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Brote de Covid-19 obliga al cierre departamento Salud Pública

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Santo Domingo, RD.- El coronavirus ha obligado al Ministerio de Salud Públi­ca a cerrar el departamento del Programa de Medica­mentos de Alto Costo, de­bido al contagio de su direc­tor, el doctor Alfred Cruz, y de otros empleados.

Ulises Jiménez, director de comunicaciones de Sa­lud Pública, dijo que en to­tal hay 58 empelados aisla­dos, aunque no todos están positivos.

Jiménez expresó que el local del Programa de Me­dicamentos de Alto Costo está cerrado, pero que con­tinúan con el despacho de los fármacos a las personas que están en el programa y los nuevos pueden hacer sus solicitudes por correo electrónico.

“Es cierto que un gran porcentaje de los emplea­dos se contagiaron, inclu­yendo el director. El local está cerrado para operacio­nes de los empleados, pe­ro el despacho de medica­mentos se mantiene, o sea, que los pacientes que tienen medicamentos se les está despachando. La operativi­dad del despacho de medi­camento se mantiene tanto para los que están en el pro­grama como los de nuevo ingreso. Eso no falla”, indi­có Jiménez.

El primero que dio posi­tivo al nuevo coronavirus fue el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias.

Arias fue dado de alta ayer de la clínica Unión Mé­dica del Norte en Santiago, donde permaneció ingresa­do desde el pasado jueves, tras haber dado positivo al Covid-19.

Ayer también recibió el alta médica el viceminis­tro de Salud para las provin­cias, doctor Fernando Ureña, quien desde el pasado jueves estaba ingresado en la clíni­ca Unión Médica, al ser con­tagiado por el nuevo corona­virus.

Sin cambios

Desde el 25 de septiembre no figura ningún médico, para­médico, enfermera ni otro personal de salud afectado por el coronavirus, de acuer­do con los boletines epide­miológicos del Ministerio de Salud Pública.

En el boletín #191 de esa fecha las autoridades sanita­rias reportaron 403 trabaja­dores de la salud afectados por la pandemia, en el ren­glón de grupo de riesgo y transcurrido más de un mes se mantiene igual.

No dice cuantos han muer­to por el virus, pero se recuer­da que los gremios de la sa­lud habían revelado otras cifras en las que incluían al menos diez defunciones.

Ese renglón de grupo de riesgo de los boletines epide­miológicos también abarca a las embarazadas y a los me­nores de 20 años.

 SEPA MÁS

Embarazadas

En el caso de las emba­razadas, desde el 30 de septiembre pasado, en el boletín #196 las autori­dades no reportan nue­vos contagios y se man­tiene en 263..

Los jóvenes

En tanto que los meno­res de 20 años afectados ha ido en aumento y el total de contagios es de 11,754 en los ocho me­ses de la pandemia.

listindiario.com

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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