Economía
Banco de Reservas ajusta plan de retiro de 2,238 empleados
Pensiones de administradores Banreservas provienen del Banco.
SANTO DOMINGO. El Banco de Reservas (BR) realizó cambios en su Plan Sustitutivo de Retiro y de Pensiones que tienen como objetivo eliminar un déficit actuarial que desde años arrastra este fondo previsional.
Todos los empleados afiliados a ese plan están «totalmente» de acuerdo con las medidas asumidas, según Enrique Ramírez Paniagua, administrador del BR
Las medidas correctivas incluye duplicar, durante 3 años y medios, los aportes que realizan los empleados y la institución empleadora. Estos aportes eran de 5% del salario mensual, lo que pasará a ser de 10%.
Además se elimina el ajuste por inflación durante estos tres años y medios a las pensiones que superen los 50 mil pesos mensuales. También se limitan los beneficios de viudez, por el cual, cuando la persona pensionada muere, su pareja legal recibe su pensión por tiempo «indefinido».
En lo adelante, el o la consorte recibirá ese beneficio si tenía 15 o más año de casado con la persona pensionada a la fecha de su muerte.
Según los estados financieros auditados del 2013, el Fondo de Pensiones y Jubilación del Banco de Reservas tenía una déficit actuarial de RD$556,698,778. Sin embargo, en 2012 este déficit era más de 11 veces mayor, al alcanzar los RD$6,225,292,571.
Sobre esta caída tan drástica, de 1,018%, fue preguntado el administrador del BR, quien respondió: «Por que había un error actuarial, que se corrigió y se discutió con los auditores y con todo el mundo, y todo el mundo estuvo de acuerdo». Sin embargo, reconoce que su gestión aportó «mil y pico de millones en 2013 al fondo».
A marzo de 2014, el BR tiene 7,949 empleados. Desde 2003, cuando entró en vigencia el Sistema Dominicano de la Seguridad Social todos los de nuevos ingresos fueron pasando al sistema previsional de capitalización individual, pero los que estaban empleados antes de ese año quedaron afiliados en un plan sustitutivo. Ramírez Paniagua informa que en ese plan cotizan «3,000 y pico de los empleados».
«Cotizaban un 5% y el Banco cotizaba un 5%. Y lo aumentamos a un 10% cada uno, de manera que lo hacemos más agresivo desmontando (el déficit), porque disminuye la cantidad de gente que se va a pensionar en el tiempo, explica. Con esas palabras el funcionario se refiere al hecho de que también se elevó en 5 años la edad de retiro. Antes era de 55 años, ahora es de 60 años.
«Pensiones simpáticas»
Pero para que las medidas correctivas funcionen, es necesario «que no se hagan pensiones simpáticas», Y lo aclara: las pensiones que siempre salen en la prensa «son las de los administradores» que nunca han estado cargadas al plan, porque no lo resiste.
Dice que «esas pensiones las asume el Banco, según una disposición que se tomó hace año». Esa política establece que los administradores y «creo que» los sub administradores del BR al final de su gestión, reciban una pensión porque «está dentro de unos beneficios que les corresponden».
La Superintendencia de Pensiones no ha divulgado una resolución sobre el registro de esa modalidad de pensión, ni se conocen cuales otros términos deben cumplir estos funcionarios, además de su simple designación en esos puestos, para ser merecedor de este beneficio de por vida, que es financiado con el erario.
El régimen del plan sustitutivo del Banco de Reservas establece que esta entidad debe destinar el 2.5% de los beneficios netos al Plan Sustituvivo «Eso está aprobado por el Consejo de directores el Banco, y de hecho vanos a dar más del 2.5% con lo que estamos haciendo ahora, por lo menos en los próximos tres años», explica el administrador del BR.
Preocupaciones
En abril de este año, un amplio grupo de empleados del Banco de Reservas envía un comunicado al administrador Enrique Ramírez Paniagua, donde le expresan sus preocupaciones e inquietudes sobre los cambios en la modalidad de pago de las pensiones del Plan Retiro, que en ese entonces, se temía que fuera situado «fuera del entorno del banco».
Según la misiva, en ese momento se hablaba de una modalidad de pago de renta vitalicia en la compañía Seguro Banreservas, o de la creación de un fideicomiso.
En ese momento esos empleados dicen no tener «información suficiente» para edificar sus juicios, y agregan: Esta situación «genera incertidumbres, temores y quien sabe que otros tipos de trastornos emocionales a nuestros pensionados».
Altas remuneraciones
Una propuesta realizada por los empleados del Banco de Reservas que cotizan al Plan Sustitutivo de Pensiones fue «revisar la posibilidad de establecer límites a los beneficios establecidos, de manera particular para aquellos miembros del Plan que pudieran recibir una alta remuneración». Los empleados plantearon otras iniciativas para que fueran tomadas en cuenta, entre las cuales incluye la de iniciar negociaciones con la AFP Reservas para «revisar la comisión por concepto de administración de los fondos».
Estiman en casi 2,600 empleados a los afiliados a ese Plan.
DIARIO LIBRE.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.