Economía
Permanece la tasa de política monetaria en 4.50 % anual
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7 años agoon
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LA REDACCIÓN
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de interés de política monetaria en 4.50 por ciento anual, cuya decisión fue tomada en su reunión de política monetaria de diciembre de 2019.
La medida sobre la tasa de referencia se basa en el análisis detallado del balance de riesgos respecto a los pronósticos de inflación, incluyendo indicadores macroeconómicos internacionales y domésticos, las expectativas del mercado y las proyecciones de mediano plazo. La inflación mensual de noviembre fue de 0.37 %, mientras que la inflación acumulada se situó en 3.45 %.
Por otro lado, la inflación interanual, es decir de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, se ubicó en 3.23 %, retornando al rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. La inflación subyacente, que refleja las condiciones monetarias, se ubicó en 2.20 % en noviembre. Por su parte, tanto las expectativas de inflación de los analistas económicos como el sistema de pronósticos del BCRD, señalan que la inflación cerraría el año 2019 por debajo del valor central de la meta y se mantendría en torno al 4.0 % durante el 2020.
En el entorno internacional, la incertidumbre económica se ha moderado ligeramente en los últimos meses en la medida en que se ha logrado la primera fase de un acuerdo comercial entre Estados Unidos de América (EUA) y China, a la vez que existe una mayor claridad sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
En ese contexto, Consensus Forecasts, que agrupa las principales firmas de analistas que realizan proyecciones a nivel internacional, mantiene el pronóstico de un crecimiento moderado para la economía mundial de 2.5 % tanto para 2019 como para 2020, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé una expansión global de 3.0 % para 2019 y 3.4 % para 2020, según la última publicación de las Perspectivas de la Economía realizada en el mes de octubre.
La actividad económica en EUA se ha desacelerado gradualmente, proyectándose que el crecimiento pasaría de 2.9 % en 2018 a 2.3 % en 2019 y 1.8 % en 2020, según Consensus. Ante el debilitamiento de la economía y la baja inflación, la Reserva Federal (Fed) ha reducido su tasa de referencia en tres ocasiones, acumulando una disminución de 75 puntos básicos en el año. En adición, la Fed ha estado proporcionando mayor liquidez al sistema financiero a través de acuerdos de recompra (REPOS) y compras de letras del Tesoro en el mercado secundario, con el objetivo de reducir las tasas de interés de corto plazo. Hacia adelante, la Reserva Federal y los analistas del mercado no prevén ajustes adicionales de la tasa de fondos federales durante el año 2020.
En cuanto a la Zona Euro, las perspectivas de crecimiento se mantienen bajas, ubicándose en 1.2 % y 1.0 % para 2019 y 2020, respectivamente, condicionadas por el débil desempeño del sector industrial y la ralentización del comercio internacional. Considerando la ausencia de presiones inflacionarias, el Banco Central Europeo continúa implementando un paquete de medidas expansivas que incluyen el programa de provisión de liquidez para la canalización de crédito al sector privado y la compra de títulos de deuda soberana en el mercado secundario.
Por otro lado, en América Latina se ha acentuado el deterioro de la actividad económica como consecuencia de los conflictos sociopolíticos que se han presentado en varios de los países de la región. De este modo, las perspectivas de crecimiento para América Latina permanecen bajas, esperándose una expansión de 0.4 % en 2019 y de 1.4 % en 2020. La desaceleración económica de la región está influenciada por tasas de crecimiento negativas durante este año en Venezuela, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Paraguay y México, así como por la modesta expansión de Brasil y el impacto negativo de las manifestaciones sociales en países como Chile, Bolivia y Colombia.
En cuanto a las materias primas, la moderación de la demanda mundial contribuyó a que el precio promedio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se ubicara en torno a US$57 por barril durante el año 2019, situándose por debajo del nivel contemplado en el Presupuesto Nacional de US$60 dólares el barril. Por otro lado, el precio del oro se ha mantenido en niveles altos, promediando alrededor de US$1,400 dólares por onza troy durante el año 2019, al ser utilizado como refugio de valor en un entorno de alta incertidumbre. Este comportamiento de los precios del petróleo y del oro favorece los términos de intercambio de la República Dominicana y beneficia al sector externo de la economía.
En el contexto doméstico, las medidas monetarias expansivas implementadas desde el mes de junio, a través de la reducción acumulada en 100 puntos básicos de la tasa de política monetaria y la liberación de más de RD$34 mil millones de recursos del encaje legal a los sectores productivos, han contribuido a que el crédito privado en moneda nacional se incremente por encima de los RD$105 mil millones en lo que va de año. El dinamismo del crédito privado en moneda nacional se ve reflejado en una expansión superior al 12 % en términos interanuales.
Las condiciones monetarias favorables han impulsado la demanda interna a través de un mayor consumo e inversión privada. En efecto, la actividad económica se ha recuperado al expandirse de forma interanual en 5.1 % en el mes de septiembre y 5.2 % en octubre. En este contexto de dinamismo de la demanda agregada se espera que el crecimiento económico se ubique en torno a su potencial de 5.0 % para el cierre del año 2019 y durante el 2020.
En el sector externo, las actividades generadoras de divisas, como la inversión extranjera directa y las remesas continúan mostrando un buen desempeño, compensando la moderación reciente del turismo, el cual se espera que se recupere en los próximos meses. En este entorno internacional complejo, la República Dominicana ha logrado fortalecer sus fundamentos macroeconómicos, manteniendo la estabilidad relativa del tipo de cambio y continuando con el proceso de acumulación de Reservas Internacionales, que finalizarían el 2019 en torno a los US$8,500 millones, su nivel histórico más alto para un cierre de año.
El Banco Central de la República Dominicana reafirma su compromiso de conducir la política monetaria hacia el logro de su meta de inflación y al buen funcionamiento de los sistemas financiero y de pagos, contribuyendo así al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, la institución se mantendrá dando seguimiento a la moderación de la economía mundial y a los factores de incertidumbre tanto externa como interna y su impacto sobre la demanda agregada, encontrándose preparado para continuar reaccionando de forma oportuna ante factores que puedan generar desvíos de la meta de inflación y afectar el crecimiento económico dominicano.
Economía
El Ejecutivo vuelve a pedir autorización para emitir hasta US$4,354.5 MM en préstamos
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1 día agoon
julio 21, 2026
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Economía
Cinco fiduciarias del país administran RD$537,700 millones
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3 días agoon
julio 20, 2026
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.
