AUTORES. SE APUNTA AL CRIMEN ORGANIZADO Y AL SICARIATO
Santo Domingo.- La selección del uso de fosas comunes, sacos, y la preferencia de matorrales para consumar el final de una componenda macabra, son los métodos, vías y lugares más recurrentes utilizados por los criminales, principalmente en la región Este del país para deshacerse de los cuerpos de 18 víctimas en los últimos meses.
Estos hechos de sangre tenebrosos, como el ocurrido el pasado miércoles cuando fueron encontrados dos cadáveres en una fosa común en un campo de caña, en el paraje Piedra Grande, de la sección Mata de Palma, El Seibo, en su mayoría son atribuidos al crimen organizado y al narcotráfico.
En algunos de estos casos, los cadáveres encontrados en fosas comunes y los lanzados en matorrales y en sacos, no fueron identificados por las autoridades porque no portaban documentación.
Sólo en la región Este fueron encontrados diez cadáveres, cinco en fosa común, en el interior de un camión en el que transportaban pollos, y en una casa abandona y a orillas de ríos. Estos sucesos ocurridos por separado en las comunidades Juan Dolio, de El Seibo, en el sector Coral de Bávaro, y en Bayahíbe. Tres de ellos eran mujeres.
Los demás crímenes fueron cometidos en Santiago, San Francisco, Dajabón y Santo Domingo Norte.
En el caso de los crímenes de Juan Dolio, fueron vinculados Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el año pasado cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país.
Expertos consideran que el hecho de que el país se haya convertido en un puente para el tráfico internacional de drogas ha incidido considerablemente en el incremento de la inseguridad ciudadana.
El 23 de mayo de 2016, las autoridades policiales y judiciales de Juan Dolio informaron sobre el hallazgo de tres choferes de autobuses encontrados en una fosa donde una banda de atracadores lanzaba a sus víctimas luego de asesinarlas.
Los cuerpos de los transportistas, que habían sido reportados desaparecidos, fueron identificados como Gary Wilson Rodríguez Castro, conductor de la ruta Hato Mayor-Sabana de la Mar; Germán Arredondo, chofer de mudanzas y acarreo de San Pedro de Macorís, y David Polanco, chofer de la ruta B de San Pedro de Macorís, que operaba un minibús Nissan Urvan, blanco, año 2007.
El hallazgo de los restos se produjo luego del apresamiento de una mujer, supuestamente miembro de la Policía, vinculada a uno de los cabecillas de la banda.
El 28 de septiembre de 2016 fue encontrado el cadáver de un joven, atado de pies y mano, en un solar baldío en el municipio Hostos, de San Francisco de Macorís, luego de haber sido raptado.
Se trata de Junior Disla Hernández, de 24 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.
El 10 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un ciudadano alemán enterrado en el baño de una vivienda ubicada en las afueras de Santiago.
Se trata de Frank Joachim Ebert, de 70 años de edad, quien fue asesinado luego de que fuera secuestrado de su residencia de Sosúa, Puerto Plata.
El 14 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un hombre en unos matorrales del distrito municipal Cañongo, de Dajabón.
El cuerpo estaba dentro de un saco. No se determinó de inmediato la nacionalidad ni la causa de su muerte.
El 12 de marzo de 2017 fueron encontrados los cadáveres de tres hombres en el interior de un camión, en el que transportaban pollos, en la comunidad Mata Mosquito, en Bávaro, de la provincia La Altagracia.
Los muertos fueron identificados como el dominicano John Kenny Morla Mercedes y los haitianos Sony Fish Joseph y Johnny Benoit. El hecho ocurrió cuando las víctimas se desplazaban en un camión cuando de repente desconocidos le emprendieron a tiros, supuestamente colocando grandes piedras en la vía y otros objetos que sirvieron de obstáculos al vehículo. El 13 de marzo del 2017 fue encontrado el cadáver de una niña de 12 años de edad, con varias heridas de arma blanca a orillas del río Chavón, de Higüey. Se trata de la menor Darlenis Mercedes Bastardo, por cuyo hecho fue apresado Santiago Asencio, de 47 años, quien fue capturado en San Cristóbal, cuando se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX-100, en la que huyó desde Higüey.
El 21 de abril del 20017 fue hallado el cadáver de un hombre en una casa en construcción en unos matorrales, sin brazos y sin piernas, en el sector Los Corales en Bávaro. El cadáver fue encontrado en el referido lugar frente a un hotel de esa zona.
El 2 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver de una mujer en unos matorrales cerca de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente de Bayahíbe, provincia La Altagracia. El cadáver de la mujer solo conocida como Pamela y de unos 35 años de edad, fue hallado desnudo y con un trozo de tela atado al cuello, también tenía las manos atadas. El 16 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver del venezolano Richard del Rosario de 24 años, en un cañaveral, en un hecho ocurrido en la comunidad La Otra Banda, de Higuey, hecho cometido presuntamente por un dominicano al golpearlo con un tubo en la cabeza.
El 29 de mayo del 2017 fueron encontrados los cadáveres de dos víctimas en estado de descomposición en las Colinas del Arroyo II de Santo Domingo Norte.
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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.
