Nacionales
Buscan que Congreso Nacional declare Loma Miranda área protegida
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ambientalista Luis Carvajal dijo este miércoles que la marcha que se realizó el pasado domingo lo que busca es entre otras cosas que el Congreso Nacional declare a la Loma Miranda área protegida, y que la explotación de la misma perjudicaría a más de 250 mil familias que se alimentan de las aguas que provienen de esta zona.
Esa macha se basó en tres cosas: “Primero que Medio ambiente no dé los permisos ambientales, que es la fase que falta para iniciar la explotación; que el presidente Danilo Medina anule la concepción de explotación y elimine además todas las acciones que han permitido la apropiación utilizando la ley minera y tres la solicitud al Congreso Nacional de declaratoria de área protegida”, expuso.
Luis Carvajal señaló: “Nos extraña que decenas de personas tengan que salir en una macha a decirles a un gobierno que el agua es importante. Las aguas de allí alimentan a más de 250 mil personas de provincias tan importantes como San Francisco de Macorís y Salcedo”.
Luís Carvajal ofreció sus declaraciones al ser entrevistado en El Despertador, del Grupo SIN que se transmite por Antena Latina, donde que “la realidad es bastante compleja. Hay un Estado que es incapaz de definir políticas de manejo del territorio y que una vez establece la necesidad de proteger un área; no define con claridad los límites, pero sobre todo no define una política social de acompañamiento a los productores”.
Agregó que en la zona de amortiguamiento de los Haitises está planteada la necesidad de convivir con actividades productivas ordenadas, “pero esto implica que tiene que haber un acompañamiento técnico adecuado, que tiene que haber una supervisión”.
Aseguró que los problemas en el Parque Los Haitises no se resolverán los problemas, “si no se resuelve el problema social de su contexto, de su entorno. Cada vez que ha habido la necesidad de dar una respuesta a los problemas sociales la falta de institucionalidad que existe en la República Dominicana ha permitido que generales, activistas de partidos, que pequeños caudillos locales se apropien de los terrenos que estaban dirigidos a dar respuestas a los problemas sociales”.
“Medio Ambiente solo sabe actual de dos maneras prohíbe o permite y no son esos dos extremos el enfoque correcto para abordar una situación como la de Los Haitises. Existe un proyecto de acompañamiento que implica e incluso el desarrollo de una agricultura compatible con el área que alrededor de Los Haitises y que pretende cubrir a los Haitises con una zona de amplio desarrollo, donde la gente pueda vivir mejorando su economía a partir de aprovechar los terrenos. Esto implica tres necesidades. Primero conocer cuáles son los limites del parque, porque este se ensancha o se encoje dependiendo la de los políticos locales o del funcionario de ese momento o de las hormonas de quien quiera actuar allí”, precisó.
Noticiassin
Santiago, R.D. – Jueces, juezas y servidores judiciales paralizaron este jueves las labores en los tribunales del país, denunciando el “abandono”, la sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.
Santo Domingo, R.D.-Nueva vez, el Gobierno dominicano ha anunciado que busca implementar el cobro de impuestos a plataformas digitales de proveedores extranjeros, como Netflix, Spotify, Airbnb, entre otros.
A pesar de que esta medida ha sido comunicada en otras tres ocasiones, en ninguna logró ser implementada.
En su nuevo intento, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) adelantó el martes que avanza en una propuesta para implementar el cobro de un 18% de Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas digitales.
El funcionario explicó que la DGII ya trabaja en la creación de un mecanismo que permita recaudar el impuesto sobre los servicios digitales consumidos en el país, asegurando que se encuentra en comunicación con todas las plataformas.
El funcionario aseguró que las plataformas digitales han mostrado disposición ante la iniciativa, al asegurar que “sí, muy positivas, sí, todas, Airbnb, Netflix, todas están en eso, Facebook. Ellos no pretenden darle mucha larga a eso”.
