Opinión
Caamaño indivisible y actual
Por Narciso Isa Conde
Llega febrero. Mes de la Patria, sobretodo por la hazaña de Duarte y los trinitarios/as; pero también por Caamaño, Abril y Caracoles.
Hay quienes se empeñan en dividir al Héroe Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó por las diferencias registrables entre los dos grandes momentos revolucionarios que protagonizó. Uno con estatura de gesta, la principal del siglo XX; otro con perfil expedicionario de alto riesgo, desde un exilio forzado y una férrea ilusión de encender la chispa en una pradera contrarrevolucionaria bajo férreo control imperial.
Circunstancias distintas para un liderazgo que brotó de la insurgencia cívico-militar masiva y concluye su vida física en intrépido ensayo guerrillero de heroica inspiración “foquista”.
Modalidades distintas de acción con la misma figura central.
Circunstancias y actores políticos y sociales diferentes. Correlaciones de fuerzas distintas e irrupciones en periodos nada parecidos: la primera en fase de auge revolucionario y la segunda en etapa de resistencia y relativo reflujo frente al terrorismo de Estado imperante.
Caamaño, actuando en condiciones y con entornos diferentes. Hechos y circunstancias que es conveniente analizar detenidamente con espíritu crítico, siempre desde la grandeza de sus protagonistas, no importa sus contradicciones y errores; sin hablar de traición donde solo hubo diferencias y errores, aunque mostrando con precisión y pruebas donde pudo estar la mano enemiga.
- Caamaño indivisible, acciones diferenciadas.
Francis fue grande entre los grandes en Abril y en Febrero, por encima de los aciertos y los errores, lo que es obligado reconocer más allá de los enfoques y posicionamientos diferentes en torno la preparación, el emprendimiento y el revés sufrido en la guerrilla de febrero; y, naturalmente, por encima de las comprensibles pasiones que su pérdida ocasiona.
Caamaño es el mismo ser, indivisible en ese intenso trayecto de nuestra historia. Ser trascendente, vivo, mutable, actuante, de carne y hueso, con luces mayores y sombras menores en lo todo lo que le tocó actuar, forjando junto a diferentes colectivos, acontecimientos que hoy son gestas y acciones heroicas; incluso reconocidas –aun hipócritamente- hasta por los opresores del pueblo y portadores de los antivalores reinantes.
Caamaño es Abril-65, en tanto epopeya hacia la revolución democrática y en tanto guerra patria contra el yanqui invasor que bloqueó su curso triunfal. Es, en consecuencia, rebeldía contra la corrupción y el despotismo, patriotismo militar, honestidad, antiimperialismo, poder popular, justicia…
Caamaño es Febrero-Caracoles-73, en tanto expedición revolucionaria desde el salto personal al ideal socialista y a la concepción guerrillera, entorpecida por cuantiosas incomprensiones, divisiones, limitaciones y obstáculos mayores. Es expresión, por tanto, de audacia y desafío heroico; colindante con la inmolación por principios, retos y valores supremos. Es todo esto más allá y por encima de los resultados que concluyen en la pérdida del segundo gran liderazgo nacional (Manolo-Francis), popular y revolucionario de la post-tiranía, que genera tensas y perdurables emociones y controversias fuera de tono.
En Caamaño, abril y febrero, se abrazan para conducirlo y conducir todo lo que encarnó hacia la más sublime inmortalidad, hacia el presente y el futuro; sin dogmas, como ejemplo vivo, actuante, imprescindible e irrenunciable. Con su pasado pre-revolucionario a cuesta, parte de una sola biografía, que lejos de avergonzar enaltece, por su evolución ascendente.
Renunciemos, en consecuencia, tanto al ícono inaccesible como a la visión mezquina que lo minimiza. Humanicémoslo y proyectemos su ejemplo. Derrotemos los esfuerzos para confinarlo del pasado y recuperémoslo para cada presente en todo lo que vale y proyecta. No ensuciemos su memoria ni seccionemos la columna de sus valores -unos mayores, otros menores- que lo ha catapultado a la galería de héroes y heroínas de nuestra patria y nuestra América.
- Tiempos para Caamaño.
Así las cosas, a los 40 años del desembarco de Playa Caracoles, de su captura y vil fusilamiento, al héroe de la abril del 65 y al comandante de la guerrilla del 73, los auténticos revolucionarios de las más diversas generaciones solo podemos rendirle merecido y consecuente tributo, reafirmando -sin dobleces ni simulaciones- la decisión de derrotar la recolonización neoliberal, rescatar la soberanía nacional y popular, construir democracia participativa y desbrozar la ruta hacia la recreación del socialismo, que antes de ser ejecutado abrazó. Solo así podemos identificarnos con su inmensa humanidad convertida en acción transformadora.
Caamaño, héroe nacional y símbolo de soberanía, es de los muertos que no mueren, de los que viven por siempre en el corazón del pueblo oprimido, estimulando todas las indignaciones y todas rebeldías contenidas. Sobretodo si así lo valoramos y lo abrazamos en el proceso de construcción de la nueva mística revolucionaria del siglo XXI.
En realidad él, como todos los grandes próceres, es el pueblo que quiere ser dueño de su país. Que por los desgobiernos padecidos (a cargo del PRSC, PRD y PLD) y por el bloque dominante que lo exprime “no merece el nombre de país, sino de tumba, hueco o sepultura”.
Empobrecida gran parte de la sociedad, convertido nuestro territorio, sus fuentes de agua y hermosas costas en presa de la voracidad de la Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp, Xtrata Nickel-Falcondo…, de las corporaciones hoteleras, de la gran burguesía dependiente y los políticos y generales corruptos, este país de Duarte y Luperón, de Manolo y Gilbert, de los héroes de la Barranquita y los Comandos de Abril, de los combatientes con nombres y sin nombres que resisten a pecho desnudo la embestida neoliberal y la voracidad imperialista; este país, lucha tras luchas, se está percatando de la necesidad de recuperar su naturaleza, su geografía, su memoria, sus héroes y heroínas, su destino…
Y es que no puede haber independencia política sin apropiación pertinente tanto de su historia emancipadora como de los espacios y recursos en que viven los seres humanos de Quisqueya. La revolución en la agenda pendiente, la revolución del siglo XXI, es también por la liberación de la naturaleza maltratada y oprimida junto a la gente que la habita; por el fin de la opresión de la mujer, del ecocidio, de la dictadura contra jóvenes y niños/as, del reino explotador del capital y de la coyunda imperial.
Derrotar la privatización y la extranjerización de las áreas protegidas, convertir al pueblo en contra-poder hacia el poder, crear nueva democracia a través de la Constituyente Popular, garantizar que la libertad y el aire que respire nuestro pueblo, el agua que toma nuestra gente, el alimento que ingiere cada habitante de nuestra patria tenga la calidad y esté en la cantidad necesaria para que la vida sea plena y sea sana, deben ser propósitos que acompañen el grito de unidad en la lucha que recupere el formidable ejemplo del Coronel Caamaño, que decidió estar presente hoy mañana y siempre en todos los combates necesarios.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.