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Supuestos bandoleros usurpaban roles de oficiales federales de Estados Unidos.

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Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.
Los alegados delincuentes usaban la tecnología y se prestaban para ser agentes operado­res que contactan a las víc­timas estafándolas y ex­torsionándolas conforme a un guion previamente establecido por el propie­tario o administrador del mismo.

El uso de la tecnología ha sido su principal he­rramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redi­reccionamiento para lla­madas simuladas para la comisión del ilícito.

Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciación de malhechores y lavado de activos.

Su modus operandi era a través de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.

Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la República Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­teamérica para posterior­mente transferir los capi­tales ilícitos obtenidos y blanquearlos.

Además, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a tra­vés de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas.

Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fon­dos en efectivo que reci­bían de sus operaciones ilícitas, como la estafa in­ternacional y el tráfico de armas, a través de empre­sas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, te­le servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.

También de servicios de transporte de personas, in­termediario de ventas de vehículos, servicios de trac­king vía GPA, servicios de chofer personalizado, a tra­vés de la producción de mú­sica y video del género ur­bano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas coto­sas (relojes, cadenas), entre otros.

Otra de las característi­cas de esta organización cri­minal es la tenencia y co­mercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional de­nominada “Los Trinitarios”.

La mayoría de los inte­grantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de Améri­ca, otros tienen anteceden­tes penales en el país, así co­mo su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciu­dad de Santiago de los Caba­lleros donde tenían su centro de mando y operación.

Portaban armas de fue­go de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pa­ra uso de policías y militares como es el caso de las suba­metralladoras Uzi.

Invirtieron dinero ilíci­to en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, leal­tades e impunidad.

La red criminal utilizaba diversas maneras para esta­far a sus víctimas, utilizan­do habilidades de ingenie­ría social.

Según plantea el Minis­terio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les deposita­ran dinero.

De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la des­mantelada red “infundían terror a personas diciéndo­les que podían secuestrar­los a ellos y su familia. Es­to les garantizaba que las víctimas pudieran deposi­tar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el re­sultado del crimen”.

Ya de manera más especí­fica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafado­res adulteraban, en primer lugar, su identificación.

Sobre esto, explica en el expediente que utiliza­ban proveedores especiali­zados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en in­ternet.

Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su número, iniciaba sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la informa­ción de pago.

“Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente pertenecien­te a una tarjeta prepaga ad­quirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última”, explica.

El paso siguiente consis­tía en que el proveedor lla­ma al atacante al número suministrado, luego llama a la víctima y acto siguien­te unen ambas comunica­ciones junto con la informa­ción legítima.

Habiendo concretado to­dos estos pasos, el destina­tario de la estafa ve la iden­tificación falsa, contesta la línea y es comunicado di­rectamente con el atacante, quien procede con su mo­dus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.

Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yibeti Polan­co, aplazó para el lunes 14 de este mes el cono­cimiento de medida de coerción contra los im­plicados la Operación Discovery.

La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abo­gados de los acusados, quienes pidieron el ex­pediente de manera físi­ca y no digital.

Operación Discovery se dio a conocer la sema­na pasada, tras el des­mantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciu­dadanos en Estados Uni­dos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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Senado aprueba ley para el pago de deuda por obras previas a Ley de Compras

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Santo Domingo. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.

Al motivar la aprobación de dicha legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.

“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.

El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.

Senado

La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.

OTROS TEMAS APROBADOS
El Pleno aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.
Además, se sancionó en única lectura el proyecto que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, presentado por el senador Julito Fulcar.
Durante la sesión extraordinaria de este sábado, se ratificó a Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente en el Reino Hachemita de Jordania (con sede en Egipto).
Primera Lectura
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley sobre los Actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2020.

Previo al inicio de la sesión los senadores rindieron un minuto por el fallecimiento del viceministro Demetrio Antonio Paulino.

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Procuradora Yeni Berenice asume investigación del caso de Brianna Genao

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Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió directamente la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, un caso que ha generado profunda conmoción a nivel nacional.

La información fue confirmada por la senadora Ginette Bournigal, quien explicó que la decisión busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos, técnicos y forenses del Estado para esclarecer los hechos.

Mientras avanzan las indagatorias, el abuelo paterno de la menor, Braulio González, confirmó la noche de este viernes que los dos tíos de la niña, quienes figuraban como sospechosos en el proceso, fueron puestos en libertad por las autoridades.

González relató que durante este sábado acudió a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, donde fue informado de manera oficial de que Rafael Rosario Núñez (52 años) y Reyes Núñez Rosario (43 años) habían sido liberados la noche del jueves.

Al solicitar detalles, indicó que representantes del Ministerio Público le comunicaron que el caso continúa bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis siguen en curso.

Visiblemente afectado, el abuelo de la menor expresó entre lágrimas su angustia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

  • «Yo solo quiero que las autoridades me den un voto de fe. Si esas personas son culpables, que paguen. Yo no duermo, estoy viviendo una pesadilla. Todavía albergo la esperanza de que mi niña esté con vida, pero si no es así, por lo menos quiero que aparezca su cuerpecito para poder enterrarla y tener un poco de paz», manifestó González.

Medida de coerción pendiente

Fuentes ligadas a la investigación informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción, ya que se encuentra en proceso de validación de las evidencias recopiladas.

Las autoridades aseguran que la demora responde a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien sustentado.

Antecedentes del caso

La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 p. m., cuando se encontraba en el patio de la vivienda de su bisabuela paterna, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona montañosa y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.

Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario, quienes posteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con reportes preliminares, ambos habrían ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.

Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han realizado operativos en zonas boscosas, cañadas y vertederos de Imbert y comunidades cercanas, sin lograr dar con el paradero de la infante.

El caso mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares de la menor, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este doloroso hecho.

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