Santo Domingo, RD.- El coronavirus ha obligado al Ministerio de Salud Pública a cerrar el departamento del Programa de Medicamentos de Alto Costo, debido al contagio de su director, el doctor Alfred Cruz, y de otros empleados.Más Noticias
Brote de Covid-19 obliga al cierre departamento Salud Pública
Santo Domingo, RD.- El coronavirus ha obligado al Ministerio de Salud Pública a cerrar el departamento del Programa de Medicamentos de Alto Costo, debido al contagio de su director, el doctor Alfred Cruz, y de otros empleados.Ulises Jiménez, director de comunicaciones de Salud Pública, dijo que en total hay 58 empelados aislados, aunque no todos están positivos.
Jiménez expresó que el local del Programa de Medicamentos de Alto Costo está cerrado, pero que continúan con el despacho de los fármacos a las personas que están en el programa y los nuevos pueden hacer sus solicitudes por correo electrónico.
“Es cierto que un gran porcentaje de los empleados se contagiaron, incluyendo el director. El local está cerrado para operaciones de los empleados, pero el despacho de medicamentos se mantiene, o sea, que los pacientes que tienen medicamentos se les está despachando. La operatividad del despacho de medicamento se mantiene tanto para los que están en el programa como los de nuevo ingreso. Eso no falla”, indicó Jiménez.
El primero que dio positivo al nuevo coronavirus fue el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias.
Ayer también recibió el alta médica el viceministro de Salud para las provincias, doctor Fernando Ureña, quien desde el pasado jueves estaba ingresado en la clínica Unión Médica, al ser contagiado por el nuevo coronavirus.
Sin cambios
Desde el 25 de septiembre no figura ningún médico, paramédico, enfermera ni otro personal de salud afectado por el coronavirus, de acuerdo con los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública.
En el boletín #191 de esa fecha las autoridades sanitarias reportaron 403 trabajadores de la salud afectados por la pandemia, en el renglón de grupo de riesgo y transcurrido más de un mes se mantiene igual.
No dice cuantos han muerto por el virus, pero se recuerda que los gremios de la salud habían revelado otras cifras en las que incluían al menos diez defunciones.
Ese renglón de grupo de riesgo de los boletines epidemiológicos también abarca a las embarazadas y a los menores de 20 años.
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Embarazadas
En el caso de las embarazadas, desde el 30 de septiembre pasado, en el boletín #196 las autoridades no reportan nuevos contagios y se mantiene en 263..
Los jóvenes
En tanto que los menores de 20 años afectados ha ido en aumento y el total de contagios es de 11,754 en los ocho meses de la pandemia.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.