Opinión
Biden por Trump… ¿Qué significa?
Por Narciso Isa Conde
Todavía pendiente de algunas obstrucciones a ser auspiciada por Donald Trump y los suyos, cuyas magnitudes están por verse, la decadente superpotencia estadounidense está de cara a la posibilidad de un cambio de Administración: Biden-PD por Trump-PR y su nefasta comparsa.
La historia de la mal llamada democracia “americana” -condicionada de mala manera por el bipartidismo y, sobre todo, por el férreo control de las diferentes facciones del capital imperialista- ha evidenciado que las alternancias entre “demócratas” y “republicanos” no implican cambios sustanciales. Más bien se reducen a cambios de rostros en las funciones públicas, estilos variados, envolturas distintas, discursos no coincidentes y énfasis más o menos diferentes.
· LO COMÚN A LAS FACCIONES QUE COMPITEN.
En esas dos opciones político-partidistas, tanto de cara a la situación interna como a la internacional, predomina la variante neoliberal del capitalismo; hegemónica en este periodo de su fase imperialista. Varían tonalidades, pero no la esencia.
-Domina lo conservador, en un caso bien camuflajeado y encubierto; en el otro, descarado y desbocado hacia variantes fundamentalistas; incluido su componente racista, matizado en el caso del Partido Demócrata y del propio Biden, por el rol del voto “latino” y “tercermundista” a su favor; y en el caso del Partido Republicano, por la preeminencia del voto “blanco-supremacista”; siendo común a los dos tipos de gobiernos la continuidad de la cruel represión a cargo de los órganos coercitivos de los Estados y muy especial de una buena parte de sus entidades policiales, mas allá de las críticas al racismo que puedan hacerse desde la Casa Blanca.
-Domina el guerrerismo a cargo del Pentágono y de la OTAN, CÍA, agencias de de seguridad, contratación de mercenarios, intereses del complejo militar-industrial-financiero; así como a causa de viejos y nuevos acuerdos bipartidistas, de las determinaciones de los grandes negociantes de la guerra y de las corporaciones mineras, y desde los fuertes intereses geoestratégicos relacionados con la conquista y reconquista de territorio en el contexto de la competencia por el control del planeta y sus riquezas.
-Domina aquello de “América (EE.UU) para los americanos” y de considerar la subregión latino-caribeña como un “patio trasero” apto para el saqueo sin límites, dentro de un mutuo interés de impedir su segunda independencia y la reconquista de la soberanía en cada uno de nuestros países.
Esto así, aunque los demócratas prometan un “trato entre iguales”, o nuevas “alianzas para el progreso” y los republicanos se la pasan recordando la posibilidad de la opción militar; aunque los “ultranacionalistas” a lo Trump y Pompeo no desistan de acciones típicamente imperialistas y los “globalistas” a lo Elon Musk (muchos de ellos “pro-demócratas”) proclamen su determinación de dar golpes de Estado donde lo entiendan necesario para preservar y expandir los intereses de sus corporaciones
· CASOS, COSAS Y COMPARACIONES PUNTUALES.
Clinton invadió y bombardeó, al igual que los Bush.
De las fechorías de Johnson, Nixon y Kinssinger, ni hablar.
Obama no dejó de deportar en masa a migrantes latino-caribeños, ni de construir jaulas para encerrar a sus hijos e hijas menores de edad. Tampoco de hacer la guerra y practicar el terrorismo de Estado mientras ostentaba el Premio Nobel de la Paz.
¡Ni la policía dejó de matar negros y negras durante su mandato!
Obama esgrimió la “Carta Democrática” de la OEA para intentar desestabilizar y eventualmente invadir a la Venezuela bolivariana y chavista; y si optó por comenzar a normalizar las relaciones con Cuba, algo positivo, fue porque su indudable talento le permitió superar el odio y entender que el cerco había fracasado, y que en caso de invasión gringa, los cohetes cubanos llegan a la Florida.
Los dos partidos y sus gobernantes no dejan de exhibir sus amores con el sionismo y el terrorismo de Estado de Israel.
Todas las Administraciones estadounidenses, ya demócratas, ya republicanas, sostienen y procuran ampliar las cadenas de bases militares en las diferentes regiones del planeta y no precisamente para jugar al Béisbol.
Trump y Biden apoyan el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) como instrumento para sus eventuales invasiones militares contra países soberanos de la región.
Biden pudo visitar Nuestra América muchas veces más que Trump, pero con sus visitas nada cambio en cuanto la estrategia de dominación de EE.UU diseñada para el continente.
De Biden se dice con fundamento que es un racista encubierto, acompañado de una vice negra que responde a la línea de Barak Obama y que asume con más vigor la condena al racismo.
Trump es un racista sincero, confeso y orgulloso de sus fechorías en ese plano, merecedor de un rechazo mayor.
De todas, por lo que es el neofascismo, que no es simple locura, se explica el alivio nacional y mundial que provoca su derrota, aunque es necesario ir más al fondo para captar el real significado de su desplazamiento por Biden.
Trump es un traficante y estafador de bienes raíces, un gran evasor de impuestos y una expresión, junto a Bolsonaro y otros del mismo club, de una de las varietés del fascismo de estos tiempos; y de eso no se ruboriza.
Los Clinton eran corruptos y terroristas de Estado encubiertos, que han sido descubiertos.
Diferencia de estilos ético-morales, o más bien amorales.
Esos antivalores dominan las inconductas de ambas cúpulas políticas norteamericanas y de sus respectivas bases empresariales, solo que la del PD ama las simulaciones porque le dan muy buenos resultados; y el PR y los Trumpistas son fervorosos del descaro y la desfachatez, porque también les resultan sumamente útiles a sus fines políticos. Es cuestión de las características manipulables de sus respectivas bases electorales y sociales. En todo caso: mercadología política-electoral de baja estofa.
Gore, como Biden, se presentaba como un gran ecologista, enemigo a muerte del calentamiento global; mientras las industrias gringas siguieron contaminando y calentando el planeta durante la gestiones del binomio Clinton-Gore.
Obama subordinó y usó a Biden y ahora Biden subordina y usa a la pupila de Obama ) que es más popular y atractiva que él, que habla bonito como Obama, y representa su opción presidencial del relevo demócrata frente a un Trump, que en caso de ser definitivamente desplazado, queda con posibilidades de optar en las próximas elecciones… si todo sigue linealmente; a pesar de la gran crisis que afecta esa sociedad, en tanto siga vigente la actual institucionalidad, evidentemente afectada por un proceso progresivo, pero lento, de degradación.
Los y las vetados dentro del partidismo tradicional, que no son pocos movimientos sociales contestatarios y corrientes políticas transformadoras, son aquellos/as que representan cambios reales y profundos: Ellos, ellas, no tienen espacios en esa ruta electoralista viciada; pero si en calles y plazas, y en muchos escenarios extra-institucionales.
Esas fuerzas político-sociales emergentes no caben en los sacos y mochilas electorales del PD y el PR. El imperialismo las bloquea, porque presiente que ellas encarnan un ajuste de cuenta trascendente y esperanzador para el pueblo estadounidense no alienado y para la humanidad que aspira a un mundo justo y solidario.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?