Nacionales
Dos supuestos miembros de la red de narcotráfico a favor de extradición.
Dos de los extraditables están dispuestos a ser llevados a Estados Unidos. Autoridades arrestaron a otro implicado
Dos de los solicitados en extradición, que supuestamente pertenecen al grupo de Cesar el Abusador, mostraron su disposición de acogerse a la petición de las autoridades de Estados Unidos de ser juzgados en tribunales de esa nación por estar vinculados a una red que alegadamente trafica drogas hacia territorio norteamericano.
Baltazar Mesa (El Maestro) y José Tapia Pérez (Bola Negra) están decididos a que sean extraditados para responder de los cargos que pesan en su contra, quienes negaron además conocer a Cesar el Abusador, presunto cabecilla de la red de narcotráfico.
Cuando ambos fueron abordados en la sala donde se conoce la solicitud de extradición, los imputados dineron que están dispuestos a ir donde sea y como ellos quieran.
José Tapia Pérez, quien se identificó como comerciante, expresó que le sorprendió cuando fue arrestado y que no conoce la razón por la cual lo tienen detenido. “No sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no he visto periódico ni siquiera porque estoy aquí, vamos a esperar que dicen, no sé de qué estoy acusado”, dijo a los periodistas.
Por su parte Mesa dijo desconocer quién es el presunto narcotraficante líder de la red, que de acuerdo a las autoridades es uno de los más influyentes en el Caribe, Estados Unidos y República Dominicana. “Yo no sé ni quien es César ni quien es nadie”, aseguró. Añadió que está dispuesto a ser extraditado hacia los Estados Unidos para demostrar que es inocente. “Yo voy donde tenga que ir, no tengo miedo, yo voy donde sea a demostrar que soy inocente”, dijo.
En cambio, Sergio Gómez Díaz, otro alegado cabecilla de la red desmantelada el pasado martes, no dijo si está dispuesto o no a ser extraditado, a pesar de que se le preguntó al respecto. Afirmó que nunca en su vida ha visto al presunto capo “César El Abusador”. “Nunca lo he visto, ni lo conozco… Nunca en mi vida lo he visto”, sostuvo.
La la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó el conocimiento de la solicitud de extradición para el próximo martes 27 a las 9 de la mañana. Los jueces Francisco Jerez Mena, presidente del tribunal, Vanessa Acosta Peralta, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega Polanco reenviaron la audiencia debido a que Tapia Pérez no tiene abogado y los defensores de Mesa y Gómez no tenían conocimiento de la solicitud de extradición y por lo tanto no podían representarlos.
El abogado de Baltazar Mesa dijo ayer que su defendido y otros dos implicados no están vinculados con éste y que se les acusa por otra cosa.
El jurista Pedro José Pérez indicó que la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos no se implica a su cliente con la red de “César El Abusador”, sino por otros cargos de tráfico de estupefacientes en Miami, Estados Unidos. “A esos imputados los están ligando a un caso que no tiene nada que ver, a un caso de César El Abusador”, sostuvo. “Estos imputados no tienen nada que ver, nosotros estamos solicitando una copia del expediente y este caso no tiene nada que ver con César El Abusador”, agregó Pérez.
Asimismo, indicó que “nada de lo que tiene que ver con César se habla de eso, no tiene que ver con el caso de César”. Explicó que su defendido tiene un caso pendiente en el país norteamericano y que en República Dominicana no tiene ninguno.
La esposa de Sergio Gómez Díaz, uno de los presuntos cabecillas de la red, denunció que se le han violado todos los derechos y que espera que las autoridades les muestren “de qué se le acusa a su esposo” y que a sus abogados le den la oportunidad de estudiar el caso. La dama, que solo se identificó como Stacy a la salida de la audiencia donde se tenía previsto conocer la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, sostuvo que con este caso a Gómez Díaz se le ha hecho un daño moral. “El gobierno dominicano no tiene con qué pagarnos el daño moral que se nos ha hecho como familia, y el trauma que se le ha causado a mis hijos; ni el Presidente, ni nadie aquí tiene precio para pagar el daño que nos han hecho nosotros sicológicamente”, expresó la dama de manera enérgica.
Se quejó porque supuestamente las autoridades realizaron el allanamiento a su vivienda en frente de su hija, lo que a su juicio le ha causado un trauma. “Si a mi esposo se le está dando el lugar que ellos dicen tener, no estuviéramos en la situación que estamos”, adujo.
Stacy dijo que en el país “no hay justicia” y que para hacer noticias y “tapar otras cosas escogen a los más pendejos y a los pejes grandes los dejan sueltos”.
Ayer en la tarde, miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a Manuel Sánchez Pérez, alias Papilo por su supuesto implicación en la red de narcotráfico que presuntamente lideraba “El Abusador”. La información la ofreció la Procuraduría General de la República, que además indicó que Papilo fue apresado durante un allanamiento en el sector Vista Hermosa, Santo Domingo Este.
4 años
Proceso. Desde hace cuatro años las autoridades daban seguimiento a “César El Abusador”, dijo el director del DNI
elcaribe.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.