerdo, más aún cuando se enteraron de las resoluciones del Pleno de la JCE y la disposición del Gobierno para que la PGR suspendiera su “investigación” dejando libre al coronel Guzmán y al técnico Regalado. Pero remitiendo a las demandas específicas para la equidad electoral que presentarán este domingo.

Los opositores se inclinan por un diálogo al más alto nivel, que incluya al presidente Danilo Medina, por considerar que él es un actor protagonista del proceso de crisis política e institucional que se viene configurando hace más de un año, que incluyeron los intentos de otra reforma constitucional reeleccionista y los abusos del Estado denunciados para las elecciones primarias, así como en la campaña para las municipales.

En los círculos opositores existe la determinación de no defraudar las demandas de esclarecimiento del boicot electoral, y sanciones a los responsables, y de garantías para unas elecciones a celebrarse en solo tres semanas, y especialmente para las presidenciales y congresuales cuando estará en juego todo el poder del Estado. Hay quienes plantean que sería una tontería tirar la toalla al Gobierno sin lograr garantías específicas que reduzcan los abusos del Estado en las campañas electorales.-

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El Cecot, la megacárcel de Bukele, tira sus aguas negras sobre tres comunidades empobrecidas

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Un análisis confirma la presencia de heces y bacterias en una decena de fuentes de agua de las que se surten vecinos de Tecoluca, en El Salvador. Éstos han reportado aumento de enfermedades, posiblemente relacionadas con la contaminación

Un niño de 12 años con uniforme escolar bebe agua de un grifo haciendo un cuenco con las palmas de sus manos. Toma uno, dos, tres tragos largos y levanta la cabeza para respirar. “Ahhhhh”, resopla, aliviando la sed. Cierra el grifo y corre a jugar de nuevo con sus amigos de la escuela. Él no lo sabe, pero el agua que acaba de beber está contaminada con heces y bacterias provenientes de los inodoros que usan miles de pandilleros dentro de la prisión más famosa de El Salvador y probablemente de toda Latinoamérica, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT.

Aunque las comunidades habían denunciado la contaminación de los ríos cercanos al CECOT desde la construcción de la prisión, hoy es una queja respaldada por datos científicos. La organización de defensa de derechos humanos Cristosal recogió muestras de agua de diferentes afluentes en abril pasado y las envió al laboratorio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades. Los resultados entregados esta semana a la comunidad revelan que el agua contiene altos niveles de coliformes fecales y de una bacteria llamada pseudomona aeruginosa, un “patógeno oportunista” que hace que el agua no sea apta para el consumo humano.

El análisis se hizo a partir de la denuncia de las comunidades de San Francisco Angulo, el Milagro y Canta Rana, entre otras, cuyos habitantes aseguran que el agua de los ríos y los pozos de los que se alimentan han tomado colores extraños y un olor fétido desde principios de 2023, cuando se inauguró la prisión que ha sido el símbolo de la embestida del presidente Nayib Bukele contra de las pandillas y quizá de todo su primer mandato. Estas tres comunidades son pobres y no cuentan con servicio de agua potable por parte del Estado, por lo que se ven en la necesidad de recoger el agua de ríos cercanos o de pozos que han conseguido gracias a fundaciones sin fines de lucro.

Bukele anunció la creación del CECOT en junio de 2022 y prometió que tendría capacidad para 40.000 prisioneros. Además, aseguró que estaría “alejado de las ciudades y rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado”. En julio del mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador emitió una resolución en la que se determinó de forma exprés que la construcción no requería de un estudio de impacto ambiental ya que éste, aseguraron, sería “leve”.

En febrero de 2023, durante su inauguración, el Ministerio de Obras Públicas compartió en su cuenta de la red social X un video con aspecto y música hollywodiense en el que afirmaba que la prisión contaba con sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, si es que existen, todo apunta a que nunca han funcionado.

“Cada institución debe hacer lo que le corresponde para detener una contaminación, más si proviene de una institución pública. Si esto proviniera de un privado ya habría personas detenidas e investigadas”, asegura Ruth Eleonora López, jefa jurídica de Cristosal y una de las coordinadoras de la investigación. Según López, próximamente exigirán al Estado que implemente medidas efectivas y urgentes para tratar las aguas de la prisión y presentarán “acciones jurídicas” si no se toman acciones para proteger a la población.

