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Congreso sobre ley de medios digitales busca garantizar acceso a la justicia.
Santo Domingo. El Primer Congreso Interinstitucional Jurisciencia, organizado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) analizó con la presencia de jueces, fiscales, abogados litigantes y miembros de la Suprema Corte de Justicia las observaciones y propuestas el reglamento de aplicación de la Ley 339-22.
En dicho evento representantes de diversos sectores judiciales acordaron trabajar en conjunto en la búsqueda de las mejores vías para mejorar la administración de justicia, modernizar y agilizar los procesos, reducir la tardanza en la solución de los distintos litigios y garantizar el acceso a una justicia eficaz y eficiente para los juristas y para la población en general.
“ Con este tipo de eventos en el que participaron más de 1500 juristas en el Aula Magna de la Uasd,
buscamos un consenso para posibilitar la incorporación de los medios digitales para agilizar los distintos procesos, siempre sobre la base del respeto de las garantías constitucionales contempladas en nuestra Carta Magna, muy especialmente las que tienen que ver con el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el acceso a los distintos expedientes”, expresó Surun Hernández.
El gremialista indicó que se trata de una muestra más del espíritu de conciliación que en la actualidad reina en todos los sectores que componen el Sistema de Justicia como son: El Poder Judicial, Colegio de Abogados y el Ministerio Público.
El presidente del Card, destacó que el 95 por ciento de las sugerencias realizadas por el Colegio de Abogados a dicha Ley fueron tomadas en cuenta, se excluyó la materia penal, se instauró la medida que para que se aplique la virtualidad en materia de audiencia tenga que ver un acuerdo unánime entre todas las partes, se garantizó el acceso a la ciudadanía, se garantizó y estableció la obligatoriedad de la permanencia de los servicios presenciales, con lo cual nuestras principales preocupaciones fueron satisfechas, y estamos en presencia de una Ley que aprobó el Congreso Nacional y que manda a la creación de un Reglamento, que el Poder Judicial ha mostrado su disposición de discutir con la abogacía nacional.
En el Primer Congreso Interinstitucional Jurisciencia participaron Javier Cabreja en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; los magistrados Ysis Muniz, Octavio Mata Upia y Rosa Evelin Fermín, en representación del Poder Judicial; así como representantes de los fiscales, alguaciles, de la Asociación Dominicana de Abogados, de diversos gremios y ramas del Derecho.
También asistieron y realizaron sus aportes los miembros del Card, Cesario González, secretario de Educación; Josefina Batista, primera vicepresidenta; José Pérez Roa, segundo vicepresidente; Lucía Florentino, secretaria de Organización; Julio Angel Ledesma, en el secretario de Equidad, así como otros miembros de la Junta Directiva, del Consejo Nacional de CARD y representantes de las 35 secciones.
Javier Cabreja y otros representantes del Poder Judicial, informaron que la Suprema Corte de Justicia está trabajando para dotar al sistema de todas las herramientas necesarias para la aplicación de la Ley de Uso de Medios Digitales, como es la contratación de personal, digitalización de expedientes antiguos y actuales, mayor acceso a internet, aplicación de medidas de ciberseguridad para el manejo informaciones y expedientes y otras acciones con el objetivo de lograr una justicia oportuna, inclusiva y confiable.
Asimismo recomendaron a los abogados presentes y a la población en general realizar sus comentarios, aportes y sugerencias al correo electrónico consultapublicascj@poderjudicial.gob.do hasta el martes 20 de septiembre 2022 o comunicarse a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia al teléfono 809-533-3191 ext. 2240.
Más sobre la Ley 339-22
La Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales establece los principios y lineamientos que permiten el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, sin afectar las normas procesales vigentes.
Algunos juristas lo califican como un avance significativo para el país y la comunidad jurídica pues, aumentará el acceso y la transparencia, principal pilar de una justicia confiable.
Con su implementación los usuarios del servicio de justicia podrán visualizar y dar seguimiento a sus expedientes de manera virtual y se facilitará el acceso a la justicia al permitir realizar solicitudes, depósitos, consultas a través del internet, desde cualquier lugar del país.
El Colegio de Abogados explicó que ahora los abogados y ciudadanos tendrán la opción de asistir a sus audiencias de manera virtual, en todas las materias excepto la penal, que era el punto que les preocuoaba.
Además, habilita el uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y acceso a las partes del expediente judicial electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial hace posible.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.