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Congreso sobre ley de medios digitales busca garantizar acceso a la justicia.
Santo Domingo. El Primer Congreso Interinstitucional Jurisciencia, organizado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) analizó con la presencia de jueces, fiscales, abogados litigantes y miembros de la Suprema Corte de Justicia las observaciones y propuestas el reglamento de aplicación de la Ley 339-22.
En dicho evento representantes de diversos sectores judiciales acordaron trabajar en conjunto en la búsqueda de las mejores vías para mejorar la administración de justicia, modernizar y agilizar los procesos, reducir la tardanza en la solución de los distintos litigios y garantizar el acceso a una justicia eficaz y eficiente para los juristas y para la población en general.
“ Con este tipo de eventos en el que participaron más de 1500 juristas en el Aula Magna de la Uasd,
buscamos un consenso para posibilitar la incorporación de los medios digitales para agilizar los distintos procesos, siempre sobre la base del respeto de las garantías constitucionales contempladas en nuestra Carta Magna, muy especialmente las que tienen que ver con el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el acceso a los distintos expedientes”, expresó Surun Hernández.
El gremialista indicó que se trata de una muestra más del espíritu de conciliación que en la actualidad reina en todos los sectores que componen el Sistema de Justicia como son: El Poder Judicial, Colegio de Abogados y el Ministerio Público.
El presidente del Card, destacó que el 95 por ciento de las sugerencias realizadas por el Colegio de Abogados a dicha Ley fueron tomadas en cuenta, se excluyó la materia penal, se instauró la medida que para que se aplique la virtualidad en materia de audiencia tenga que ver un acuerdo unánime entre todas las partes, se garantizó el acceso a la ciudadanía, se garantizó y estableció la obligatoriedad de la permanencia de los servicios presenciales, con lo cual nuestras principales preocupaciones fueron satisfechas, y estamos en presencia de una Ley que aprobó el Congreso Nacional y que manda a la creación de un Reglamento, que el Poder Judicial ha mostrado su disposición de discutir con la abogacía nacional.
En el Primer Congreso Interinstitucional Jurisciencia participaron Javier Cabreja en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; los magistrados Ysis Muniz, Octavio Mata Upia y Rosa Evelin Fermín, en representación del Poder Judicial; así como representantes de los fiscales, alguaciles, de la Asociación Dominicana de Abogados, de diversos gremios y ramas del Derecho.
También asistieron y realizaron sus aportes los miembros del Card, Cesario González, secretario de Educación; Josefina Batista, primera vicepresidenta; José Pérez Roa, segundo vicepresidente; Lucía Florentino, secretaria de Organización; Julio Angel Ledesma, en el secretario de Equidad, así como otros miembros de la Junta Directiva, del Consejo Nacional de CARD y representantes de las 35 secciones.
Javier Cabreja y otros representantes del Poder Judicial, informaron que la Suprema Corte de Justicia está trabajando para dotar al sistema de todas las herramientas necesarias para la aplicación de la Ley de Uso de Medios Digitales, como es la contratación de personal, digitalización de expedientes antiguos y actuales, mayor acceso a internet, aplicación de medidas de ciberseguridad para el manejo informaciones y expedientes y otras acciones con el objetivo de lograr una justicia oportuna, inclusiva y confiable.
Asimismo recomendaron a los abogados presentes y a la población en general realizar sus comentarios, aportes y sugerencias al correo electrónico consultapublicascj@poderjudicial.gob.do hasta el martes 20 de septiembre 2022 o comunicarse a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia al teléfono 809-533-3191 ext. 2240.
Más sobre la Ley 339-22
La Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales establece los principios y lineamientos que permiten el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, sin afectar las normas procesales vigentes.
Algunos juristas lo califican como un avance significativo para el país y la comunidad jurídica pues, aumentará el acceso y la transparencia, principal pilar de una justicia confiable.
Con su implementación los usuarios del servicio de justicia podrán visualizar y dar seguimiento a sus expedientes de manera virtual y se facilitará el acceso a la justicia al permitir realizar solicitudes, depósitos, consultas a través del internet, desde cualquier lugar del país.
El Colegio de Abogados explicó que ahora los abogados y ciudadanos tendrán la opción de asistir a sus audiencias de manera virtual, en todas las materias excepto la penal, que era el punto que les preocuoaba.
Además, habilita el uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y acceso a las partes del expediente judicial electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial hace posible.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de las víctimas, Miguel Surún Hernández, quien explicó que en la medida de coerción presentada inicialmente se incluyeron cuatro víctimas, aunque el relato de los hechos describe un esquema de estafa inmobiliaria masiva.
“En esta medida de coerción existieron cuatro víctimas, pero el relato fáctico consagra que se trata de un esquema de estafa inmobiliaria masiva y, por vía de consecuencia, ameritaba la declaratoria de caso complejo”, sostuvo.
- El jurista indicó que el caso involucra alrededor de 210 víctimas en total, muchas de ellas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Según afirmó, el proceso judicial en la provincia de Santo Domingo es el que presenta mayores avances.
