Análisis Noticiosos
Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar
Por Juan Bolívar Díaz
El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al Gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.
El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.
Múltiples acontecimientos. Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el Gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.
Por otro lado el Pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su director de informática, Miguel Angel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.
Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.
Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde el Ministerio Público.
Como si no pasara nada
La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.
La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.
Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el Gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio, aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.
El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.
“Justicia o esto se va a jodé” De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.
Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.
La rapidísima condena de la JCE y del Gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.
El Gobierno se preocupa. El estallido de las protestas comenzó a preocupar al Gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.
El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de Febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el Gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.
En la mañana de ayer el presidente del Conep, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.
La proclama opositora
Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al Gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del Gobierno.
Predominó saludar que el oficialismo reconociera la existencia de una crisis y mostrara apertura a la búsqueda de acuerdo, más aún cuando se enteraron de las resoluciones del Pleno de la JCE y la disposición del Gobierno para que la PGR suspendiera su “investigación” dejando libre al coronel Guzmán y al técnico Regalado. Pero remitiendo a las demandas específicas para la equidad electoral que presentarán este domingo.
Los opositores se inclinan por un diálogo al más alto nivel, que incluya al presidente Danilo Medina, por considerar que él es un actor protagonista del proceso de crisis política e institucional que se viene configurando hace más de un año, que incluyeron los intentos de otra reforma constitucional reeleccionista y los abusos del Estado denunciados para las elecciones primarias, así como en la campaña para las municipales.
En los círculos opositores existe la determinación de no defraudar las demandas de esclarecimiento del boicot electoral, y sanciones a los responsables, y de garantías para unas elecciones a celebrarse en solo tres semanas, y especialmente para las presidenciales y congresuales cuando estará en juego todo el poder del Estado. Hay quienes plantean que sería una tontería tirar la toalla al Gobierno sin lograr garantías específicas que reduzcan los abusos del Estado en las campañas electorales.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.