Análisis Noticiosos
Cada 20 minutos hay un intento de suicidio en Colombia: “Derrumbar mitos salva vidas”
Reducir los estigmas en salud mental puede ayudar a prevenir una de las principales causas de muerte entre los jóvenes
Bogotá.- En el tiempo que toma trasladarse de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, ver un programa de televisión, o cualquier otra actividad cotidiana, una o más personas podrían estar tratando de quitarse la vida. En Colombia, se presenta, en promedio, un intento de suicidio cada 20 minutos, según datos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Algunas de estas cifras se convierten en dolorosas ausencias que dejan una herida abierta en miles de familias: 2.962 personas se suicidaron en el país en 2021, de acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 214 más que en 2020, un preocupante aumento cercano al 8%.
Los riesgos que conducen al suicidio y que se han exacerbado tras la pandemia, con frecuencia se ocultan bajo la sombra de estigmas que dificultan hablar sobre la salud mental. Efrén Martínez, doctor en psicología y escritor especializado, advierte la urgencia de poner esta realidad sobre la mesa. “Está pasando y está pasando en la gente más joven. Tenemos que hablar de esto y empezar a golpear con fuerza todos los mitos; especialmente el que dice que si hablamos de suicidio aumenta el riesgo. Eso ha hecho un gran daño. Hasta los profesionales de la salud a veces temen abordarlo con sus pacientes. Es necesario bajar el estigma y que la gente pueda levantar la mano”, sostiene.
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes en Colombia. Más de la mitad de los casos de suicidio de 2021 se presentaron en menores de 30 años. Uno de cada 13 fallecimientos en menores de edad está asociado al suicidio. “La conducta suicida es un grave desenlace en salud mental relacionado con el debilitamiento de las redes de apoyo social, brechas sociales y económicas, violencia escolar, disfuncionalidad familiar, baja autoestima, depresión y consumo de alcohol”, explica el médico Jaime Urrego, viceministro de salud pública.
Cuando una persona que sufre opta por el suicidio, no está buscando la muerte en sí misma sino persiguiendo el deseo de dejar de sufrir, según reseña un informe del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la prevención de este acto. En este sentido, Martínez resalta la importancia de comunicar emociones como la tristeza, la frustración o el miedo. “Cuando las personas hablan se dan cuenta que puede haber soluciones a los problemas que los afligen”, señala.
Desafiar el silencio pasa por encontrar espacios libres de prejuicios. Por esta razón, los expertos aconsejan cambiar expresiones como “no es para tanto”, o “no estés triste por eso”, por la disposición a escuchar y comprender los sentimientos del otro. “Si la gente que piensa que uno es un ‘bicho raro’ supiera el tormento que uno tiene en su cabeza, o los demonios con los que uno tiene que batallar, se lo tomaría en serio”, declara Carlos Sarria, de 43 años, diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo y creador del podcast Diga Bueno, en el que hace pública su experiencia para tratar de combatir estigmas.
Los trastornos mentales son frecuentes no solo en Colombia. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada ocho personas en el mundo padece alguno de ellos. Las tasas se elevaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los casi mil millones de personas que ya sufrían de algún trastorno mental. La ansiedad y la depresión son los más comunes, tanto en hombres como en mujeres.
Este panorama invita a tejer relaciones sólidas que no se limiten a las redes sociales. “Necesitamos cultivar relaciones más auténticas, reales, que nos permitan mostrarnos vulnerables porque eso es lo que hace que estemos realmente conectados”, destaca Efrén Martínez. “Las redes sociales son sumamente inauténticas. La gente sale con su mejor rostro, con su mejor pinta, con su mejor auto. Y todo el mundo dice ‘yo no tengo ese cuerpo, no tengo esa vida tan feliz’, sumado a una tiranía de la felicidad que impide mostrarse triste o cuando no está en el top de la iluminación. Eso hace un daño terrible, social y culturalmente”, subraya el especialista.
Las instituciones de educación también juegan un rol determinante en la protección de la salud mental. “Es importante que las nuevas generaciones puedan comprender cómo se manifiestan las enfermedades mentales y el mejor abordaje posible, incluyendo la reducción de estigmas. Cuando formamos a los estudiantes hacemos un cambio que facilita a la comunidad tener una visión distinta sobre la salud mental. Debemos usar un lenguaje claro que facilite entender de qué estamos hablando”, apunta Sandra Milena Toro, especialista en psiquiatría y jefe del departamento de salud mental de la facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana de Bogotá.
Además de ser generalizados y costosos, los trastornos mentales están gravemente desatendidos, según el más reciente informe mundial sobre salud mental de la OMS. “En promedio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos de atención de salud a la salud mental. Casi la mitad de la población mundial vive en países en los que solo hay un psiquiatra por, al menos, cada 200 000 habitantes”, indica el documento. Colombia no escapa de esta realidad. Apenas el 1,8% del presupuesto total de la salud está destinado a la atención de la salud mental, por debajo del resto de los países de las Américas, de acuerdo con el atlas mundial de salud mental.
“Los colegios normalmente tienen una psicóloga para mil alumnos. Es necesario reforzar la orientación sobre prevención y la responsabilidad social en escuelas y colegios frente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes”, asegura Alba Lucía Reyes, madre del joven Sergio Urrego, quien decidió quitarse la vida a los 16 años, en 2014, tras ser víctima de discriminación por su orientación sexual en un colegio de Bogotá. Colombia es uno de los países con más casos de bullying a nivel mundial. La ONG Bullying sin Fronteras reportó 8.981 casos graves de matoneo entre 2020 y 2021.
Aunque el país cuenta con la Ley de Salud Mental que fue aprobada por el Congreso de la República en 2013 para garantizar una atención integral, esta luce más fuerte en el papel que en la práctica. Aún persisten retos en inversión, acceso y calidad. La Cámara de Representantes instaló recientemente una comisión permanente que tiene como primera tarea establecer los avances de la implementación de esta ley, casi diez años después de ser aprobada. Lograr verdaderos avances solo será posible poniendo la salud mental como una prioridad para evitar muertes prevenibles.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.