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¿Brillante o aterradora? Así es la ciudad del futuro que Google está construyendo en Toronto

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Introduce innovaciones en urbanismo, construcción e ingeniería, pero sus críticos denuncian que la tecnológica quiere dirigir una ciudad sin pasar por las urnas y los residentes recelan del sistema que vigilará sus movimientos para mejorar los servicios

Durante siglos, la humanidad ha querido construir ciudades utópicas en las que hacer realidad sus más deseos. Fue el caso de Chandigarh, la metrópoli que esbozó Le Corbusier para implementar una nueva India con la que Jawaharlal Nehru ponía fin al colonialismo británico. O ese laboratorio eco-arquitectónico que el italiano Paolo Soleri y su mujer Corolyn Woods construyeron en 1970 en medio del desierto de Arizona bajo el nombre de Arcosanti.

 
Para Alphabet, la compañía matriz de Google, llevar a cabo semejante proeza con éxito es cuestión de datos. El futuro sostenible solo será posible si lo ligamos a la creación de metrópolis inteligentes, basadas en inteligencia artificial, alta conectividad y habilitadas por medio de sensores y cableados que permitan que funcionen por sí solas. ¿Suena a ciencia ficción? En 2022 dejará de serlo. Sidewalk Labs, la firma de innovación urbana del gigante tecnológico, hará realidad su proyecto más ambicioso hasta la fecha creando la ciudad del futuro de Quayside.

Aspecto actual del área portuaria, al sureste del centro de Toronto, un área industrial que ha quedado degradada con el abandono de la actividad. Señalada en rojo, la zona de Quayside, la primera que intervendrá Google. | SIDEWALK LABS

 

Esta idea de construir un barrio a camino entre Gran Hermano y las ciudades ideales que se planificaron en la Antigüedad de Platón y Aristóteles, surgió como respuesta a la demanda de las fuerzas gubernamentales en Toronto que querían revalorizar una tierra industrial en proceso de abandono. Aquella anatomía sombría que sirvió de escenario a la película La forma del agua de Guillermo del Toro sería el lugar perfecto para crear el primer vecindario del mundo construido a partir de Internet.

Para ello cuenta con un equipo de unas 130 personas y colaboradores externos, entre decenas de asesores, como Heatherwick Studio, creadores del macro jardín botánico de Shanghái 1.000 Trees; el estudio noruego Snøhetta, autores del nuevo papel moneda del país o del edificio del Opera Ballet nacional de Noruega; o el estudio Micheal Green Architecture, que firma varios aeropuertos en Norteamérica o la Galería de Arte de Vancouver, entre otros proyectos, y es una de las puntas de lanza en el estudio de la madera como material constructivo del futuro.

Plan de ejecución del barrio de Quayside. | SIDEWALK LABS

 

Dirigir una ciudad sin pasar por las urnas

La unión de sus fuerzas, según señala Sidewalk Labs, conseguiría catalizar decenas de miles de empleos y ayudar a abordar los principales desafíos y la problemática que asume Toronto en la actualidad. Las herramientas para conseguirlo serían la gestión digital y el desarrollo de aplicaciones como Commonspace que permitirían a los administradores de espacios públicos recopilar datos fiables sobre el uso que las personas hacen de estos lugares, para responder así mejor a las necesidades cambiantes de la comunidad.

Las voces críticas no tardaron en llegar, cuestionando la alianza entre Google y Waterfront Toronto, el organismo público formado por tres niveles de gobierno (municipal, provincial y federal) que supervisa el proyecto. Jathan Sadowski, investigador en ética de las tecnologías, hizo saltar la alarma señalando que las ciudades no son plataformas con usuarios ni negocios con accionistas, sino lugares reales con gente real. «Google quiere dirigir ciudades sin pasar por las urnas», declaró a The Guardian.

