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Supuestos bandoleros usurpaban roles de oficiales federales de Estados Unidos.

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Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.
Los alegados delincuentes usaban la tecnología y se prestaban para ser agentes operado­res que contactan a las víc­timas estafándolas y ex­torsionándolas conforme a un guion previamente establecido por el propie­tario o administrador del mismo.

El uso de la tecnología ha sido su principal he­rramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redi­reccionamiento para lla­madas simuladas para la comisión del ilícito.

Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciación de malhechores y lavado de activos.

Su modus operandi era a través de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.

Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la República Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­teamérica para posterior­mente transferir los capi­tales ilícitos obtenidos y blanquearlos.

Además, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a tra­vés de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas.

Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fon­dos en efectivo que reci­bían de sus operaciones ilícitas, como la estafa in­ternacional y el tráfico de armas, a través de empre­sas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, te­le servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.

También de servicios de transporte de personas, in­termediario de ventas de vehículos, servicios de trac­king vía GPA, servicios de chofer personalizado, a tra­vés de la producción de mú­sica y video del género ur­bano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas coto­sas (relojes, cadenas), entre otros.

Otra de las característi­cas de esta organización cri­minal es la tenencia y co­mercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional de­nominada “Los Trinitarios”.

La mayoría de los inte­grantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de Améri­ca, otros tienen anteceden­tes penales en el país, así co­mo su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciu­dad de Santiago de los Caba­lleros donde tenían su centro de mando y operación.

Portaban armas de fue­go de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pa­ra uso de policías y militares como es el caso de las suba­metralladoras Uzi.

Invirtieron dinero ilíci­to en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, leal­tades e impunidad.

La red criminal utilizaba diversas maneras para esta­far a sus víctimas, utilizan­do habilidades de ingenie­ría social.

Según plantea el Minis­terio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les deposita­ran dinero.

De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la des­mantelada red “infundían terror a personas diciéndo­les que podían secuestrar­los a ellos y su familia. Es­to les garantizaba que las víctimas pudieran deposi­tar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el re­sultado del crimen”.

Ya de manera más especí­fica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafado­res adulteraban, en primer lugar, su identificación.

Sobre esto, explica en el expediente que utiliza­ban proveedores especiali­zados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en in­ternet.

Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su número, iniciaba sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la informa­ción de pago.

“Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente pertenecien­te a una tarjeta prepaga ad­quirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última”, explica.

El paso siguiente consis­tía en que el proveedor lla­ma al atacante al número suministrado, luego llama a la víctima y acto siguien­te unen ambas comunica­ciones junto con la informa­ción legítima.

Habiendo concretado to­dos estos pasos, el destina­tario de la estafa ve la iden­tificación falsa, contesta la línea y es comunicado di­rectamente con el atacante, quien procede con su mo­dus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.

Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yibeti Polan­co, aplazó para el lunes 14 de este mes el cono­cimiento de medida de coerción contra los im­plicados la Operación Discovery.

La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abo­gados de los acusados, quienes pidieron el ex­pediente de manera físi­ca y no digital.

Operación Discovery se dio a conocer la sema­na pasada, tras el des­mantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciu­dadanos en Estados Uni­dos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.

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Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional

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El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos

Por Alberto Rodríguez

SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.

Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día

El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana

Una lista de prófugos bajo seguimiento

Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.

Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.

La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana

El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Actuación policial y derechos humanos

Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.

Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día

Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana

Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez

Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.

El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día

El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Seguridad sin apartarse de la legalidad

El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.

La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana

El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.

La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.

Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.

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Segundo temblor del día sacude República Dominicana y genera alarma en varias provincias

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El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños

Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.

El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.

Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.

El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.

Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.

Movimiento fue sentido a gran distancia

La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.

En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.

También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.

Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.

Fue el segundo sismo sentido este domingo

Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.

Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.

Autoridades mantienen vigilancia

Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.

Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.

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Ministerio Público sostiene que asalto contra Julián Oro Duro fue preparado con un mes de anticipación

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La acusación asegura que hubo reuniones previas, información interna sobre la vivienda y posterior distribución del dinero y las prendas sustraídas

Por Carlos Baret

Santo Domingo, República Dominicana.– El asalto ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, no habría sido improvisado. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los cuatro imputados habrían organizado el hecho aproximadamente un mes antes de ejecutarlo.

