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La presidencia de la Suprema Corte de Justicia tiene como fin cada evaluación del CNM.
Santo Domingo. Durante las últimas décadas la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) coincidencialmente ha llegado a su fin con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a los jueces del más alto tribunal del pais.
Desde la reforma constitucional de 2010, que introdujo períodos de siete años y evaluaciones obligatorias de desempeño para los jueces de la SCJ, ningún presidente de esa alta corte ha permanecido en el cargo tras llegar el momento de su evaluación.
Sin embargo, la historia comienza mucho antes, con un modelo constitucional distinto.
La reforma constitucional de 1994 transformó el sistema de justicia al crear el CNM, órgano encargado de designar a los jueces de las altas cortes.
Como parte de esa reforma se estableció el principio de inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de garantizar su independencia frente al poder político. En ese esquema constitucional no existían períodos fijos de permanencia ni evaluaciones periódicas de desempeño para los magistrados.
En ese contexto, Jorge Subero Isa fue designado en agosto de 1997 como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, durante la primera sesión celebrada por ese órgano tras la reforma de 1994.
Durante su gestión se instauró la carrera judicial, basada en evaluaciones públicas y criterios de mérito para el ingreso, ascenso y permanencia de los jueces. También se reorganizó la estructura administrativa del Poder Judicial para separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas.
En 1998 fueron creadas dos instituciones consideradas pilares del sistema judicial moderno: la Escuela Nacional de la Judicatura, responsable de la formación de jueces y servidores judiciales, y el Servicio Nacional de Defensa Pública, destinado a garantizar asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos.
El escenario cambió con la Constitución de 2010, que sustituyó el régimen de inamovilidad por un modelo que fijó períodos constitucionales de siete años, sujetos a evaluaciones de desempeño por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
La reforma también creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, obligando al CNM a recomponer la integración de la Suprema Corte.
En ese proceso, Subero Isa fue evaluado favorablemente para continuar como juez, pero decidió declinar su permanencia al entender que dejaría de ser presidente para convertirse en un integrante más del tribunal. El 28 de diciembre de 2011 presentó su renuncia mediante una carta dirigida al entonces presidente Leonel Fernández y al Consejo Nacional de la Magistratura.
Tras la salida de Subero Isa, el CNM eligió como presidente de la Suprema Corte de Justicia a Mariano Germán Mejía.
Su gestión concluyó en medio del primer proceso de evaluación ordinario establecido por la Constitución de 2010.
En febrero de 2019 anunció que no se sometería a las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, renunciando así a la posibilidad de permanecer en el máximo tribunal.
La convocatoria estuvo marcada por uno de los episodios más tensos en la historia reciente del CNM, debido al enfrentamiento público entre el entonces procurador general de la República y la magistrada Miriam Germán Brito durante las entrevistas.
Concluido el proceso, el Consejo designó una nueva integración de la Suprema Corte y escogió como presidente a Luis Henry Molina.
Siete años después, el patrón vuelve a repetirse.
La semana pasada, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar la evaluación del desempeño de los 11 jueces de la Suprema Corte cuyo período constitucional concluyó el pasado 3 de abril.
Sin embargo, antes de iniciar las evaluaciones, Luis Henry Molina y la magistrada Nancy Salcedo Fernández comunicaron al CNM su decisión de no repostularse para un nuevo período.
Henry Molina cierra etapa en SCJ y, al igual que jueza, desiste postularse
En la carta dirigida al presidente Abinader, Molina afirmó que durante su gestión actuó con respeto a la Constitución, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho.
También defendió los resultados de su administración, destacando la reducción de la mora judicial. Según explicó, la Suprema Corte pasó de mantener expedientes pendientes desde 1982 a resolver el 90 % de los casos en un año o menos, mientras que el tiempo promedio para decidir los recursos de casación disminuyó de 707 a 27 días.
Durante su más reciente sesión, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma que regirá las próximas etapas de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, conforme a la Constitución y a la Ley 138-11.
En la reunión participaron el presidente Luis Abinader y los demás integrantes del CNM: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo Fernández, secretaria del Consejo, y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.
Los tres presidentes que han encabezado la Suprema Corte desde la creación del CNM han tenido desenlaces distintos, pero con un mismo resultado: ninguno ha continuado al frente del tribunal después de llegar el momento de su evaluación.
Con el proceso actualmente en marcha, el CNM se encamina nuevamente a escribir un nuevo capítulo en la historia de la Suprema Corte de Justicia y a escoger a quien encabezará el máximo tribunal del país para los próximos años.
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Cámara de Diputados juramenta a Minerva Frías Ogando como sustituta de su padre Jorge Frías
La nueva legisladora del PRM representará a Santo Domingo Este y asumió el compromiso de continuar el legado político y social de su fallecido padre.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como nueva integrante del Congreso Nacional, en sustitución de su padre, el fallecido diputado Jorge Frías, quien representaba al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este.