No solo está en cuestión si una empresa tecnológica sabrá dirigir una ciudad viva, sino el mero hecho de que la dirija, saltándose los sistema democráticos, empezando por las elecciones. | SIDEWALK LABS

Cuestiones como «¿sabría una empresa tecnológica dirigir una ciudad viva y en continuo movimiento?», «¿es la tecnología la herramienta veraz y necesaria para mejorar nuestras vidas?» o «¿quién controlará y será dueño de toda la data generada en pleno rendimiento?» dieron lugar a decenas de artículos recordando el papel de Canadá como una democracia occidental que se toma en serio los debates sobre la privacidad de la información y la propiedad de los datos.

Magdalena Mak, residente de la zona, narra el descontento generalizado sobre la falta de privacidad que supondrá tener a Google «vigilando» sus pasos: «No nos sentimos muy cómodos con la idea, será como vivir en un Gran Hermano. Los residentes sabrán a lo que se exponen pero los transeúntes que paseen por el parque o visiten a alguien, no tienen por qué estar vigilados…».

La ciudad no solo tendrá cámaras y sensores de vigilancia. El desarrollo de aplicaciones como Commonspace garantizará a los administradores de espacios públicos recopilar datos fiables sobre el uso que las personas hacen de estos lugares. En la imagen, el Innovation Centre, una incubadora para ‘startups’. | HEATHERWICK

Por otro lado, pondera: «Es verdad que se revitalizará una zona que está desaprovechada y en muy mal estado». Mak apunta también a la generación de empleo y el surgimiento de zonas verdes y modernas como dos de los grandes beneficios. «En general, nos gusta el concepto, pero debería haber partido de una compañía local. Se terminará convirtiendo en un barrio hipster para millennials«.

Para fomentar la transparencia, Sidewalk puso en marcha una serie de consultas –la última el pasado noviembre– a ciudadanos, empresas privadas y académicos con el fin de aportar más información sobre el proyecto y escuchar dudas y sugerencias.

Sidewalk Labs está ensayando para Quayside los edificios en altura hechos de madera en masa, tan resistente como el acero o el hormigón, y yeso Shikkui, elaborado con algas y cáscaras de huevo. Imagen de la ciudad vista desde el puerto. | SNØHETTA

Una ciudad en la que todo estará a 15 minutos

Mientras tanto, se van desvelando detalles sobre cómo será la primera ciudad autónoma del mundo. Con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares (unos 900 millones de euros), su plan de desarrollo urbanístico arranca en el barrio de Quayside, junto al río Tyne y uno de los puntos calientes del ocio nocturno en la actualidad, con la creación de IDEA, el Distrito de Diseño Innovador y Aceleración Económica. Esta iniciativa pretende aprovechar todo el potencial de la costa y crear 44.000 empleos para 2040.

Plano del área potruaria de Toronto. Delimitado con línea discontinua, el distrito completo que intervendrá Sidewalk Labs y que ha denominado IDEA. La fase 2 contempla levantar el resto del distrito, a excepción del espacio contiguo a Quayside (en rojo), aunque podría incorporarse a la segunda intervención. | SIDEWALK LABS

Pero es la segunda fase la que mayor interés despierta. El área de River District, denominado así en honor al río Don y por el papel decisivo que jugará el agua en el futuro de las ciudades y también en esta, pretende revolucionar el diseño convencional de los núcleos urbanos con la máxima de 15-minute neighbourhoods, barrios en los que los residentes puedan acceder a todas sus necesidades sin emplear más de 15 minutos en su desplazamiento.

Compuesto por cinco vecindarios unidos al centro por un tren ligero, Villiers West será el elegido para albergar la nueva sede de Google en Canadá, que incluirá un instituto de investigación sin fines de lucro diseñado para unir a la industria y los empresarios con los organismos públicos.

Los coches autónomos son uno de los puntos clave de su plan de movilidad, en el que también quieren fomentar el uso de la bicileta y que los trayectos a pie, con calles cuyas aceras se adaptan a los traseúntes en los picos bajos de tráfico. | SIDEWALK LABS

Integrar vehículos autónomos es uno de los puntos clave de su plan de movilidad. Su propósito es acortar el viaje hasta el lugar de trabajo, haciéndolo más confortable y sin necesidad de un automóvil propio. Para promover el uso de la bici y que los residentes vayan a pie, diseñarán las calles bajo el concepto de people-first (las personas primero), con aceras más anchas, sin curvas y bordillos dinámicos que se puedan transformar en espacios públicos durante los picos de menor tráfico.

