El expelotero Baltazar Mesa.
Santo Domingo, RD.-El expelotero Baltazar Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización de cocaína con sede en la República Dominicana.
Según explica la acusación en su contra, elaborada por el Distrito Sur de La Florida, esta organización usó barcos de pesca recreacional para transportar 250 kilogramos de la cocaína de Colombia a los Estados Unidos en diciembre de 2018.
Señalan que Mesa también coordinó con recibidores de los narcóticos con sede en la República Dominicana y en el sur de la Florida transportar las ganancias procedentes de los envíos de cocaína de regreso a Colombia.
Además de Mesa en esta organización participaban un grupo de personas identificadas como Randy Pérez- Ruano, José Luis Hernández Estévez, Jasiel Martínez Valdés, César Castro, Dalyan Santiago Blanco-García, Álvaro Montaño, Brian Anthony Reyes y Jeffrey Castillo.
Las autoridades norteamericanas expresan que desde principios de abril de 2018 hasta el 8 de enero de 2019, Mesa trabajó en esta organización, la cual fue responsable de transportar varios cientos de kilogramos de cocaína de Colombia al sur de Florida y otros lugares.
Desde abril de 2018, la justicia estadounidenses monitoreo las conversaciones de Mesa con otros miembros de la organización, por medio de intercepciones autorizadas judicialmente en Colombia.
“Las comunicaciones de Mesa revelaron que él actuó como un traficante marítimo de cocaína de alto nivel ubicado en la República Dominicana, quien viajaba a Colombia para reunirse con traficantes de cocaína en Colombia y comprar grandes cantidades de cocaína de ellos”, explica el expediente.
Señala que el expelotero luego contrataba los servicios de ciudadanos cubanos y estadounidenses para transportar la cocaína, a través de barcos de pesca, a los Estados Unidos donde era distribuida y vendida por miembros de la organización con sede en ese país.
Las autoridades norteamericanas pudieron identificar la participación de Baltazar Mesa en un envío de 250 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos mediante información recibida por un informante solo identificado como CS1.
A principios de diciembre de 2018 esta persona alertó a las autoridades sobre el envío de dicha cantidad de droga, que se había empezado a planear desde abril de 2018. Según específica el expediente, Mesa le había informado a CS1 que el barco en que se transportaría la droga desde Colombia era capaz de cargar hasta 500 kilogramos.
El 4 de enero de 2019 o alrededor de esa fecha, las autoridades estadounidenses recibieron información de que la carga de cocaína enviada por el expelotero había llegado al sur de la Florida y estaba en proceso de ser distribuida.
Dos de las personas encargadas de distribuir el cargamento de droga, César Castro y Jeffrey Castillo, fueron arrestados con 50 kilogramos de cocaína.
Tras sus arrestos decidieron colaborar con las autoridades de los Estados Unidos e informaron que habían estado trabajando con Baltazar Mesa en la planificación de la importación de más de 250 kilogramos de cocaína.
“Mesa era el dueño de la cocaína y había organizado la operación de importación y distribución, la cual debía llevarse a cabo por otros cómplices”, explica el expediente.
El día del arresto, Mesa instruyó a César Castro a que se reuniera con Blanco García y recibiera 100 kilogramos de cocaína, 50 kilogramos de los cuales fue instruido a entregar a Jeffrey Castillo.
Tras los arrestos César Castro y las autoridades realizaron varias llamadas interceptadas a Randy Pérez- Ruano, quien estaba en la República Dominicana trabajando con Castro para coordinar el recibimiento de cocaína en Colombia, la importación de cocaína a los Estados Unidos y la distribución de esta sustancia en la Florida.
“Durante las llamadas Mesa le dijo a Castro que ellos ya tenían boletos, un eufemismo para dinero. Mesa dijo que Randy tenía la mitad queriendo decir la mitad de un millón de dólares o $500,000. Esta interpretación fue confirmada por Castro, quien informó que otros participantes de la importación de drogas estaban distribuyendo la cocaína y recolectando el dinero, y que ya habían recibido un millón de dólares procedentes de la venta de cocaína”, explica la acusación que pesa en su contra en los Estados Unidos, y a la que ha tenido acceso este diario.
Las autoridades creen que la organización logró distribuir aproximadamente 150 kilogramos de cocaína, los cuales fueron mercantilizados en el sur de la Florida. Explican que un kilogramo de cocaína se estaba vendiendo por aproximadamente 26,000 dólares o más en enero de 2019.
“Esto significa que la organización pudo haber recolectado hasta $3, 900 o 4, 160, 000 procedentes de la distribución del resto de la carga de cocaína”, informan.
Las autoridades norteamericanas han identificado a Baltazar Mesa como “Baltazar” o “El Maestro”.
Mesa fue apresado el 21 de este mes, luego de que se le vinculara como parte de uno de los cabecillas de la red de narcotráfico dirigida por César Emilio Peralta, “César el Abusador”.
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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