La designación se produjo luego de que la dirección del partido oficialista remitiera formalmente la terna de candidatos para cubrir la vacante legislativa, conforme al procedimiento establecido en la Constitución dominicana.
La propuesta presentada por el PRM estuvo integrada por Minerva Klaudel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez, cuyos nombres fueron sometidos a la consideración del pleno de la Cámara Baja.
La comunicación fue remitida por el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, y el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía.
Respaldo político a la nueva legisladora
Durante el proceso de escogencia, el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, explicó que la organización política había colocado a Frías Ogando en el primer lugar de la terna con la intención de favorecer su elección para continuar la representación legislativa que ejercía su padre.
La propuesta también contó con el respaldo de representantes de partidos opositores, entre ellos David Báez y Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, así como Idenia Doñez, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria política del fallecido Jorge Frías, a quien recordó como un compañero de numerosas jornadas de lucha y un amigo cercano dentro de las filas del PRM.
Minerva Frías promete honrar el legado de su padre
Luego de recibir el respaldo del pleno, Minerva Klaudel Frías Ogando prestó juramento y recibió el distintivo que la acredita oficialmente como diputada de la República Dominicana.
En sus primeras palabras como congresista, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y a su familia por la confianza depositada en ella para asumir esta nueva responsabilidad.
La legisladora manifestó que su llegada al Congreso representa mucho más que ocupar una posición política, pues implica dar continuidad al compromiso de servicio que caracterizó la trayectoria de su padre.
Asimismo, aseguró que trabajará en favor de las comunidades de Santo Domingo Este, manteniendo una relación cercana con las bases de su organización política y con los ciudadanos de la demarcación que representa.
Designación pone fin a varias semanas de espera
La escogencia de Frías Ogando se produjo después de varias semanas durante las cuales permaneció vacante la curul del fallecido congresista.
En ese período, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había solicitado públicamente a la dirección del PRM agilizar la presentación de la terna correspondiente, ante la necesidad de completar la representación legislativa.
Con la juramentación de Minerva Klaudel Frías Ogando, la Cámara Baja cubre la vacante dejada por Jorge Frías, mientras la nueva diputada inicia una etapa de responsabilidad pública marcada por el compromiso de preservar el legado político de su progenitor.
La nueva congresista tendrá ahora el desafío de construir su propia trayectoria legislativa, responder a las necesidades de Santo Domingo Este y demostrar, mediante iniciativas y resultados, su compromiso con la ciudadanía.
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Caso Jet Set: hermanos Espaillat buscan revertir acusación por homicidio voluntario ante Corte de Apelación
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.
Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.
Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual
Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.
La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.
Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.
Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.
No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.
Alegan vulneración de garantías procesales
El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.
Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.
En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.
Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.
Cuestionan restricciones al derecho de defensa
Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.
La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.
También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.
De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Solicitan anulación de la resolución
Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.
Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.
La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.
Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.
Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.
Un proceso de trascendencia jurídica
La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.
En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.
La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.
El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.
Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.
La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.
Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.
La institución llama a las empresas a facilitar la movilidad de sus empleados y evitar desplazamientos peligrosos, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.
Por Rosa Hernández
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio de Trabajo exhortó este martes a los empleadores de las provincias bajo alerta amarilla a adoptar medidas de flexibilidad laboral ante las intensas precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta distintas zonas de República Dominicana.
La institución solicitó a las empresas ofrecer facilidades a sus trabajadores, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables, próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que necesitan desplazarse por carreteras y calles afectadas por inundaciones.
Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el organismo destacó que la protección de la vida y la integridad física de los empleados debe prevalecer frente a cualquier circunstancia que represente peligro durante sus traslados.
Provincias bajo alerta meteorológica
De acuerdo con las informaciones divulgadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.
Mientras tanto, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y San Pedro de Macorís permanecen bajo alerta verde.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de mayor vulnerabilidad.
Lluvias podrían continuar hasta el viernes
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones podrían prolongarse hasta el próximo viernes, cuando se espera una disminución gradual de su intensidad.
La funcionaria explicó que en determinadas localidades del suroeste los acumulados de lluvia ya han superado los 200 milímetros contemplados en pronósticos anteriores, situación que incrementa la preocupación por las condiciones del suelo y el riesgo de inundaciones.
Llamado a la prevención
El Ministerio de Trabajo recomendó a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE y del Indomet, así como evitar desplazamientos innecesarios por vías inundadas o consideradas peligrosas.
La institución insistió en que las empresas deben actuar con prudencia y sensibilidad frente a las dificultades que enfrentan los trabajadores para trasladarse de manera segura.
Las autoridades reiteraron que la prevención y la colaboración entre empleadores y empleados resultan fundamentales para reducir los riesgos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, COE e Indomet, según informaciones divulgadas este 27 de octubre de 2026.