Latinoamericanas
BRASIL: EEUU, la UE y líderes de AL condenan los actos vandálicos
BRASIL.- Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y líderes latinoamericanos condenaron la toma este domingo de los edificios gubernamentales de Brasil por parte de seguidores del ex mandatario Jair Bolsonaro y expresaron su apoyo al actual presidente del gigante sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que la situación en Brasil era “escandalosa”. “Condeno el asalto a la democracia y al traspaso pacífico del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y no debe socavarse la voluntad del pueblo brasileño. Espero seguir trabajando con Lula”, escribió el mandatario estadounidense en Twitter.
En la misma línea, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, condenó los “ataques” y los calificó de “inaceptables”.
“Condenamos los ataques a la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil hoy. Usar la violencia para atacar las instituciones democráticas es siempre inaceptable. Nos sumamos a Lula en instar a que se ponga fin de inmediato a estas acciones”, escribió Blinken en Twitter.
Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que el presidente Biden sigue de cerca la situación.
“Estados Unidos condena cualquier esfuerzo por socavar la democracia en Brasil”, escribió en Twitter. “El presidente Biden sigue de cerca la situación y nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Brasil es inquebrantable”.
“La democracia de Brasil no será sacudida por la violencia”, agregó.
El embajador encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Douglas Koneff, también condenó “contundentemente” el asalto.
“La violencia no tiene cabida en ninguna democracia. Condenamos contundentemente los ataques a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, que son también un ataque a la democracia”, dijo Koneff. “¡No existe justificación para estos actos!”, agregó el diplomático en un mensaje en Twitter del que se ha hecho eco la cuenta oficial de la Embajada estadounidense en Brasilia.
La cuenta de la Embajada había advertido previamente de una “protesta antidemocrática” que se había vuelto violenta en Brasilia e instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar la zona.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó su “absoluta condena” por el “asalto a las instituciones democráticas” de Brasil, con un mensaje en el que también ha querido dar en nombre del bloque el “pleno apoyo” a Lula.
Michel ha recordado que Lula fue elegido “democráticamente”, en unas elecciones que fueron “justas y libres”, en contra de lo que dijo durante estos meses el ex mandatario Jair Bolsonaro.
Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell se mostró “consternado” por “las acciones de violencia y la ocupación ilegal” de instituciones a manos de miles de “extremistas”. “La democracia brasileña prevalecerá sobre la violencia y el extremismo”, dijo.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez también expresó su apoyo al presidente brasileño Lula y condenó la toma de los edificios.
“Todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática”, escribió.
El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó las acciones de cientos de simpatizantes del ex presidente Bolsonaro y expresó su apoyo a Lula.
“¡La voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas deben ser respetadas!” tuiteó. “El presidente Lula puede contar con el apoyo incondicional de Francia”.
Los líderes latinoamericanos también se pronunciaron sobre los sucesos de este domingo.
El primero en pronunciarse en redes sociales fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para pedir la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA)
“Toda mi solidaridad a Lula y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de una reunión de la OEA, si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática”, dijo Petro en un mensaje publicado en Twitter.
El mandatario colombiano agregó que propuso que “se fortaleciera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aplicando las normas vigentes y ampliando la carta a los derechos de la mujer, ambientales y colectivos”.
Sin embargo, Petro señaló que la respuesta a esa propuesta son “golpes parlamentarios o golpes violentos de la extrema derecha”, en referencia también a lo ocurrido el 7 de diciembre pasado en Perú cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.
En la misma línea, Argentina manifestó su “solidaridad” con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenando unos hechos calificados por el Gobierno argentino como “golpistas”.
“Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia. Mi incondicional apoyo y el del pueblo argentino a Lula frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando”, escribió el presidente argentino Alberto Fernández en Twitter.
“Como presidente de la CELAC y del MERCOSUR, pongo en alerta a los países miembros para que nos unamos en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil”, agregó.
”Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con @LulaOficial y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña”, agregó por su parte el canciller argentino, Santiago Cafiero.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó el que calificó de “cobarde y vil ataque a la democracia”.
“Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia”, escribió en Twitter.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), presidida actualmente por Argentina, expresó su “respaldo” al Gobierno de Lula.
