Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.Nacionales
Supuestos bandoleros usurpaban roles de oficiales federales de Estados Unidos.
Santo Domingo, RD.-Usurpaban funciones de organismos de seguridad de los Estados Unidos los imputados en el caso Discovery, cuya banda operaba a través de una serie de call centers en la ciudad de Santiago y la cual fue desmantelada por el Ministerio Público.El uso de la tecnología ha sido su principal herramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redireccionamiento para llamadas simuladas para la comisión del ilícito.
Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, asociación de malhechores y lavado de activos.
Su modus operandi era a través de llamadas utilizando diversos subterfugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizando “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad entre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.
Los acusados realizaban estafas internacionales desde la República Dominicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Norteamérica para posteriormente transferir los capitales ilícitos obtenidos y blanquearlos.
Además, utilizaban como medio para el movimiento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a través de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de beneficiarios y terceras personas.
Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, tele servicios, tele atención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas, ventanas y renta de vehículos.
También de servicios de transporte de personas, intermediario de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA, servicios de chofer personalizado, a través de la producción de música y video del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas cotosas (relojes, cadenas), entre otros.
Otra de las características de esta organización criminal es la tenencia y comercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional denominada “Los Trinitarios”.
La mayoría de los integrantes de esa organización han sido deportados de los Estados Unidos de América, otros tienen antecedentes penales en el país, así como su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciudad de Santiago de los Caballeros donde tenían su centro de mando y operación.
Portaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de las subametralladoras Uzi.
Invirtieron dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, lealtades e impunidad.
La red criminal utilizaba diversas maneras para estafar a sus víctimas, utilizando habilidades de ingeniería social.
Según plantea el Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les depositaran dinero.
De manera resumida el Ministerio Público plantea que los miembros de la desmantelada red “infundían terror a personas diciéndoles que podían secuestrarlos a ellos y su familia. Esto les garantizaba que las víctimas pudieran depositar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el resultado del crimen”.
Ya de manera más específica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafadores adulteraban, en primer lugar, su identificación.
Sobre esto, explica en el expediente que utilizaban proveedores especializados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en internet.
Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su número, iniciaba sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la información de pago.
“Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente perteneciente a una tarjeta prepaga adquirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última”, explica.
El paso siguiente consistía en que el proveedor llama al atacante al número suministrado, luego llama a la víctima y acto siguiente unen ambas comunicaciones junto con la información legítima.
Habiendo concretado todos estos pasos, el destinatario de la estafa ve la identificación falsa, contesta la línea y es comunicado directamente con el atacante, quien procede con su modus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.
Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yibeti Polanco, aplazó para el lunes 14 de este mes el conocimiento de medida de coerción contra los implicados la Operación Discovery.
La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abogados de los acusados, quienes pidieron el expediente de manera física y no digital.
Operación Discovery se dio a conocer la semana pasada, tras el desmantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
La imputada Esmeralda Ortega Polanco anunció al togado Francisco Manzano, como su nuevo representante en el tribunal, a quien se le otorgó tiempo para preparar sus medios de defensa a su clienta.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Lo atribuyó al «debido al desempeño de los equipos de escaneo digitación, impresión y transmisión (EDET) y del equipo humano involucrado, elementos resaltado por los informes de los observadores electorales internacionales».
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.