Santo Domingo, R.D.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este domingo que, durante la última semana, las autoridades realizaron más de cuatro mil operativos y 65 allanamientos, donde apresaron a 923 personas y ocuparon 141,448 gramos de cocaína, 38,560 dosis de marihuana, 3,135 de crack, 19 gramos de metanfetaminas y 103 pastillas de éxtasis, para un total de 183, 164.50 gramos.

Así lo informó la DNCD a través de un comunicado, en el que también aseguraron que en los operativos se incautaron además 6 armas de fuego, 30 machetes y cuchillos, 9 vehículos, 43 motocicletas, 270 celulares, 24 radios de comunicación, 83 balanzas, RD$ 1,181,253, US$ 5,232 y 5 euros, entre otras evidencias.

Las operaciones de interdicción en contra del microtráfico se extendieron al a los barrios del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Samana, Valverde, entre otras localidades.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra Jochi Goméz y los demás encartados en el caso Camaleón, detalla que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y la empresa Aurix fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.

Conforme a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el imputado Jochi Gómez tenía un interés marcado en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.

Ante esa situación, alega el Pepca se firmó el acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix, representada por Jochi Gómez, de fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.

Sostiene que la razón social Aurix fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, a través de la evaluación de fuentes abiertas, públicas e investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial.

OBLIGACIONES DE AURIX Y MIDE

Dentro de las obligaciones de Aurix estaba suministrar al MIDE la cooperación de carácter público o privado respecto de todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que, en el marco de una investigación, arrojen un nivel de riesgo; facilitar la cooperación con el uso de software de detección de riesgos o amenazas; recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos; se le autoriza el uso del logo y de la empresa en las instalaciones del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, entre otras.

Mientras que el Ministerio de Defensa se encargaría de coordinar los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix en el territorio nacional; proveer a Aurix la cooperación necesaria para el desempeño de su labor de investigación; apoyar los planes de asistencia tecnología y transferencia de los datos requeridos, para el fiel cumplimiento y protección de las instalaciones, personal humano y relacionados, ante cualquier amenaza posible o de forma permanente.

Según oficio núm. 12249 del 21 de marzo de 2024, emitido por el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Moría, en comunicaciones de los Comandantes Generales del Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Contralora General de las Fuerzas Armadas, no se encontraron registros de pagos, deudas o relación con la razón social Aurix S.A.S.

Aduce la Pepca que lo que constata que la firma del acuerdo de cooperación fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.

Acotó que la firma de este acuerdo viola completamente las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional, resultando en prácticas particulares de Gómez y sus actividades ilícitas de manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.

Precisa que según comunicación de fecha 4 de octubre de 2024, marcada con el número 33275, remitida por la Dirección de la Policía Nacional, se pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre esta institución y la empresa AURIX S.A.S. De igual forma se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros organismos de investigación.

Fue aplazada para el próximo lunes a las dos de la tarde por el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena,  la audiencia de conocimiento de la medida de coerción seguida en contra de los imputados en el caso Camaleón.

La decisión fue tomada debido a que varios de los abogados quienes plantearon que necesitaban el expediente del caso de manera física, porque sólo la tenían en memorias y algunas no servían. Asimismo, necesitan preparar su medio de defensa y gestionar sus presupuestos.

Este caso ha provocado mucho interés mediático en razón de los personajes involucrados, máxime los dos principales, Jochy Gomez, hijo del periodista Guillermo Gómez y Hugo Beras, sobrino de  Freddy Beras Goíco, una gloria de la televisión dominicana.

Después de ser interrogado varias veces por parte del Ministerio Público y de estar recluido  en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, se esperaba que  se le imponga medida de coerción   por una serie de imputaciones que van desde presidir una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura critica por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Este uno de los más grandes escándalos de corrupción que explota en el seno del Gobierno en virtud de que parece involucrar de manera directa al presidente Luis Abinader, ya que Jochy Gómez opera una oficina de inteligencia privado que suplía de información diaria en esta materia al propio jefe de Estado a través de funcionarios de alto nivel del Gobierno, pero además tenia un contrato para los mismos fines con el Ministerio de Defensa.

El abogado Carlos Balcácer, defensa de Jochy Gómez, a la salida de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición tras ser preguntado sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, al que se le imputa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, indicó que podrían “ser 100 años de cárcel, no importa, no hay elementos suficientes que puedan justificar esa condena”.

La PGR calificó como «Operación Camaleón» un caso donde, además Gómez, está detenido Hugo Beras, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.

Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.