A mediados de julio de este año, América Futura visitó dos de las tres comunidades más afectadas, entrevistó a líderes comunales, habitantes, estudiantes y profesores, y tuvo acceso a los resultados de laboratorio que mostró a dos expertos, un biólogo y una doctora en medicina. Todo apunta a que la contaminación no ha parado y que la salud de al menos 800 personas está en peligro.

Un líder comunal de El Milagro, quien pidió no revelar su nombre, aseguró que una de sus vacas murió repentinamente después de tomar agua de uno de los ríos contaminados. “Desde entonces, el ganado no toma agua de ahí. Las vacas solo huelen el agua y se dan la vuelta. Nos ha tocado ponerles bebederos porque ya no les gusta el agua del río”, dijo.

No existe información pública precisa de cuántos pandilleros habitan el CECOT a esta fecha; sin embargo, a través de diferentes medios se han hecho públicos tres traslados masivos que sumarían un total aproximado de 14.000 mareros que ahora viven en esa prisión.

Los resultados de laboratorio indican que, de los 13 puntos en los que se tomaron muestras de agua, nueve están contaminados con altas concentraciones de E.Coli y Pseudomona Aeruginosa. En el caso de la primera, los expertos consultados dicen que se trata de una bacteria presente en las heces y que, para que un agua contaminada con esta sea apta para potabilizar, debe tener concentraciones menores a 1,1NMP. Sin embargo, los resultados muestran concentraciones que van desde 2,2 hasta 240NMP.

Según dos expertos consultados para este reportaje y que pidieron que su nombre no fuera revelado por temor a represalias, en el caso de que haya presencia de la segunda bacteria en un cuerpo de agua, esta no debe ser potabilizada en ningún caso. “Ataca pulmones y vísceras y es súper peligrosa. Ese agua está totalmente descartada para tomar”, dijo un biólogo consultado. Por su parte, una doctora en medicina que tuvo a su vista los resultados dijo que, por las altas concentraciones de esta segunda bacteria, se puede asumir que hay población penitenciaria que está enferma y que les están recetando antibióticos, lo que provoca la salida de esta bacteria en heces y orina.

Cristosal solicitó estadísticas de consultas por enfermedades de la piel, aparato digestivo y problemas respiratorios al hospital nacional de Zacatecoluca, donde van los residentes de las zonas afectadas. Según los datos entregados por ese centro —a los que América Futura tuvo acceso—, entre 2022 y 2023, el número de pacientes atendidos ha aumentado un 62% en el caso de enfermedades de la piel; un 19% por enfermedades del aparato digestivo y un 63% por problemas respiratorios.

En la mayoría de los casos en los que los resultados de laboratorio son positivos, se encontró la presencia de ambas bacterias al mismo tiempo. Por ejemplo, la muestra tomada del grifo de la escuela revela concentraciones de 12NMP en E.Coli y 20NMP de Pseudomona Aeruginosa. En ese centro educativo estudian 149 niños desde parvularia hasta secundaria, con edades entre los 5 y los 14 años.

En los ríos, los resultados no mejoran. Una muestra tomada en el cauce que atraviesa la comunidad San Francisco Angulo mostró concentraciones de 240NMP de E-Coli y 201 de Pseudomona Aeruginosa. Mientras que la que se tomó en el río que atraviesa la comunidad El Milagro, la concentración de E.Coli fue de 170, aunque no se detectó presencia de Pseudomona Aeruginosa.

Durante un recorrido por los ríos y quebradas de la zona, América Futura pudo constatar que el agua baja sucia y con espuma en su superficie. En la quebrada El Obraje, de la comunidad El Milagro, esta deja un sedimento rojizo en la orilla y entre las piedras se forma una espuma amarillenta. Los habitantes de esa zona dicen que antes esa quebrada no tenía agua y que empezó a correr desde la creación del CECOT. “El problema es que este agua contamina los nacimientos que están más abajo y se filtra hasta los pozos como el de la escuela”, dijo Rosa Emeli Hernández, miembro del comité de agua de la comunidad.

