Nacionales
Buscando el cuerpo de Emely
UN FISCAL ASEGURÓ AYER QUE EL JOVEN MARLON MARTÍNEZ MATÓ A SU NOVIA Y DESAPARECIÓ SU CUERPO
Un estado de consternación ha causado entre los habitantes de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal la desaparición de la joven Emely Peguero, y luego la versión del fiscal de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo, de que el novio de la adolescente, Marlon Martínez, confesó haberla asesinado y que tiró su cuerpo en el vertedero de Hatillo, en San Francisco de Macorís.
Primero un mar de dudas y luego una ola de rumores desataron una “reacción en cadena en estas comunidades, en especial en Cenoví, donde residen los padres de Emely, que ayer fue escenario de protestas con encendidos de neumáticos, obstáculos en el tránsito y enfrentamiento con la Policía.
A pesar de la versión del fiscal, hasta anoche estaba abierta la interrogante de por qué Marlon mató a su novia y de qué forma lo hizo.
Todas las versiones apuntan a que el embarazo de cinco meses que tenía la desaparecida fue el motivo del hecho.
El nuevo elemento
El curso de los acontecimientos cambió radicalmente cuando las autoridades llamaron ayer para investigación a la madre del acusado.
Ella se presentó cerca de las 10:20 de la mañana, pero una hora después un juez le emitió una orden de arresto y quedó detenida.
Los fiscales aseguran tener suficientes pruebas de que la madre de Marlon Martínez está involucrada en el caso.
Los representes del Ministerio Público de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Felipe Restituyo y Viterbo Mejía, respectivamente, dijeron que en las próximas horas se le conocerá medida de coerción a Mailen Martínez.
Mailen está recluida en la fortaleza Duarte, de San Francisco de Macorís, el mismo lugar donden está su hijo cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pero la mujer fue llevada en horas de la noche al destacamento policial de Salcedo, hasta que se defina su situación.
A su llegada a la fiscalía Mailen Martínez dijo que ha puesto a su hijo “a la orden del Ministerio Público para que investigue lo que tenga que investigar, a la hora que lo tenga que investigar”.
Al ser cuestionada por varios periodistas sobre una posible complicidad con su hijo, se limitó a decir que hizo lo que tiene que hacer una madre.
“Es una situación muy difícil y quisiera que los medios la respetaran porque es algo muy tedioso”, señaló.
Antes el convencimiento de que su hija fue asesinada, los padres de Emelyn Peguero le realizan un velarorio en su residencia, en Cenoví.
Búsqueda frenética
El acusado del asesinato fue conducido cerca del mediodía de ayer al vertedero de Hatillo, donde dijo haber tirado el cuerpo, pero las autoridades no lo hallaron. Además de los dos fiscales, en el lugar se encontraba la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Ana Burgos, brigadas de la Defensa Civil y peritos de la Policía, que aún con perros rastreadores no dieron con el cuerpo.
Se calcula que hace unos ocho días tiraron el cuerpo en el vertedero y ha habido mucha remoción de escombros, lo que dificulta la búsqueda, dijo una de los investigadores para justificar el fracaso.
El fiscal Restituyo dijo que continuarán las investigaciones sobre el caso, y que volverán a buscar en el depósito de desechos sólidos de la comunidad.
La pista inicial
El hecho que puso los ojos de las autoridades sobre Marlon y su madre fue el testimonio de Kelvin Jiménez, el guardián de un edificio, en San Francisco de Macorís, en uno de cuyos apartamentos reside la señora Martínez, y quien aseguró que observó a Marlon Martínez bajar con un saco, y posteriormente lo entró en el baúl de un vehículo, lo cual quedó registrado en la cámara de seguridad del condominio.
El vigilante señala que la señora Marlin observó el video captado por la cámara, y luego se puso las manos sobre cabeza. La menor, con cinco meses de embarazo, desapareció el miércoles 23 del cursante mes.
El reclamo
Ante la “indefinición” del caso, desde temprano en la mañana cientos de personas residentes en Cenoví salieron ayer a las calles a reclamar la profundización de las investigaciones, siendo dispersados por agentes policiales que lanzaron una gran cantidad de bombas lacrimógenas. La situación se repitió en horas de la noche, donde el tránsito quedó obstaculizado. Los familiares de la joven dijeron tener miedo de que el caso quede impune.
“Esperamos que un crimen así no quede impune, porque simplemente un político quiera acabar con la vida de dos niños, una de 16 y otros de cinco meses que tenía en la barriga”, dijo el padre de la joven.
“Ellos no saben el dolor que nos han causado”, agregó.
Los fiscales, auxiliados por agentes policiales se traslaladaron ayer al vertedero de Hatillo en busca del cuerpo, pero no lo hallaron.
El origen
De confirmarse la muerte de la joven, este hecho también significaría la división de dos familias que tenían vínculos desde hace años.
“Es muchacho (Marlon) fue criado aquí. Ese muchacho era la confianza de la casa; cuando ellos se iban para afuera lo dejaban en esta casa”, refirió ayer el padre en la casa en que residía la joven, en donde su muerte ya se da como un hecho consumado, pues hasta un altar, con sus velas, ya le tienen instalado.
Casi al frente de la residencia se encuentra la vivienda del padrastro de Marlon.
Carrera truncada
Según sus familiares, la joven ahora cursaría el tercero de bachillerato y deseaba estudiar la carrera de derecho “para defender a los inocentes”. Era una joven extrovertida y líder entre sus amigas.
listindiario.com
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Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.