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Buscan que Congreso Nacional declare Loma Miranda área protegida

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ambientalista Luis Carvajal dijo este miércoles que la marcha que se realizó el pasado domingo lo que busca es entre otras cosas que el Congreso Nacional declare a la Loma Miranda área protegida, y que la explotación de la misma perjudicaría a más de 250 mil familias que se alimentan de las aguas que provienen de esta zona.

Esa macha se basó en tres cosas: “Primero que Medio ambiente no dé los permisos ambientales, que es la fase que falta para iniciar la explotación; que el presidente Danilo Medina anule la concepción de explotación y elimine además todas las acciones que han permitido la apropiación utilizando la ley minera y tres la solicitud al Congreso Nacional de declaratoria de área protegida”, expuso.

Luis Carvajal señaló: “Nos extraña que decenas de personas tengan que salir en una macha a decirles a un gobierno que el agua es importante. Las aguas de allí alimentan a más de 250 mil personas de provincias tan importantes como San Francisco de Macorís y Salcedo”.

Luís Carvajal ofreció sus declaraciones al ser entrevistado en El Despertador, del Grupo SIN que se transmite por Antena Latina, donde que “la realidad es bastante compleja. Hay un Estado que es incapaz de definir políticas de manejo del territorio y que una vez establece la necesidad de proteger un área; no define con claridad los límites, pero sobre todo no define una política social de acompañamiento a los productores”.

Agregó que en la zona de amortiguamiento de los Haitises está planteada la necesidad de convivir con actividades productivas ordenadas, “pero esto implica que tiene que haber un acompañamiento técnico adecuado, que tiene que haber una supervisión”.

Aseguró que los problemas en el Parque Los Haitises no se resolverán los problemas, “si no se resuelve el problema social de su contexto, de su entorno. Cada vez que ha habido la necesidad de dar una respuesta a los problemas sociales la falta de institucionalidad que existe en la República Dominicana ha permitido que generales, activistas de partidos, que pequeños caudillos locales se apropien de los terrenos que estaban dirigidos a dar respuestas a los problemas sociales”.

“Medio Ambiente solo sabe actual de dos maneras prohíbe o permite y no son esos dos extremos el enfoque correcto para abordar una situación como la de Los Haitises. Existe un proyecto de acompañamiento que implica e incluso el desarrollo de una agricultura compatible con el área que alrededor de Los Haitises y que pretende cubrir a los Haitises con una zona de amplio desarrollo, donde la gente pueda vivir mejorando su economía a partir de aprovechar los terrenos. Esto implica tres necesidades. Primero conocer cuáles son los limites del parque, porque este se ensancha o se encoje dependiendo la de los políticos locales o del funcionario de ese momento o de las hormonas de quien quiera actuar allí”, precisó.

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Cien mil pesos por cada balazo habrían recibido los sicarios que asesinaron a abogado de Santiago.

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Alrededor de setecientos mil pesos habrían recibido los sicarios que acribillaron en Santiago al abogado Basilio Guzmán, según trascendió de una fuente vinculada a la investigación del caso.

Esos datos filtrados de la investigación que se realiza en torno al caso, revelan que quienes ejecutaron el crimen tendrían una recompensa por encima de los 700 mil pesos. Por cada balazo que penetrara el cuerpo del asesinado abogado Basilio Guzmán, sus verdugos recibirían cien mil pesos.

Esos datos, filtrados de la investigación que se realiza en torno al caso, revelan que quienes ejecutaron el crimen tendrían una recompensa por encima de los 700 mil pesos.

Aunque horas después del asesinato de Guzmán, salió a relucir un video donde se visualizan a dos hombres en un motocicleta cuando ejecutan a su víctima, hasta el momento las autoridades no han compartido datos de las identidades de los responsables. Pese a que ha trascendido que los responsables están identificados.

Exigen terminación de puente en SFM que comunica varios sectores
Exigen terminación de puente en SFM que comunica varios sectores
También se ha ventilado es que los hombres son oriundos del municipio de Tamboril, en cuyo lugar el jurista afectó intereses.

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del día 21 de junio en el residencial El Mirador próximo a Los Cerros de Gurabo III y se desconoce si los homicidas robaron algo a Guzmán Rodríguez

Bombero resulta herido tras intentar sofocar incendio en Higüey
Bombero resulta herido tras intentar sofocar incendio en Higüey
La víctima estaba recogiendo el periódico de hoy, según las informaciones.