¿Por qué no creamos nuestro microclima?

Con la incorporación de pavimentos inteligentes, bien iluminados y con calefacción, no solo se evitará el hielo y la nieve, sino que se hará posible –en un lugar como Toronto de clima frío y ventoso en invierno, con máximas de cero grados en febrero– una de las máximas del proyecto: vivir la ciudad al aire libre.

Diseñar zonas verdes y espacios abiertos no será la única medida para animar a los residentes de Quayside a salir a las calles. El proyecto va a más. Con el eslogan Winter is coming, but good design can help (se acerca el invierno, pero el buen diseño puede ayudar), el grupo empresarial de ingenería RWDI es la responsable de aumentar la cantidad anual de horas diurnas que de verdad pueden disfrutar los vecinos de Quayside, que, con sus sistemas de control climático pasivo y activo, podrían pasar del 30% al 74% de las horas de luz.

Esto no se traducirá en un verano sin fin, sino en un mayor confort gracias al aprovechamiento de la radiación solar. Por un lado, «al estudiar los patrones climáticos a un nivel muy local, la cuadrícula de un barrio y las masas de edificios se pueden adaptar para proteger las calles del viento o dar paso a la luz solar», señalan desde Sidewalk a ICON Design.

Recreación digital de una de las aceras de Quayside cubierta con el sistema Raincoat, que en verano se puede entreabrir para volverse más poroso y favorecer la ventilación. | MICHAEL GREEN ARCHITECTS

Por otro lado, el sistema Raincoat (impermeable), controlado de forma digital, será la herramienta que permita promover brisas frescas o aumentar el número de horas de luz al año, así como detener el viento frío del invierno. Se trata de una membrana, más o menos transparente, que puede abrirse y cerrarse, y que cuelga de la fachada de los edificios, cubriendo las aceras.

Casas asequibles y de una madera tan resistente como el hormigón

Las propuestas del estudio de arquitectura de Thomas Heatherwick incluyen un diseño para las la sede de Google en Canadá, en el barrio de Villiers West, dentro del distrito IDEA. | HEATHERWICK

En el apartado de vivienda, Sidewalks lo tiene claro: hay que edificar rápido, sostenible y a un módico precio para todos. La herramienta de software BIM coordinará toda la cadena de suministro hasta su ejecución, con un código basado en los resultados obtenidos por los sensores ambientales. La madera en masa –tan fuerte y resistente como el acero o el hormigón, pero reutilizable– o el yeso Shikkui –elaborado con algas y cáscaras de huevo–, contribuyen a contrarrestar el efecto invernadero, además de disminuir los tiempos de aplicación.

La transversalidad aplicada a la construcción de edificios es uno de los grandes retos que asume el proyecto: la creación de espacios inteligentes y flexibles que se acomoden a nuestras necesidades de manera ágil. Raphael Gielgen, jefe de investigación y búsqueda de tendencias de Vitra, lo describe como una de las claves para la creación de espacios inteligentes: «Hay dos aspectos fundamentales que hemos aprendido en la arquitectura desde nuestra experiencia. Lo primero, que la construcción de una ciudad hay que verla como un objeto escultórico que forma parte de un paisaje. Caminamos por su estructura para disfrutar y comprender tanto su aspecto externo como su forma global, así como el juego de luces y sombras que envuelve su volumen».

Las aceras incorporarán un sistema de calefacción para mejorar la sensación térmica. La idea es que las personas vivan la calle. | SIDEWALK LABS

El segundo, señala, «tiene un lado más experimental y se basa en la experiencia directa que mantenemos con el edificio a través del tiempo. Si nos movemos de un lugar a otro, este también cambiará también con nosotros». La vivienda loft que plantea Sidewalk Labs busca asumir esa función modular con un sistema de muros flexibles que se pueden mover y reemplazar fácilmente, reduciendo el coste de futuras reformas. Así, los edificios podrían adquirir diferentes usos a lo largo de sus ciclos de vida.

Las herramientas digitales son también la base de su plan sostenible. Diseñar edificios de eficiencia energética que incluyan wifi en la parte frontal podría optimizar los sistemas de construcción y gestionar el uso de energía para hacerla más limpia sin depender de combustibles fósiles. Otros cometidos de su gestión digital serán mejorar el reciclaje en el hogar o la protección del agua en toda la costa. Para ver si las expectativas se cumplen, tendremos que esperar a 2022, cuando los primeros residentes se instalen y la ciudad del futuro se ponga en funcionamiento.

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Las heridas y los interrogantes que siguen abiertos tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia

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El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de desaparecidos y una cúpula judicial masacrada

Bogotá.-“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.

En una larga historia de violencia política como la colombiana, los hechos del Palacio siguen especialmente vigentes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y más recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, y dejó 110 muertos. En 2000, paramilitares asolaron el corregimiento de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 personas muertas, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en el Chocó, y asesinaron a por lo menos 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y por eso un episodio que en Colombia se ha denominado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o en las artes, solo comparable el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.

Además, la rama judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y su muerte dejó una impronta que aún hoy lamente la justicia.

Además de esa herida abierta, el debate por la toma y la retoma es tan vigente y pugnaz que de él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del mismo M-19 y, si bien no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus antiguos camaradas. Es tan sensible el asunto que recientemente una juez ordenó eliminar un diálogo de una película sobre el Palacio; es tan vigente que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.

La actualidad de lo ocurrido hace cuatro décadas pasa por las preguntas sin respuesta. Una de ellas tiene que ver con la protección de los magistrados. Pese a que se había develado un plan de la guerrilla para atacar el Palacio, una noticia que había llenado titulares de prensa, y a que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Yo quisiera tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal por las desapariciones forzadas de una decena de personas, en manos de militares.

Ceremonia de entrega de los restos mortales de Gloria Isabel Anzola, una de las víctimas femeninas del asalto, en Bogotá, el 10 de diciembre de 2019.Juancho Torres (Anadolu Agency via Getty Images)

Otra pregunta sin respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió una proclama desde el Palacio sobre la que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionando las exigencias de progreso y de justicia social a la nación entera”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir a los principales medios de comunicación la difusión del proceso que soñaban. “Señores magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.

Pero la sombra del narcotráfico ha planeado sobre lo ocurrido desde 1985, pues los guerrilleros coincidían en una demanda de los narcotraficantes. “Mediante un impopular escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juricidad –la más creciente y novedosa de todas las entregas–, que es golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, sobre todo personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, intentando evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se oponían a sangre y fuego. Quien fuera al lugarteniente, Jhon Jairo Velásquez, Popeye, es una de esas fuentes; otras han sido Virginia Vallejo, amante del narco, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La pregunta sigue en el aire, pues no hay pruebas ni es claro que una atrocidad de ese tipo tuviera el efecto esperado. Lo más cercano a una respuesta, de acuerdo con una Comisión de la Verdad conformada por las altas cortes en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio, es señalar esta como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.

Un tercer interrogante es hasta dónde los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que se dio un vacío de poder, en el que fueron los generales quienes decidieron qué hacer. Pero su entonces colega de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no hubo tal, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temía que darle juego a los guerrilleros hubiera llevado a que estos lograran un levantamiento popular y se tomaran el poder.

El cuarto interrogante gira alrededor de la responsabilidad por cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones encontradas; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han pasado-; en unos más, la falta de pruebas de balística o la manipulación del Palacio por policías y militares antes de que llegaran los funcionarios judiciales impide tener las suficientes pruebas técnicas.

Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va de lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a hacer el ataque y lo permitieron, para así poder golpear con fuerza al M-19 en lo que algunos han llamado “operación ratonera”. Aunque los generales lo han negado de forma reiterada, los tres magistrados que lideraron entre 2005 y 2010 una comisión para investigar los hechos, le dan crédito a la ida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “vejado en su dignidad” y “herido en su amor propio” por acciones pasadas de una guerrilla especialmente mediática. Otros han adicionado que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado diálogos de paz sin consultarles y contra su opinión.

