AUTORES. SE APUNTA AL CRIMEN ORGANIZADO Y AL SICARIATO
Santo Domingo.- La selección del uso de fosas comunes, sacos, y la preferencia de matorrales para consumar el final de una componenda macabra, son los métodos, vías y lugares más recurrentes utilizados por los criminales, principalmente en la región Este del país para deshacerse de los cuerpos de 18 víctimas en los últimos meses.
Estos hechos de sangre tenebrosos, como el ocurrido el pasado miércoles cuando fueron encontrados dos cadáveres en una fosa común en un campo de caña, en el paraje Piedra Grande, de la sección Mata de Palma, El Seibo, en su mayoría son atribuidos al crimen organizado y al narcotráfico.
En algunos de estos casos, los cadáveres encontrados en fosas comunes y los lanzados en matorrales y en sacos, no fueron identificados por las autoridades porque no portaban documentación.
Sólo en la región Este fueron encontrados diez cadáveres, cinco en fosa común, en el interior de un camión en el que transportaban pollos, y en una casa abandona y a orillas de ríos. Estos sucesos ocurridos por separado en las comunidades Juan Dolio, de El Seibo, en el sector Coral de Bávaro, y en Bayahíbe. Tres de ellos eran mujeres.
Los demás crímenes fueron cometidos en Santiago, San Francisco, Dajabón y Santo Domingo Norte.
En el caso de los crímenes de Juan Dolio, fueron vinculados Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el año pasado cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país.
Expertos consideran que el hecho de que el país se haya convertido en un puente para el tráfico internacional de drogas ha incidido considerablemente en el incremento de la inseguridad ciudadana.
El 23 de mayo de 2016, las autoridades policiales y judiciales de Juan Dolio informaron sobre el hallazgo de tres choferes de autobuses encontrados en una fosa donde una banda de atracadores lanzaba a sus víctimas luego de asesinarlas.
Los cuerpos de los transportistas, que habían sido reportados desaparecidos, fueron identificados como Gary Wilson Rodríguez Castro, conductor de la ruta Hato Mayor-Sabana de la Mar; Germán Arredondo, chofer de mudanzas y acarreo de San Pedro de Macorís, y David Polanco, chofer de la ruta B de San Pedro de Macorís, que operaba un minibús Nissan Urvan, blanco, año 2007.
El hallazgo de los restos se produjo luego del apresamiento de una mujer, supuestamente miembro de la Policía, vinculada a uno de los cabecillas de la banda.
El 28 de septiembre de 2016 fue encontrado el cadáver de un joven, atado de pies y mano, en un solar baldío en el municipio Hostos, de San Francisco de Macorís, luego de haber sido raptado.
Se trata de Junior Disla Hernández, de 24 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.
El 10 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un ciudadano alemán enterrado en el baño de una vivienda ubicada en las afueras de Santiago.
Se trata de Frank Joachim Ebert, de 70 años de edad, quien fue asesinado luego de que fuera secuestrado de su residencia de Sosúa, Puerto Plata.
El 14 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un hombre en unos matorrales del distrito municipal Cañongo, de Dajabón.
El cuerpo estaba dentro de un saco. No se determinó de inmediato la nacionalidad ni la causa de su muerte.
El 12 de marzo de 2017 fueron encontrados los cadáveres de tres hombres en el interior de un camión, en el que transportaban pollos, en la comunidad Mata Mosquito, en Bávaro, de la provincia La Altagracia.
Los muertos fueron identificados como el dominicano John Kenny Morla Mercedes y los haitianos Sony Fish Joseph y Johnny Benoit. El hecho ocurrió cuando las víctimas se desplazaban en un camión cuando de repente desconocidos le emprendieron a tiros, supuestamente colocando grandes piedras en la vía y otros objetos que sirvieron de obstáculos al vehículo. El 13 de marzo del 2017 fue encontrado el cadáver de una niña de 12 años de edad, con varias heridas de arma blanca a orillas del río Chavón, de Higüey. Se trata de la menor Darlenis Mercedes Bastardo, por cuyo hecho fue apresado Santiago Asencio, de 47 años, quien fue capturado en San Cristóbal, cuando se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX-100, en la que huyó desde Higüey.
El 21 de abril del 20017 fue hallado el cadáver de un hombre en una casa en construcción en unos matorrales, sin brazos y sin piernas, en el sector Los Corales en Bávaro. El cadáver fue encontrado en el referido lugar frente a un hotel de esa zona.
El 2 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver de una mujer en unos matorrales cerca de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente de Bayahíbe, provincia La Altagracia. El cadáver de la mujer solo conocida como Pamela y de unos 35 años de edad, fue hallado desnudo y con un trozo de tela atado al cuello, también tenía las manos atadas. El 16 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver del venezolano Richard del Rosario de 24 años, en un cañaveral, en un hecho ocurrido en la comunidad La Otra Banda, de Higuey, hecho cometido presuntamente por un dominicano al golpearlo con un tubo en la cabeza.
El 29 de mayo del 2017 fueron encontrados los cadáveres de dos víctimas en estado de descomposición en las Colinas del Arroyo II de Santo Domingo Norte.
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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
