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Buscando el cuerpo de Emely
UN FISCAL ASEGURÓ AYER QUE EL JOVEN MARLON MARTÍNEZ MATÓ A SU NOVIA Y DESAPARECIÓ SU CUERPO
Un estado de consternación ha causado entre los habitantes de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal la desaparición de la joven Emely Peguero, y luego la versión del fiscal de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo, de que el novio de la adolescente, Marlon Martínez, confesó haberla asesinado y que tiró su cuerpo en el vertedero de Hatillo, en San Francisco de Macorís.
Primero un mar de dudas y luego una ola de rumores desataron una “reacción en cadena en estas comunidades, en especial en Cenoví, donde residen los padres de Emely, que ayer fue escenario de protestas con encendidos de neumáticos, obstáculos en el tránsito y enfrentamiento con la Policía.
A pesar de la versión del fiscal, hasta anoche estaba abierta la interrogante de por qué Marlon mató a su novia y de qué forma lo hizo.
Todas las versiones apuntan a que el embarazo de cinco meses que tenía la desaparecida fue el motivo del hecho.
El nuevo elemento
El curso de los acontecimientos cambió radicalmente cuando las autoridades llamaron ayer para investigación a la madre del acusado.
Ella se presentó cerca de las 10:20 de la mañana, pero una hora después un juez le emitió una orden de arresto y quedó detenida.
Los fiscales aseguran tener suficientes pruebas de que la madre de Marlon Martínez está involucrada en el caso.
Los representes del Ministerio Público de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Felipe Restituyo y Viterbo Mejía, respectivamente, dijeron que en las próximas horas se le conocerá medida de coerción a Mailen Martínez.
Mailen está recluida en la fortaleza Duarte, de San Francisco de Macorís, el mismo lugar donden está su hijo cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pero la mujer fue llevada en horas de la noche al destacamento policial de Salcedo, hasta que se defina su situación.
A su llegada a la fiscalía Mailen Martínez dijo que ha puesto a su hijo “a la orden del Ministerio Público para que investigue lo que tenga que investigar, a la hora que lo tenga que investigar”.
Al ser cuestionada por varios periodistas sobre una posible complicidad con su hijo, se limitó a decir que hizo lo que tiene que hacer una madre.
“Es una situación muy difícil y quisiera que los medios la respetaran porque es algo muy tedioso”, señaló.
Antes el convencimiento de que su hija fue asesinada, los padres de Emelyn Peguero le realizan un velarorio en su residencia, en Cenoví.
Búsqueda frenética
El acusado del asesinato fue conducido cerca del mediodía de ayer al vertedero de Hatillo, donde dijo haber tirado el cuerpo, pero las autoridades no lo hallaron. Además de los dos fiscales, en el lugar se encontraba la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Ana Burgos, brigadas de la Defensa Civil y peritos de la Policía, que aún con perros rastreadores no dieron con el cuerpo.
Se calcula que hace unos ocho días tiraron el cuerpo en el vertedero y ha habido mucha remoción de escombros, lo que dificulta la búsqueda, dijo una de los investigadores para justificar el fracaso.
El fiscal Restituyo dijo que continuarán las investigaciones sobre el caso, y que volverán a buscar en el depósito de desechos sólidos de la comunidad.
La pista inicial
El hecho que puso los ojos de las autoridades sobre Marlon y su madre fue el testimonio de Kelvin Jiménez, el guardián de un edificio, en San Francisco de Macorís, en uno de cuyos apartamentos reside la señora Martínez, y quien aseguró que observó a Marlon Martínez bajar con un saco, y posteriormente lo entró en el baúl de un vehículo, lo cual quedó registrado en la cámara de seguridad del condominio.
El vigilante señala que la señora Marlin observó el video captado por la cámara, y luego se puso las manos sobre cabeza. La menor, con cinco meses de embarazo, desapareció el miércoles 23 del cursante mes.
El reclamo
Ante la “indefinición” del caso, desde temprano en la mañana cientos de personas residentes en Cenoví salieron ayer a las calles a reclamar la profundización de las investigaciones, siendo dispersados por agentes policiales que lanzaron una gran cantidad de bombas lacrimógenas. La situación se repitió en horas de la noche, donde el tránsito quedó obstaculizado. Los familiares de la joven dijeron tener miedo de que el caso quede impune.
“Esperamos que un crimen así no quede impune, porque simplemente un político quiera acabar con la vida de dos niños, una de 16 y otros de cinco meses que tenía en la barriga”, dijo el padre de la joven.
“Ellos no saben el dolor que nos han causado”, agregó.
Los fiscales, auxiliados por agentes policiales se traslaladaron ayer al vertedero de Hatillo en busca del cuerpo, pero no lo hallaron.
El origen
De confirmarse la muerte de la joven, este hecho también significaría la división de dos familias que tenían vínculos desde hace años.
“Es muchacho (Marlon) fue criado aquí. Ese muchacho era la confianza de la casa; cuando ellos se iban para afuera lo dejaban en esta casa”, refirió ayer el padre en la casa en que residía la joven, en donde su muerte ya se da como un hecho consumado, pues hasta un altar, con sus velas, ya le tienen instalado.
Casi al frente de la residencia se encuentra la vivienda del padrastro de Marlon.
Carrera truncada
Según sus familiares, la joven ahora cursaría el tercero de bachillerato y deseaba estudiar la carrera de derecho “para defender a los inocentes”. Era una joven extrovertida y líder entre sus amigas.
listindiario.com
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.