Internacionales
Bruselas se resigna a la prórroga de la Comisión Juncker
La presidenta electa Ursula von der Leyen debe tomar posesión el 1 de noviembre, pero el rechazo de tres comisarios en el Parlamento Europeo complica el relevo
ean-Claude Juncker y Ursula von der Leyen, el 9 de septiembre en Bruselas
Bruselas.-Los grupos políticos del Parlamento Europeo tienen previsto reunirse la próxima semana, probablemente el miércoles, para rehacer el calendario de la investidura de la nueva Comisión Europea. El voto definitivo sobre el equipo de Ursula von der Leyen estaba previsto para el próximo día 23. Pero fuentes parlamentarias indican que es “prácticamente imposible” que se lleve a cabo ese día. El rechazo de tres de los comisarios propuestos (de Francia, Rumanía y Hungría) obliga a esperar a los nuevos candidatos de esos países y deja sin apenas margen temporal para completar el proceso este mes. Si no hay más contratiempos, el Parlamento baraja el 27 de noviembre como nueva fecha para la sesión de investidura.
El actual presidente la Comisión, Jean-Claude Juncker, tendrá más tiempo para recoger las decenas de libros que ocupan las estanterías de su despacho en el edificio Berlaymont de Bruselas. Y Ursula von der Leyen, presidenta electa desde el mes de julio, deberá esperar un poco más para ocupar ese mismo despacho y la habitación contigua en la que quiere habilitarse una pequeña vivienda de 25 metros cuadrados para residir durante los cinco años de mandato que tiene por delante.
El traspaso de poderes y de despacho está anunciado para el próximo día 31. Pero el relevo será más accidentado de lo previsto y todas las fuentes coinciden en que, de forma casi inevitable, Juncker deberá seguir en el puesto más allá del 1 de noviembre.
El retraso tiene su origen en el escrutinio al que deben someterse los futuros miembros de la Comisión ante el Parlamento Europeo. Tres de los 26 candidatos propuestos (uno por país, salvo Alemania que obtuvo la presidencia, y el Reino Unido, por el Brexit) han sido rechazados durante ese examen por diversas causas, aunque todas relacionadas con presuntos conflictos de interés o dudas sobre la integridad moral y política de los elegidos. Francia, Rumanía y Hungría, los países damnificados por la criba del Parlamento Europeo deben ahora designar nuevos candidatos que también deberán someterse a examen.
Los designados deberán entrevistarse con Von der Leyen para confirmar que son aceptados. La presidenta les asignará entonces sus carteras. La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo debe revisar a continuación los posibles conflictos de interés de los candidatos. Y si pasan ese cedazo (en el que cayeron los candidatos de Rumanía y Hungría), deberán someterse al examen de las comisiones parlamentarias que les correspondan en sus competencias (paso en el que cayó la candidata francesa).
Fuentes parlamentarias dudan de que todo ese proceso se pueda completar antes del pleno del próximo día 23, como estaba previsto. Máxime, cuando en uno de los países, Rumanía, acaba de caer el Gobierno y hay una disputa entre el presidente de la República (popular) y la primera ministra en funciones (socialista) sobre quién debe elegir al comisario europeo.
Los grupos parlamentarios ya sopesan nuevas fechas para la votación definitiva de la Comisión Von der Leyen. La más cercana sería el 6 de noviembre. Pero ese día, el pleno se celebra en el hemiciclo de Bruselas, una circunstancia que podría provocar aún más las iras de Francia. París exige que las votaciones más significativas se celebren en Estrasburgo, sede original del Parlamento Europeo en el momento de la fundación del club. Esa circunstancia, así como la probable necesidad de disponer de más tiempo para el examen de los comisarios pendientes, lleva la votación hasta el 23 de noviembre, según las fuentes consultadas.
Fuentes comunitarias restan importancia al percance. Y recuerdan que ya ocurrió con las dos Comisiones presididas por José Manuel Barroso, cuya toma de posesión se retrasó unos días en 2004 y más de tres meses en 2009.
El tropiezo coincide esta vez con un momento muy delicado como es la salida del Reino Unido de la UE. El Gobierno británico de Boris Johnson se ha negado a designar comisario dado su compromiso de consumar el Brexit en la noche del 31 de octubre, justo cuando concluye la actual Comisión.
Pero si el Brexit se retrasara por tercera vez, Reino Unido debería, en teoría, designar comisario. Y su incorporación podría complicar aún más la investidura de toda la Comisión Von der Leyen, que debe ser aprobada por mayoría de votos emitidos por el Parlamento Europeo.
Fuentes parlamentarias sostienen que, pase lo que pase con el Brexit, es muy probable que la nueva Comisión se someta a voto sin contar con el posible candidato del Reino Unido. Esas fuentes creen que Johnson no podrá obstaculizar la puesta en marcha de la nueva Comisión aunque el Reino Unido continúe unos meses más en el club.
Desde el organismo comunitario también se recuerda que “la Comisión actual seguirá operativa tanto tiempo como haga falta”. Y se subraya que, a diferencia de lo que ocurre con los ejecutivos nacionales, la Comisión mantiene casi todas sus funciones y poderes hasta que dé el relevo a la siguiente.
La prórroga, sin embargo, prolongará el final de una Comisión que ya lleva más de un año al ralentí. Juncker fijó mayo de 2018 como el límite para presentar nuevas propuestas, un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo, para dar tiempo a su tramitación.
El parón remataba una legislatura ya de por sí con escasa actividad, para disgusto de unos europarlamentarios que pasaron un lustro con pocos proyectos que tramitar. En 2014, último año de la Comisón presidida por José Manuel Barroso, se contabilizaron un centenar de iniciativas prioritarias. En 2015, primer año de Juncker, la cifra caía a 23. Y no ha pasado de 26 durante todo el mandato.
La prolongación de la Comisión actual también puede poner en un brete a los dos países, Rumanía y Estonia, cuyos comisarios ya se han marchado. Juncker pidió a los gobiernos de esos países que no designasen nuevo comisario para evitar un gasto inútil dado el breve mandato por delante. Rumanía y Estonia aceptaron a regañadientes quedarse temporalmente sin comisario. Pero el plazo podría prolongarse si Von der Leyen tarda en tomar posesión.
TROPIEZO DE VON DER LEYEN ANTES DE LA CUMBRE EUROPEA
La cumbre europea de la próxima semana (días 17 y 18) debía ser el flamante estreno de Ursula von der Leyen ante los presidentes de Gobierno que la designaron, muchos de ellos sin conocerla más que de nombre, como presidenta de la Comisión Europea. La presentación ante el Consejo Europeo de la exministra alemana de Defensa, sin embargo, se ha visto enturbiada por el rechazo en el Parlamento Europeo de tres de los miembros de la futura Comisión (los de Francia, Rumanía y Hungría).
En los casos de Francia y Rumanía, la propia Von der Leyen había elegido a las candidatas rechazadas entre las posibilidades que le habían ofrecido ambos países. Y la defenestración de la francesa Sylvie Goulard ha provocado las iras del presidente Emmanuel Macron, que exige explicaciones. Macron ha llegado a culpar a Von der Leyen de haber apostado por Goulard a pesar de que él le avisó del riesgo que suponía nombrar a una persona expuesta a una investigación judicial en Francia por uso indebido de fondos públicos. Tras la caída de su comisaria, Macron alerta sobre el riesgo de una crisis europea “que hay que evitar”.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.