AUTORES. SE APUNTA AL CRIMEN ORGANIZADO Y AL SICARIATO
Santo Domingo.- La selección del uso de fosas comunes, sacos, y la preferencia de matorrales para consumar el final de una componenda macabra, son los métodos, vías y lugares más recurrentes utilizados por los criminales, principalmente en la región Este del país para deshacerse de los cuerpos de 18 víctimas en los últimos meses.
Estos hechos de sangre tenebrosos, como el ocurrido el pasado miércoles cuando fueron encontrados dos cadáveres en una fosa común en un campo de caña, en el paraje Piedra Grande, de la sección Mata de Palma, El Seibo, en su mayoría son atribuidos al crimen organizado y al narcotráfico.
En algunos de estos casos, los cadáveres encontrados en fosas comunes y los lanzados en matorrales y en sacos, no fueron identificados por las autoridades porque no portaban documentación.
Sólo en la región Este fueron encontrados diez cadáveres, cinco en fosa común, en el interior de un camión en el que transportaban pollos, y en una casa abandona y a orillas de ríos. Estos sucesos ocurridos por separado en las comunidades Juan Dolio, de El Seibo, en el sector Coral de Bávaro, y en Bayahíbe. Tres de ellos eran mujeres.
Los demás crímenes fueron cometidos en Santiago, San Francisco, Dajabón y Santo Domingo Norte.
En el caso de los crímenes de Juan Dolio, fueron vinculados Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el año pasado cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país.
Expertos consideran que el hecho de que el país se haya convertido en un puente para el tráfico internacional de drogas ha incidido considerablemente en el incremento de la inseguridad ciudadana.
El 23 de mayo de 2016, las autoridades policiales y judiciales de Juan Dolio informaron sobre el hallazgo de tres choferes de autobuses encontrados en una fosa donde una banda de atracadores lanzaba a sus víctimas luego de asesinarlas.
Los cuerpos de los transportistas, que habían sido reportados desaparecidos, fueron identificados como Gary Wilson Rodríguez Castro, conductor de la ruta Hato Mayor-Sabana de la Mar; Germán Arredondo, chofer de mudanzas y acarreo de San Pedro de Macorís, y David Polanco, chofer de la ruta B de San Pedro de Macorís, que operaba un minibús Nissan Urvan, blanco, año 2007.
El hallazgo de los restos se produjo luego del apresamiento de una mujer, supuestamente miembro de la Policía, vinculada a uno de los cabecillas de la banda.
El 28 de septiembre de 2016 fue encontrado el cadáver de un joven, atado de pies y mano, en un solar baldío en el municipio Hostos, de San Francisco de Macorís, luego de haber sido raptado.
Se trata de Junior Disla Hernández, de 24 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.
El 10 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un ciudadano alemán enterrado en el baño de una vivienda ubicada en las afueras de Santiago.
Se trata de Frank Joachim Ebert, de 70 años de edad, quien fue asesinado luego de que fuera secuestrado de su residencia de Sosúa, Puerto Plata.
El 14 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un hombre en unos matorrales del distrito municipal Cañongo, de Dajabón.
El cuerpo estaba dentro de un saco. No se determinó de inmediato la nacionalidad ni la causa de su muerte.
El 12 de marzo de 2017 fueron encontrados los cadáveres de tres hombres en el interior de un camión, en el que transportaban pollos, en la comunidad Mata Mosquito, en Bávaro, de la provincia La Altagracia.
Los muertos fueron identificados como el dominicano John Kenny Morla Mercedes y los haitianos Sony Fish Joseph y Johnny Benoit. El hecho ocurrió cuando las víctimas se desplazaban en un camión cuando de repente desconocidos le emprendieron a tiros, supuestamente colocando grandes piedras en la vía y otros objetos que sirvieron de obstáculos al vehículo. El 13 de marzo del 2017 fue encontrado el cadáver de una niña de 12 años de edad, con varias heridas de arma blanca a orillas del río Chavón, de Higüey. Se trata de la menor Darlenis Mercedes Bastardo, por cuyo hecho fue apresado Santiago Asencio, de 47 años, quien fue capturado en San Cristóbal, cuando se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX-100, en la que huyó desde Higüey.
El 21 de abril del 20017 fue hallado el cadáver de un hombre en una casa en construcción en unos matorrales, sin brazos y sin piernas, en el sector Los Corales en Bávaro. El cadáver fue encontrado en el referido lugar frente a un hotel de esa zona.
El 2 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver de una mujer en unos matorrales cerca de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente de Bayahíbe, provincia La Altagracia. El cadáver de la mujer solo conocida como Pamela y de unos 35 años de edad, fue hallado desnudo y con un trozo de tela atado al cuello, también tenía las manos atadas. El 16 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver del venezolano Richard del Rosario de 24 años, en un cañaveral, en un hecho ocurrido en la comunidad La Otra Banda, de Higuey, hecho cometido presuntamente por un dominicano al golpearlo con un tubo en la cabeza.
El 29 de mayo del 2017 fueron encontrados los cadáveres de dos víctimas en estado de descomposición en las Colinas del Arroyo II de Santo Domingo Norte.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
