Nacionales
Dos supuestos miembros de la red de narcotráfico a favor de extradición.
Dos de los extraditables están dispuestos a ser llevados a Estados Unidos. Autoridades arrestaron a otro implicado
Dos de los solicitados en extradición, que supuestamente pertenecen al grupo de Cesar el Abusador, mostraron su disposición de acogerse a la petición de las autoridades de Estados Unidos de ser juzgados en tribunales de esa nación por estar vinculados a una red que alegadamente trafica drogas hacia territorio norteamericano.
Baltazar Mesa (El Maestro) y José Tapia Pérez (Bola Negra) están decididos a que sean extraditados para responder de los cargos que pesan en su contra, quienes negaron además conocer a Cesar el Abusador, presunto cabecilla de la red de narcotráfico.
Cuando ambos fueron abordados en la sala donde se conoce la solicitud de extradición, los imputados dineron que están dispuestos a ir donde sea y como ellos quieran.
José Tapia Pérez, quien se identificó como comerciante, expresó que le sorprendió cuando fue arrestado y que no conoce la razón por la cual lo tienen detenido. “No sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no he visto periódico ni siquiera porque estoy aquí, vamos a esperar que dicen, no sé de qué estoy acusado”, dijo a los periodistas.
Por su parte Mesa dijo desconocer quién es el presunto narcotraficante líder de la red, que de acuerdo a las autoridades es uno de los más influyentes en el Caribe, Estados Unidos y República Dominicana. “Yo no sé ni quien es César ni quien es nadie”, aseguró. Añadió que está dispuesto a ser extraditado hacia los Estados Unidos para demostrar que es inocente. “Yo voy donde tenga que ir, no tengo miedo, yo voy donde sea a demostrar que soy inocente”, dijo.
En cambio, Sergio Gómez Díaz, otro alegado cabecilla de la red desmantelada el pasado martes, no dijo si está dispuesto o no a ser extraditado, a pesar de que se le preguntó al respecto. Afirmó que nunca en su vida ha visto al presunto capo “César El Abusador”. “Nunca lo he visto, ni lo conozco… Nunca en mi vida lo he visto”, sostuvo.
La la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó el conocimiento de la solicitud de extradición para el próximo martes 27 a las 9 de la mañana. Los jueces Francisco Jerez Mena, presidente del tribunal, Vanessa Acosta Peralta, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega Polanco reenviaron la audiencia debido a que Tapia Pérez no tiene abogado y los defensores de Mesa y Gómez no tenían conocimiento de la solicitud de extradición y por lo tanto no podían representarlos.
El abogado de Baltazar Mesa dijo ayer que su defendido y otros dos implicados no están vinculados con éste y que se les acusa por otra cosa.
El jurista Pedro José Pérez indicó que la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos no se implica a su cliente con la red de “César El Abusador”, sino por otros cargos de tráfico de estupefacientes en Miami, Estados Unidos. “A esos imputados los están ligando a un caso que no tiene nada que ver, a un caso de César El Abusador”, sostuvo. “Estos imputados no tienen nada que ver, nosotros estamos solicitando una copia del expediente y este caso no tiene nada que ver con César El Abusador”, agregó Pérez.
Asimismo, indicó que “nada de lo que tiene que ver con César se habla de eso, no tiene que ver con el caso de César”. Explicó que su defendido tiene un caso pendiente en el país norteamericano y que en República Dominicana no tiene ninguno.
La esposa de Sergio Gómez Díaz, uno de los presuntos cabecillas de la red, denunció que se le han violado todos los derechos y que espera que las autoridades les muestren “de qué se le acusa a su esposo” y que a sus abogados le den la oportunidad de estudiar el caso. La dama, que solo se identificó como Stacy a la salida de la audiencia donde se tenía previsto conocer la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, sostuvo que con este caso a Gómez Díaz se le ha hecho un daño moral. “El gobierno dominicano no tiene con qué pagarnos el daño moral que se nos ha hecho como familia, y el trauma que se le ha causado a mis hijos; ni el Presidente, ni nadie aquí tiene precio para pagar el daño que nos han hecho nosotros sicológicamente”, expresó la dama de manera enérgica.
Se quejó porque supuestamente las autoridades realizaron el allanamiento a su vivienda en frente de su hija, lo que a su juicio le ha causado un trauma. “Si a mi esposo se le está dando el lugar que ellos dicen tener, no estuviéramos en la situación que estamos”, adujo.
Stacy dijo que en el país “no hay justicia” y que para hacer noticias y “tapar otras cosas escogen a los más pendejos y a los pejes grandes los dejan sueltos”.
Ayer en la tarde, miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a Manuel Sánchez Pérez, alias Papilo por su supuesto implicación en la red de narcotráfico que presuntamente lideraba “El Abusador”. La información la ofreció la Procuraduría General de la República, que además indicó que Papilo fue apresado durante un allanamiento en el sector Vista Hermosa, Santo Domingo Este.
4 años
Proceso. Desde hace cuatro años las autoridades daban seguimiento a “César El Abusador”, dijo el director del DNI
elcaribe.com.do
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.