El expediente atribuye participación en la planificación y ejecución a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como Chiquito; Juan Carlos Hernández García, alias Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez.

El caso está relacionado con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, las lesiones sufridas por Julián Oro Duro y la sustracción de dinero, joyas y otras pertenencias de la residencia.

Para sustentar su teoría, el órgano acusador señala que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia, recuperación de bienes sustraídos, evidencias materiales, movimientos posteriores del dinero y registros de reuniones que presuntamente se produjeron antes del asalto.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta participación de Phillips Michael Tejada Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye haber proporcionado información sobre la vivienda y sus ocupantes.

Las autoridades consideran que esos elementos permiten sostener, en esta fase inicial del proceso, que existió una planificación previa entre los involucrados.

Declaración de “Yandel” forma parte del expediente

La solicitud de coerción también recoge declaraciones atribuidas a Kevin Dariel Germán Troncoso luego de entregarse a las autoridades.

Según el Ministerio Público, Yandel identificó a Lawrence Mark Liranzo Marcos como la persona que lo acompañó y habría señalado que el hecho había sido coordinado previamente con Tejada Vásquez y Juan Carlos Hernández García.

Esa declaración forma parte de los elementos utilizados por la acusación para vincular a los cuatro hombres, aunque deberá ser debatida junto a las demás pruebas durante el proceso judicial.

Madre de la víctima habría sido llevada a una habitación

El expediente reconstruye además parte de lo que, según los investigadores, ocurrió dentro de la vivienda.

La acusación sostiene que Yandel condujo a Sara Castillo Martínez, de 97 años y madre de Zeneida Socorro Castillo, hacia una de las habitaciones, mientras Chiquito habría recorrido diferentes áreas de la residencia buscando dinero, joyas y otros objetos de valor.

El Ministerio Público atribuye a los asaltantes la sustracción de US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros bienes.

Según la investigación, Julián Oro Duro llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:50 de la noche.

La acusación sostiene que, al entrar, fue atacado con una escultura de madera y un jarrón, recibiendo varios golpes en la cabeza y el rostro.

Luego habría sido despojado de una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, además de dinero y otras pertenencias.

Dinero y prendas aparecen entre evidencias ocupadas

Parte importante del expediente está sustentada en dinero y objetos que las autoridades dicen haber recuperado durante arrestos y allanamientos.

A Phillips Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados, según el Ministerio Público, 98 billetes de US$100, equivalentes a US$9,800, así como una cadena amarilla con una medalla de Cristo que la acusación identifica como propiedad de Julián Oro Duro.

También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante reuniones previas captadas por cámaras de seguridad.

En el caso de Kevin Dariel Germán Troncoso, el expediente refiere la ocupación de RD$30,000 y, en otra mochila localizada en una habitación de la vivienda de su suegra, US$3,750 y RD$88,000.

Respecto a Juan Carlos Hernández García, el documento presentado por el Ministerio Público señala la ocupación de US$240 y RD$500, aunque una información anterior de la Policía Nacional había situado la cantidad en US$240 y RD$32,000.

La diferencia entre ambos reportes deberá ser aclarada dentro de la investigación.

Allanamiento relacionado con “Chiquito”

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dinero y prendas durante una intervención vinculada a Lawrence Mark Liranzo Marcos.

Según el expediente, en poder de su madre fueron encontrados US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer que el Ministerio Público relaciona con los bienes sustraídos durante el asalto.

La procedencia de estos objetos y su conexión con cada uno de los imputados deberán ser establecidas judicialmente.

Acusación deberá ser probada ante el tribunal

El Ministerio Público utiliza estos elementos para sostener que existió una actuación coordinada antes, durante y después del hecho.

Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud de coerción representa la teoría inicial de la acusación y no una declaración definitiva de culpabilidad.

Corresponderá al tribunal valorar las evidencias, las declaraciones de los imputados y los argumentos de sus defensas para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.

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