Economía
BID: El subsidio eléctrico limita las inversiones en otras áreas
SANTO DOMINGO. La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en República Dominicana, Flora Montealegre, manifestó que el objetivo central de las medidas de políticas aplicadas al sector eléctrico debe ser la reducción y eliminación eventual del nivel de transferencias corrientes del gobierno central, que por su recurrencia y monto representan un gran problema fiscal que limita “seriamente” las inversiones en otras áreas.
La representante del organismo internacional consideró que esos recursos que el gobierno transfiere al subsidio eléctrico se pudieran estar destinando a otros rubros que mejoren el bienestar de la población dominicana.
“Por ejemplo, mejorar la cobertura de los servicios de salud, educación y protección social; invertir en infraestructura social de agua potable y saeamiento y otras muchas inversiones que se ven restringidas por el pacto fiscal de los subsidios al sector eléctrico”, indicó la ejecutiva del organismo internacional, al participar en la presentación del estudio “Impacto de la crisis sector eléctrico en la economía dominicana”, el cual fue auspiciado por el BID y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
La investigación, que fue financiada por el BID, estuvo a cargo de Fabricio Gómez, Jaqueline Mora, Oliver Cruz, Mariano Jiménez y Jorge Nova, y fue presentada durante un acto que se realizó en la sala Julio Ravelo de la Fuente de la Biblioteca de Intec.
El estudio, que revela informaciones inéditas en el país, servirá como insumo en la etapa actual de discusión del Pacto Eléctrico. Sus hallazgos se organizan en dos ámbitos: uno sobre el aspecto residencial, para el cual se aplicó una encuesta a 5,810 hogares en el territorio nacional durante el período comprendido entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 y otro, empresarial, para el cual se encuestaron 516 empresas de distintos tamaños (micro, pequeña, mediana y grande) y sectores de la economía, tales como: agropecuaria, comercio, construcción, enseñanza, hoteles, bares y restaurantes, manufactura, telecomunicaciones, zona franca, transporte, salud, entretenimiento, entre otros.
El acto de presentación del estudio inició con unas palabras de bienvenida a cargo del rector del Intec, Rolando M. Guzmán, y un discurso de apertura, a cargo de Montealegre.
Durante la actividad, Gómez presentó los resultados de la encuesta en hogares, que a su vez fueron objeto de debate de un panel integrado por Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); Radhamés del Carmen, director de Proyectos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y el economista Pavel Isa Contreras, representante del sector social en las discusiones del Pacto Eléctrico.
En su participación, Morrison dijo que este estudio viene a reafirmar una serie de informaciones que fueron planteadas anteriormente en diversos informes. “Yo creo que presentarlo de esta manera, en forma de encuesta tiene un valor importante, pero el mayor valor que le veo es que derrumba una serie de mitos que han estado alrededor del sector eléctrico y del consumidor”, indicó.
El ejecutivo de la ADIE resaltó que el estudio muestra que 40.36% de los hogares carece de medidores eléctricos, lo que exhibe una relación muy directa con los porcentajes de pérdidas de energía.
El economista Pavel Isa consideró que los hallazgos del estudio son notables, y vienen a proveer evidencias concretas respecto a lo que ya muchos intuían. “Pero eran puras intuiciones, creo que ahora tenemos datos duros bastantes concretos”, indicó.
Criticó que, además, el hecho de que en un país de clase media, el 42% use vela, el 78% no tiene inversor ni planta, y sólo 22% tiene planta o inversor. “Es realmente chocante ese dato, y nos pone en perspectiva la idea de bienestar”, dijo Isa, tras comentar el estudio del BID e Intec.
La directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), Iraima Capriles, quien ha estado al frente de todo el proceso para la firma del pacto eléctrico, informó que ya se completaron todas las mesas de trabajo que se estaban realizando para el convenio.
Capriles dijo que las seis mesas terminaron exitosamente su trabajo, y que ahora lo que sigue es la preparación de las sesiones preplenarias. “Dios mediante esperamos que a finales de noviembre podamos tener el pacto en condiciones de ser firmado”, indicó.
Diariolibre
Santo Domingo, R.D.-La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas (Acoprovi); la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras recomiendan a las personas que gestionan comprar viviendas a personas o empresas no reconocidas auxiliarse de un asesor inmobiliario y agotar todos los procesos para asegurar la factibilidad de la adquisición.
