Nacionales
Buscando el cuerpo de Emely
UN FISCAL ASEGURÓ AYER QUE EL JOVEN MARLON MARTÍNEZ MATÓ A SU NOVIA Y DESAPARECIÓ SU CUERPO
Un estado de consternación ha causado entre los habitantes de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal la desaparición de la joven Emely Peguero, y luego la versión del fiscal de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo, de que el novio de la adolescente, Marlon Martínez, confesó haberla asesinado y que tiró su cuerpo en el vertedero de Hatillo, en San Francisco de Macorís.
Primero un mar de dudas y luego una ola de rumores desataron una “reacción en cadena en estas comunidades, en especial en Cenoví, donde residen los padres de Emely, que ayer fue escenario de protestas con encendidos de neumáticos, obstáculos en el tránsito y enfrentamiento con la Policía.
A pesar de la versión del fiscal, hasta anoche estaba abierta la interrogante de por qué Marlon mató a su novia y de qué forma lo hizo.
Todas las versiones apuntan a que el embarazo de cinco meses que tenía la desaparecida fue el motivo del hecho.
El nuevo elemento
El curso de los acontecimientos cambió radicalmente cuando las autoridades llamaron ayer para investigación a la madre del acusado.
Ella se presentó cerca de las 10:20 de la mañana, pero una hora después un juez le emitió una orden de arresto y quedó detenida.
Los fiscales aseguran tener suficientes pruebas de que la madre de Marlon Martínez está involucrada en el caso.
Los representes del Ministerio Público de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Felipe Restituyo y Viterbo Mejía, respectivamente, dijeron que en las próximas horas se le conocerá medida de coerción a Mailen Martínez.
Mailen está recluida en la fortaleza Duarte, de San Francisco de Macorís, el mismo lugar donden está su hijo cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pero la mujer fue llevada en horas de la noche al destacamento policial de Salcedo, hasta que se defina su situación.
A su llegada a la fiscalía Mailen Martínez dijo que ha puesto a su hijo “a la orden del Ministerio Público para que investigue lo que tenga que investigar, a la hora que lo tenga que investigar”.
Al ser cuestionada por varios periodistas sobre una posible complicidad con su hijo, se limitó a decir que hizo lo que tiene que hacer una madre.
“Es una situación muy difícil y quisiera que los medios la respetaran porque es algo muy tedioso”, señaló.
Antes el convencimiento de que su hija fue asesinada, los padres de Emelyn Peguero le realizan un velarorio en su residencia, en Cenoví.
Búsqueda frenética
El acusado del asesinato fue conducido cerca del mediodía de ayer al vertedero de Hatillo, donde dijo haber tirado el cuerpo, pero las autoridades no lo hallaron. Además de los dos fiscales, en el lugar se encontraba la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Ana Burgos, brigadas de la Defensa Civil y peritos de la Policía, que aún con perros rastreadores no dieron con el cuerpo.
Se calcula que hace unos ocho días tiraron el cuerpo en el vertedero y ha habido mucha remoción de escombros, lo que dificulta la búsqueda, dijo una de los investigadores para justificar el fracaso.
El fiscal Restituyo dijo que continuarán las investigaciones sobre el caso, y que volverán a buscar en el depósito de desechos sólidos de la comunidad.
La pista inicial
El hecho que puso los ojos de las autoridades sobre Marlon y su madre fue el testimonio de Kelvin Jiménez, el guardián de un edificio, en San Francisco de Macorís, en uno de cuyos apartamentos reside la señora Martínez, y quien aseguró que observó a Marlon Martínez bajar con un saco, y posteriormente lo entró en el baúl de un vehículo, lo cual quedó registrado en la cámara de seguridad del condominio.
El vigilante señala que la señora Marlin observó el video captado por la cámara, y luego se puso las manos sobre cabeza. La menor, con cinco meses de embarazo, desapareció el miércoles 23 del cursante mes.
El reclamo
Ante la “indefinición” del caso, desde temprano en la mañana cientos de personas residentes en Cenoví salieron ayer a las calles a reclamar la profundización de las investigaciones, siendo dispersados por agentes policiales que lanzaron una gran cantidad de bombas lacrimógenas. La situación se repitió en horas de la noche, donde el tránsito quedó obstaculizado. Los familiares de la joven dijeron tener miedo de que el caso quede impune.
“Esperamos que un crimen así no quede impune, porque simplemente un político quiera acabar con la vida de dos niños, una de 16 y otros de cinco meses que tenía en la barriga”, dijo el padre de la joven.
“Ellos no saben el dolor que nos han causado”, agregó.
Los fiscales, auxiliados por agentes policiales se traslaladaron ayer al vertedero de Hatillo en busca del cuerpo, pero no lo hallaron.
El origen
De confirmarse la muerte de la joven, este hecho también significaría la división de dos familias que tenían vínculos desde hace años.
“Es muchacho (Marlon) fue criado aquí. Ese muchacho era la confianza de la casa; cuando ellos se iban para afuera lo dejaban en esta casa”, refirió ayer el padre en la casa en que residía la joven, en donde su muerte ya se da como un hecho consumado, pues hasta un altar, con sus velas, ya le tienen instalado.
Casi al frente de la residencia se encuentra la vivienda del padrastro de Marlon.
Carrera truncada
Según sus familiares, la joven ahora cursaría el tercero de bachillerato y deseaba estudiar la carrera de derecho “para defender a los inocentes”. Era una joven extrovertida y líder entre sus amigas.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.