Nacionales
Dos supuestos miembros de la red de narcotráfico a favor de extradición.
Dos de los extraditables están dispuestos a ser llevados a Estados Unidos. Autoridades arrestaron a otro implicado
Dos de los solicitados en extradición, que supuestamente pertenecen al grupo de Cesar el Abusador, mostraron su disposición de acogerse a la petición de las autoridades de Estados Unidos de ser juzgados en tribunales de esa nación por estar vinculados a una red que alegadamente trafica drogas hacia territorio norteamericano.
Baltazar Mesa (El Maestro) y José Tapia Pérez (Bola Negra) están decididos a que sean extraditados para responder de los cargos que pesan en su contra, quienes negaron además conocer a Cesar el Abusador, presunto cabecilla de la red de narcotráfico.
Cuando ambos fueron abordados en la sala donde se conoce la solicitud de extradición, los imputados dineron que están dispuestos a ir donde sea y como ellos quieran.
José Tapia Pérez, quien se identificó como comerciante, expresó que le sorprendió cuando fue arrestado y que no conoce la razón por la cual lo tienen detenido. “No sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no he visto periódico ni siquiera porque estoy aquí, vamos a esperar que dicen, no sé de qué estoy acusado”, dijo a los periodistas.
Por su parte Mesa dijo desconocer quién es el presunto narcotraficante líder de la red, que de acuerdo a las autoridades es uno de los más influyentes en el Caribe, Estados Unidos y República Dominicana. “Yo no sé ni quien es César ni quien es nadie”, aseguró. Añadió que está dispuesto a ser extraditado hacia los Estados Unidos para demostrar que es inocente. “Yo voy donde tenga que ir, no tengo miedo, yo voy donde sea a demostrar que soy inocente”, dijo.
En cambio, Sergio Gómez Díaz, otro alegado cabecilla de la red desmantelada el pasado martes, no dijo si está dispuesto o no a ser extraditado, a pesar de que se le preguntó al respecto. Afirmó que nunca en su vida ha visto al presunto capo “César El Abusador”. “Nunca lo he visto, ni lo conozco… Nunca en mi vida lo he visto”, sostuvo.
La la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó el conocimiento de la solicitud de extradición para el próximo martes 27 a las 9 de la mañana. Los jueces Francisco Jerez Mena, presidente del tribunal, Vanessa Acosta Peralta, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega Polanco reenviaron la audiencia debido a que Tapia Pérez no tiene abogado y los defensores de Mesa y Gómez no tenían conocimiento de la solicitud de extradición y por lo tanto no podían representarlos.
El abogado de Baltazar Mesa dijo ayer que su defendido y otros dos implicados no están vinculados con éste y que se les acusa por otra cosa.
El jurista Pedro José Pérez indicó que la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos no se implica a su cliente con la red de “César El Abusador”, sino por otros cargos de tráfico de estupefacientes en Miami, Estados Unidos. “A esos imputados los están ligando a un caso que no tiene nada que ver, a un caso de César El Abusador”, sostuvo. “Estos imputados no tienen nada que ver, nosotros estamos solicitando una copia del expediente y este caso no tiene nada que ver con César El Abusador”, agregó Pérez.
Asimismo, indicó que “nada de lo que tiene que ver con César se habla de eso, no tiene que ver con el caso de César”. Explicó que su defendido tiene un caso pendiente en el país norteamericano y que en República Dominicana no tiene ninguno.
La esposa de Sergio Gómez Díaz, uno de los presuntos cabecillas de la red, denunció que se le han violado todos los derechos y que espera que las autoridades les muestren “de qué se le acusa a su esposo” y que a sus abogados le den la oportunidad de estudiar el caso. La dama, que solo se identificó como Stacy a la salida de la audiencia donde se tenía previsto conocer la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, sostuvo que con este caso a Gómez Díaz se le ha hecho un daño moral. “El gobierno dominicano no tiene con qué pagarnos el daño moral que se nos ha hecho como familia, y el trauma que se le ha causado a mis hijos; ni el Presidente, ni nadie aquí tiene precio para pagar el daño que nos han hecho nosotros sicológicamente”, expresó la dama de manera enérgica.
Se quejó porque supuestamente las autoridades realizaron el allanamiento a su vivienda en frente de su hija, lo que a su juicio le ha causado un trauma. “Si a mi esposo se le está dando el lugar que ellos dicen tener, no estuviéramos en la situación que estamos”, adujo.
Stacy dijo que en el país “no hay justicia” y que para hacer noticias y “tapar otras cosas escogen a los más pendejos y a los pejes grandes los dejan sueltos”.
Ayer en la tarde, miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a Manuel Sánchez Pérez, alias Papilo por su supuesto implicación en la red de narcotráfico que presuntamente lideraba “El Abusador”. La información la ofreció la Procuraduría General de la República, que además indicó que Papilo fue apresado durante un allanamiento en el sector Vista Hermosa, Santo Domingo Este.
4 años
Proceso. Desde hace cuatro años las autoridades daban seguimiento a “César El Abusador”, dijo el director del DNI
elcaribe.com.do
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.