América Futura intentó caminar sobre el cauce de la quebrada El Obraje para verificar de dónde sale exactamente el agua que ahora corre por ahí, pero el perímetro está rodeado por soldados que impiden el paso. Al hacer una consulta con vista de satélite en Google Maps se puede observar que el CECOT está construido justo frente al nacimiento de tres ríos.

Junto a dos de estos nacimientos, incluida la quebrada El Obraje, se ven dos construcciones rectangulares. Los habitantes de las comunidades San Francisco Angulo y El Milagro aseguran que son las plantas de tratamiento de aguas. “Antes eso no estaba”, asegura un líder comunal. “Le digo porque yo he vivido aquí toda mi vida y conozco estas tierras. Eso no estaba. Esas son las plantas supuestamente de tratamiento y desde ahí dejan ir el agua contaminada”.

América Futura visitó también dos de las escuelas ubicadas en dos comunidades afectadas. Dos empleados de ambas escuelas —que pidieron enfáticamente no revelar sus nombres por temor a ser despedidos— dijeron que los niños están sufriendo de enfermedades estomacales. “De 12 alumnos que tengo en esta sección, ahorita mismo solo hay cuatro, como usted puede ver. Los demás están ausentes porque tienen diarrea y dengue”, dijo.

Ante la falta de servicio de agua potable, los maestros han optado por pedirle a los niños que lleven agua purificada desde sus casas, pero la pobreza no siempre se lo permite. “Ellos traen sus botellas, pero el agua que traen también viene contaminada porque la agarran del chorro (grifo)”, dijo una de las fuentes consultadas. “Hubo unos meses en los que compramos agua embotellada, pero el camión no siempre viene y significó un gasto que no podíamos costear porque los profesores lo poníamos de nuestra bolsa”, añadió.

En la escuela, un grupo de niños de unos cinco años de edad dibujan en sus cuadernos.

—¿De dónde toman agua?, pregunta la maestra en voz alta.

— De la pichinga (botella), responden los niños en coro.

—¿Y de dónde llenan la pichinga?, pregunta de nuevo la maestra.

—¡Del chorro!, gritan los niños.

Las autoridades responsables de velar por la calidad del agua y de la salud de la población se han desentendido o han negado el problema, según los habitantes de la comunidad. El 14 de febrero pasado, una comitiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) llegó a la comunidad El Milagro, según les dijeron a los líderes comunales, por las reiteradas denuncias. Pero luego de prometer que volverían para realizarle un examen al agua y medir su nivel de contaminación, nunca más regresaron. América Futura intentó obtener una postura oficial a través del secretario de prensa de la Presidencia, pero éste no respondió a los mensajes.

Desesperados y abandonados por el Estado, los habitantes de las comunidades El Milagro y San Francisco Angulo han buscado diferentes formas para purificar el agua. Pero, ante la ausencia de una institución que los oriente, a veces aplican métodos de dudosa efectividad. “Yo les he explicado a los padres en asamblea general que se agarra un recipiente con agua y se deja todo el día en el sol y toda la noche bajo la luna y al siguiente día esa agua sabe bien”, dijo una de las maestras de la escuela mientras veía jugar a los niños y a algunos tomar agua contaminada del grifo.

elpais.com

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Extración minera en Perú: Deforestación y extremos daños ambientales

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El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales.

El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales.

En Madre de Dios, sureste de Perú, la extracción ilegal de oro dejó un paisaje lunar de cráteres, lagos de lodo y manchas cafés en medio del bosque verde de la Amazonía.

El aumento exponencial de los precios del oro y el descontrol territorial ha llevado a miles de mineros ilegales a invadir los ríos amazónicos de varias regiones peruanas.

Desde la región amazónica de Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal, la veterinaria y científica Claudia Vega, del Centro de innovación científica Amazonia CINCIA calcula que 128.000 hectáreas fueron deforestadas por la minería formal e informal, desde 1985, una superficie que equivale a alrededor de 80.000 canchas de fútbol.

“El oro está en el subsuelo, entonces, los mineros van desforestando para llegar al área de subsuelo para poder buscar el oro en ese en ese substrato”, constata Vega.

