Cada Semana Santa

Por Rosario Espinal

Ojalá el Gobierno se anime a enfrentar este problema estableciendo metas por año hasta reducir al mínimo los accidentes de tránsito.

Hasta el inicio oficial de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, en cada Semana Santa se esperaba una estadística catastrófica: el número de muertos y heridos por accidentes de tránsito para comparar con el año anterior.

Esperamos que, en esta Semana Santa, las restricciones que se mantienen por la pandemia ayuden a contrarrestar ese desastre humano dominicano.

La República Dominicana tiene el lamentable deshonor de colocarse entre los primeros países del mundo por el número de muertes por accidentes de tránsito. Ya para el 2013, la tasa de muertes por accidentes era de 29.4 por 100 mil habitantes, solo superada por unos pocos países africanos.

Para ilustrar la magnitud del problema en el pasado más reciente, en el año 2019 murieron 3,204 personas en accidentes de tránsito, con 112, 177 lesionados. O sea, en el 2019 murieron más personas por accidentes de tránsito que en el 2020 por COVID-19.

Este problema expresa la incapacidad del Gobierno de poner reglas claras, de hacerlas cumplir a todos por igual, y de sancionar a quienes no cumplan. Por eso hay un desorden en el tránsito.

En las calles, carreteras y autopistas circulan vehículos a altísima velocidad (en las últimas semanas se han producido varias muertes por ese motivo) y otros van por el carril equivocado. Muchos motoristas circulan con dos personas más, incluidos niños en la cola. Por doquier hay intercepciones atascadas por el afán de rebasar, y oficiales de AMET (o como se llamen ahora), violentan la lógica de los semáforos.

También hay calles y carreteras sin señalización adecuada y las curvas son mortíferas, sobre todo, en las carreteras donde el Gobierno paga el altísimo “peaje sombra” (que de sombra no tiene nada), y la ciudadanía un peaje cantante y sonante.

Por su lado, mucha gente abusa del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito en el mundo.

No se debe seguir a espaldas de esta realidad. El costo humano, social y económico de los accidentes de tránsito es muy alto: familias rotas, personas discapacitadas, reducción del rendimiento laboral y gastos médicos excesivos.

Se sabe lo que hay que hacer, pero hay una incapacidad de ejecución. Solo queda insistir en las sugerencias.

Primero, entrenar bien las autoridades del tránsito y no darle funciones imposibles de cumplir, como el manejo de las intersecciones con semáforos. Ningún ser humano puede dirigir al ojo el tránsito en grandes avenidas como la 27, la Kennedy, la Lincoln o la Churchill.

Segundo, hacer una campaña masiva de educación por los medios televisivos, radial, y redes sociales, para que la población tome conciencia del problema y entienda las medidas de control que ejercerá el Gobierno. Los ministerios, que tienen la mala costumbre de anunciarse como si fueran empresas que venden vehículos, deben utilizar sus spots publicitarios para un propósito ciudadano. Que hagan publicidad útil.

Tercero, el tránsito de motores tiene que ser mejor regulado. Requerir registro de motores, uso de equipo de protección a todos los usuarios, regulación de la velocidad y de la cantidad de personas.

Se requiere un Estado comprometido con la ley y el orden, y una ciudadanía con intención de respetar la ley, aun sea por miedo a las consecuencias.

Mejorar sustancialmente el tránsito equivale a un seguro de vida para toda la población.

Ojalá el Gobierno se anime a enfrentar este problema estableciendo metas por año hasta reducir al mínimo los accidentes de tránsito.

Mientras eso llega, tenga usted mucho cuidado.

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY