Otros continentes
Cada vez más estadounidenses renuncian a su ciudadanía
LONDRES. BBC Mundo. Si usted es una de esas personas que ha intentado alguna vez cumplir con los numerosos trámites para conseguir la ciudadanía de Estados Unidos, probablemente esto le resulte extraño, pero cada vez más estadounidenses hacen justamente lo contrario: decirle adiós a su pasaporte. No es una decisión que estén tomando a la ligera, pero sí una posibilidad que muchos están contemplando y tomando los pasos para llevarla a cabo.
El número de expatriados estadounidenses que renunciaron a su ciudadanía se disparó en el segundo trimestre de 2013 en comparación con el mismo período del año anterior: 1.131 estadounidenses le dijeron adiós a su pasaporte entre abril y agosto de este año, en comparación a los 189 que se deshicieron de él en el mismo período de 2012. Son todavía una porción muy pequeña de los cerca de seis millones de estadounidenses que viven en el extranjero, pero la tendencia es significativa. Estas estadísticas las ha presentado el Federal Register -la g aceta oficial estadounidense-, sin dar más explicaciones de qué las motiva. Sin embargo, se cree que los impuestos tienen mucho que ver con la tendencia.
La clave de la cuestión está en una nueva ley denominada Fatca (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero). Según esa norma, a partir de julio del año que viene, todas las instituciones financieras del mundo deben declarar directamente al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) todos los activos e ingresos de los ciudadanos estadounidenses con más de US$50,000 dólares en sus cuentas.
Estados Unidos podría llegar a retener hasta el 30% de los dividendos e intereses a los bancos que no cumplan con esa declaración.
Impuestos
Con la ley, las autoridades pretenden recaudar unos US$100.000 millones anuales de los activos de ciudadanos estadounidenses en el exterior que no pagan impuestos. A diferencia de otros países, los estadounidenses no sólo pagan impuestos cuando residen en ese país, sino también como ciudadanos, independientemente de dónde vivan. De repente algunos estadounidenses que viven en el exterior empezaron a sentir un sudor frío. Siempre tuvieron que rellenar su declaración de impuestos y revelar sus cuentas en el extranjero en un formulario denominado FBAR, aunque en la práctica muchos no lo hacían.
Pero ahora la ley Fatca significa que deben ser más rigurosos o, de lo contrario, tendrán que enfrentar grandes multas que podrían reducir considerablemente el tamaño de sus cuentas, a sabiendas de que las autoridades estadounidenses podrán saber mucho más de lo que sabían en el pasado.
Muchos dirán que el IRS sólo está tratando de tomar lo que le deben, pero quienes se oponen a la norma aseguran que, en su intento de localizar a los evasores de impuestos más acaudalados, están sumiendo a gente normal y corriente en una pesadilla costosa y dispendiosa.
Bridget, el nombre ficticio de una mujer que le pidió a la BBC no revelar su identidad, renunció a su ciudadanía estadounidense en 2011, 32 años después de salir de su país para formar una nueva vida en uno de los países escandinavos.
“Esto no tiene nada que ver con evadir impuestos. Nunca he estado preocupada por pagar impuestos en EE.UU. y, de hecho, pago más aquí.
Pese a que cumplía con todas sus responsabilidades, Bridget dice que se sintió amenazada. Por ejemplo, una simple tarjeta de fidelidad en una tienda le provocó estrés cuando se dio cuenta de que estaba vinculada a una cuenta bancaria que no sabía que tenía.
Ser estadounidense
Hacer su declaración de impuestos se puso tan complicado que lo dejó en manos de profesionales, lo que le supuso un costo anual de casi US$2.000 y, ahora con Fatca, la cuenta le podría subir a US$5.000. Además, asegura, cada vez menos abogados tributarios aceptarán clientes estadounidenses y algunos bancos están empezando a rechazar el dinero estadounidense.
Bridget, que gestiona una compañía editorial y de tradución, asegura que sus fuertes vínculos emocionales con EE.UU. han recibido un golpe.
“Cuando eres una estadounidense viviendo en EE.UU. es una cosa, pero cuando vives en otro país, de cierta manera ese sentimiento se hace más fuerte porque te das cuenta de que las cosas que piensas que son características individuales son en realidad nacionales, así que te identificas más con tu país”.
“Antes me presentaba como estadounidense, pero ahora no. Siempre lo seré en mi corazón pero ya no lo llevo en el pasaporte. Seguiré celebrando el Día de Acción de Gracias y el 4 de Julio -el Día de la Independencia-”.
Bridget asegura que el asunto fiscal es el gran tema de conversación entre los expatriados estadounidenses que conoce.
Y los abogados tributarios de su país que trabajan con estadounidenses que viven en el extranjero coinciden en que se ha vuelto un problema mayor.
Cumplir la ley
“Cumplir la ley se está poniendo muy caro”, asegura David Kuenzi, fundador de Thun Financial Advisors, una entidad especializada en ayudar a los estadounidenses residentes en el exterior con sus impuestos. ”Hay gente que se está gastando entre US$4.000 y US$5.000 anuales para poder hacer la declaración de impuestos, sólo para descubrir que no le deben nada a EE.UU.”, lamenta.
De repente, los informes tienen que ser perseverantes, exactos y completos para cada persona que tiene un pasaporte estadounidense.
“Hay gente con mucho dinero que lo oculta y no paga impuestos y es indignante. Hay que hacer algo con eso, pero esta medida ha supuesto una carga tremenda para los estadounidenses que viven en el exterior. Es algo desmesurado”, opina. Los bancos extranjeros tampoco están contentos con la medida y el senador Rand Paul, un republicano libertario, ha presentado un proyecto para eliminar aspectos de la ley relativos a la entrega de datos.
Pero el departamento del Tesoro estadounidense está manteniéndose firme con la nueva ley. En un comunicado en su página web, el subsecretario para asuntos impositivos internacionales, Robert Stack, rebate ciertos “mitos”. ”Las cláusulas de la Fatca no imponen nuevas obligaciones para los ciudadanos que viven en el extranjero… Los contribuyentes estadounidenses, incluídos los que viven fuera, deben cumplir con sus obligaciones fiscales en EE.UU”.
FRASE
“He disfrutado siendo estadounidense pese a que no vivía allí desde que era muy joven. Me identifico con EE.UU., así que me fastidia haber tenido que llegar a este punto en el que no era viable mantener mi ciudadanía”
Bridget,
ex estadounidense
POR: Tom Geoghegan
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
-
US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
-
US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
-
US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.