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Pandillas muy activas en Barrio 27 de Febrero de Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-La Constitución dominicana consigna el derecho a una educación de calidad, lo que está en peligra en el barrio 27 de Febrero del Distrito Nacional por la agresividad de las pandillas en contra de los estudiantes, donde los niños y adolescentes no cuentan con una escuela en dignas condiciones para su desarrollo integral.
En un reportaje del periódico Listín Diario la Escuela Básica Héctor José Díaz no puede enseñar a los más de 300 estudiantes que acuden a sus estrechas aulas, una educación que garantice su crecimiento en las distintas áreas del saber, ya que no cuentan con plantel donde puedan realizar actividades culturales, deportivas o recreativas.
La directora del centro educativo, Dorka Rocío Báez, explicó que las condiciones en la que cientos de estudiantes reciben docencia no son favorables, mientras que tienen que rechazar el ingreso de nuevos alumnos porque no tienen el espacio suficiente para ser recibidos.
A pesar de que la cabida de las aulas son para 12 estudiantes, los maestros imparten enseñanza a 27.
“Los estudiantes no pueden circular dentro del área porque están unidos unos a otros. A veces, para poder salir tienen que subirse encima de las butacas, y los maestros tampoco pueden pasear por la fila para ir observando el trabajo que van realizando los estudiantes”, detalló la directora del centro.
“En cuanto a la ampliación y a la visión de futuro, les enseñamos con acciones a nuestros estudiantes de que no tienen futuro, ¿por qué?, porque vienen de espacios reducidos que es donde viven, donde la calle tiene que ser el patio porque no tienen espacio donde jugar, y donde estudian es la misma condición en la cual se desarrollan día a día”, dijo Dorka Rocío Báez.
En la Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia, se realizó el encuentro “Listín en el Barrio”, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y encabezado por el director del diario, Miguel Franjul, el subdirector, Fabio Cabral y el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas; allí se reunieron con el padre y representantes de juntas de vecinos de la localidad, quienes clamaron por la construcción de un centro educativo.
Los residentes piden que la escuela sea construida en el 27 de Febrero, ya que hay padres que por la distancia en las que se encuentran otros recintos educativos, optan por no llevar sus hijos a recibir docencia.
“La demanda de estudiantes no corresponde a la a la cantidad de planteles educativos y al tamaño de los planteles educativos que tiene la zona”, dijo Dorka Rocío.
La Escuela Básica Héctor José Díaz enfrenta desafíos desde hace años, en el año 2021 fue traslada por el Minerd hacia el recinto donde hoy opera, esto debido al deterioro que presentaba la infraestructura del antiguo centro.
Pandillas en las escuelas
La construcción de una escuela es una necesidad que se ha convertido en urgencia ante la continua deserción de estudiantes que abandonan los estudios para dedicarse a cometer delitos en las calles.
La falta de un centro que cuente con las medidas de seguridad pertinentes, ha llevado a que los estudiantes conformen bandas o pandillas en los centros de estudio, donde muchos alumnos se ven influenciados por otros compañeros de mayor edad, y son arrastrados hacia los caminos de la delincuencia.
“Hay pandillas, hay bandas, algunos alumnos lamentablemente. Es cuestión de que son muchos los que viven en sitios estrecho, inhóspitos y aquí hay por aquí hay mucha delincuencia, entonces los más grandecitos lo han llevado a malos caminos”, dijo el padre de la Parroquia Nuestra Señora De La Altagracia, Francisco Antonio Castillo Montilla, cuya escuela parroquial tiene una matrícula de 500 estudiantes.
Castillo Montilla declaró que para combatir este mal, han llevado a la escuela parroquial miembros de la Dirección Policía Antipandillas para que impartan charlas a los estudiantes, ya que “han pasado situaciones de muchachos que vienen incluso de otros lugares, de otros barrios a querer tener problemas con alguno aquí”.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.