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La presidencia de la Suprema Corte de Justicia tiene como fin cada evaluación del CNM.
Santo Domingo. Durante las últimas décadas la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) coincidencialmente ha llegado a su fin con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a los jueces del más alto tribunal del pais.
Desde la reforma constitucional de 2010, que introdujo períodos de siete años y evaluaciones obligatorias de desempeño para los jueces de la SCJ, ningún presidente de esa alta corte ha permanecido en el cargo tras llegar el momento de su evaluación.
Sin embargo, la historia comienza mucho antes, con un modelo constitucional distinto.
La reforma constitucional de 1994 transformó el sistema de justicia al crear el CNM, órgano encargado de designar a los jueces de las altas cortes.
Como parte de esa reforma se estableció el principio de inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de garantizar su independencia frente al poder político. En ese esquema constitucional no existían períodos fijos de permanencia ni evaluaciones periódicas de desempeño para los magistrados.
En ese contexto, Jorge Subero Isa fue designado en agosto de 1997 como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, durante la primera sesión celebrada por ese órgano tras la reforma de 1994.
Durante su gestión se instauró la carrera judicial, basada en evaluaciones públicas y criterios de mérito para el ingreso, ascenso y permanencia de los jueces. También se reorganizó la estructura administrativa del Poder Judicial para separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas.
En 1998 fueron creadas dos instituciones consideradas pilares del sistema judicial moderno: la Escuela Nacional de la Judicatura, responsable de la formación de jueces y servidores judiciales, y el Servicio Nacional de Defensa Pública, destinado a garantizar asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos.
El escenario cambió con la Constitución de 2010, que sustituyó el régimen de inamovilidad por un modelo que fijó períodos constitucionales de siete años, sujetos a evaluaciones de desempeño por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
La reforma también creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, obligando al CNM a recomponer la integración de la Suprema Corte.
En ese proceso, Subero Isa fue evaluado favorablemente para continuar como juez, pero decidió declinar su permanencia al entender que dejaría de ser presidente para convertirse en un integrante más del tribunal. El 28 de diciembre de 2011 presentó su renuncia mediante una carta dirigida al entonces presidente Leonel Fernández y al Consejo Nacional de la Magistratura.
Tras la salida de Subero Isa, el CNM eligió como presidente de la Suprema Corte de Justicia a Mariano Germán Mejía.
Su gestión concluyó en medio del primer proceso de evaluación ordinario establecido por la Constitución de 2010.
En febrero de 2019 anunció que no se sometería a las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, renunciando así a la posibilidad de permanecer en el máximo tribunal.
La convocatoria estuvo marcada por uno de los episodios más tensos en la historia reciente del CNM, debido al enfrentamiento público entre el entonces procurador general de la República y la magistrada Miriam Germán Brito durante las entrevistas.
Concluido el proceso, el Consejo designó una nueva integración de la Suprema Corte y escogió como presidente a Luis Henry Molina.
Siete años después, el patrón vuelve a repetirse.
La semana pasada, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar la evaluación del desempeño de los 11 jueces de la Suprema Corte cuyo período constitucional concluyó el pasado 3 de abril.
Sin embargo, antes de iniciar las evaluaciones, Luis Henry Molina y la magistrada Nancy Salcedo Fernández comunicaron al CNM su decisión de no repostularse para un nuevo período.
Henry Molina cierra etapa en SCJ y, al igual que jueza, desiste postularse
En la carta dirigida al presidente Abinader, Molina afirmó que durante su gestión actuó con respeto a la Constitución, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho.
También defendió los resultados de su administración, destacando la reducción de la mora judicial. Según explicó, la Suprema Corte pasó de mantener expedientes pendientes desde 1982 a resolver el 90 % de los casos en un año o menos, mientras que el tiempo promedio para decidir los recursos de casación disminuyó de 707 a 27 días.
