Opinión
Biden por Trump… ¿Qué significa?
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6 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Todavía pendiente de algunas obstrucciones a ser auspiciada por Donald Trump y los suyos, cuyas magnitudes están por verse, la decadente superpotencia estadounidense está de cara a la posibilidad de un cambio de Administración: Biden-PD por Trump-PR y su nefasta comparsa.
La historia de la mal llamada democracia “americana” -condicionada de mala manera por el bipartidismo y, sobre todo, por el férreo control de las diferentes facciones del capital imperialista- ha evidenciado que las alternancias entre “demócratas” y “republicanos” no implican cambios sustanciales. Más bien se reducen a cambios de rostros en las funciones públicas, estilos variados, envolturas distintas, discursos no coincidentes y énfasis más o menos diferentes.
· LO COMÚN A LAS FACCIONES QUE COMPITEN.
En esas dos opciones político-partidistas, tanto de cara a la situación interna como a la internacional, predomina la variante neoliberal del capitalismo; hegemónica en este periodo de su fase imperialista. Varían tonalidades, pero no la esencia.
-Domina lo conservador, en un caso bien camuflajeado y encubierto; en el otro, descarado y desbocado hacia variantes fundamentalistas; incluido su componente racista, matizado en el caso del Partido Demócrata y del propio Biden, por el rol del voto “latino” y “tercermundista” a su favor; y en el caso del Partido Republicano, por la preeminencia del voto “blanco-supremacista”; siendo común a los dos tipos de gobiernos la continuidad de la cruel represión a cargo de los órganos coercitivos de los Estados y muy especial de una buena parte de sus entidades policiales, mas allá de las críticas al racismo que puedan hacerse desde la Casa Blanca.
-Domina el guerrerismo a cargo del Pentágono y de la OTAN, CÍA, agencias de de seguridad, contratación de mercenarios, intereses del complejo militar-industrial-financiero; así como a causa de viejos y nuevos acuerdos bipartidistas, de las determinaciones de los grandes negociantes de la guerra y de las corporaciones mineras, y desde los fuertes intereses geoestratégicos relacionados con la conquista y reconquista de territorio en el contexto de la competencia por el control del planeta y sus riquezas.
-Domina aquello de “América (EE.UU) para los americanos” y de considerar la subregión latino-caribeña como un “patio trasero” apto para el saqueo sin límites, dentro de un mutuo interés de impedir su segunda independencia y la reconquista de la soberanía en cada uno de nuestros países.
Esto así, aunque los demócratas prometan un “trato entre iguales”, o nuevas “alianzas para el progreso” y los republicanos se la pasan recordando la posibilidad de la opción militar; aunque los “ultranacionalistas” a lo Trump y Pompeo no desistan de acciones típicamente imperialistas y los “globalistas” a lo Elon Musk (muchos de ellos “pro-demócratas”) proclamen su determinación de dar golpes de Estado donde lo entiendan necesario para preservar y expandir los intereses de sus corporaciones
· CASOS, COSAS Y COMPARACIONES PUNTUALES.
Clinton invadió y bombardeó, al igual que los Bush.
De las fechorías de Johnson, Nixon y Kinssinger, ni hablar.
Obama no dejó de deportar en masa a migrantes latino-caribeños, ni de construir jaulas para encerrar a sus hijos e hijas menores de edad. Tampoco de hacer la guerra y practicar el terrorismo de Estado mientras ostentaba el Premio Nobel de la Paz.
¡Ni la policía dejó de matar negros y negras durante su mandato!
Obama esgrimió la “Carta Democrática” de la OEA para intentar desestabilizar y eventualmente invadir a la Venezuela bolivariana y chavista; y si optó por comenzar a normalizar las relaciones con Cuba, algo positivo, fue porque su indudable talento le permitió superar el odio y entender que el cerco había fracasado, y que en caso de invasión gringa, los cohetes cubanos llegan a la Florida.
Los dos partidos y sus gobernantes no dejan de exhibir sus amores con el sionismo y el terrorismo de Estado de Israel.
Todas las Administraciones estadounidenses, ya demócratas, ya republicanas, sostienen y procuran ampliar las cadenas de bases militares en las diferentes regiones del planeta y no precisamente para jugar al Béisbol.
Trump y Biden apoyan el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) como instrumento para sus eventuales invasiones militares contra países soberanos de la región.
Biden pudo visitar Nuestra América muchas veces más que Trump, pero con sus visitas nada cambio en cuanto la estrategia de dominación de EE.UU diseñada para el continente.
De Biden se dice con fundamento que es un racista encubierto, acompañado de una vice negra que responde a la línea de Barak Obama y que asume con más vigor la condena al racismo.
Trump es un racista sincero, confeso y orgulloso de sus fechorías en ese plano, merecedor de un rechazo mayor.
De todas, por lo que es el neofascismo, que no es simple locura, se explica el alivio nacional y mundial que provoca su derrota, aunque es necesario ir más al fondo para captar el real significado de su desplazamiento por Biden.
Trump es un traficante y estafador de bienes raíces, un gran evasor de impuestos y una expresión, junto a Bolsonaro y otros del mismo club, de una de las varietés del fascismo de estos tiempos; y de eso no se ruboriza.
Los Clinton eran corruptos y terroristas de Estado encubiertos, que han sido descubiertos.
Diferencia de estilos ético-morales, o más bien amorales.
Esos antivalores dominan las inconductas de ambas cúpulas políticas norteamericanas y de sus respectivas bases empresariales, solo que la del PD ama las simulaciones porque le dan muy buenos resultados; y el PR y los Trumpistas son fervorosos del descaro y la desfachatez, porque también les resultan sumamente útiles a sus fines políticos. Es cuestión de las características manipulables de sus respectivas bases electorales y sociales. En todo caso: mercadología política-electoral de baja estofa.
Gore, como Biden, se presentaba como un gran ecologista, enemigo a muerte del calentamiento global; mientras las industrias gringas siguieron contaminando y calentando el planeta durante la gestiones del binomio Clinton-Gore.
Obama subordinó y usó a Biden y ahora Biden subordina y usa a la pupila de Obama ) que es más popular y atractiva que él, que habla bonito como Obama, y representa su opción presidencial del relevo demócrata frente a un Trump, que en caso de ser definitivamente desplazado, queda con posibilidades de optar en las próximas elecciones… si todo sigue linealmente; a pesar de la gran crisis que afecta esa sociedad, en tanto siga vigente la actual institucionalidad, evidentemente afectada por un proceso progresivo, pero lento, de degradación.
Los y las vetados dentro del partidismo tradicional, que no son pocos movimientos sociales contestatarios y corrientes políticas transformadoras, son aquellos/as que representan cambios reales y profundos: Ellos, ellas, no tienen espacios en esa ruta electoralista viciada; pero si en calles y plazas, y en muchos escenarios extra-institucionales.
Esas fuerzas político-sociales emergentes no caben en los sacos y mochilas electorales del PD y el PR. El imperialismo las bloquea, porque presiente que ellas encarnan un ajuste de cuenta trascendente y esperanzador para el pueblo estadounidense no alienado y para la humanidad que aspira a un mundo justo y solidario.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