Lo más complejo, según la exministra Buitrago, es que las respuestas a esas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron conocer el plan del M-19. Y eso mantiene vivas y abiertas las heridas.

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Virginia Laparra, exfiscal guatemalteca: “Fui a la cárcel por una persecución política contra mí”

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Detenida en 2022 tras denunciar corrupción judicial, vive ahora en el exilio y denuncia una estrategia sistemática para silenciar a quienes luchan contra la impunidad

Virginia Laparra (Quetzaltenango, Guatemala, 45 años) luchó durante años contra la corrupción en su país. Miembro de la Fiscalía Especial contra la impunidad, una institución auspiciada por Naciones Unidas para investigar las redes corruptas en las altas esferas del poder, fue detenida en 2022 por denunciar a un juez que había filtrado información confidencial. La acusación le valió una condena de cuatro años de cárcel, de la que cumplió casi la mitad, en un proceso que Amnistía Internacional calificó de represalia política y que finalmente la empujó al exilio. “La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable” e “iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás”, afirma durante una reciente entrevista en Madrid, en el marco de un viaje a Reino Unido para recoger el Sir Henry Brooke Award, un reconocimiento internacional a su labor como defensora de derechos humanos.

Pregunta. Desde el año 2000, decenas de funcionarios del Poder Judicial se han exiliado de Guatemala. ¿Existe una persecución política contra los juristas?

P. Usted se exilió tras pasar dos años en la cárcel. ¿Cómo la detuvieron?

R. Tenía que viajar a Ciudad de Guatemala desde Quetzaltenango para una audiencia. Salí temprano de la oficina, pero me encontré con una escena propia de la captura de un narcotraficante: patrullas cruzadas, militares con armas largas y pasamontañas. Me estaban esperando y me dijeron que había una orden de detención contra mí.

P. ¿De qué la acusaban?

R. De haber denunciado administrativamente actos de corrupción cometidos por el juez Lesther Castellanos, que resultó ser efectivamente corrupto. Denunciar administrativamente a un juez no puede ser considerado un delito. Y lo hice, en 2017, porque había filtrado información confidencial de un caso de corrupción ya cerrado.

P. En su primera condena, a cuatro años de cárcel, Amnistía Internacional la consideró una prisionera de conciencia.

R. Fui a la cárcel por una persecución política contra mí, no por una causa jurídica. El fin era mandar un mensaje: que luchar contra la corrupción de alto nivel tiene consecuencias. Yo sabía que podía terminar en prisión, porque desde 2018 y hasta mi detención, sufrí años de hostigamiento constante con campañas de difamación contra mí y mensajes amenazantes en redes promovidos por el juez y la Fundación Contra el Terrorismo.

P. ¿Quiénes forman esta fundación?

R. La crearon militares con el fin de defender a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, como al [exdictador Efraín] Ríos Montt.

P. ¿Qué ocurrió tras su detención?

R. Me llevaron a la capital [Ciudad de Guatemala] para mi audiencia [ante el juez] en una patrulla durante la madrugada. En el camino, uno de los agentes me dijo: “No sabemos si va a salir viva de ahí”. Más que amenaza, fue una advertencia de lo que sabían que podía pasarme en el sistema penitenciario. Me aconsejaron que hablara lo menos posible. Yo era la quinta de cinco fiscales que capturaron aquel mes. Pero mientras mis compañeras esperaron a su comparecencia ante el juez en un lugar habitual de detenciones, a mí me llevaron a una carceleta.

P. ¿Qué es exactamente?

R. Es donde llevan a los presos peligrosos y es como una jaula en la que no tienes ni espacio para pararte, porque hay demasiadas personas privadas de libertad. Me mantuvieron toda una noche y, cada vez que intentaba conciliar el sueño en el piso, me levantaban y me despabilaban. Después me ingresaron en la Cárcel Militar Mariscal Zavala y, tras unos días, con mis cuatro compañeras.

