El expelotero Baltazar Mesa.
Santo Domingo, RD.-El expelotero Baltazar Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización de cocaína con sede en la República Dominicana.
Según explica la acusación en su contra, elaborada por el Distrito Sur de La Florida, esta organización usó barcos de pesca recreacional para transportar 250 kilogramos de la cocaína de Colombia a los Estados Unidos en diciembre de 2018.
Señalan que Mesa también coordinó con recibidores de los narcóticos con sede en la República Dominicana y en el sur de la Florida transportar las ganancias procedentes de los envíos de cocaína de regreso a Colombia.
Además de Mesa en esta organización participaban un grupo de personas identificadas como Randy Pérez- Ruano, José Luis Hernández Estévez, Jasiel Martínez Valdés, César Castro, Dalyan Santiago Blanco-García, Álvaro Montaño, Brian Anthony Reyes y Jeffrey Castillo.
Las autoridades norteamericanas expresan que desde principios de abril de 2018 hasta el 8 de enero de 2019, Mesa trabajó en esta organización, la cual fue responsable de transportar varios cientos de kilogramos de cocaína de Colombia al sur de Florida y otros lugares.
Desde abril de 2018, la justicia estadounidenses monitoreo las conversaciones de Mesa con otros miembros de la organización, por medio de intercepciones autorizadas judicialmente en Colombia.
“Las comunicaciones de Mesa revelaron que él actuó como un traficante marítimo de cocaína de alto nivel ubicado en la República Dominicana, quien viajaba a Colombia para reunirse con traficantes de cocaína en Colombia y comprar grandes cantidades de cocaína de ellos”, explica el expediente.
Señala que el expelotero luego contrataba los servicios de ciudadanos cubanos y estadounidenses para transportar la cocaína, a través de barcos de pesca, a los Estados Unidos donde era distribuida y vendida por miembros de la organización con sede en ese país.
Las autoridades norteamericanas pudieron identificar la participación de Baltazar Mesa en un envío de 250 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos mediante información recibida por un informante solo identificado como CS1.
A principios de diciembre de 2018 esta persona alertó a las autoridades sobre el envío de dicha cantidad de droga, que se había empezado a planear desde abril de 2018. Según específica el expediente, Mesa le había informado a CS1 que el barco en que se transportaría la droga desde Colombia era capaz de cargar hasta 500 kilogramos.
El 4 de enero de 2019 o alrededor de esa fecha, las autoridades estadounidenses recibieron información de que la carga de cocaína enviada por el expelotero había llegado al sur de la Florida y estaba en proceso de ser distribuida.
Dos de las personas encargadas de distribuir el cargamento de droga, César Castro y Jeffrey Castillo, fueron arrestados con 50 kilogramos de cocaína.
Tras sus arrestos decidieron colaborar con las autoridades de los Estados Unidos e informaron que habían estado trabajando con Baltazar Mesa en la planificación de la importación de más de 250 kilogramos de cocaína.
“Mesa era el dueño de la cocaína y había organizado la operación de importación y distribución, la cual debía llevarse a cabo por otros cómplices”, explica el expediente.
El día del arresto, Mesa instruyó a César Castro a que se reuniera con Blanco García y recibiera 100 kilogramos de cocaína, 50 kilogramos de los cuales fue instruido a entregar a Jeffrey Castillo.
Tras los arrestos César Castro y las autoridades realizaron varias llamadas interceptadas a Randy Pérez- Ruano, quien estaba en la República Dominicana trabajando con Castro para coordinar el recibimiento de cocaína en Colombia, la importación de cocaína a los Estados Unidos y la distribución de esta sustancia en la Florida.
“Durante las llamadas Mesa le dijo a Castro que ellos ya tenían boletos, un eufemismo para dinero. Mesa dijo que Randy tenía la mitad queriendo decir la mitad de un millón de dólares o $500,000. Esta interpretación fue confirmada por Castro, quien informó que otros participantes de la importación de drogas estaban distribuyendo la cocaína y recolectando el dinero, y que ya habían recibido un millón de dólares procedentes de la venta de cocaína”, explica la acusación que pesa en su contra en los Estados Unidos, y a la que ha tenido acceso este diario.
Las autoridades creen que la organización logró distribuir aproximadamente 150 kilogramos de cocaína, los cuales fueron mercantilizados en el sur de la Florida. Explican que un kilogramo de cocaína se estaba vendiendo por aproximadamente 26,000 dólares o más en enero de 2019.
“Esto significa que la organización pudo haber recolectado hasta $3, 900 o 4, 160, 000 procedentes de la distribución del resto de la carga de cocaína”, informan.
Las autoridades norteamericanas han identificado a Baltazar Mesa como “Baltazar” o “El Maestro”.
Mesa fue apresado el 21 de este mes, luego de que se le vinculara como parte de uno de los cabecillas de la red de narcotráfico dirigida por César Emilio Peralta, “César el Abusador”.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