“La Presidencia Pro Tempore de la Celac manifiesta su respaldo al Gobierno de @LulaOficial, elegido por el pueblo de Brasil, y rechaza las acciones violentas contra las instituciones democráticas brasileñas”, señaló en su cuenta de Twitter este foro político, que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe.
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, también repudió los violentos asaltos. “Lamentamos y condenamos las acciones llevadas a cabo en Brasil que atentan contra la democracia y las instituciones” y adjuntó en su mensaje de Twitter el conundente comunicado de su Cancillería en la que se hace un llamado a respetar el Estado de derecho y la democracia.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, también repudió el “asalto” de “grupos antidemocráticos”.”Condenamos enérgicamente el asalto al Congreso, Palacio y Tribunal Supremo de Brasil por parte de grupos antidemocráticos. Los fascistas siempre buscarán tomar por la fuerza lo que no lograron en las urnas. Nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y el presidente @LulaOficial”, escribió Arce en Twitter.
Por su parte, Evo Morales, ex presidente de Bolivia y líder del partido oficialista boliviano MAS, hizo un llamado “a que la comunidad internacional, los organismos multilaterales y gobiernos democráticos formen un solo bloque de defensa de la democracia en Brasil. El golpismo no pasará. La democracia prevalecerá. Todo nuestro apoyo al hermano Lula y a su pueblo”.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó “enérgicamente” los actos “violentos y antidemocráticos” en Brasil, ya que entiende que tienen como objetivo “generar caos” e incumplir “la voluntad popular” expresada en las elecciones e 2022, de las que salió derrotado Bolsonaro.
Por su parte, el jefe de Estado de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, se sumó a las críticas contra “las acciones de irrespeto y vandalismo” perpetradas contra “instituciones democráticas”, ya que “atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana”.
“Expreso mi respaldo y el de mi Gobierno al régimen de Lula, legalmente constituido”, dijo Lasso.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el “reprobable e antidemocrático intento golpista”.
“Reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos”, escribió. “Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo”.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro condenó “el ataque a las instituciones en Brasilia, lo cual constituye una acción repudiable y un atentado directo a la democracia”. “Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista”, afirmó en un tuit.
En un texto en portugués la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “repudia los ataques a las instituciones y la violencia en Brasilia” y lo califica de “ataque a la democracia”. “El derecho de reunión debe ser pacífico, sin armas y con estricto apego al estado de derecho”, insiste.
Cientos de partidarios de Bolsonaro, que desconocen la victoria en las elecciones de octubre pasado de Lula, quien asumió el poder el 1 de enero, marcharon este domingo por Brasilia e invadieron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.
Según videos que circulan en las redes sociales, los radicales, que en los últimos meses han acampado a los puertas de los cuarteles para exigir una “intervención” militar que impidiera la toma de posesión de Lula, han provocado destrozos de diversa consideración en el interior de esos locales.
Tras el caos provocado por miles de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, Lula decretó la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia.
Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula.
El mandatario también criticó duramente a los “fascistas” que invadieron las sedes de los tres poderes y causaron destrozos en los edificios.Agregó que los radicales han sido “estimulados” por el exgobernante y que “pagarán con la fuerza de la ley” por los disturbios provocados, así como aquellos que los han financiados.
Finalmente, tras varias horas de enfrentamientos, la Policía MIlitar logró recuperar el control d etodas las sedes d egobierno ocupadas en la tarde del dopmingo.
Latinoamericanas
Pedro Alliana asume presidencia de Paraguay y promete compensar a afectados por crisis bancaria
EFE Globales
El nuevo mandatario asumió el poder tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y anunció medidas para proteger los ahorros de millones de clientes afectados por el cierre de Ueno Bank.
ASUNCIÓN, Paraguay. – Pedro Alliana juró este viernes 6 de noviembre de 2026 como nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero provocado por la crisis de Ueno Bank.
En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana prometió garantizar compensaciones a los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad bancaria y adoptar medidas urgentes para proteger los recursos públicos y privados comprometidos.
El nuevo gobernante aseguró que su administración dará prioridad a los ahorristas de menores recursos, quienes enfrentan dificultades económicas como consecuencia de la situación financiera.
Crisis bancaria provoca cambio de Gobierno
La llegada de Alliana a la Presidencia se produjo después de que el Senado paraguayo declarara culpable a Santiago Peña de mal desempeño de funciones durante un juicio político celebrado en ausencia del mandatario.
