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Cada vez más estadounidenses renuncian a su ciudadanía
LONDRES. BBC Mundo. Si usted es una de esas personas que ha intentado alguna vez cumplir con los numerosos trámites para conseguir la ciudadanía de Estados Unidos, probablemente esto le resulte extraño, pero cada vez más estadounidenses hacen justamente lo contrario: decirle adiós a su pasaporte. No es una decisión que estén tomando a la ligera, pero sí una posibilidad que muchos están contemplando y tomando los pasos para llevarla a cabo.
El número de expatriados estadounidenses que renunciaron a su ciudadanía se disparó en el segundo trimestre de 2013 en comparación con el mismo período del año anterior: 1.131 estadounidenses le dijeron adiós a su pasaporte entre abril y agosto de este año, en comparación a los 189 que se deshicieron de él en el mismo período de 2012. Son todavía una porción muy pequeña de los cerca de seis millones de estadounidenses que viven en el extranjero, pero la tendencia es significativa. Estas estadísticas las ha presentado el Federal Register -la g aceta oficial estadounidense-, sin dar más explicaciones de qué las motiva. Sin embargo, se cree que los impuestos tienen mucho que ver con la tendencia.
La clave de la cuestión está en una nueva ley denominada Fatca (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero). Según esa norma, a partir de julio del año que viene, todas las instituciones financieras del mundo deben declarar directamente al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) todos los activos e ingresos de los ciudadanos estadounidenses con más de US$50,000 dólares en sus cuentas.
Estados Unidos podría llegar a retener hasta el 30% de los dividendos e intereses a los bancos que no cumplan con esa declaración.
Impuestos
Con la ley, las autoridades pretenden recaudar unos US$100.000 millones anuales de los activos de ciudadanos estadounidenses en el exterior que no pagan impuestos. A diferencia de otros países, los estadounidenses no sólo pagan impuestos cuando residen en ese país, sino también como ciudadanos, independientemente de dónde vivan. De repente algunos estadounidenses que viven en el exterior empezaron a sentir un sudor frío. Siempre tuvieron que rellenar su declaración de impuestos y revelar sus cuentas en el extranjero en un formulario denominado FBAR, aunque en la práctica muchos no lo hacían.
Pero ahora la ley Fatca significa que deben ser más rigurosos o, de lo contrario, tendrán que enfrentar grandes multas que podrían reducir considerablemente el tamaño de sus cuentas, a sabiendas de que las autoridades estadounidenses podrán saber mucho más de lo que sabían en el pasado.
Muchos dirán que el IRS sólo está tratando de tomar lo que le deben, pero quienes se oponen a la norma aseguran que, en su intento de localizar a los evasores de impuestos más acaudalados, están sumiendo a gente normal y corriente en una pesadilla costosa y dispendiosa.
Bridget, el nombre ficticio de una mujer que le pidió a la BBC no revelar su identidad, renunció a su ciudadanía estadounidense en 2011, 32 años después de salir de su país para formar una nueva vida en uno de los países escandinavos.
“Esto no tiene nada que ver con evadir impuestos. Nunca he estado preocupada por pagar impuestos en EE.UU. y, de hecho, pago más aquí.
Pese a que cumplía con todas sus responsabilidades, Bridget dice que se sintió amenazada. Por ejemplo, una simple tarjeta de fidelidad en una tienda le provocó estrés cuando se dio cuenta de que estaba vinculada a una cuenta bancaria que no sabía que tenía.
Ser estadounidense
Hacer su declaración de impuestos se puso tan complicado que lo dejó en manos de profesionales, lo que le supuso un costo anual de casi US$2.000 y, ahora con Fatca, la cuenta le podría subir a US$5.000. Además, asegura, cada vez menos abogados tributarios aceptarán clientes estadounidenses y algunos bancos están empezando a rechazar el dinero estadounidense.
Bridget, que gestiona una compañía editorial y de tradución, asegura que sus fuertes vínculos emocionales con EE.UU. han recibido un golpe.
“Cuando eres una estadounidense viviendo en EE.UU. es una cosa, pero cuando vives en otro país, de cierta manera ese sentimiento se hace más fuerte porque te das cuenta de que las cosas que piensas que son características individuales son en realidad nacionales, así que te identificas más con tu país”.
“Antes me presentaba como estadounidense, pero ahora no. Siempre lo seré en mi corazón pero ya no lo llevo en el pasaporte. Seguiré celebrando el Día de Acción de Gracias y el 4 de Julio -el Día de la Independencia-”.
Bridget asegura que el asunto fiscal es el gran tema de conversación entre los expatriados estadounidenses que conoce.
Y los abogados tributarios de su país que trabajan con estadounidenses que viven en el extranjero coinciden en que se ha vuelto un problema mayor.
Cumplir la ley
“Cumplir la ley se está poniendo muy caro”, asegura David Kuenzi, fundador de Thun Financial Advisors, una entidad especializada en ayudar a los estadounidenses residentes en el exterior con sus impuestos. ”Hay gente que se está gastando entre US$4.000 y US$5.000 anuales para poder hacer la declaración de impuestos, sólo para descubrir que no le deben nada a EE.UU.”, lamenta.
De repente, los informes tienen que ser perseverantes, exactos y completos para cada persona que tiene un pasaporte estadounidense.
“Hay gente con mucho dinero que lo oculta y no paga impuestos y es indignante. Hay que hacer algo con eso, pero esta medida ha supuesto una carga tremenda para los estadounidenses que viven en el exterior. Es algo desmesurado”, opina. Los bancos extranjeros tampoco están contentos con la medida y el senador Rand Paul, un republicano libertario, ha presentado un proyecto para eliminar aspectos de la ley relativos a la entrega de datos.
Pero el departamento del Tesoro estadounidense está manteniéndose firme con la nueva ley. En un comunicado en su página web, el subsecretario para asuntos impositivos internacionales, Robert Stack, rebate ciertos “mitos”. ”Las cláusulas de la Fatca no imponen nuevas obligaciones para los ciudadanos que viven en el extranjero… Los contribuyentes estadounidenses, incluídos los que viven fuera, deben cumplir con sus obligaciones fiscales en EE.UU”.
FRASE
“He disfrutado siendo estadounidense pese a que no vivía allí desde que era muy joven. Me identifico con EE.UU., así que me fastidia haber tenido que llegar a este punto en el que no era viable mantener mi ciudadanía”
Bridget,
ex estadounidense
POR: Tom Geoghegan
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.