A la deforestación, se suma otro impacto devastador: la contaminación por mercurio. Desde la organización sin fines de lucro CINCIA, basada en Puerto Maldonado, la científica monitorea en particular la contaminación por esta sustancia en la región.

“Los mineros colocan mercurio en el sustrato para que se una con el oro, forma una amalgama, se extrae, se quema, el oro se queda y el mercurio se libera. Cuando se hace este proceso, puede haber contaminación al ambiente y a los ríos”, explica Claudia Vega, en entrevista con RFI.

CONCENTRACIONES DE MERCURIO 5 VECES MÁS ALTAS DE LO NORMAL

A través de muestras en peces, murciélagos, aves, aire y agua, la científica ha demostrado que “cuando hay actividad minera, las concentraciones de mercurio aumentan significativamente.

En aves, estas concentraciones son por lo menos el doble y en ciertas especies que tienen capacidad de concentrar más mercurio, puede haber 5 veces más concentración de mercurio comparado con otros lugares”, detalla Claudia Vega.

La presencia de mercurio en los organismos de la población de la región de Madre de Dios ha sido comprobada en 2012 por un estudio de la Universidad de Duke a través de muestras de cabello. Sin embargo, no se ha medido aun el impacto en la salud de la población.

“Puede haber disminución de la respuesta inmunológica, de la capacidad de aprendizaje en las poblaciones humanas. Uno de los principales focos son las comunidades indígenas que pueden llegar a consumir más de 200 gramos de pescados diario”, explica Claudia Vega.

A lo largo del río Cenepa, un afluente del río Marañón en el departamento de Amazonas, fronterizo con Ecuador, la minería ilegal parece haber llegado para quedarse.

“Se vive esto desde el 2014 pero en pequeña proporción, con un par de dragas, y desde 2022 estamos prácticamente invadidos por los mineros ilegales, habiendo en cada comunidad 15 dragas como mínimo”, constata el líder autóctono. “Es ahí donde empieza el boom de la corrupción, pago, el consumo de alcohol, prostitución, consumo de marihuana y la división de los pobladores. Un caos total. [La minería] ha traído no solamente problemas sociales sino también altos índices del VIH, una enfermedad que es difícil de tratar”, alerta Dante Sejekam Espejo, en entrevista con RFI.

“Ya no podemos bañarnos ni consumir el pescado del río. Peor aún, ya no podemos consumir agua”, alerta el líder comunitario quien exige al estado peruano estudios de la calidad del agua.

El uso masivo de dragas ha perturbado también la circulación en el río.

“Hay pirámides de piedras en el río que impiden el paso”, denuncia Dante Sejekam. Y el desplazamiento de grandes masas de aluviones fragiliza las orillas y causa deslizamientos de tierras, reporta Sejekam.

REFORESTAR LAS ÁREAS DESTRUIDAS

En septiembre de 2023, la organización local ODECOFROC llevó a cabo un operativo, conjuntamente con el gobierno local y las fuerzas del orden, para expulsar a los mineros ilegales.

“Ha disminuido la cantidad de dragas, pero todavía están trabajando [los mineros] y generando caos, sin embargo, no tenemos presupuesto”, reconoce Dante Sejekam.

El líder autóctono llama ahora a las autoridades políticas a movilizarse para ofrecer alternativas económicas:

“Algunas comunidades pro mineras han dejado la minería y necesitan nuestro respaldo para encontrar alternativas productivas como la piscicultura, el cultivo del caco o la hortaliza”.

En algunas regiones peruana, la minería ha penetrado tanto el tejido económico que se ha convertido en un sustento económico para muchas familias. Y en algunos casos, las ONG buscan incentivar al menos practicas más sostenibles.

En la región de Madre de Dios, la ONG CINCIA apoya por ejemplo a las familias que practican la minería sin mercurio e incentiva la reforestación de parcelas degradadas por la minería.