Surún Hernández criticó que en el Distrito Nacional el expediente no ha tenido progreso y aseguró que han solicitado que el caso sea remitido a la provincia de Santo Domingo, donde, según dijo, las autoridades han mostrado mayor disposición para investigarlo.
De acuerdo con el abogado, el imputado habría estafado en múltiples ocasiones a las víctimas, incluso entregando certificados de títulos pertenecientes a otras personas y firmando acuerdos sustentados en esos documentos, además de estar involucrado en procesos relacionados con falsedad.
“Hace cuatro meses nos reunimos con la fiscal del Distrito solicitándole que por favor enviara ese expediente a la provincia, que es donde quieren trabajar, porque aquí el magistrado encargado ahora mismo no está haciendo absolutamente nada en ese proceso”, afirmó.
El Informe con Alicia Ortega, expuso cómo lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos residentes en el exterior de adquirir una propiedad frente al mar terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera.
El proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, promovido como un moderno condominio turístico en Boca Chica, prometía apartamentos con amenidades de lujo y entrega en un plazo de dos años. Según los contratos firmados, el edificio tendría 12 niveles, más de 200 unidades habitacionales, parqueos techados, piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, ascensores y planta eléctrica, entre otras facilidades.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, y los compradores debían pagar inicialmente cerca del 20 % del valor total, completando el resto en cuotas mientras avanzaba la construcción.
Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación señalan que la obra nunca inició formalmente. Aunque en un momento se colocó maquinaria y se realizaron excavaciones superficiales, no se levantó ninguna estructura ni se inició la cimentación del edificio.
Además, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que el terreno identificado en los contratos no pertenece a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a Edgar Hernández, sino que figura registrado a nombre de un tercero.
Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún Hernández, en representación de más de 40 afectados, presentó una querella penal contra Edgar Hernández, Mabel Luciano, gerente general del proyecto, y la empresa Boca Chica Garden SRL.
Los cargos incluyen estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Las víctimas, muchas de ellas dominicanos residentes en el exterior, aseguran haber entregado entre US$2,000 y más de US$40,000 para adquirir apartamentos que nunca se construyeron.
El caso continúa en proceso mientras las autoridades investigan el presunto esquema de estafa que habría afectado a cientos de compradores.
Santo Domingo, R.D.-Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo a un mes de que un escándalo de corrupción obligara a la suspensión temporal de sus operaciones, así como la destitución y arresto del dominicano Melitón Cordero, que fungía como su supervisor.
«Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción«, señala Campos en un comunicado oficial colgado en las redes sociales de la misión diplomática.
En el mensaje, la diplomática reitera el compromiso de su país con la relación de lucha contra el narcotráfico establecida con la República Dominicana, así como su decisión personal de «erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos».
En un comunicado adicional, Campos indicó que el cierre de la DEA, anunciado el pasado 12 de febrero, envió un «mensaje claro» de que la corrupción, incluso la percepción de este delito, «no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro gobierno».
«Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia«, reiteró.
Campos informó que durante el proceso de investigación, que inició cuando un exempleado denunció el abuso de un proceso de visa en beneficio de «informantes confidenciales», se ha auxiliado del administrador de la DEA, Terry Cole, con el fin de «asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad».
En ese sentido, la embajadora indicó que estará reabriendo la oficina «bajo un nuevo liderazgo«, que marcará un nuevo capitulo en la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción.
- Campos no especificó desde cuando estará abierta la oficina de la DEA ni quienes serán sus nuevos líderes, pero advirtió que tanto los programas de visas, como los procesos internos de la embajada estarán auditados, lo que permitirá que salgan «más fuertes y resilientes».
«Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA«, expresó.
Comunicado íntegro de la embajadora
- La Embajadora de los Estados Unidos
Leah F. Campos reabre la Oficina de la DEA en Santo DomingoEl cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno. Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia.Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes.A lo largo de este proceso, he trabajado estrechamente con el administrador de la DEA, Terry Cole, para asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad que espero de cada persona que sirve en la embajada que lidero. Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA.Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción. Los Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos.Este compromiso fue resaltado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante la histórica Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada la semana pasada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida. Acompañado por líderes de toda la región, incluida la República Dominicana, el secretario Hegseth reafirmó la importancia de la soberanía, las fronteras fuertes y el compromiso regional contra el flagelo del narcoterrorismo.La participación activa de la República Dominicana demuestra la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable. Juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas.Leah F. Campos
Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana
El pasado 12 de febrero, Campos informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado oficial en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública», posición que la misión diplomática mantenía la semana pasada, según un respuesta a una solicitud de información de este medio.
La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.
La primera comparecencia de Cordero estaba programa para el 6 de marzo, pero la misma fue aplazada para el 6 de abril después de que la defensa solicitara una prórroga debido a la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
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Solicitan prisión preventiva contra hombres atropellados por hombre para evitar atraco en Santiago
Santiago, R.D.-Dos hombres implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una via pública el pasado 8 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en cuyo caso el Ministerio Público solicitó que se les imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los imputados fueron identificados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito). Se trata de los dos hombres que el conductor de un vehículo atropelló la motocicleta en que se desplazaban para impedir el atraco. El hecho quedó captado en un video que circuló en las redes sociales.
El órgano persecutor les acusa de arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.