Acoprovi dice que se ha enterado de forma mediática sobre casos de estafas inmobiliarias y que ninguno de sus miembros es parte de eso. Mientras la Superintendencia de Bancos explica que solo actúa cuando un caso le ha sido referido por el Ministerio Público, ya que esa no es su competencia. Igual manifiesta que una buena forma de comprar viviendas es a través de fideicomisos y recomienda una serie de pasos para evitar caer en ese tipo de estafa.
Recientemente, varios dominicanos residentes en el exterior se quejaron de haber sido estafados por una empresa que les vendía proyectos de apartamentos en plano.
Este año el Ministerio Público recibió varias denuncias de estafa en el sector inmobiliario a ciudadanos locales y residentes en el exterior, cuyo caso se conoce como la operación Nido.
ACOPROVI
Annerys Meléndez, presidente de la Acoprovi, explicó a Listín Diario que a la fecha no han recibido denuncias de manera directa, “ni en vinculación de ninguno de nuestros asociados”.
Sin embargo, agregó que sí conoce de los casos actuales que han trascendido mediáticamente.
Dijo que en la entidad inició desde 2023 una campaña de concienciación, “desde nuestros espacios a fin de dar orientación y herramientas a la población para evitar ser víctima de estas malas prácticas”.
En la Superintendencia de Bancos se explicó que recientemente una comisión llevó una denuncia ante el departamento jurídico en busca de ayuda, y se les explicó su rol como supervisor del sistema financiero y los mecanismos de apoyo, y que solo pueden actuar en atención a las solicitudes del Ministerio Público cuando los casos están en un proceso judicial.
Explicaron que si hay un caso judicial contribuyen con las investigaciones hasta donde alcanza su competencia.
“Adicionalmente, como institución, aprovechamos el espacio para subrayar la importancia de contar con asesoría legal para la adquisición de inmuebles y solicitar dentro de los servicios a recibir que se realicen labores de investigación o debida diligencia sobre el inmueble y la experiencia de trabajo de la constructora”.
FIDEICOMISOS
Un recurso a ser aprovechado es la figura jurídica de los fideicomisos, creados mediante la Ley 189-11, para aumentar el dinamismo y fortalecer la seguridad jurídica en el mercado hipotecario.
RECOMENDACIONES:
Al adquirir un inmueble, la Acoprovi recomienda agotar nueve datos respecto a las empresas inmobiliarias y sus proyectos:
Experiencia: Recomendamos elegir empresas con experiencia probada y de buena reputación en el mercado.
Legalidad: Recomendamos verificar la legalidad del proyecto, incluyendo los permisos del Ayuntamiento y la Licencia de Construcción del Mivhed y otras instituciones pertinentes.
Derecho de propiedad: Recomendamos verificar el derecho de propiedad de la empresa vendedora sobre el terreno del proyecto, solicitando copias de título de propiedad y asegurándose de su correcta titularidad.
Registro mercantil y autorización: Recomendamos solicitar el registro mercantil o acta que autorice a la empresa a firmar el contrato de manera legal y válida.
Formalidad: Recomendamos constatar si la empresa tiene un domicilio físico, así como sus cuentas.
Factores de éxito: Recomendamos identificar pasados proyectos de la empresa, así como comparar los hitos alcanzados por el proyecto en relación con la competencia y las demandas del mercado.
Respaldo financiero y garantías: Recomendamos comprobar el respaldo financiero del proyecto, validando garantías como fideicomisos, respaldo de instituciones financieras reconocidas y desarrolladores con historial exitoso.
Recomendaciones de terceros: Sugerimos validar el proyecto a través de recomendaciones de personas o empresas con solvencia moral, incluyendo asesores inmobiliarios.
Calidad: Recomendamos evaluar las innovaciones y la calidad del proyecto, incluyendo materiales y prácticas sostenibles.
SEPA MÁS
Desde Acoprovi continuaremos desplegando todos sus recursos y esfuerzos para proporcionar apoyo y orientación a la comunidad, para asegurarnos de que los ciudadanos estén debidamente informados con las herramientas necesarias para tomar decisiones inmobiliarias seguras, afirmó la presidente de la entidad.
Asegura el compromiso con la promoción de estándares éticos y legales en la industria de la construcción y la promoción de viviendas, trabajando incansablemente para asegurar que las prácticas sean íntegras, transparentes y beneficiosas para toda la sociedad dominicana.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.
Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.
Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.
Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.
Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.
Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.
“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.
La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.
Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
SANTO DOMINGO.- El dólar estadounidense subió un centavo en República Dominicana y este lunes se cambia a RD$59.36 pesos.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 59.06
Venta: 59.36.
jt/am