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América Latina lidera la agenda ambiental en un mundo en crisis

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América Latina lidera la agenda ambiental en un mundo en crisis

Muy a menudo, cuando pensamos en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, o la contaminación, estos grandes problemas se nos antojan abstractos, etéreos e incluso lejanos. Esto pasa en gran medida porque nosotras, como la mayoría de quienes nos leen, vivimos en áreas urbanas con poco contacto diario con la naturaleza. No obstante, esta distancia física con nuestro entorno natural no cambia el hecho de que la salud de la población y de nuestras economías dependa directamente de la salud de la naturaleza.

Esto lo estamos entendiendo en América Latina, por las malas, con las “guerras del agua” que nos embisten en diferentes latitudes, así como con señales alarmantes de que ecosistemas vitales para el equilibrio planetario se están acercando a un punto de no retorno ecológico. Por ejemplo, de continuar el índice actual de deforestación, la Amazonia podría convertirse en desierto, afectando a regiones como Los Andes, la Plata y los humedales en el Pantanal; e incluso induciendo cambios en los patrones de agua a nivel global, pérdidas irreparables de biodiversidad y liberación de carbono, lo que exacerbaría el cambio climático y pérdidas en los medios de vida de comunidades locales y pueblos indígenas.

En el otro lado de la moneda, hay algo positivo de estas interrelaciones. En nuestra región, presenciamos historias sorprendentes de quienes se han convertido en jardineros de corales en Colombia y creadores de guarderías bajo el mar para recuperar estos ecosistemas en Brasil. Los arrecifes de coral, seriamente afectados por el calentamiento de los océanos, pueden a su vez cuidar la salud de las personas proveyéndoles de alimento, protegiéndoles de tormentas, promoviendo el turismo basado en naturaleza y siendo fuente de componentes medicinales para combatir diversas enfermedades.

Este es el caso de la gran mayoría de nuestros ecosistemas naturales: son sumamente frágiles, están siendo afectados directamente por las actividades humanas con grandes riesgos hacia el futuro y la salud de estos ecosistemas, que también es la nuestra, invita a una responsabilidad de cuidado conjunta.

En 2024 y 2025, América Latina tiene la oportunidad de liderar acciones contundentes a nivel global en estos temas. Dos países latinoamericanos serán epicentro de los esfuerzos de Naciones Unidas para hacer frente a estas problemáticas: Colombia organizará la Cumbre de Biodiversidad en octubre de este año (COP16), mientras que Brasil albergará la Cumbre de Cambio Climático en noviembre de 2025 (COP30).

La región está bien posicionada para jugar un papel de líder y predicar con el ejemplo, pues aunque genera menos del 10% de las emisiones globales de los gases causantes del cambio climático, tiene uno de los más altos niveles de biodiversidad del planeta, con una increíble riqueza de especies, particularmente endémicas.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben, pues, demostrar un liderazgo responsable, que aborde de manera integral la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y asegure condiciones habilitantes para el desarrollo sostenible. En este sentido, es indispensable avanzar en procesos conjuntos de planificación, implementación y financiamiento, alrededor de las siguientes acciones:

  • Primero, garantizar que los procesos nacionales de planificación de políticas sobre clima y biodiversidad se integren en el desarrollo de estrategias sectoriales;
  • Segundo, priorizar y establecer estrategias financieras con participación de banca nacional de desarrollo, banca multilateral, sector privado y cooperación internacional de países desarrollados, con miras a implementar soluciones basadas en la naturaleza que puedan contribuir tanto a los objetivos climáticos como a los de biodiversidad y el ejercicio de los derechos humanos;
  • Tercero, aumentar la representación y recursos para que pueblos indígenas y comunidades locales afrodescendientes, campesinas, pesqueras, mujeres, jóvenes, niñas y niños y otros actores afectados desproporcionadamente por su vulnerabilidad o nivel de marginación, actúen sobre el cambio climático y la biodiversidad a través de enfoques holísticos;
  • Cuarto, apoyar las asociaciones público-privadas, junto con las iniciativas no estatales, como catalizadores clave para una acción integradora.

El futuro de Latinoamérica y del planeta depende de nuestra acción inmediata. Es obligación de los tomadores de decisión y líderes regionales seguir el ejemplo de proteger ecosistemas vitales para asegurar la salud de las personas en los acuerdos de la COP16, y la futura COP30, y posicionar una voz latinoamericana fuerte y sólida.

elpais.com

 

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