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Congreso sobre ley de medios digitales busca garantizar acceso a la justicia.
Santo Domingo. El Primer Congreso Interinstitucional Jurisciencia, organizado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) analizó con la presencia de jueces, fiscales, abogados litigantes y miembros de la Suprema Corte de Justicia las observaciones y propuestas el reglamento de aplicación de la Ley 339-22.
En dicho evento representantes de diversos sectores judiciales acordaron trabajar en conjunto en la búsqueda de las mejores vías para mejorar la administración de justicia, modernizar y agilizar los procesos, reducir la tardanza en la solución de los distintos litigios y garantizar el acceso a una justicia eficaz y eficiente para los juristas y para la población en general.
“ Con este tipo de eventos en el que participaron más de 1500 juristas en el Aula Magna de la Uasd,
buscamos un consenso para posibilitar la incorporación de los medios digitales para agilizar los distintos procesos, siempre sobre la base del respeto de las garantías constitucionales contempladas en nuestra Carta Magna, muy especialmente las que tienen que ver con el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el acceso a los distintos expedientes”, expresó Surun Hernández.
El gremialista indicó que se trata de una muestra más del espíritu de conciliación que en la actualidad reina en todos los sectores que componen el Sistema de Justicia como son: El Poder Judicial, Colegio de Abogados y el Ministerio Público.
El presidente del Card, destacó que el 95 por ciento de las sugerencias realizadas por el Colegio de Abogados a dicha Ley fueron tomadas en cuenta, se excluyó la materia penal, se instauró la medida que para que se aplique la virtualidad en materia de audiencia tenga que ver un acuerdo unánime entre todas las partes, se garantizó el acceso a la ciudadanía, se garantizó y estableció la obligatoriedad de la permanencia de los servicios presenciales, con lo cual nuestras principales preocupaciones fueron satisfechas, y estamos en presencia de una Ley que aprobó el Congreso Nacional y que manda a la creación de un Reglamento, que el Poder Judicial ha mostrado su disposición de discutir con la abogacía nacional.
En el Primer Congreso Interinstitucional Jurisciencia participaron Javier Cabreja en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; los magistrados Ysis Muniz, Octavio Mata Upia y Rosa Evelin Fermín, en representación del Poder Judicial; así como representantes de los fiscales, alguaciles, de la Asociación Dominicana de Abogados, de diversos gremios y ramas del Derecho.
También asistieron y realizaron sus aportes los miembros del Card, Cesario González, secretario de Educación; Josefina Batista, primera vicepresidenta; José Pérez Roa, segundo vicepresidente; Lucía Florentino, secretaria de Organización; Julio Angel Ledesma, en el secretario de Equidad, así como otros miembros de la Junta Directiva, del Consejo Nacional de CARD y representantes de las 35 secciones.
Javier Cabreja y otros representantes del Poder Judicial, informaron que la Suprema Corte de Justicia está trabajando para dotar al sistema de todas las herramientas necesarias para la aplicación de la Ley de Uso de Medios Digitales, como es la contratación de personal, digitalización de expedientes antiguos y actuales, mayor acceso a internet, aplicación de medidas de ciberseguridad para el manejo informaciones y expedientes y otras acciones con el objetivo de lograr una justicia oportuna, inclusiva y confiable.
Asimismo recomendaron a los abogados presentes y a la población en general realizar sus comentarios, aportes y sugerencias al correo electrónico consultapublicascj@poderjudicial.gob.do hasta el martes 20 de septiembre 2022 o comunicarse a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia al teléfono 809-533-3191 ext. 2240.
Más sobre la Ley 339-22
La Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales establece los principios y lineamientos que permiten el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, sin afectar las normas procesales vigentes.
Algunos juristas lo califican como un avance significativo para el país y la comunidad jurídica pues, aumentará el acceso y la transparencia, principal pilar de una justicia confiable.
Con su implementación los usuarios del servicio de justicia podrán visualizar y dar seguimiento a sus expedientes de manera virtual y se facilitará el acceso a la justicia al permitir realizar solicitudes, depósitos, consultas a través del internet, desde cualquier lugar del país.
El Colegio de Abogados explicó que ahora los abogados y ciudadanos tendrán la opción de asistir a sus audiencias de manera virtual, en todas las materias excepto la penal, que era el punto que les preocuoaba.
Además, habilita el uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y acceso a las partes del expediente judicial electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial hace posible.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.