Nacionales
Ministerio Público advierte que buscará pena máxima en caso Jet Set.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, director de persecución del Ministerio Público, calificó como «apegada a derecho» la decisión del magistrado Raymundo Mejía de enviar a juicio de fondo a los imputados a Antonio y Maribel Espaillat por el colapso de la discoteca Jet Set.
Respaldada la acusación y asegurados 500 millones de pesos Camacho subrayó el respaldo que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó a la teoría del caso presentada por el órgano persecutor.
“Buscaremos la pena máxima”, dice Wilson Camacho tras envío a juicio por caso Jet Set
«La decisión del tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público, y no solo del Ministerio Público, sino de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a nuestra acusación», puntualizó el magistrado.
Asimismo, el procurador adjunto destacó una importante victoria en el plano civil que busca dar tranquilidad económica a los familiares de las víctimas directas ante el inminente juicio de fondo:
Sostuvo que el tribunal impuso de manera consorcial la inmovilización de bienes por un monto de 500 millones de pesos.
Peritaje internacional confirma negligencia e imprudencia
Al ser cuestionado sobre la decisión del tribunal de admitir el informe pericial de la defensa para el juicio de fondo, Wilson Camacho se mostró completamente confiado en la solidez de sus evidencias científicas.
El director de persecución recordó que, desde el «momento uno», las autoridades agotaron todos los recursos legales para esclarecer el colapso. Para ello, el Ministerio Público ordenó un exhaustivo peritaje que contó con la participación de un perito internacional con el objetivo de reconstruir de forma irrefutable cómo ocurrieron los hechos.
Según Camacho, ambos peritajes —tanto el de la fiscalía como el de los acusados— coinciden inequívocamente en que la culpa del colapso estructural de la discoteca Jet Set recae sobre los hombros de los dos acusados.
Un dolor en el alma dominicana
Indicó que, en el auto de apertura a juicio, el Ministerio Público se moviliza hacia la siguiente etapa del proceso penal con un único norte: obtener justicia ante una de las peores tragedias de negligencia estructural registradas en la ciudad.
«Hay que recordar que este es un caso sobre el que no existen palabras para uno poder describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que provocó en el centro del alma del pueblo dominicano”, adujo.
Manifestó que el tribunal ha acogido estos hechos, “nos ha enviado a juicio y ahora pretendemos ir a juicio de fondo a buscar el máximo que permite la ley de penas en este tipo de casos. Vamos al juicio a procurar que paguen por los hechos que cometieron», concluyó Camacho.
Nacionales
Ministerio Público pide tribunal rechace solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Estrategia dilatoria de la defensa
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Nacionales
Procuradora dice que memes, caricaturas y parodias no constituyen delito bajo nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.
Santo Domingo, R.D.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que el Ministerio Público entiende que el caso de la tragedia ocurrida en el
Jet Set corresponde a un homicidio involuntario, de acuerdo con la legislación vigente.
Ramos sostuvo que, aunque la pena contemplada para este tipo de delito es de dos años, considera que ese tiempo resulta insuficiente debido a la magnitud de la tragedia, en la que fallecieron 236 personas.
Además, señaló que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal permitirá establecer sanciones mucho más severas para casos que se asemejan a este.
Indicó que una pena de hasta diez años habría sido más adecuada, aunque reconoció que el proceso debe regirse por la legislación aplicable al momento en que ocurrieron los hechos.