Opinión
Biden por Trump… ¿Qué significa?
Por Narciso Isa Conde
Todavía pendiente de algunas obstrucciones a ser auspiciada por Donald Trump y los suyos, cuyas magnitudes están por verse, la decadente superpotencia estadounidense está de cara a la posibilidad de un cambio de Administración: Biden-PD por Trump-PR y su nefasta comparsa.
La historia de la mal llamada democracia “americana” -condicionada de mala manera por el bipartidismo y, sobre todo, por el férreo control de las diferentes facciones del capital imperialista- ha evidenciado que las alternancias entre “demócratas” y “republicanos” no implican cambios sustanciales. Más bien se reducen a cambios de rostros en las funciones públicas, estilos variados, envolturas distintas, discursos no coincidentes y énfasis más o menos diferentes.
· LO COMÚN A LAS FACCIONES QUE COMPITEN.
En esas dos opciones político-partidistas, tanto de cara a la situación interna como a la internacional, predomina la variante neoliberal del capitalismo; hegemónica en este periodo de su fase imperialista. Varían tonalidades, pero no la esencia.
-Domina lo conservador, en un caso bien camuflajeado y encubierto; en el otro, descarado y desbocado hacia variantes fundamentalistas; incluido su componente racista, matizado en el caso del Partido Demócrata y del propio Biden, por el rol del voto “latino” y “tercermundista” a su favor; y en el caso del Partido Republicano, por la preeminencia del voto “blanco-supremacista”; siendo común a los dos tipos de gobiernos la continuidad de la cruel represión a cargo de los órganos coercitivos de los Estados y muy especial de una buena parte de sus entidades policiales, mas allá de las críticas al racismo que puedan hacerse desde la Casa Blanca.
-Domina el guerrerismo a cargo del Pentágono y de la OTAN, CÍA, agencias de de seguridad, contratación de mercenarios, intereses del complejo militar-industrial-financiero; así como a causa de viejos y nuevos acuerdos bipartidistas, de las determinaciones de los grandes negociantes de la guerra y de las corporaciones mineras, y desde los fuertes intereses geoestratégicos relacionados con la conquista y reconquista de territorio en el contexto de la competencia por el control del planeta y sus riquezas.
-Domina aquello de “América (EE.UU) para los americanos” y de considerar la subregión latino-caribeña como un “patio trasero” apto para el saqueo sin límites, dentro de un mutuo interés de impedir su segunda independencia y la reconquista de la soberanía en cada uno de nuestros países.
Esto así, aunque los demócratas prometan un “trato entre iguales”, o nuevas “alianzas para el progreso” y los republicanos se la pasan recordando la posibilidad de la opción militar; aunque los “ultranacionalistas” a lo Trump y Pompeo no desistan de acciones típicamente imperialistas y los “globalistas” a lo Elon Musk (muchos de ellos “pro-demócratas”) proclamen su determinación de dar golpes de Estado donde lo entiendan necesario para preservar y expandir los intereses de sus corporaciones
· CASOS, COSAS Y COMPARACIONES PUNTUALES.
Clinton invadió y bombardeó, al igual que los Bush.
De las fechorías de Johnson, Nixon y Kinssinger, ni hablar.
Obama no dejó de deportar en masa a migrantes latino-caribeños, ni de construir jaulas para encerrar a sus hijos e hijas menores de edad. Tampoco de hacer la guerra y practicar el terrorismo de Estado mientras ostentaba el Premio Nobel de la Paz.
¡Ni la policía dejó de matar negros y negras durante su mandato!
Obama esgrimió la “Carta Democrática” de la OEA para intentar desestabilizar y eventualmente invadir a la Venezuela bolivariana y chavista; y si optó por comenzar a normalizar las relaciones con Cuba, algo positivo, fue porque su indudable talento le permitió superar el odio y entender que el cerco había fracasado, y que en caso de invasión gringa, los cohetes cubanos llegan a la Florida.
Los dos partidos y sus gobernantes no dejan de exhibir sus amores con el sionismo y el terrorismo de Estado de Israel.
Todas las Administraciones estadounidenses, ya demócratas, ya republicanas, sostienen y procuran ampliar las cadenas de bases militares en las diferentes regiones del planeta y no precisamente para jugar al Béisbol.
Trump y Biden apoyan el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) como instrumento para sus eventuales invasiones militares contra países soberanos de la región.
Biden pudo visitar Nuestra América muchas veces más que Trump, pero con sus visitas nada cambio en cuanto la estrategia de dominación de EE.UU diseñada para el continente.
De Biden se dice con fundamento que es un racista encubierto, acompañado de una vice negra que responde a la línea de Barak Obama y que asume con más vigor la condena al racismo.
Trump es un racista sincero, confeso y orgulloso de sus fechorías en ese plano, merecedor de un rechazo mayor.
De todas, por lo que es el neofascismo, que no es simple locura, se explica el alivio nacional y mundial que provoca su derrota, aunque es necesario ir más al fondo para captar el real significado de su desplazamiento por Biden.
Trump es un traficante y estafador de bienes raíces, un gran evasor de impuestos y una expresión, junto a Bolsonaro y otros del mismo club, de una de las varietés del fascismo de estos tiempos; y de eso no se ruboriza.
Los Clinton eran corruptos y terroristas de Estado encubiertos, que han sido descubiertos.
Diferencia de estilos ético-morales, o más bien amorales.
Esos antivalores dominan las inconductas de ambas cúpulas políticas norteamericanas y de sus respectivas bases empresariales, solo que la del PD ama las simulaciones porque le dan muy buenos resultados; y el PR y los Trumpistas son fervorosos del descaro y la desfachatez, porque también les resultan sumamente útiles a sus fines políticos. Es cuestión de las características manipulables de sus respectivas bases electorales y sociales. En todo caso: mercadología política-electoral de baja estofa.
Gore, como Biden, se presentaba como un gran ecologista, enemigo a muerte del calentamiento global; mientras las industrias gringas siguieron contaminando y calentando el planeta durante la gestiones del binomio Clinton-Gore.
Obama subordinó y usó a Biden y ahora Biden subordina y usa a la pupila de Obama ) que es más popular y atractiva que él, que habla bonito como Obama, y representa su opción presidencial del relevo demócrata frente a un Trump, que en caso de ser definitivamente desplazado, queda con posibilidades de optar en las próximas elecciones… si todo sigue linealmente; a pesar de la gran crisis que afecta esa sociedad, en tanto siga vigente la actual institucionalidad, evidentemente afectada por un proceso progresivo, pero lento, de degradación.
Los y las vetados dentro del partidismo tradicional, que no son pocos movimientos sociales contestatarios y corrientes políticas transformadoras, son aquellos/as que representan cambios reales y profundos: Ellos, ellas, no tienen espacios en esa ruta electoralista viciada; pero si en calles y plazas, y en muchos escenarios extra-institucionales.
Esas fuerzas político-sociales emergentes no caben en los sacos y mochilas electorales del PD y el PR. El imperialismo las bloquea, porque presiente que ellas encarnan un ajuste de cuenta trascendente y esperanzador para el pueblo estadounidense no alienado y para la humanidad que aspira a un mundo justo y solidario.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.