Hace un año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 30-25, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 11186 el 25 de enero de 2025, que establecía la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios digitales consumidos en el país.
El decreto contemplaba gravar plataformas de streaming de música y video, servicios de publicidad y redes , plataformas de intermediación y servicios de almacenamiento en la nube y software.
Es decir, empresas como Netflix, Spotify, Disney+, Google Adss, Facebook Ads, Uber, Airbnb, videojuegos, entre otros tendrían que pagar impuestos. No obstante, tras hacerse público el decreto, el entonces vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que el mismo sería derogado y, por tanto, no entraría en vigencia.
En 2024, luego de la reelección del presidente Luis Abinader, fue anunciada una reforma fiscal, la cual contemplaba un Impuesto al Valor Agregado (IVA) a plataformas digitales.
No obstante, debido a la falta de apoyo de varios sectores y críticas de la sociedad, el proyecto de reforma fiscal fue retirado, y con ella los planes de cobrar impuesto a estos proveedores extranjeros.
En febrero del año 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) refirió que el Código Tributario Dominicano establece que los servicios digitales no están exentos del ITBIS, lo que implicaba su sujeción a este impuesto.
Pese a los intentos gubernamentales en actualizar el régimen fiscal frente a las plataformas digitales, la falta de consenso y los cuestionamientos sobre su implementación han llevado a abandonar estas medidas en distintas ocasiones.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves 21 de mayo del 2026 el Poder Judicial informó que continuará operando en todo el país como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios, pese al paro convocado por jueces, juezas y servidores judiciales.
La institución explicó que los trámites y servicios judiciales seguirán funcionando con normalidad en las distintas jurisdicciones y dependencias judiciales del país. Además, la plataforma digital justicia.gob.do permanecerá disponible las 24 horas para garantizar el acceso continuo a los servicios judiciales.
El paro de jueces y servidores judiciales fue convocado en reclamo de mejores condiciones de trabajo, reivindicaciones salariales justas y otras demandas relacionadas con el fortalecimiento del sistema judicial dominicano.
Asimismo, el Consejo del Poder Judicial y los órganos de dirección administrativa adoptaron medidas para asegurar el funcionamiento institucional y la continuidad de los servicios judiciales en todo el territorio nacional.
El Consejo reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho fundamental y reafirmó la importancia del diálogo como vía para fortalecer las instituciones. También recordó que miles de ciudadanos acuden diariamente al sistema judicial en busca de respuestas y soluciones, por lo que preservar el acceso a la justicia forma parte de su compromiso permanente con la ciudadanía.
El Consejo del Poder Judicial puso en marcha medidas concretas para fortalecer el talento humano y la infraestructura del sistema judicial, incluyendo la indexación salarial, la mejora de los espacios de trabajo, la movilidad en la carrera judicial y la agilización de suplencias y vacantes.
Estas acciones, respaldadas por el Ministerio de Hacienda y Economía y contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, reflejan el compromiso institucional de avanzar en soluciones sostenibles mientras se garantiza la continuidad del servicio judicial en todo el país.
El Poder Judicial reafirmó su compromiso con las iniciativas orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia dominicano.
Además, impulsa nuevas medidas en materia de infraestructura, talento humano y mejoras salariales tras la reciente reunión del Consejo del Poder Judicial.
El Ministerio de Hacienda y Economía habilitará recursos presupuestarios para respaldar la indexación salarial, la modernización de las infraestructuras judiciales y la reducción de la mora judicial, iniciativas contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034 impulsado por el Consejo del Poder Judicial.
De igual forma, el Consejo ejecutará iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, con el objetivo de avanzar hacia una justicia más ágil, accesible y transparente.
Los recursos presupuestarios serán habilitados de manera gradual en los presupuestos de 2026 y 2027, con el propósito de sostener los objetivos estratégicos del plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la modernización de la infraestructura judicial, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial.