Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.Nacionales
Supuestos bandoleros usurpaban roles de oficiales federales de Estados Unidos.
Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.El uso de la tecnología ha sido su principal herramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redireccionamiento para llamadas simuladas para la comisión del ilícito.
Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, asociación de malhechores y lavado de activos.
Su modus operandi era a través de llamadas utilizando diversos subterfugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizando “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad entre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.
Los acusados realizaban estafas internacionales desde la República Dominicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Norteamérica para posteriormente transferir los capitales ilícitos obtenidos y blanquearlos.
Además, utilizaban como medio para el movimiento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a través de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de beneficiarios y terceras personas.
Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, tele servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.
También de servicios de transporte de personas, intermediario de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA, servicios de chofer personalizado, a través de la producción de música y video del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas cotosas (relojes, cadenas), entre otros.
Otra de las características de esta organización criminal es la tenencia y comercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional denominada “Los Trinitarios”.
La mayoría de los integrantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de América, otros tienen antecedentes penales en el país, así como su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciudad de Santiago de los Caballeros donde tenían su centro de mando y operación.
Portaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de las subametralladoras Uzi.
Invirtieron dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, lealtades e impunidad.
La red criminal utilizaba diversas maneras para estafar a sus víctimas, utilizando habilidades de ingeniería social.
Según plantea el Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les depositaran dinero.
De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la desmantelada red “infundían terror a personas diciéndoles que podían secuestrarlos a ellos y su familia. Esto les garantizaba que las víctimas pudieran depositar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el resultado del crimen”.
Ya de manera más específica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafadores adulteraban, en primer lugar, su identificación.
Sobre esto, explica en el expediente que utilizaban proveedores especializados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en internet.
Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su número, iniciaba sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la información de pago.
“Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente perteneciente a una tarjeta prepaga adquirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última”, explica.
El paso siguiente consistía en que el proveedor llama al atacante al número suministrado, luego llama a la víctima y acto siguiente unen ambas comunicaciones junto con la información legítima.
Habiendo concretado todos estos pasos, el destinatario de la estafa ve la identificación falsa, contesta la línea y es comunicado directamente con el atacante, quien procede con su modus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.
Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yibeti Polanco, aplazó para el lunes 14 de este mes el conocimiento de medida de coerción contra los implicados la Operación Discovery.
La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abogados de los acusados, quienes pidieron el expediente de manera física y no digital.
Operación Discovery se dio a conocer la semana pasada, tras el desmantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.