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Buscando el cuerpo de Emely
UN FISCAL ASEGURÓ AYER QUE EL JOVEN MARLON MARTÍNEZ MATÓ A SU NOVIA Y DESAPARECIÓ SU CUERPO
Un estado de consternación ha causado entre los habitantes de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal la desaparición de la joven Emely Peguero, y luego la versión del fiscal de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo, de que el novio de la adolescente, Marlon Martínez, confesó haberla asesinado y que tiró su cuerpo en el vertedero de Hatillo, en San Francisco de Macorís.
Primero un mar de dudas y luego una ola de rumores desataron una “reacción en cadena en estas comunidades, en especial en Cenoví, donde residen los padres de Emely, que ayer fue escenario de protestas con encendidos de neumáticos, obstáculos en el tránsito y enfrentamiento con la Policía.
A pesar de la versión del fiscal, hasta anoche estaba abierta la interrogante de por qué Marlon mató a su novia y de qué forma lo hizo.
Todas las versiones apuntan a que el embarazo de cinco meses que tenía la desaparecida fue el motivo del hecho.
El nuevo elemento
El curso de los acontecimientos cambió radicalmente cuando las autoridades llamaron ayer para investigación a la madre del acusado.
Ella se presentó cerca de las 10:20 de la mañana, pero una hora después un juez le emitió una orden de arresto y quedó detenida.
Los fiscales aseguran tener suficientes pruebas de que la madre de Marlon Martínez está involucrada en el caso.
Los representes del Ministerio Público de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Felipe Restituyo y Viterbo Mejía, respectivamente, dijeron que en las próximas horas se le conocerá medida de coerción a Mailen Martínez.
Mailen está recluida en la fortaleza Duarte, de San Francisco de Macorís, el mismo lugar donden está su hijo cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pero la mujer fue llevada en horas de la noche al destacamento policial de Salcedo, hasta que se defina su situación.
A su llegada a la fiscalía Mailen Martínez dijo que ha puesto a su hijo “a la orden del Ministerio Público para que investigue lo que tenga que investigar, a la hora que lo tenga que investigar”.
Al ser cuestionada por varios periodistas sobre una posible complicidad con su hijo, se limitó a decir que hizo lo que tiene que hacer una madre.
“Es una situación muy difícil y quisiera que los medios la respetaran porque es algo muy tedioso”, señaló.
Antes el convencimiento de que su hija fue asesinada, los padres de Emelyn Peguero le realizan un velarorio en su residencia, en Cenoví.
Búsqueda frenética
El acusado del asesinato fue conducido cerca del mediodía de ayer al vertedero de Hatillo, donde dijo haber tirado el cuerpo, pero las autoridades no lo hallaron. Además de los dos fiscales, en el lugar se encontraba la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Ana Burgos, brigadas de la Defensa Civil y peritos de la Policía, que aún con perros rastreadores no dieron con el cuerpo.
Se calcula que hace unos ocho días tiraron el cuerpo en el vertedero y ha habido mucha remoción de escombros, lo que dificulta la búsqueda, dijo una de los investigadores para justificar el fracaso.
El fiscal Restituyo dijo que continuarán las investigaciones sobre el caso, y que volverán a buscar en el depósito de desechos sólidos de la comunidad.
La pista inicial
El hecho que puso los ojos de las autoridades sobre Marlon y su madre fue el testimonio de Kelvin Jiménez, el guardián de un edificio, en San Francisco de Macorís, en uno de cuyos apartamentos reside la señora Martínez, y quien aseguró que observó a Marlon Martínez bajar con un saco, y posteriormente lo entró en el baúl de un vehículo, lo cual quedó registrado en la cámara de seguridad del condominio.
El vigilante señala que la señora Marlin observó el video captado por la cámara, y luego se puso las manos sobre cabeza. La menor, con cinco meses de embarazo, desapareció el miércoles 23 del cursante mes.
El reclamo
Ante la “indefinición” del caso, desde temprano en la mañana cientos de personas residentes en Cenoví salieron ayer a las calles a reclamar la profundización de las investigaciones, siendo dispersados por agentes policiales que lanzaron una gran cantidad de bombas lacrimógenas. La situación se repitió en horas de la noche, donde el tránsito quedó obstaculizado. Los familiares de la joven dijeron tener miedo de que el caso quede impune.
“Esperamos que un crimen así no quede impune, porque simplemente un político quiera acabar con la vida de dos niños, una de 16 y otros de cinco meses que tenía en la barriga”, dijo el padre de la joven.
“Ellos no saben el dolor que nos han causado”, agregó.
Los fiscales, auxiliados por agentes policiales se traslaladaron ayer al vertedero de Hatillo en busca del cuerpo, pero no lo hallaron.
El origen
De confirmarse la muerte de la joven, este hecho también significaría la división de dos familias que tenían vínculos desde hace años.
“Es muchacho (Marlon) fue criado aquí. Ese muchacho era la confianza de la casa; cuando ellos se iban para afuera lo dejaban en esta casa”, refirió ayer el padre en la casa en que residía la joven, en donde su muerte ya se da como un hecho consumado, pues hasta un altar, con sus velas, ya le tienen instalado.
Casi al frente de la residencia se encuentra la vivienda del padrastro de Marlon.
Carrera truncada
Según sus familiares, la joven ahora cursaría el tercero de bachillerato y deseaba estudiar la carrera de derecho “para defender a los inocentes”. Era una joven extrovertida y líder entre sus amigas.
listindiario.com
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.