Alrededor de las 8:00 de la mañana se encontraban en la escena del crimen los agentes adscritos al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional a la espera de un médico legista para trasladar el cadáver del abogado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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RD$600 millones de pesos exige el Estado dominicano en caso Operación 13

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SANTO DOMINGO . – Una indenmnización de 600 millones de pesos exige el Estado dominicano, representado por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, quienes  solicitaron  este jueves al juez que sea ordenada la apertura a juicio y admita su querella con constitución en actor civil.

“En la etapa que nos encontramos, luego de que el Ministerio Público leyera su acusación, en nuestra calidad de representantes del Estado dominicano, cumplimos con nuestro rol de explicar los motivos que sustentan la querella y la constitución en actor civil interpuesta contra los imputados en este proceso», expresan los abogados Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte, quienes forman parte del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) que representa al Estado dominicano en este proceso.

Agregaron que » lo que concierne a la acción penal, nos adherimos a la acusación presentada por el Ministerio Público, solicitando sea ordenada la apertura a juicio, y en lo civil, explicamos las razones de hecho y de derecho que justifican que el Estado dominicano sea compensado con una indemnización de 600 millones de pesos”.

Acusaciones

Los referidos abogados señalaron que por la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público y los motivos en los que se sustenta la querella con constitución en actor civil presentada por el Estado, una vez superada la audiencia preliminar y el caso sea conocido en el juicio de fondo, los imputados resultarán condenados y se les ordenará pagar a favor del Estado la indemnización solicitada por los cuantiosos daños causados.

Recordamos que el hecho que dio origen a la investigación y posterior acusación fue el fraude orquestado desde la Lotería Nacional consistente en la manipulación del sorteo de fecha 1 de mayo del año 2021, para que resultara seleccionado el número 13, tal y como ocurrió.

Este hecho lesionó la imagen y credibilidad del Estado dominicano y la Lotería Nacional.

Las personas que están siendo señaladas como responsables de planificar y ejecutar este fraude son los señores Luis Maisichell Dicent (ex – administrador de la Loteria Nacional), William Lizandro Rosario Ortiz, Felipe Santiago Toribio (Chago), Eladio Batista Valerio (El Gago), Carlos Manuel Beriguete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Valentina Rosario Cruz (presentadora de televisión), Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Edison Manuel Perdomo Peralta y Rafael Mesa Nova.

Por su alegada participación en este fraude, guardan prisión preventiva el ex – administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como los señores William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

Los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, solo les fue dictada la prisión domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa cuentan con presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción.

Actualmente se encuentra prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía.

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Confeso asesino de Jorge Mera realiza más peticiones para “esclarecer hechos”

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Miguel Cruz, asesino del ministro Orlando Jorge Mera ha realizado más peticiones al Ministerio Público y esta vez quiere que se realice una serie de diligencias con las que, argumentó, se podrán establecer con certeza lo sucedido.

A través de sus abogados, Fausto Miguel Cruz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, solicitó a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se interroguen nueve personas, que están relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, luego le disparó a Jorge Mera por supuestamente negarse a otorgarles unos permisos.

Entre estas personas se encuentran el consultor jurídico de Medio Ambiente, Edilio Segundo Florián Santana; el encargado de la Oficina provincial de Medio Ambiente en Samaná, Alfonso Mendoza; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), coronel Cepeda; como también Milvio Linares Villegas, quien dice es sobrino del malogrado ministro y el “autorizado a dar los permisos”.

Pide grabaciones y conversaciones

Además, pidió copias de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, tanto en imágenes como sonido captados el día del hecho en el despacho y antedespacho de Jorge Mera, como en otras áreas del Ministerio de Medio Ambiente.

Por igual, le solicitó a la fiscal Ramos que se le entregue copias de las conversaciones del ministro Jorge Mera y del suyo el día del hecho, como también un listado de las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos móviles.

También, solicitó copias de los reportes médicos que se le realizaron desde el día de su arresto, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hechos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como las realizadas en la cárcel Najayo.

Pidió, también por vía de sus abogados, la copia del interrogatorio que se le realizó, “sobre todo, donde se hace constar la supuesta confesión.

Los abogados de Cruz, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, basaron esta solicitud de proposición de diligencias en varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la Constitución de la República.

Indicaron que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

Aún sin respuesta pedido de entrevista en prisión

Previo a estas peticiones, el 15 de junio pasado, Cruz pidió que se le permita ser entrevistado por periodistas en su celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres. El imputado dijo, mediante instancia, que desea “explicarle al país… cómo fue que desembocó el lamentable suceso”. Esta solicitud será decidida la procuradora, Miriam German, ya que la fiscal Ramos se la remitió. Aún se está a la espera de que se responda a la petición.

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