La decisión estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre los vínculos del ahora expresidente con Ueno Bank, entidad financiera cuya crisis provocó preocupación entre los depositantes y las instituciones públicas que mantenían recursos en ese banco.
Peña había sido accionista del grupo propietario de la institución hasta 2025, mientras que durante su administración distintas entidades estatales depositaron importantes recursos en el sistema financiero vinculado al banco.
La situación desencadenó una crisis política que culminó con la destitución presidencial y la llegada al poder de quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia de la República.
Cerca de tres millones de clientes afectados
De acuerdo con las informaciones difundidas, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre personas particulares e instituciones que administran fondos de pensiones.
Entre las entidades afectadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal cuyos recursos quedaron comprometidos por las restricciones impuestas a la institución financiera.
La intervención del banco por parte del Banco Central del Paraguay generó incertidumbre entre los depositantes, especialmente aquellos que dependen de sus ahorros para cubrir necesidades básicas.
Ante esta situación, Alliana anunció que su Gobierno trabajará para acelerar los mecanismos de devolución de depósitos y garantizar la protección de los sectores más vulnerables.
Nuevo presidente promete medidas inmediatas
Durante la ceremonia de juramentación, celebrada ante el Congreso Nacional, Alliana recibió la banda y el bastón presidencial de manos del presidente del Poder Legislativo, Basilio Núñez.
El mandatario aseguró que no abandonará a las personas afectadas por la crisis y prometió impulsar medidas orientadas a restablecer la confianza en el sistema financiero.
Asimismo, instruyó a las autoridades correspondientes a adoptar acciones inmediatas para compensar a los ahorristas, otorgando especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
No obstante, todavía queda por determinar el alcance de las compensaciones, los mecanismos de ejecución y los plazos en que los afectados podrían recuperar la totalidad de sus recursos.
Alliana completará período presidencial hasta 2028
Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado con el compromiso de completar el mandato constitucional iniciado en agosto de 2023, cuyo término está previsto para agosto de 2028.
El nuevo presidente, perteneciente al Partido Colorado, había acompañado a Santiago Peña como candidato vicepresidencial durante las elecciones generales de 2023.
Su llegada al poder ocurre en un escenario de incertidumbre económica y política, marcado por la necesidad de estabilizar el sistema financiero y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Paraguay enfrenta el desafío de recuperar la confianza
La crisis de Ueno Bank y sus consecuencias políticas representan un desafío para el nuevo Gobierno, que deberá atender simultáneamente las demandas de los ahorristas, la estabilidad bancaria y los cuestionamientos sobre la administración de los recursos estatales.
La destitución de Santiago Peña también abre una nueva etapa institucional en Paraguay, donde las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades derivadas del colapso financiero mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
Mientras tanto, el presidente Pedro Alliana ha colocado la compensación de los afectados entre las prioridades de su administración, en un intento por contener las repercusiones económicas y sociales de una crisis que provocó un cambio inesperado en la conducción política del país.
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Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tras ser destituido del cargo en medio de crisis bancaria
El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
Asunción, Paraguay.-La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, «ya se encuentra detenido”.
El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
El ahora exmandatario -que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado- no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
Este viernes, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.
Durante el juicio, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento del banco como «el escándalo de corrupción más grande» de la era democrática en Paraguay, y rebatió los pronunciamientos de los defensores de Peña, que alertaron de la supuesta nulidad del procedimiento.
Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».
Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
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Policía haitiana intensifica ofensiva contra bandas armadas y reporta unos 20 muertos en Arcahaie
Entre los fallecidos figura un presunto cabecilla identificado como «Galaxy». Los enfrentamientos se producen en medio de un amplio despliegue de militares salvadoreños para localizar a cuatro integrantes de una fuerza internacional desaparecidos tras una emboscada.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este domingo 1 de noviembre de 2026 que aproximadamente 20 presuntos integrantes de organizaciones criminales murieron durante una operación desarrollada en la comuna de Arcahaie, al noroeste de la capital, en medio de una nueva escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas armadas que operan en el territorio haitiano.
Según el comunicado policial, la intervención tuvo lugar el jueves 29 de octubre y dejó también varios presuntos pandilleros gravemente heridos. Entre los fallecidos se encuentra un hombre conocido como «Galaxy», señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de los grupos criminales que mantienen presencia en la zona.
Bandas responden con nuevos ataques
La situación de seguridad volvió a agravarse durante la madrugada del sábado 31 de octubre, cuando individuos armados atacaron la localidad de Bercy, perteneciente a Arcahaie, aparentemente en represalia por la operación policial.
Ante la nueva incursión, unidades especializadas de la Policía haitiana respondieron para contener el ataque y evitar que los grupos armados ampliaran su control territorial.
Entre los organismos participantes figuraron la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención (BOID) y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden (CIMO).
Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en Arcahaie y que continuarán las operaciones dirigidas a enfrentar la presencia de las organizaciones criminales.
La cifra de fallecidos corresponde al balance comunicado por la institución policial y no ha sido corroborada de manera independiente.
Residentes colaboran con las autoridades
Medios haitianos informaron que habitantes de Arcahaie participaron en acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos.
También circularon en plataformas digitales imágenes en las que se observa a motociclistas arrastrando por las calles los cuerpos de algunos presuntos integrantes de las bandas que habrían muerto durante las operaciones.
Estos episodios reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad y el clima de violencia que afecta a distintas comunidades haitianas.
Sin embargo, la participación de civiles en situaciones de confrontación armada plantea preocupaciones sobre su protección, así como sobre el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y la preservación de posibles evidencias para las investigaciones.
Más de 2,000 militares salvadoreños desplegados en Haití
Las operaciones de la Policía Nacional haitiana se desarrollan en un contexto de mayor presencia militar internacional, tras la llegada de un contingente de más de 2,000 efectivos salvadoreños.
El despliegue tiene entre sus objetivos localizar a cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.
De acuerdo con los reportes disponibles, los militares fueron emboscados por integrantes de organizaciones criminales mientras se desplazaban en un vehículo de la misión internacional por el sector Santo, en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.
Desde entonces, su paradero permanece sin confirmación pública.
La desaparición provocó el incremento de las acciones de búsqueda y patrullaje en distintas localidades cercanas a la capital haitiana.
Bukele y fuerza multinacional rechazan denuncias de bombardeos
Paralelamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y representantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas rechazaron las acusaciones sobre supuestos bombardeos contra zonas habitadas por civiles durante las operaciones militares.
Las denuncias fueron formuladas por UNA-Haití, una organización con sede en Nueva York vinculada a sectores de la diáspora haitiana.
Frente a estos señalamientos, la GSF sostuvo que sus operaciones no incluyen el empleo de artefactos explosivos y aseguró que las aeronaves utilizadas por sus unidades no transportan ese tipo de armamento.
La fuerza internacional también afirmó que sus actuaciones se desarrollan bajo normas operacionales orientadas a proteger a la población civil.
Por su parte, Bukele negó las acusaciones y cuestionó las versiones difundidas sobre supuestos ataques aéreos indiscriminados.
Las denuncias y los desmentidos reflejan la controversia sobre los métodos empleados en las operaciones de seguridad. La información disponible no permite establecer de manera independiente la veracidad de las acusaciones.
Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad
La intensificación de los enfrentamientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades haitianas para recuperar el control de territorios donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.
La expansión de las bandas ha provocado graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos de familias, interrupciones de actividades económicas y dificultades para acceder a servicios esenciales.
La inseguridad también representa un desafío para el funcionamiento de las instituciones públicas y para los esfuerzos internacionales encaminados a contribuir con la estabilización del país.
En este escenario, las intervenciones policiales y militares constituyen una parte de la respuesta frente a la violencia, pero la recuperación sostenible de la seguridad también requiere fortalecer las instituciones judiciales, combatir las redes de financiamiento criminal y garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Una ofensiva cuyo resultado sigue siendo incierto
Aunque la Policía haitiana reporta importantes bajas entre los grupos armados que operan en Arcahaie, todavía no está claro si estas acciones permitirán recuperar de manera permanente el control de las zonas afectadas.
Las autoridades mantienen sus unidades desplegadas ante la posibilidad de nuevas incursiones, mientras continúan las operaciones de búsqueda de los militares salvadoreños desaparecidos.
La evolución de los acontecimientos será determinante para evaluar el alcance de la respuesta de las fuerzas de seguridad y sus consecuencias para la población.
La crisis haitiana continúa poniendo de manifiesto que la recuperación del orden público no depende únicamente de la capacidad de enfrentar militarmente a las bandas, sino también de reconstruir instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y estabilidad a largo plazo.