Durante su más reciente sesión, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma que regirá las próximas etapas de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, conforme a la Constitución y a la Ley 138-11.
En la reunión participaron el presidente Luis Abinader y los demás integrantes del CNM: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo Fernández, secretaria del Consejo, y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.
Los tres presidentes que han encabezado la Suprema Corte desde la creación del CNM han tenido desenlaces distintos, pero con un mismo resultado: ninguno ha continuado al frente del tribunal después de llegar el momento de su evaluación.
Con el proceso actualmente en marcha, el CNM se encamina nuevamente a escribir un nuevo capítulo en la historia de la Suprema Corte de Justicia y a escoger a quien encabezará el máximo tribunal del país para los próximos años.
La Segunda Sala de la Corte Penal revocó este jueves el auto de no ha lugar que favoreció a Jean André Pumarol Fernández, por lo que el hombre enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca a sus vecinos y en cuya agresión falleció una mujer de 70 años.
Los jueces del tribunal de segundo grado, presidido por Ysis Muñiz Almonte e integrado por Teófilo Andújar y Luis Jiménez, también dictaron prisión preventiva de tres meses a Pumarol Fernández, a ser cumplida en el centro de Anamuya, en Higüey.
El magistrado Andújar emitió un fallo observado, que quiere decir que está de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación.
- El procesado no se encontraba en audiencia, como el pasado 23 de julio, cuando se aplazó la decisión de la corte.
Proceso judicial
El fallo deja sin efecto el emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al acusado, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.
Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.
También causó lesiones al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de la víctima.
Santo Dpmingo, R.D.-El juez Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó su renuncia como magistrado de esa alta corte.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación establecida por la ley para determinar su continuación o remoción de la alta corte.
Herrera Carbuccia, quien finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial, expresa en su misiva recibida este miércoles por la Secretaría del CNM.
Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.
Santo Domingo, R.D.-Se mantuvo la prision preventiva del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, y de otros cinco imputados por decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El juez Deiby Timoteo Peguero fundamentó su decisión en que no se han modificado las circunstancias que originalmente justificaron la imposición de la medida de coerción contra Hazim y los demás encausados.
La defensa de Hazim, a cargo del abogado Miguel Valerio, había solicitado variar la medida cautelar alegando el estado de salud del imputado y un diagnóstico de esclerosis múltiple, posteriormente había dejado sin efecto el pedimento.
Sin embargo, el magistrado consideró que estos elementos no eran suficientes para modificar la prisión preventiva.
De acuerdo con el juez, la prisión preventiva continúa siendo idónea, necesaria y proporcional, ya que el derecho a la salud del procesado puede garantizarse mediante el suministro riguroso de sus medicamentos y la autorización de traslados cuando sean necesarios, sin que ello implique poner en riesgo su presencia en el proceso judicial.
Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción obligatoria, el tribunal tomó en cuenta las recomendaciones de los servicios de salud y del sistema penitenciario, que indicaron que las condiciones médicas del imputado pueden atenderse adecuadamente dentro del régimen carcelario o a través de traslados puntuales.
El juez precisó que, si bien la salud de Hazim requiere seguimiento constante y tratamiento especializado, esto no hace indispensable un cambio en la medida cautelar en esta etapa del proceso.
Para sustentar el fallo, el magistrado citó la Sentencia TC/0722/24 del Tribunal Constitucional, que establece la obligatoriedad de aplicar un test de proporcionalidad riguroso al revisar las medidas de coerción.
Tras evaluar los riesgos procesales frente a la situación médica presentada, el tribunal concluyó que la privación de libertad debe mantenerse, en apego a lo dispuesto en el artículo 243 del Código Procesal Penal.
El juez fijó el 5 de noviembre como fecha para la revisión obligatoria de la medida de coerción que también pesa sobre Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Asimismo, estableció el 26 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, como fecha para la lectura de la decisión.
A partir de esa notificación formal comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan interponer los recursos de apelación correspondientes.