La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, en la sede de Madrid de Amnistía Internacional.
Álvaro García

P. Estuvo presa casi dos años.

R. Fui la primera de mis compañeras en recibir la condena y la última en salir. Pero todas nosotras nos negamos a aceptar los cargos que nos imputaban.

La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.

P. ¿Otras personas sí los aceptaron?

R. Sí, eran obligados a aceptar los cargos a cambio de dejarlos en libertad. Les decían que si no lo hacían terminarían como yo. Y no los juzgo, porque la experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.

P. ¿Cómo le afectó?

R. En todos los sentidos. Si con el trato tan cruel que recibí en prisión yo no estoy muerta o [el periodista] José Rubén Zamora no está muerto es porque nos hemos aferrado a algún impulso para seguir viviendo. En mi caso, sobreviví porque mis hijas me hacían prometerles, cada que venían, que seguiría allí la próxima vez que pudieran regresar.

P. Pero su salud se deterioró.

R. Sí, fue degenerando considerablemente. El primer año me negaron totalmente la asistencia médica, y cuando por fin logré que me llevaran al hospital, tuvieron que operarme y quitarme la matriz. Después, me tuvieron que hacer otras cuatro operaciones de emergencia. No me dieron ni la posibilidad de recuperarme, porque tras la operación, me mandaban a la prisión. Pero, además, la estancia en prisión te afecta mucho emocionalmente cuando eres madre y no puedes seguir cuidando a tus hijos.

Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida

P. Otras cuatro mujeres fueron encarceladas con usted. ¿Había un ataque concreto contra las mujeres?

R. Es evidente, porque nosotras éramos más fáciles de encontrar. Tres teníamos hijos menores de edad y otra compañera estaba a cargo de sus papás. Nuestro rol familiar hacía más probable que no nos escondiéramos. Pero, además, nos fotografiaban en las audiencias y difundían nuestras imágenes en redes para difamarnos.

P. ¿En qué momento decidió exiliarse?

R. Tras salir bajo arresto domiciliario, me dediqué a litigar el segundo proceso abierto en mi contra. Me condenaron de nuevo en junio de 2024 a cinco años de prisión y tenían al menos otros cinco procesos abiertos contra mí en el Ministerio Público. Era evidente que en la próxima audiencia judicial iban a ordenar mi detención y que iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás.

P. ¿Cómo pudo salir?

R. Estaba en arresto domiciliario y no podía salir del país, pero lo hice. Tuve que dejar a mis hijas y ahora no puedo regresar a mi país. Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida.

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La ONU alerta de «hambre récord» en Haití y asegura que las necesidades se disparan

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EFE

Proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda

Puerto Príncipe.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó este jueves de que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que las necesidades se disparen.

Según un comunicado de esta agencia de la ONU, el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC en sus siglas en inglés) proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda.

De ellas, se prevé que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8,400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición.

Ante esta situación, el PMA y sus socios han extendido de forma significativa sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1.3 millones de personas en lo que va de año, de ellas un millón en marzo, lo que supone una cifra récord de ciudadanos asistidos en un solo mes, pero, advirtió la organización, «las necesidades superan los recursos disponibles».

Este 2025 esta agencia de Naciones Unidas ya ha suministrado 740,000 comidas calientes a más de 112,000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.

«En este momento, luchamos para contener el hambre. Sin los inmensos esfuerzos que ya se están realizando, la situación sería mucho peor», dijo la directora de País del PMA en Haití, Wanja Kaaria.

Violencia extrema

«Para seguir el ritmo de la creciente crisis, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente; sobre todo, el país necesita paz», agregó Kaaria, quien afirmó que el PMA necesita urgentemente 53.7 millones de dólares para continuar sus operaciones vitales en Haití durante los próximos seis meses.

Haití vive una crisis multidimensional y una violencia extrema, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85 % bajo control de las bandas armadas.

La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por Kenia y con el aval de la ONU, no ha conseguido resultados tangibles frente a esta violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.

  • En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.

A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4,239 personas fueron asesinadas y 1,356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, pese al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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