Análisis Noticiosos
Cada 20 minutos hay un intento de suicidio en Colombia: “Derrumbar mitos salva vidas”
Reducir los estigmas en salud mental puede ayudar a prevenir una de las principales causas de muerte entre los jóvenes
Bogotá.- En el tiempo que toma trasladarse de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, ver un programa de televisión, o cualquier otra actividad cotidiana, una o más personas podrían estar tratando de quitarse la vida. En Colombia, se presenta, en promedio, un intento de suicidio cada 20 minutos, según datos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Algunas de estas cifras se convierten en dolorosas ausencias que dejan una herida abierta en miles de familias: 2.962 personas se suicidaron en el país en 2021, de acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 214 más que en 2020, un preocupante aumento cercano al 8%.
Los riesgos que conducen al suicidio y que se han exacerbado tras la pandemia, con frecuencia se ocultan bajo la sombra de estigmas que dificultan hablar sobre la salud mental. Efrén Martínez, doctor en psicología y escritor especializado, advierte la urgencia de poner esta realidad sobre la mesa. “Está pasando y está pasando en la gente más joven. Tenemos que hablar de esto y empezar a golpear con fuerza todos los mitos; especialmente el que dice que si hablamos de suicidio aumenta el riesgo. Eso ha hecho un gran daño. Hasta los profesionales de la salud a veces temen abordarlo con sus pacientes. Es necesario bajar el estigma y que la gente pueda levantar la mano”, sostiene.
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes en Colombia. Más de la mitad de los casos de suicidio de 2021 se presentaron en menores de 30 años. Uno de cada 13 fallecimientos en menores de edad está asociado al suicidio. “La conducta suicida es un grave desenlace en salud mental relacionado con el debilitamiento de las redes de apoyo social, brechas sociales y económicas, violencia escolar, disfuncionalidad familiar, baja autoestima, depresión y consumo de alcohol”, explica el médico Jaime Urrego, viceministro de salud pública.
Cuando una persona que sufre opta por el suicidio, no está buscando la muerte en sí misma sino persiguiendo el deseo de dejar de sufrir, según reseña un informe del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la prevención de este acto. En este sentido, Martínez resalta la importancia de comunicar emociones como la tristeza, la frustración o el miedo. “Cuando las personas hablan se dan cuenta que puede haber soluciones a los problemas que los afligen”, señala.
Desafiar el silencio pasa por encontrar espacios libres de prejuicios. Por esta razón, los expertos aconsejan cambiar expresiones como “no es para tanto”, o “no estés triste por eso”, por la disposición a escuchar y comprender los sentimientos del otro. “Si la gente que piensa que uno es un ‘bicho raro’ supiera el tormento que uno tiene en su cabeza, o los demonios con los que uno tiene que batallar, se lo tomaría en serio”, declara Carlos Sarria, de 43 años, diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo y creador del podcast Diga Bueno, en el que hace pública su experiencia para tratar de combatir estigmas.
Los trastornos mentales son frecuentes no solo en Colombia. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada ocho personas en el mundo padece alguno de ellos. Las tasas se elevaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los casi mil millones de personas que ya sufrían de algún trastorno mental. La ansiedad y la depresión son los más comunes, tanto en hombres como en mujeres.
Este panorama invita a tejer relaciones sólidas que no se limiten a las redes sociales. “Necesitamos cultivar relaciones más auténticas, reales, que nos permitan mostrarnos vulnerables porque eso es lo que hace que estemos realmente conectados”, destaca Efrén Martínez. “Las redes sociales son sumamente inauténticas. La gente sale con su mejor rostro, con su mejor pinta, con su mejor auto. Y todo el mundo dice ‘yo no tengo ese cuerpo, no tengo esa vida tan feliz’, sumado a una tiranía de la felicidad que impide mostrarse triste o cuando no está en el top de la iluminación. Eso hace un daño terrible, social y culturalmente”, subraya el especialista.
Las instituciones de educación también juegan un rol determinante en la protección de la salud mental. “Es importante que las nuevas generaciones puedan comprender cómo se manifiestan las enfermedades mentales y el mejor abordaje posible, incluyendo la reducción de estigmas. Cuando formamos a los estudiantes hacemos un cambio que facilita a la comunidad tener una visión distinta sobre la salud mental. Debemos usar un lenguaje claro que facilite entender de qué estamos hablando”, apunta Sandra Milena Toro, especialista en psiquiatría y jefe del departamento de salud mental de la facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana de Bogotá.
Además de ser generalizados y costosos, los trastornos mentales están gravemente desatendidos, según el más reciente informe mundial sobre salud mental de la OMS. “En promedio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos de atención de salud a la salud mental. Casi la mitad de la población mundial vive en países en los que solo hay un psiquiatra por, al menos, cada 200 000 habitantes”, indica el documento. Colombia no escapa de esta realidad. Apenas el 1,8% del presupuesto total de la salud está destinado a la atención de la salud mental, por debajo del resto de los países de las Américas, de acuerdo con el atlas mundial de salud mental.
“Los colegios normalmente tienen una psicóloga para mil alumnos. Es necesario reforzar la orientación sobre prevención y la responsabilidad social en escuelas y colegios frente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes”, asegura Alba Lucía Reyes, madre del joven Sergio Urrego, quien decidió quitarse la vida a los 16 años, en 2014, tras ser víctima de discriminación por su orientación sexual en un colegio de Bogotá. Colombia es uno de los países con más casos de bullying a nivel mundial. La ONG Bullying sin Fronteras reportó 8.981 casos graves de matoneo entre 2020 y 2021.
Aunque el país cuenta con la Ley de Salud Mental que fue aprobada por el Congreso de la República en 2013 para garantizar una atención integral, esta luce más fuerte en el papel que en la práctica. Aún persisten retos en inversión, acceso y calidad. La Cámara de Representantes instaló recientemente una comisión permanente que tiene como primera tarea establecer los avances de la implementación de esta ley, casi diez años después de ser aprobada. Lograr verdaderos avances solo será posible poniendo la salud mental como una prioridad para evitar muertes prevenibles.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.